La infausta X Legislatura con mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la "ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al franquismo. El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una corriente neoliberal de procedencia anglosajona. Los cuatro puntos eran: la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen de "seguridad ciudadana" represivo). Se añade a esto la actitud de hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en el poder merced a su abstención.
Pero hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado, estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del alcance de los justiciables que no fueran millonarios.
La situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al pronunciarse.
Las barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto. En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de defenderla, pero sin auténtica convicción.
Ahora le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz, no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario, arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y un desprecio por la dignidad del ciudadano. Otorga todo tipo de facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo, poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se podía ni fotografiar.
En fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido. En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.
Los otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana depende casi exclusivamente de la iniciativa política del independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos casos, el gobierno tiene poco que hacer.
Las tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición. Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.
Pero la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con el que se tienen tantos intereses comunes.
Pero el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.
