Desamordazando

La infausta X Legislatura con mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la "ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al franquismo. El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una corriente neoliberal de procedencia anglosajona. Los cuatro puntos eran: la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen de "seguridad ciudadana" represivo). Se añade a esto la actitud de hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en el poder merced a su abstención.

Pero hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado, estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del alcance de los justiciables que no fueran millonarios.

La situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al pronunciarse.

Las barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto. En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de defenderla, pero sin auténtica convicción.

Ahora le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz, no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario, arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y un desprecio por la dignidad del ciudadano. Otorga todo tipo de facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo, poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se podía ni fotografiar.

En fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido. En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.

Los otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana depende casi exclusivamente de la iniciativa política del independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos casos, el gobierno tiene poco que hacer.

Las tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición. Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.

Pero la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con el que se tienen tantos intereses comunes.

Pero el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.

Una chispa de gamonal.

Quizá sea exagerado recurrir a la manida fórmula de ¿Arde España?, sobre todo si uno se informa por la prensa y los medios comerciales, incluidos los medios públicos. Pero, si enciende Twitter, saltan las imágenes de lo que está sucediendo en Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Burgos, etc. Contenedores ardiendo, petardos, cargas, barricadas. Según Twitter, en efecto, arde España como la pradera incendiada por la chispa del Gamonal. La prensa de orden se lo toma con menos nervios. Así, El País da noticia de Una veintena de detenidos en varias ciudades en las protestas pro Gamonal, ilustra con una foto de un conato de disturbio y mantiene un tono moderado y moderador. La prensa sabe en dónde estamos y tiene miedo de echar leña al fuego. Eso es cosa de internet.

En efecto, en este conflicto han estado clarísimas las distintas funciones de los medios tradicionales y las redes sociales e internet. La pregunta es muy simple: ¿quién ha organizado esta oleada de protesta y de solidaridad? ¿Cómo se han coordinado las distintas y numerosas manifestaciones y quién y cómo ha tomado las decisiones? Ahora habrá gente que se ponga al frente de la manifestación por cuanto la victoria tiene muchos padres. Pero el movimiento es colectivo, horizontal y anónimo.

Gamonal ha sido un triunfo en toda regla de la resistencia popular. Nadie ha dado oídos a tonterías del tipo de atentados en el Gamonal o los comandos itinerantes violentos. Hay una obvia necesidad de reconocer la victoria del movimiento popular de resistencia por dos razones: a) la falta de legitimidad para hacerle frente; b) la preocupación por evitar males mayores.

a) La falta de legitimidad. La declaración de salida del alcalde de Burgos al comienzo de la movida fue fogosa, como la del toro que sale del chiquero: las obras no se pararían bajo ningún concepto. Para pararlas habría que pasar por encima de su cadáver. Diez días después, el mismo alcalde, aún vivo, anuncia la paralización definitiva de las obras. ¿Qué ha pasado en esos diez días? Que los vecinos no han cejado en su protesta y, entre tanto, han salido a la luz los dramatis personae del proyecto que tiene toda la pinta de ser un chanchullo más de corrupción en el que media un empresario exconvicto, poderoso prohombre del lugar, propietario del periódico más influyente y, al parecer, también de la empresa adjudicataria del proyecto que, según se lee, adeuda la nómina de cuatro meses a sus empleados. Un ciudadano Kane del lugar. Resulta que el ayuntamiento burgalés no tiene 180.000 euros para una guardería en el barrio pero sí ocho millones para enterrarlos en una obra que nadie quiere, salvo quien tenga pensado forrarse con ella; el cuadro típico de la corrupción del PP: políticos sinvergüenzas y trincones con empresarios trincones y sinvergüenzas estafando a la gente con ayuda de medios de comunicación lacayos. Con esa falta de legitimidad era imposible que la autoridad municipal se impusiera a las protestas vecinales. Así, las órdenes de arriba han sido tajantes: el señor alcalde se come sus palabras, el conflicto se cierra y se saca de las portadas de los periódicos.

b) La preocupación por evitar males mayores. Ahí es donde está la razón del retroceso del alcalde de Burgos y de la escasa cobertura que los medios comerciales conceden a las manifestaciones y las movilizaciones de solidaridad. Esto puede irse de las manos del establecimiento político y mediático. Los gobernantes empiezan a preocuparse. La vicepresidenta del gobierno se pone admonitoria diciendo que: Los indicadores de recuperación no casan con las protestas. En realidad es una amenaza: si seguís protestando, no habrá recuperación. Una amenaza basada en la fe de Santamaría, persona muy creyente, en las trolas que va por ahí soltando su jefe sobre la recuperación española. La verosimilitud de esta hipótesis se calibra a la perfección recordando que Rajoy habla de recuperación incluso con un 25% de paro.

Gamonal ha sido una chispa que ha encendido una pradera; la pradera de la conciencia de la gente de la necesidad de actuar y defenderse por sí misma. La pradera puede apagarse pero la conciencia se ha despertado y puede volver a encenderse con la chispa siguiente. Que saltará, sin duda alguna. Y en donde menos se espere. Hay un perceptible cambio en la forma en que la ciudadanía está empezando a comportarse. Los partidos políticos institucionales, absorbidos en sus rutinas orgánicas y sus cauces de acción predeterminados, viven de espaldas a esta reacción del cuerpo social al que teóricamente representan. Esta inoperancia propicia movimientos que están cambiando el sistema de partidos estatal en su forma consagrada de bipartidismo imperfecto. Incluso está alterando el esquema heredado de relaciones entre los partidos, los votantes y la gente en general. Especialmente en la izquierda.

