Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Sí o sí. La evolucón política de España y de Cataluña no deja lugar a dudas. Por mucho que el nacionalismo español se obstine, por mucho que amenace y juegue sucio, llegará un momento en que tenga que negociar la realización de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La presión internacional, el sostenido conflicto con las instituciones catalanes, la opinión pública y hasta es posible que un sector del PSOE (el baluarte del nacionalismo español de izquierdas) acabarán mostrando que no hay otra salida. Es un juego de las instituciones contra la ley, como el que imaginaba Saint Just al hablar de las Instituciones republicanas. Las instituciones simbolizan la legitimidad y la libertad. La ley, cuando es injusta, es la fuente de la tiranía, a la que hay que resistir. La permanente insistencia de Rajoy y el resto de sus conmilitones de que ante todo hay que obedecer la ley (la que ellos amañan, derogan, cambian, cuando les da la gana), no sirve sino para ocultar de hecho su incompetencia como gobernantes. Según ellos, el garante de la libertad es la democracia. Mentira: el garante de la libertad son las instituciones republicanas. La ley solo es la voz del poder y cuando, como es el caso en España, se trata de un poder arbitrario y presuntmente delictivo, la ley también es tiránica y habrá que desobedecer.
Sí o sí
Los líderes de JxS reducen la disyuntiva clásica del “sí o no” a la fatalidad del único “sí”. Cada uno en su estilo. Tardà habló en sede parlamentaria de “referéndum sí o sí” y con posterioridad, el expresidente Mas ha hablado de “negociación sí o sí”. En los dos casos habla la convicción de que las cosas serán así, quiera o no el gobierno español.
Mas suele poner una nota de cautela y prudencia. Recuerda la necesidad de allegar más apoyos a la independencia y ahora, al parecer, trata de tranquilizar al empresariado, aun reconociendo probable algún sobresalto en 2017. Habrá quien vea en esto una diferencia notable, aunque conocida, de contundencia política y señale el temor a un replanteamiento, incluso un retroceso en el proceso independentista a cambio de alguna etérea negociación. Sin embargo es obligado recordar que la fuerza de ese proceso radica en su unidad y transversalidad, aspectos imprescindibles en las circunstancias actuales. Es decir, interclasista. No es muy acertado aplicar al proceso independentista un esquema de lucha de clases en sentido amplio.
Tener fijada la fecha del RUI da solidez al proceso, pero no obliga a considerar exento todo el tiempo que media hasta su posible realización. Ese es el tiempo de las negociaciones “sí o sí”. No sería justificable rechazarlas sin más. Ya el solo hecho de que el Estado acepte negociar es un triunfo.
Luego se plantea el contenido y el resultado de las negociaciones., empezando por la necesidad de que el Estado suspenda la aplicación de sus medidas represivas hoy en marcha. No es creíble una negociación durante la cual el Estado sigue reprimiendo la actividad de las instituciones catalanas. A su vez, también el Estado planteará la simetría en la abstención, exigiendo que las instituciones catalanas suspendan su actividad durante la negociación. Esa es una muestra de la complejidad de los problemas que afectan a las negociaciones.
Mientras se inicia la negociación “sí o sí” van dándose pasos que condicionan las actitudes. Los comunes proponen constuituir una comisión parlamentaria para tratar de la “cuestión catalana”.No parece, desde luego, mucho, dada la composición del Parlamento español. Como iniciativa no molesta y apunta en una dirección correcta de convocar un órgano en el que puedan realizarse las negociaciones del “sí o sí”. Lo que sucede es que no puede ser de rango de Comisión parlamentaria. Tendría que apuntar más al tipo de Convención del máximo nivel parlamentario y convocada específicamente para la negociación.
El movimiento, por otro lado, básicamente la ANC, está articulando la “Asamblea de cargos electos” (AECAT) para que asuma los “poderes catalanes” en el caso de que el gobierno central suspendiera la autonomía de Cataluña. Parece bastante más eficaz que la Comisión parlamentaria sobre Cataluña. La AECAT es el germen de una institución que vendrá a substituir a las instituciones ordinarias catalanas caso de suspensión de la autonomía.
Pero, para que el gobierno suspenda la autonomía de Cataluña, en el caso de que pudiera hacerlo, que no está claro, las instituciones catalanas habrán dado algún motivo para ello, habrán adoptado alguna medida que justifique la suspensión a ojos del gobiern. El acto más evidente de este tipo es una DUI. Por esa declaración, el Parlamento catalán declararía a Cataluña fuera del ámbito de aplicación de las leyes españolas y, por supuesto, tendría que dar traslado de ello a la Corte Internacional de Justicia. En el interior, sin embargo, la suspensión de la autonomía carecería de efecto y el Estado tendría que echar mano de alguna figura de los estados de excepción.
Justamente es ante esa perspectiva muy verosímil cuando cobra todo su alcance la admonición de Mas: negociación “sí o sí”. Nadie está interesado en crearse más problemas de los que ya tiene. En el paquete de la negociación deberá entrar el otro enunciado de referéndum “sí o sí”.
Que el 75 por ciento de los catalanes sea partidario de un referéndum es una prueba empírica de que el referéndum es la solución al problema. Si la participación en él llegara al 75 por ciento, o lo sobrepasara, daría amplia legitimidad al resultado, fuere este el que fuere.
