De la tierra del sin fin

Hay algo épico en la posibilidad de que Puigdemont comparezca en el Senado. Si comisión o pleno es irrelevante porque lo darán todas las televisiones, salvo que se atengan al criterio de impacialidad y equilibrio del gobierno, en cuyo caso emitirán la final de Wimbledon de 1998.

La cuestión es la comparecencia en sí misma. Desde los tiempos de Yugurta hay algo extraño en la presencia de rebeldes ante un solemne cuerpo legislativo cuya autoridad aquellos niegan. Extraño y siniestro. Lutero, citado a la Dieta de Worms, fue provisto de un salvoconducto de su protector, Federico III, Elector de Sajonia. Aun así, hubo que salvarlo de las consecuencias del terrible Edicto de Worms por un episodio de capa y espada. No se está haciendo comparación alguna, que sería desmesurada. Aquí no hacen falta salvoconductos. Estamos en un Estado de derecho. Lo de la dieta de Worms fue durante las guerras de religión. En efecto, en donde chocaban pasiones muy profundas. Como ahora con las guerras nacionales o por la nación. Pasiones tan profundas como para obnubilar la razón.

Puigdemont vendría al Senado en Madrid en un clima de franca y generalizada hostilidad. Es verdad que se trata de una buena ocasión para explicarse ante el conjunto de la ciudadanía y al extranjero. Es de suponer que su declaración sea transmitida íntegra por las televisiones. Y también es de suponer que habrá voces pidiendo su detención. Ayer las redes discutían acaloradamente esta eventualidad y así seguramente lo hace el govern. El fiscal general, reprobado por el Parlamento, recuerda que, si se proclama la DI, Puigdemont puede darse por preso. Y dado que la cuestión de la proclamación de la DI es tan insegura como el santo grial, así como que el fiscal Maza gusta de ser expeditivo, bien pudiera pedirse la detención del presidente de la Generalitat al bajar del AVE en Madrid.

Es impensable, ¿verdad? Pero según lo impensable va haciéndose realidad se hace menos impensable.

El plan del gobierno no deja lugar a dudas: un 155 máximo, equivalente en realidad a un estado de exepción, con intervención política (la económica ya funciona hace semanas), en la seguridad y en los medios públicos de comunicación. Esto último ha provocado situaciones tan vergonzosas como ese comunicado del consejo de redacción de RTVE oponiéndose al 155 en los medios catalanes mientras el gobierno siga teniendo la RTVE a su servicio. Un gesto de profesionalidad que ayuda a los trabajadores de TV3 y CAT Radio a negar acatamiento a las directrices de intervención. La intervención de los mossos, que estos también rechazan, así como de las autoridades políticas catalanas (govern y Parlamento) que también anuncian desobediencia, configura una dictadura "constitucional" al estilo del artículo 48 de la Constitución de Weimar. Y más allá. La vicepresidenta del gobierno ya hace saber que la intervención (en realidad, ocupación) de Cataluña podrá prolongarse más de seis meses. Es decir, que se han saltado el último requisito que todavía quedaba en pie de la dictadura constitucional. Es la dictadura sin límite de tiempo, la de Mussolini, Stalin, Hitler y el discípulo de todos ellos y maestro de los actuales gobernantes, Franco.

Y roto el límite de tiempo, por el mismo precio, también se rompe el territorial y, sobrados de 155, los halcones del PP proponen aplicarlo asimismo en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Menudo éxito el de la Transición.

Con esta perspectiva de dinámica de fascistización, que trata de provocar conflictos sociales para justificar políticas represivas más intensas, la comparecencia de Puigdemont en el Senado es un gesto de enorme importancia. Por si hay alguna duda, invito a considerar lo que Puigdemont representa para las dos partes del conflicto. Para el gobierno y sus aliados, un obstinado rebelde contra la ley y la Constitución, un iluminado, un demagogo, en último término, un delincuente. En su animadversión incurren en el argumento típico de los matones de culpar a la víctima del maltrato: el responsable del 155 es Puigdemont, no quienes lo ponen en marcha. Un sujeto así, que pide que lo maltraten no merece respeto.