Pero este asunto ya requiere una consideración propia en una entrada posterior.

La realidad y los medios.

La 2ª tesis de Marx sobre Feuerbach reza:

La cuestión de si el pensamiento es capaz de alcanzar la verdad objetiva no es teórica sino práctica. Es en la práctica en donde el hombre debe demostrar la verdad de su pensamiento, esto es, su realidad y poder, su existencia aquí y ahora. La cuestión de la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es puramente escolástica.

Pues eso. Inmersos en la práctica estamos. Pero, ¿con qué resultados? La mayoría absoluta de la derecha nacional-católica le ha permitido un bloqueo institucional completo. Ha unido en su mano los tres poderes clásicos. La práctica institucional carece de sentido y la prueba es que solo se da en las comunidades gobernadas por otros partidos, sobre todo los nacionalistas, aunque también sean de derechas. Por este motivo la práctica se ha hecho extraparlamentaria. Son las organizaciones espontáneas de la gente las que protestan y combaten por sus objetivos desde la calle; desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a la protesta de Gamonal. La movilización está muy extendida, aunque no coordinada.

El bloqueo, sin embargo, alcanza a los medios de comunicación. Los medios tienden a ignorar estas acciones y les son abiertamente hostiles. En unos casos, por interés económico directo en el conflicto, como es el de Gamonal, unos vecinos enfrentados a un alcalde que tiene detrás a un constructor, cacique, ya condenado en el pasado y propietario de la cabecera de prensa más importante en la ciudad. En otros casos, quizá por falta de interés. Los medios están ensimismados en sus enfrentamientos o en sus batallas particulares. El rifirrafe en la COPE entre el director de El Mundo y el presidente de la Comunidad de Madrid, que no dejó hablar al otro, tan indignado, exaltado y fuera de sí se encontraba, fue la noticia del día y obscureció la llegada triunfal de Rajoy a Washington. Incluso se ocupó de ella Wyoming en el Intermedio, un espacio de tanto éxito y audiencia que hasta Marhuenda pide que lo inviten. En efecto, debe de ser el único en el que no esté.

En este clima andaban los medios para pocos gamonales. Pero la época es de internet y las primeras fotos de contenedores ardiendo en Burgos aparecieron en Twitter en minutos, con una pregunta: ¿Qué está pasando en Burgos? No es cosa de ponerse a debatir sobre si las redes sociales sirven o no para algo, pero está claro que ayudan bastante. Dan publicidad, ofrecen testimonios directos en tiempo real, cosa nada desdeñable a la hora de controlar los posibles excesos de la policía. Algo está pasando. La práctica de Marx se da en la calle.

Mientras tanto, ¿qué hace la izquierda? Según parece, prepararse para las elecciones europeas, muy atareada en procesos de primarias. Sin tiempo para conectar con esa práctica extraparlamentaria, cada vez más extendida y menos para entenderla. El primer inconveniente de la izquierda es su fragmentación, algo de lo que todos abominan pero nadie parece poder o querer impedir. El segundo es su falta de discurso. A pesar de esta crisis y de todos los primerizos balbuceos acerca de reinventar el capitalismo, el capitalismo está para quedarse, no tiene alternativa, es indiscutible y más en un país periférico como el nuestro. No cabe discutir sobre el modo de producción, pero sí sobre el de distribución. Y ahí es donde hay que explicar a la gente propuestas concretas, prácticas y viables, especificando su financiación por criterios redistributivos. 

Para eso hace falta un discurso. Anguita sostiene con razón que la Declaración de Derechos Humanos es un instrumento revolucionario. Cierto. Como están las cosas, la misma Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano que está en vigor en la Constitución francesa. Pues sí, es una vieja idea, la de que en España está aún pendiente la Revolución francesa. Y la cuestión es: ¿ni siquiera en la defensa de una declaración de derechos humanos encuentra la izquierda una plataforma unitaria?

En efecto, parece que no. Esto de los derechos humanos resulta ser resbaladizo. La prueba está en la segunda manifestacion de Bilbao del otro día, convocada en pro de los derechos humanos, pero a la que una parte muy importante de la izquierda española se abstuvo de ir y otra incluso más importante, condenó expresamente. Más realidades para las que no hay un discurso de la izquierda, de casi ninguna izquierda española.

La desobediencia en Sol.

Finalmente, Palinuro estuvo en la Puerta del Sol, disciplinadamente, como se le había dicho, a la muy lorquiana hora de las cinco de la tarde. Pero solo le dieron paso a las seis y media. Durante todo el día los dioses fueron magnánimos con la jornada de la Uni en la calle y nos regalaron un día soleado. No obstante, entre seis y media y ocho y media ya se notaba el relente. Pero allí aguantamos estoicamente un montón de personal hablando de nuestros asuntos y preocupaciones. Muchas gracias a quienes asistieron. Hacía siglos que no me sentía hermanado con tanta y tan diversa gente. Aprendí mucho y traté de enseñar lo poco que sé.

