La experiencia histórica y el sentido común advierten de que en épocas de crisis y turbulencias, cuando la gente lo pasa mal, hay paro, inseguridad, miseria, incertidumbre sobre el futuro, aumento de la delincuencia, etc., es cuando asoman las tendencias autoritarias, la intransigencia, el nacionalismo excluyente, el racismo, la xenofobia, en fin, los peores vicios de la convivencia. Las opciones políticas, sobre todo las radicales de la derecha y la izquierda, extreman sus posiciones y proponen medidas simples, unilaterales, basadas en la fuerza y el ordeno y mando. Y la gente, aparte de inclinarse algo más por las opciones políticas radicales, tiene tendencia a reclamar también soluciones drásticas, mano dura, cuando no a tomarse la justicia por su cuenta. En esta época de crisis económica generalizada, tales derivas resultan más y más visibles.
Hace un par de días, el Gobierno del señor Berlusconi -vanguardia del proceso de fascistización europeo- aprobó por decreto-ley la creación de grupos de ciudadanos de vigilancia nocturna en la vía pública, las llamadas "rondas" o patrullas que, criticadas en un principio por el Vaticano, recibieron ayer sin embargo pleno respaldo de la Santa Sede, faltaría más. De momento estas "rondas" (Berlusconi dice que no son tales, sino asociaciones de excarabinieri y expolicías al servicio del prefecto, o sea una especie de nuevo somatén) están desarmadas, pero eso no quiere decir en modo alguno que no tengan efecto intimidatorio. En un par de meses, probablemente, veremos si esta especie de somatén sigue desarmado o es ya un "somatén armado", como el de Franco.
En este clima de creciente autoritarismo y radicalización es donde adquiere todo su significado la actitud bronca, agresiva y amenazadora del PP (que actúa ya como el Partido de la Porra) contra jueces, magistrados, fiscales y policías. Es obvio que lo que se pretende con ello es desviar la atención de los procedimientos judiciales sobre las tramas de corrupción y espionaje que están minando al partido conservador. En consecuencia es tanto más de celebrar que el presidente del Gobierno haya salido al paso de esa actitud afirmando que su Gobierno no tolerará que se intimide a jueces, fiscales y policías. Es muy bueno porque estos funcionarios tienen que tener el respaldo oficial para hacer su trabajo con eficacia. También tendrían que tener el de la oposición, pero está visto que eso es imposible en el caso del PP, más interesado en ocultar sus escándalos atacando a los jueces y fiscales que en coadyuvar a que se haga justicia.
En cuanto a la gente normal, algo parecido. Ayer hubo una manifestación en Madrid en apoyo de la familia de Marta del Castillo y de su petición de que se endurezcan las penas para los delitos de asesinato en ciertas circunstancias y que se imponga la prisión de por vida. Está claro que la familia de Marta del Castillo merece todo el apoyo, el cariño y la comprensión de sus conciudadanos y estoy seguro de que los tienen. Pero de ahí a convertir en ley su comprensiblemente irritada reacción por el presunto asesinato de su hija media un abismo. Las víctimas deben tener el reconocimiento de la comunidad pero su condición no les otorga la de legisladores; no más que a cualquier otro ciudadano. Cualquiera comprende que las víctimas tiendan a ver el mundo en términos de venganza, pero lo venganza ni la ley del Talión son fundamento del derecho penal de los países civilizados. Tengo entendido que hoy o mañana el señor Rodríguez Zapatero recibe a los padres de Marta del Castillo. Es de esperar que les trasmita su solidaridad y comprensión y les prometa (y cumpla su promesa) de poner el máximo empeño en el esclarecimiento de los hechos y en que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley. Pero nada más.
La petición de prisión perpetua no es compatible con la Constitución española que en su artículo 25, 2 dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Esta petición tampoco es susceptible de informar una posible iniciativa legislativa popular ya que afecta a leyes órganicas que están expresamente excluidas de dicha iniciativa (art. 87, 3). Pero aunque no existieran estas salvaguardias legales, la razón aconseja no dictar normas penales en el calor de la indignación del momento... porque ese es el camino más seguro de acabar estableciendo la ley de Lynch.
(La imagen es una foto de 20 Minutos, con licencia de Creative Commons)