Para los independentistas y gran parte de los no independentistas es su presidente, el hombre que representa al pueblo catalán, cuyo ánimo de entendimiento pacífico y concordia está él encargado de exponer en el Senado. Se ha convertido en el símbolo de una lucha que se quiere secular de un pueblo masivamente alzado por su dignidad. Es un delirio, dicen los adversarios. Delirio, iluminación, pero es colectivo y, por cierto, republicano. Y lo representa este hombre.

Sea cual sea el resultado del evento, el nacionalismo español a la antigua usanza, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, tiene la batalla perdida porque carece de proyecto viable a medio y largo plazo. A corto es evidente puesto que anda a porrazos. Los de Podemos tratan de mantener la cabeza por encima del agua enunciando una tercera vía, consistente en el referéndum pactado que los indepes estuvieron proponiendo hasta que se hartaron. Como siempre, la tercera vía no existe. Es una de las otras dos más o menos vergonzante.

Porque, en efecto, cuanto más artificio represivo despliegue el Estado, más costará después desmontarlo cuando se compruebe que no ha servido para nada.

La llamada cuestión catalana que, sí, es en realidad cuestión española como se prueba hoy en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra, no es un problema de orden público, tampoco de legalidad; no es una cuestión jurídica siquiera. Es una cuestión de legitimidad, de principios que solo puede abordarse políticamente en una mesa de negociación, con un referéndum pactado por medio. Y lo sabemos todos.

Sustituir este escenario por otro de represión, censura, intervención, prohibiciones, detenciones, controles, multas, sanciones en una sociedad del siglo XXI, organizada en redes distribuidas es ridículo e inútil. Pero puede causar mucho daño y sufrimiento.

Ritajoy

Valencia es un pozo sin fondo de corrupción. El caso de Rita Barberá (inocente, inocentísima, mientras no se demuestre lo contrario) es el penúltimo de una serie de otros poblados de personajes tan pintorescos y ridículos como la exalcaldesa valenciana; gentes como Camps, Fabra, Blasco, Cotino, Rus, Castedo, Grau, Costa, Alperi, Johnson, etc., etc. Todos presuntamente pringados en una multiplicidad de contratas, recalificaciones, basuras, ayuda oficial al desarrollo, mordidas, comisiones, y todo tipo de chanchullos y componendas para enriquecerse personalmente al tiempo que se financiaba ilegalmente el partido y se ganaban elecciones con tongo. Llamar partido político a un manojo de sinvergüenzas y mangantes es una de las ironías de este delirio de corrupción de la derecha española.

Incidentalmente, quizá esté aquí la explicación de aquel hecho que a todos llenaba de pasmo: cuanto más gorrinos eran los gobernantes valencianos de modo público y notorio, más votos obtenían. A saber cuánto habrán gastado estos mendas en sobornar al personal, comprar votos y engañar a los electores. Quizá sea la parte valenciana de una situación que también se da en toda España: parece como si, cuanto más roban los gobernantes, más granujas y embusteros son, más votos consiguen.

El emblema, desde luego, es Barberá que ha pasado de ser la Jefa, la reina indiscutible de Valencia durante veintitantos años a ser una sombra huidiza, escondida, vergonzante, que trata de escapar de la acción de la justicia y no dar cuenta de sus presuntas fechorías a lo largo de los años. El episodio en sí es casi de circo: una hortera, estridente, chabacana, literalmente insoportable, malversaba caudales públicos a mansalva, enchufaba a quien le daba la gana por cantidades astronómicas, se daba un vidorro de vicio a costa -y mucha costa- del contribuyente, blanqueaba dineros, se los quedaba y se enriquecía sin tasa. Todo eso presunto, cómo no. 