El tema desarrollado, perfectamente quodlibetal, era Legalidad, legitimidad y desobediencia: una actualización. Ahorro al lector las consideraciones históricas y las teóricas. Las primeras destinadas a rastrear los orígenes de la cuestión de la legitimidad del poder a partir de las guerras de religión del siglo XVI, el derecho de resistencia y su forma extrema en el tiranicidio, preconizado a ambos lados de las trincheras confesionales por hugonotes y jesuitas. Para acabar en el asentamiento de la desobediencia civil en los siglos XIX y XX. Las segundas, las teóricas, destinadas a reconsiderar los debates sobre el binomio legalidad-legitimidad en torno al positivismo jurídico y sobre la justificación de la desobediencia civil por razones morales amparada en la no violencia.

Así que me referiré a la tercera parte, la actualización de la doctrina al aquí y ahora. Según la teoría clásica del derecho de resistencia, la ilegitimidad del poder puede ser bien de origen, bien de ejercicio y, desde luego, ambas a la vez. Siempre desde ese punto de vista clásico, el gobierno de Rajoy tiene una ilegitimidad de origen pues alcanzó el poder mintiendo sobre su programa electoral, por medios moralmente repudiables por fraudulentos. Ciertamente, cabe alcanzar el poder de muchos modos, incluida la espada o el engaño. Pero eso no concede legitimidad a su uso. Al contrario, se la resta. El gobierno de Rajoy es también ilegítimo por ejercicio. Sus medidas son drásticas, nocivas para los intereses de la mayoría y el bien común, arbitrarias, en muchos casos caciquiles, autoritarias y sospechosas a veces de obstaculizar el deber de rendición pública de cuentas de las autoridades o, incluso, de encubrir presuntos delitos y delincuentes presuntos. Don Presunto Bárcenas, por ejemplo.

Cuando el poder es ilegítimo de origen y ejercicio, es tiránico, y asiste a la población un derecho de resistencia. Esta se articula como desobediencia civil, una actividad de oposición a una autoridad ilegítima y a sus leyes inicuas. Algo que viene ya de atrás bajo la forma de movimientos cívicos de protesta a los que más tarde se llamaría indignados para aprovechar el tirón mediático del título de Hessel. Un movimiento cívico que ha tomado los espacios públicos de muchas ciudades españolas y va adquiriendo la forma de una insubordinación general. Una marea (muchas mareas) que surge espontánea del fondo de la ciudadanía coordinada a través de las redes y dispuesta a relegitimar el debate político en el ágora pública, en substitución del de las instituciones que primero lo secuestraron y después, lo envilecieron.

Es un movimiento al margen de los partidos, de las instituciones, de los medios, de la iglesia y, por supuesto, de la banca. Mana de sí mismo. Su fuerza reside en su carácter pacífico y en su crítica moral a un sistema que todo el mundo, incluido él, considera corrupto sin remedio. Ello explica por qué goza de tanto apoyo en la opinión pública y resiste todas las campañas de desprestigio.

El poder, sin embargo, cada vez más ciego a fuer de asustado, reacciona con represión, autoritarismo y violencia. No quiere ver en el movimiento sino un problema de orden público que es preciso resolver por medios expeditivos. Pero el problema vuelve y vuelve y vuelve. Ya no es posible parar a la gente solo con la policía. Aparte del problema de cuánto tiempo vaya a seguir la policía reprimiendo con tanta dureza a una ciudadanía que protesta ante la injusticia. Una gobierno ilegítimo solo puede mantenerse por la represión. Pero eso no es admisible en una democracia que descansa sobre el principio lockeano del gobierno por consentimiendo de los gobernados.

Si los gobernados ya no consienten, habrá que hacer algo.

La imagen es una foto de Miguel G. Madariaga, quien me ha cedido su uso. Muchas gracias, Miguel. Supongo que no tienes inconveniente en que la pongamos en Creative Commons), por supuesto, siempre citándote a ti; no a mí.

Golpe de Estado

La gran marea ciudadana de ayer en todas las ciudades españolas ya no se deja minusvalorar con cuantificaciones de asistencias, que si 25.000, 250.000 o dos millones. Es una inmensa multitud que ha salido a la calle a protestar contra eso, contra lo que llama un golpe de Estado financiero implementado por un gobierno embustero, ineficaz y bajo fuerte sospecha de corrupción. Un gobierno que está promoviendo una verdadera involución en todos los órdenes. Está rompiendo los consensos básicos, dice Rubalcaba. Se entiende lo que quiere decir: el gobierno está tomando medidas más allá de la mera gestión del orden social, medidas que afectan a la estructura misma de ese orden social, de ese modelo, como se dice. La expresión no es feliz por cuanto tales consensos jamás fueron explícitos. Es mucho más claro hablar de medidas anticonstitucionales. Con independencia de si uno quiere reformarla o no, la Constitución incorpora todos los consensos reales. La acusación es que las medidas son materialmente anticonstitucionales. Es decir, respetan el tenor literal del Constitución pero la vacían de contenido. Es una mutación constitucional, un ataque a la constitución material del país.

Frente a esta situación la gran marea tiene un enorme significado. Es una respuesta del conjunto de la sociedad civil, esa que invocan permanentemente los neoliberales. Y lo es porque a las manifestaciones en las que concurren los trabajadores, los sindicatos, los parados, los pensionistas, se añade el estado de práctica resistencia de estamentos profesionales enteros, como el sanitario, el educativo, el judicial y el de los funcionarios en general. Pero, para que ese significado se plasme en la realidad, precisa la acción de un poder político que haya sido receptivo. Y no es el caso. Todo lo contrario: el poder político español es claramente hostil a ese significado.

El gobierno entiende la mayoría absoluta conseguida el 20-N de 2011 como un cheque en blanco por cuatro años. En democracia esto nunca es así y menos aun si ese gobierno ha roto todas sus promesas. Pero esta consideración vuelve a ser simbólica y convencional. El poder dispone del monopolio de la violencia y no se cuida poco o mucho de si es legítimo. Sin duda da respuesta a la movilización ciudadana en dos terrenos al mismo tiempo, el de la ideología y el de la violencia. El primero lo tiene muy descuidado. El intento de deslegitimar la gran marea comparándola con el 23-F de Tejero es tan estúpido que no lo puede mantener ni quien lo formula. Pero revela un carácter, una forma de ver la realidad autoritaria dominante en las autoridades que de democracia tienen solo una pátina.

La verdadera respuesta del gobierno a las manifestaciones, allí donde este se esmera, es la represión. Pero no solo la represión en el juego habitual de la acción-reacción, sino algo más brutal al tiempo que más refinado y que no solamente trata de reprimir sino también de amedrentar, incluso aterrorizar. El hostigamiento permanente de los ciudadanos por la policía, las identificaciones arbitrarias, las cargas injustificadas, las actividades de los agentes provocadores apuntan claramente al objetivo de criminalizar las movilizaciones y asustar a los ciudadanos. Dificultar o impedir el ejercicio de los derechos constitucionales y reprimirlo con medidas sancionadoras que abren procedimientos administrativos y judiciales cuando otro ministro de esta cuerda los ha sembrado de tasas es tiranizar a la población de hecho.

En esta situación, ¿cuál ha de ser la respuesta de la ciudadanía? ¿Cuál la de la oposición? Recuérdese que, salvo circunstancias excepcionales, el sistema solo admite cambios mediante elecciones cada cuatro años. La gran marea, en el fondo, aspira a ser una de esas circunstancias excepcionales, consiguiendo la convocatoria de un proceso constituyente. Pero es un sueño pues no se arbitran los medios para hacerlo realidad. En este asunto en concreto es más verosímil una excepcionalidad por la vía penal. No es impensable que a raíz de los papeles de Bárcenas haya una imputación al presidente del gobierno. Eso sí que seguramente obligaría a cambiar la presidencia, aunque pudiera no ser el caso tampoco. De hecho en el gobierno hay vari@s ministr@s que en cualquier país democrático del mundo habrían dimitido catorce veces.

Entre tanto, ¿qué hacer? Las mareas parecen decididas a seguir y a mantener la beligerancia frente al poder político. El PSOE, por su parte, se ha embarcado en una tarea de reflexión para, según parece, dotarse de un cuerpo nuevo de doctrina en una conferencia política en octubre próximo. Una especie de recapitulación de la acción del partido y hasta del mismo partido. Un intento de hacer una oferta más acorde con los tiempos, para lo cual se propone recabar información de la sociedad civil. Precisamente de esa que vive movilizada, pero con la que no parece tener mucho contacto. Recaba información, sí y no está mal. Pero la mejor manera de informarse es participando y no solo acopiando información para destilar después una teoría. Interaccionando con el movimiento según se produce. 

Y ahí es donde la ausencia del PSOE es clamorosa. La práctica inexistencia de la oposición socialista, que no consigue quitarse de encima el injusto sambenito de PPSOE, se hizo patente en el debate sobre el estado de la nación. La intervención de Rajoy fue tan vacua, ambigua y falsa como siempre. La de Rubalcaba más centrada, moderada y de nivel europeo. Pero anodina. El CIS levanta acta del resultado: el socialista ha perdido el debate frente a Rajoy ¡por 26,9 puntos!. Puede parecer injusto, pero esto interpela directamente a Rubalcaba. La gente lo quiere menos que a su adversario.

Sin duda un partido es más que su líder, sobre todo uno tan antiguo como el PSOE. Pero es también su líder en una época como esta caracterizada por dos notas especialmente negativas para la actual dirección socialista: de un lado, es la era mediática y en ella la imagen cuenta mucho; de otro, por ser mediática, es también la de la hemeroteca. Aparte de un serio problema de imagen, Rubalcaba lo tiene de crédito por cuanto fue ministro en los gobiernos de Zapatero, sobre todo en el segundo, en los que el PSOE hizo unas cosas y dejó de hacer otras por las que ahora se autocritica. Ciertamente, es encomiable que el secretario general reconozca los errores pasados y se arrepienta de ellos. Pero recuérdese que, según Spinoza, el arrepentimiento no es una virtud, porque no nace de la razón.

La Marea ciudadana y la verbena de la corte.

Hoy las calles de muchas ciudades españolas se verán invadidas por una marea ciudadana. Esta es lo más importante de momento. La gobernadora de Madrid, obstinada en entender los problemas políticos como cuestiones de orden público y en responder a ellos reprimiendo, ya ha hecho saber que trae a la capital 1.400 policías antidisturbios más. Es de esperar que no para hostigar y agredir a los ciudadanos sino para protegerlos en el ejercicio de sus derechos. Pero con esta señora nunca se sabe. Igual da orden de identificar y, si acaso, detener a un viandante de cada diez. Diezmar la población cívicamente.