Dice esta mujer en un insólito escrito con membrete de su partido en el que anuncia su baja del partido del membrete, que no abandona su escaño porque eso sería admitir su culpabilidad. Pero precisamente lo que indica su culpabilidad es que se parapete en su acta para entorpecer la acción de la justicia. Y para cobrar dos mil y pico de euros más de los contribuyentes. Porque somos los contribuyentes, los saqueados durante años al parecer por esta sanguijuela, quienes ahora costeamos su blindaje.

Blindaje que le proporcionó el PP en su momento, cuando saltó de la alcaldía y del que se preocupó personalmente el de los sobresueldos. Con tanta eficacia como carencia de principios, Rajoy no solo la blindó, sino que la metió en la Diputación Permanente para que siguiera blindada cuando no había Parlamento por estar en periodo electoral. 

Y esto es un elemento decisivo. El editorial de El País de hoy, El silencio de Rajoy, insta al Sobresueldos a no esconderse, como hace siempre, y a dar explicaciones del comportamiento presuntamente facineroso de esa señora a la que él dedicó elogios sin cuento durante años mientras ella se lo llevaba presuntamente crudo durante esos mismos años. Que Rajoy hable de este asunto es practicamente imposible y que lo haga sin mentir, una quimera. Rajoy no puede exonerar a Rita porque él mismo es Rita, como es Bárcenas, Fabra, Camps, Matas, Baltar, y el conjunto de sinvergüenzas y presuntos ladrones a los que ha prestado su apoyo y llenado de ditirambos en años pasados.

Dice un periodista de talante reaccionario que a Rajoy no ha podido probársele personalmente delito alguno. Una falacia. Rajoy es políticamente (y ya se verá i penalmente) responsable de una multiplicidad de delitos, una culpabilidad por incumplimiento de su deber de vigilar que esas descaradas estafas, robos y expolios, no se produjeran. Rajoy es el principal responsable político de este lodazal de corrupción en que se ha convertido la política española. Es también el único responsable del bloqueo político en España.

Tendría que haber dimitido apenas comenzado ese mandato que ha sido un  desastre y un atentado contra la dignidad de los españoles. Y su marcha y desaparición de la escena pública, requisito indispensable para que pueda haber una regeneración democrática creíble.

Estado de podredumbre.

Esto tiene ya muy difícil arreglo. Los meses que quedan hasta las elecciones de diciembre van a ser un verdadero suplicio de disparates. Con la fecha del 20 de diciembre, el gobierno no es que haya escogido la que más le convenía sino la última posible antes de entrar ya en el terreno de la ilegalidad, negándose a convocar elecciones, cosa nada de extrañar, vista su procedencia ideológica. Aquí, como en las últimas semanas de Dolores de Cospedal, ancha es Castilla y a conceder más contratos que en sus cuatro años de gobierno. En los tres meses y medio hasta diciembre habrá tiempo de ver verdaderos primores y auténticas barbaridades en contra del Estado democrático de derecho que parece provocar sarpullido a la derecha española.

Niegan Barberá y Fabra que el Senado sea una cámara para retirar elefantes. Con ello solo quieren decir que no se consideran "elefantes". "Elefantes" quizá no, primeramente porque no es necesario retirar los elefantes a sitio alguno; se retiran solos. Otra cosa son los "trastos viejos". Y para eso sí está pensado un buen rato el Senado: para retirar y acumular enseres, trastos viejos o inservibles. Rudi, Barberá, Fabra, Bauzá, han perdido las elecciones y se habían quedado sin curro partidista y, en algún caso, como Barberá, sin curro a secas, pues sospecho que fuera de la alcaldía de Valencia, no trabajó nunca de nada. Llevaba 24 años de alcaldesa y es fácil suponer que los valencianos se hartaron de verla. Los demás perdieron las elecciones por incompetentes. Su partido, por tanto, les busca un premio de consolación o una recompensa, que no está claro, a costa de los dineros del contribuyentes en el Senado que, en efecto, es una segunda cámara colegisladora de cuya pertinencia hay sobradas dudas. El Senado, o sea la mitad del poder legislativo, es un recinto para colocar enchufados. No vaya a ser que por un puñado de votos, la señora Barberá se quede sin un bolso de Vuitton. No sirve para retirar elefantes sino bolsos de Vuitton. En nombre de todos los dioses del Olimpo, ¿sobre qué puede intervenir Barberá en el Senado sin hacer el ridículo? O sea, efectivamente, el Senado no sirve para nada excepto como lugares de vacaciones a libre disposición de los partidos para adjudicarlas como quieran a sus amigos, compinches y enchufados y con nuestro dinero. 