Lo anterior puede parecer ridículo, pero no lo es más que la representación política española en su conjunto. Comparece el líder de la derecha con resonancias de caudillo, en medio de la emocionada -y prolongada- ovación de sus seguidores y larga una tirada dividida en tres tiempos: un tumultuoso de ataque a la herencia recibida, un allegro maestoso para celebrar los triunfos propios y un andante para escurrir el bulto respecto a las acusaciones de comportamientos personales ilegales, si no delictivos. Eso y dos desplantes achulapados a la izquierda cerró la función parlamentaria. Acto seguido, la Comisión europea desmentía todos los datos de Rajoy y convertía su triunfo en una derrota peor que la de Zapatero. Y Bárcenas comparecía de nuevo del brazo de un notario en cuyo poder había puesto el muy ladino esos papeles que muestra aquí, oculta allí, niega allá y vuelve a afirmar acullá.

El Bárcenas de la realeza, Torres, hijo del pueblo y socio despechado, insiste en pringar a la Corona en las trapisondas que él y Urdangarin urdieron al parecer so capa de una organización sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro y el juez les pide una fianza de ocho millones de euros. Es la ruina si no consiguen hacer a la Corona responsable subsidiaria. Por eso el Rey ha decidido morir con ella puesta. En el tira y afloja aparece la infanta Cristina, perteneciente al género de cónyuge ensimismado, al estilo de Ana Mato. Pero Torres tira también de ella hacia abajo, hacia, como de su padre. Así que la infeliz infanta más semeja una Andrómeda encadenada, a punto de ser devorada por el monstruo de una citación judicial.

Los jueces están siendo un bastión de la democracia y el Estado de derecho al mostrar una encomiable independencia. Los justiciables aficionados a valerse de la justicia con fines torticeros ahora se lo piensan dos veces antes de recurrir a sus métodos. El PP prometió convertirse en una máquina despiadada de presentar querellas contra todo mirmidón que osara incluso hacerse eco del infundio de los famosos sobres. Un mes después aún no ha iniciado acción judicial alguna. Ni su presidente, que lo es del gobierno, ha dicho esta boca es mía.

Todas las solemnes explicaciones y aclaraciones que formulan los dirigentes de la derecha se revelan falsas antes de terminar de decirse. Tómese el caso de la situación laboral de Bárcenas. Un día era un desconocido en la sede del PP. Al siguiente no solo era conocido, sino inquilino permanente en esa sede. Al siguiente resultaba que además cobraba por ello. Luego no era seguro si cobraba o no. Después sí lo era pero no se sabía en condición de qué. Igual que el exmarido invisible de Mato, que un día era funcionario del PP, según Floriano y, al siguiente Cospedal lo ponía de patas en la calle como si fuera un becario. ¡Ah! Pero habiéndole pagado un suculento salario con dineros públicos por asesorar desde su domicilio. Esto ya es más que una verbena. Es un circo con payasos y tragasables.

Desde luego, lo más importante, lo más serio que va a pasar hoy es la suma de mareas en las calles. Poco a poco va cuajando un movimiento de insubordinación general que tomará formas de desobediencia civil, frente a un sistema injusto, despótico e inepto. Los gobernantes toman medidas contrarias a la equidad, las imponen por la fuerza de su mayoría absoluta parlamentaria y únicamente cosechan fracasos que luego cargan sobre la espalda de la gente.

(La imagen es una foto de Creative Commons).

Últimas noticias sobre España.

(Del informe confidencial del embajador del Reino Elfenbein a su ministro de Exteriores. Traducción directa del Suahili. Fuente: WikiLinks).

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¡Vaya lío tienen montado estos españoles, ministro! No sé por dónde empezar. Nuestra última guerra tribal fue nada comparada con el guirigay de este país. Y no es por cosas prácticas o tangibles como el agua, los pastos o los derechos de paso sino por cuestiones grandiosas de principios imperecederos. Se arrojan los principios recíprocamente a la cabeza como si fueran obuses.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o sea, el pináculo de la justicia, se iba de alegres vacaciones de trabajo a lugares paradisíacos de la costa mediterránea a cuenta del contribuyente. Denunciado por un colega, sobreseído por otro, el asunto ha caído en mitad del CGPD como una piedra en un charco y ese órgano se ha dividido en dos partes: la minoritaria (cinco vocales) pide la dimisión de Dívar; la mayoritaria (siete vocales) la del denunciante, Gómez Benítez. En términos dialécticos estamos en la negación de la negación. Benítez niega a Dívar y el CGPJ niega a Benítez. De aquí tiene que salir la Aufhebung hegeliana. Pero como esta es tan multiforme, a saber cómo será. El propio Dívar ya ha dicho que él no dimite y que tampoco va a dar explicaciones. Pero esta es una posición insostenible en un sistema democrático que es uno de opinión. Y la opinión ve fatal lo de las semanas caribeñas de Dívar, juicio muy negativo que se extiende a los órganos presididos por él. Encima uno de ellos, el Consejo, da posteriores motivos para que la opinión sea más hostil a un modo de entender la administración de justicia tan opaco como altanero y ajeno a toda sensibilidad ciudadana.

El principio nacional ruge como la marabunta, ministro. La final de la Copa de fútbol enfrenta a un equipo vasco con otro catalán y se juega en un campo en la capital. La gobernante de Madrid, una especie de zulú blanca ya se ha pintado de guerra y convertido el asunto en uno de confrontación nacional pues las aficiones vasca y catalana vienen dispuestas (según se teme la dama) a pitorrearse de los símbolos, emblemas sacrosantos de la Patria española y a reírse del Rey. Ultraje a la Nación, a la bandera, al Rey lo llaman. Es sorprendente cómo Aguirre, quien predica siempre doctrinas neoliberales, indiferentes, escépticas, centradas en el beneficio, se enciende de ardor guerrero con los asuntos simbólicos. No me extrañaría nada que ese partido terminara como el rosario de la aurora, una expresión muy usada por aquí pero sin sentido en nuestro país, en donde no rezamos rosarios.

El ministro de Educación lleva una carrera meteórica al abismo. Es el peor valorado por la ciudadanía, pues aquí tienen esa curiosa costumbre de preguntar a la gente qué piensa. No es como entre nosotros, en donde no hace falta preguntar porque todos, gracias a su Majestad, pensamos lo mismo. Aquí no; aquí cada cual piensa lo que quiere y ha llegado el ministro y, claro, ha querido poner orden de forma que todo el mundo piense lo mismo; en concreto, lo que a él le parece en consulta con los magos del lugar a los que llaman curas. Los manuales de educación cívica en las escuelas reflejarán la visión del mundo del ministro, claramente tridentina. Los principios arrasan.  Con este proceder ha conseguido ponerse enfrente de todos los estamentos docentes y discentes y ha coronado su exitosa gestión cosechando un plante de todos los rectores del Estado, 75, nada menos, en protesta por sus maneras. Se ha ido a consolar a las Comunidades Autónomas (que son unas especies de virreinatos como los nuestros pero más pequeños) y estas se le han sublevado; en concreto las que no son de su partido que impartirán las enseñanzas que el ministro ha prohibido, de forma que los españoles de mañana tendrán un motivo más para pegarse ellos.

Los españoles tuvieron una dictadura antes de su gobierno actual pero la Real Academia de la Historia, un consejo de magos en el que estos sostienen que la realidad fue lo que ellos digan que fue, no lo que fue, dictamina que el dictador no era un dictador. El presidente de este curioso órgano de naturaleza patafísica, Gonzalo Anes, no considera que deba dimitir a pesar de que el conflicto que gestiona así lo exige. La Academia negó que Franco fuera un dictador. El Parlamento obligó a la Academia a rectificar. Se hicieron todas las ceremonias pertinentes y la Academia reconoció que tendría que revisar su juicio. Ahora dice que no lo hace. ¿No debiera ser la Academia intervenida y obligada a cumplir sus compromisos? Nuestros ancianos, hombres venerables y sabios, hubieran actuado así y no como estos españoles que se pasan el día hablando de principios y no tienen ni uno.

O los tienen todos, al modo de Groucho Marx personaje que personalmente asocio con el presidente del gobierno del país. Te parecerá exagerado pero estarás de acuerdo en que alguien capaz de decir haré lo que tenga que hacer aunque haya dicho que no lo haría deja a Groucho convertido en un metodista. Rajoy salió de peregrinación (procede de una parte del país muy dada a peregrinar) en busca de ayuda material sólida para su sistema financiero, sus bancos, que están en la ruina y ha vuelto con las manos vacías porque en Europa no lo tienen en gran consideración. No habla ninguno de sus dialectos y, cuando, por fin, se hace traducir nadie cree en lo que dice porque se desdice y vuelve a desdecirse. Les han mandado unos procónsules de Europa a fiscalizar qué están haciendo con los dineros y será al informe de estos a lo que se refieran y no a las declaraciones de Rajoy.

Al gran jefe le esperan en su desalentado regreso otros dos líos monumentales en los que se han metido sus segundos. El asunto de Bankia apesta. La Caja fue gestión casi en solitario del PP en los últimos años. Ahora, con Rato al frente, la entidad necesita 20.000 millones de euros. La cuestión es ¿en dónde está esa pastuqui? ¿Quién se la ha quedado? Y ¿qué se hace con bankia rescatada? Para cuando trate de tener una opinión se le habrá echado encima el conflicto de Gibraltar, cada vez más enconado y que amenaza con degenerar en un enfrentamiento entre dos Estados miembros de la UE, algo que esta no puede permitir y que además, pondría duramente a prueba una de las últimas teorías de la Ciencia Política, la teoría de la paz democrática.
En resumen, querido ministro, sus gobernantes dicen que España es "un país serio que hace los deberes" pues tienen mentalidad de maestrillos de los tiempos de la colonia, ¿te acuerdas? Cuando nos enseñaban dándonos de reglazos. Pero en realidad no es tal cosa, sino un patio de pillastres mal avenidos. 

(La imagen es una foto de andrés.moreno, bajo licencia de Creative Commons). Es una imagen magnífica. Conmemora la primera fotografía que se hizo en España, en la Barceloneta, en 1839 y lo conmemora en catalá. Es España escribiendo en catalá. Tengo la impresión de que hoy ese letrero no hablaría de la fotografía espanyola sino de la fotografía catalana. La variante refleja a mi juicio lo que se ha deteriorado la relación entre los pueblos de España.