El hijo de Tejero, ascendido, creo, a Coronel, ocupa un lugar en un Consejo de la Guardia Civil por delegación expresa del ministro del Interior. Ciertamente, los hijos no heredan los pecados de los padres. Pero tampoco se libran del todo de ellos porque los nombres son estirpes, a lo menos en lo simbólico. Un hijo de un golpista, condenado como tal, con puesto de importancia en la Guardia Civil manda un mensaje al ámbito público suficientemente significativo: la Guardia Civil es nuestra, como todo en este cortijo que llamamos España y ponemos en ella a quien nos da la gana porque esa es nuestra idea del Estado de derecho.

Por último el proyecto de reforma del Tribunal Constitucional deja definitivamente en claro que aquí se está dispuesto a pasar por encima de lo que sea por defender el orden constituido. Constituido ¿por quién o para quién? Por la oligarquía tradicional y parásita española: los terratenientes, los grandes financieros y banqueros, los empresarios, la jerarquía eclesiástica y para el adelantamiento de sus intereses. De esa tarea de gendarme quiere ahora el gobierno se encargue el TC contra toda lógica y espíritu jurídico. Aun en el supuesto de que cupiera convertir al TC en ejecutor de sus propias decisiones habría que justificarlo y eso no es posible. Dice Rubio Llorente que con este proyecto, el gobierno se carga el TC. No es así exactamente en nuestra opinión: el gobierno se cargó el TC mucho antes, cuando bloqueó durante años su renovación por intereses partidistas o cuando hizo que se nombrara presidente a un ex-militante del PP y contratado de la FAES. Ahora se limita a enterrarlo. Un tribunal concebido como órgano de ejecución de las decisiones del gobierno no es un tribunal sino un cuerpo de guardia de los gobernantes.

De Estado de derecho, que es contenido y forma, en España no queda nada. Los ciudadanos no somos iguales ante una ley que encarcela a la gente menuda y protege a los grandes ladrones; que abandona a los necesitados y les priva de los suyo para subvencionar a los ricos y las granes fortunas. Los procedimientos han saltado por los aires. El gobierno actúa en permanente fraude de ley que es como actuar ilegalmente y actúa con criterios despóticos, antidemocráticos, coartando la libertad de expresión, tratando de impedir que los catalanes puedan ejercitar sus derechos. Y todo ello al ritmo frenético de la gestión pública más absurda y corrupta de toda Europa.

De aquí a las elecciones "en torno al 20 de diciembre", (dice Rajoy) puede pasar y pasará cualquier cosa. Y ya veremos cuando se sepa con exactitud la fecha porque pueda hacerlas coincidir con el sorteo del Gordo y hasta asegurarse de en dónde caerá el gordo, una vez que el otro Fabra, al que siempre tocaba, ya está en la cárcel. No sería extraño en un personaje como Rajoy, capaz de adelantar o retrasar los plazos electorales por motivos exclusivamente electorales.

N.B.

Ayer lo pasé muy bien en el Ateneu de Tàrrega. Me encontré muy a gusto. Espero que fuera compartido. Muchas gracias a tod@s. 

Las lenguas en el Senado.

Menudo zafarrancho se ha armado con la admisión del plurilingüismo en el Senado. Un verdadero guirigay como era de esperar tratándose de lenguas. No resisto la tentación de añadir ruido y asumo de antemano el reproche que cabe hacer siempre a los amargados esos que se van de vacaciones a un lugar atestado de turistas como ellos y vuelven maldiciendo de los (otros) turistas.