Todo es política.

Hay una convicción universal respecto a las bondades de la ciudad. Universal y antiquísima. La ciudad tiene muy buen cartel, se identifica con la civilización (la raíz de la palabra así lo muestra), es el refugio de la libertad frente al despotismo agrario, se lanza hacia el futuro como sus rascacielos se alzan a los cielos. Ocasionalmente se plantea la controversia del beatus ille, en el Renacimiento, en el romanticismo medievalizante, en las aspiraciones hippies de los años sesenta del siglo pasado. Pero siempre se resuelve de hecho a favor de la ciudad. Ocasionalmente también reaparece la ciudad como ámbito de perdición y catástrofe, el lugar en el que la humanidad se corrompe y sufre el condigno castigo, en la tradición de Sodoma y Gomorra, Roma como la puta de Babilonia o Nueva York como centro satánico del infiel el 11-S. Pero sale siempre invicta arropada en la teoría que la ve como el lugar en el que los seres humanos interactúan tomando pie en la sola determinación que es común a todos ellos: la condición humana. Es una teoría que consiste en el fondo en un hacer de necesidad virtud pues la razón de la ciudad, de que habla Carlos Moya, no es eludible. Conocer la necesidad es entrar en la libertad según tradición hegeliana y una teoría que lleva a la libertad no puede ser una ideología. ¿O sí? Dependerá de la praxis de la teoría.

Esa es la tarea que se fija Manuel Delgado en este interesante libro (Manuel Delgado, El espacio público como ideología, Madrid, La catarata, 2011, 109 pp.) desmitificar el ciudadanismo entendido como un democraticismo radical para el que la democracia no es forma de gobierno, sino modo de vida y asociación ética (p. 21), desmitificarlo en tanto que ideología de la socialdemocracia. Tarea que el autor acomete provisto de un muy considerable bagaje de largos años de investigaciones y estudios sobre la ciudad desde muchos puntos de vista. El libro consta de cuatro trabajos independientes de los que los dos primeros son de más calado filosófico. En el primero sobre el espacio público. Discurso y lugar aborda la cuestión de la esfera pública, el ámbito público habermasiano, el locus de la comunicación entre ciudadanos críticos libres en sentido abstracto pero que, cuando tiene que materializarse se convierte en orden público, enunciado ideológico que acaba siendo el lugar de tolerancia cero de Giuliani y Sarkozy (p. 39).

El ciudadanismo se configura como civismo en la praxis que, en la época de la postpolítica de Zizek, orienta su atención a los nuevos movimientos sociales característicos de una realidad social creada por ellos mismos según los enfoques del interaccionismo simbólico o la etnometodología. Pero estos no son más que una parte de la disyuntiva real entre contexto estructural (por tanto invariable) y contexto de negociación (variable) (p. 58). Y aquí es donde Delgado explica la raíz de su crítica, en el hecho de que la igualdad comunicacional (que es base del ciudadanismo) es una quimera (p. 67). No existen las relaciones anónimas (por tanto de individuos abstractos) sino que todos estamos identificados de muy diversos modos (p. 71).

Los otros dos capítulos, más breves, versan sobre dos cuestiones concretas. El de Morfología urbana y conflicto social traza la evolución de las ciudades dormitorio de los años sesenta hasta verlas convertidas en los guetos y prisiones que son hoy día (p. 87). El de Ciudadano mitodano hace un breve recorrido por el concepto del imaginario social para acabar considerando que, pues la ciudad es parecida a un mito, en expresión que recoge de Ledrut, mito en el sentido antropológico, referido a la trinidad de realidad, símbolo e imaginación, el ciudadano, el que habita la ciudad, es en realidad un mitodano, el que habita el mito.

Es verdad. En el fondo de las ideologías siempre hay mitos. Está uno tentado de pensar que si el ciudadanismo es, como quiere Delgado, la ideología de la socialdemocracia (arduo averiguar aquí si la socialdemócrata es ahora la hegemónica o no), ello se debe a que se trata de una corriente estatista, partidaria del Estado, de lo que Cassirer llamaba el mito del Estado.

Pozuelo borroka.

Aunque Palinuro esté de mudanza, como ya advirtió en una entrada hace unos días, aún figura avecindado en Pozuelo de Alarcón, motivo por el cual se ve afectado por los últimos acontecimientos de violencia callejera en este municipio que tiene la renta por habitante más alta de los de España y en el que convive una mayoría de autóctonos con dos numerosas minorías de dominicanos y marroquíes. Es un verse afectado de carácter simpatético porque resulta fácil de entender que ni por aficiones, tendencias, condición civil, situación familiar o amistades sea probable encontrar a Palinuro confraternizando con jóvenes y adolescentes borrachos a las cuatro de la madrugada en mitad de la vía pública.