En realidad a primera vista hay poco que discutir y menos que rezongar. La legalidad de la medida es tanto más obvia cuanto que la situación anterior, la monolingüe, era ilegal si no en la letra de la ley, sí en el espíritu. ¿O no dice la Constitución que el Senado es la cámara de representación territorial? (art. 69, 1). En algunos territorios se hablan lenguas propias que son oficiales en ellos, junto al castellano o español. Son oficiales ¿y no pueden hablarse en un órgano oficial? No sólo pueden sino que deben. O la representación será muda, o sea, no representación.

Ya sé que, cuando se habla en serio, todo depende de lo que se entienda por "representación"; pero se entienda lo que se entienda, el derecho a expresarse en la lengua propia del territorio representado se me antoja indudable. Como si sus señorías quieren presentarse con una barretina o un kaiku.

Y de milagro será si la reivindicación no pasa al Congreso. Es verdad que esta cámara es la de representación personal (aunque la Constitución no lo dice expresamente), argumento muy querido por los nacionalistas españoles contra los nacionalistas llamados "periféricos": los territorios no son sujetos de derechos; sólo las personas. Cosa que, ya se ha visto, únicamente puede predicarse del Congreso porque en el Senado son los territorios los representados, los titulares del derecho de representación. Lo que sucede es que la pícara realidad ha querido que sea en el Congreso donde algunos territorios centran su representación por la muy comprensible razón de que es la cámara importante, la que toma las decisiones, mientras que el Senado tiene un valor sobre todo simbólico.

Pero es ahí, en lo simbólico, en donde ha sido más denso el pedrisco dialéctico contra las lenguas. Esto obliga a otra reflexión ya no legal sino política. La visión de España del nacionalismo español (un nacionalismo inconsistente que tan pronto se afirma de modo vociferante como dice no ser nacionalismo) es la que la identifica con Castilla y con su lengua, la lengua del Imperio. Los nacionalistas-no nacionalistas españoles alardean de que hay 400 millones de hispanohablantes en el mundo, contando los hispanos en los EEUU y no sé si el español que hablan los filipinos exclusivamente cuando pronuncian su nombre. En todo caso, para no pelearnos, concedido: lengua universal. ¿Y qué? Por ser universal una lengua ¿deben preferirla a la propia los hablantes de otra? De ser así, los hispanohablantes deberíamos expresarnos en inglés. Pero, se dice, los hispanohablantes no hablan inglés mientras que los catalanes, vascos y gallegos sí hablan español y es ridículo que no lo hagan. Aunque esto fuera cierto, que no lo sé de seguro, de nuevo hay una cuestión indudable: los catalanes, vascos, gallegos tienen el deber de conocer el castellano, pero no el de usarlo siempre.

Supongo que en esta andanada contra el uso de las lenguas propias hay una secreta envidia al mucho más brillante estado del inglés, también lengua imperial cuya preminencia nadie discute, ni siquiera sus enemigos ancestrales los irlandeses que se expresan en ella con bastante demérito, creo, de la propia. Pero hay una diferencia abismal entre ambos imperios; el español puede decirse que fue un fracaso (sin minusvalorar el glorioso futuro de tantas naciones hermanas) mientras que el inglés, rebautizado británico fue un éxito. Para salir de dudas compárese la Commonwealth con la Comunidad Hispánica de Naciones-por-qué-no-te-callas.

Quedaría por explicar la supuesta superioridad de la España institucionalmente plurilingüe (y conste que falta) pero esa explicación sobra: el plurilungüismo es tan legítimo como el monolingüismo y tiene a su favor que es una creciente realidad de hecho sostenida en el ejercicio de unos derechos que nadie se atreve a negar. Una España que escuche a todos sus hijos y lo haga en sus lenguas es una España mucho más amable que la del páramo del caballero de la mano al pecho.