Siempre que se produce uno de estos estallidos en lugares urbana y socialmente determinados generalmente originados en una intervención policial, solicitada o directa, proporcionada o desproporcionada, los medios se llenan de sociólogos a la violeta dando explicaciones causales que suelen tener un poco de cierto y un mucho de fantástico. Un repaso a todas ellas permite apuntar a las siguientes: a) la socialización de la juventud y de la adolescencia; b) los hábitos de la clase media-alta; d) la venta masiva de alcohol en la vía pública; e) la cultura social de los españoles en general y los castellanos en concreto en relación con los festejos; f) la generalizada mala educación; g) las pautas y valores que trasmiten los agentes sociales, singularmente la televisión; h) cierta permisividad familiar en lo atingente a comportamientos en público. Supongo que, de haber una explicación (cosa siempre problemática en estos comportamientos en donde lo irracional acaba primando) estará localizada en la interacción de estos factores con algún otro elemento que pueda haber olvidado, pero no se minimice en esto el efecto del alcohol corriendo a raudales por la calles.

No sé hasta dónde se podrá llegar con estas aclaraciones de carácter teórico. Lo que sí puedo aportar es mi experiencia empírica a pie de calle precisamente de la zona en que se dieron los hechos, el Camino de las Huertas, por donde anduve circulando con mi familia unas seis horas antes del estallido y puedo asegurar que, en cierto modo, el asunto estaba ya en el aire: muchos de los integrantes de las peñas en manifiesto estado de embriaguez dándole al bombo, armando bulla y buscando bronca. Imagino que la policía aplica protocolos de actuación que toman en consideración varios de los factores apuntados pero sólo sé decir una cosa que también es fácil a toro pasado: se veía venir. Incluso comenté algo con mi familia. Igual que después se veía venir que alguien, el alcalde singularmente, hablara de los "venidos de fuera" como si el mundo se dividiera en mala gente y pozueleños.

(La imagen es una foto de R. Duran, bajo licencia de Creative Commons).

Educación para la ciudadanía.

Iba a subir una entrada sobre el fallo de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo acerca de la pretendida objeción a la Educación para la Ciudadanía (EpC) que orquestó la carcunda nacional en el acostumbrado intento de echar para atrás la marcha de la sociedad y el reloj de la historia, pero ese será el contenido de mi artículo de Público de mañana así que para no repetirme, remito al paciente lector a ese periódico. De todas formas, quienes estén interesados en consultar lo que Palinuro tuvo que decir en su momento pueden ir a la entrada del 23 de septiembre del año pasado, titulada El boicoteo a Educación para la Ciudadanía. Porque ese boicoteo, igual que la oposición a los matrimonios homosexuales han tenido la virtud de mostrar cómo en esta España perpetuamente dividida, despertaban y agitaban la calle las tendencias más obtusas de la coyunda católico-reaccionaria que, envalentonada por los incalificables años del Gobierno del señor Aznar, muestra que su apego a la democracia es contingente, circunstancial, táctico pues sólo admite que tengan presencia social sus ideas (si cabe llamar ideas a eso que tiene) y sus creencias que hay que imponer a todo el mundo, guste o no.

Pues eso, nos vemos en Público.

Camps, el patriota.

Los valencianos se le echaron ayer a la calle al señor Camps para protestar por su peregrina decisión de que las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) se impartan en inglés. Trataré de hacer algún comentario constructivo sobre este absurdo pero que quede claro que es una decisión absurda, disparatada, como de chiste, propia de una tradición de astracanada, farsa y esperpento, más adecuado al mundo de los ninots que de las decisiones políticas de una sociedad racional y avanzada.

Quiere el señor Camps, imagino, boicotear EpC porque está de acuerdo con la señora Aguirre, el PP en general, los curas y demás partida reaccionaria en la idea de que una asignatura que existe en los planes de estudio de todos los países avanzados desde hace décadas, esencial para contribuir a la formación de ciudadanos/as, es puro adoctrinamiento laico-rojo-masón o algo así de necio. Son los de la Formación del Espíritu Nacional, los de la religión obligatoria y evaluable los que toman la crítica del adversario y tratan de volverla contra él porque ni criticar saben. Los únicos que han tratado de adoctrinar durante años, decenios, siglos han sido los totalitarismos fascista o comunista y la Iglesia católica y lo que les fastidia de EpC es que fomente la aparición de ciudadanos/as con espíritu crítico, que la gente piense por su cuenta en lugar de ir a que le diga Monseñor Rouco qué tiene que pensar.

Hay otro aspecto más sórdido en esta estúpida decisión sobre EpC, uno que afecta al sentido de la ciudadanía y hasta del patriotismo. Sabido es que la lengua no es un mero accidente, un fenómeno contingente de una comunidad, sino que es parte esencialísima de la conciencia de colectividad, su fundamento mismo. La identificación con la nación y la patria se siente, se piensa, se racionaliza; pero los sentimientos, pensamientos y razones sólo pueden formularse (y comunicarse) mediante palabras, que son la lengua sonada. El español o castellano y el valenciano son las dos lenguas maternas de la Comunidad Valenciana, el marco de referencia lingüístico en el que se articula la conciencia nacional de sus habitantes como españoles, valencianos, hispano-valencianos y valenciano-españoles. Pretender que se articule en una lengua foránea es de hecho impedir que se haga. ¿Cómo se explica eso en un político, Mr. Fields, perteneciente a un partido, el Folk Party, que acostumbra a baquetear al prójimo con la patria y la nación española? Sencillo: se explica porque no dan un ardite por la nación que invocan ya que sólo les importa su interés de grupo, facción o partido que pretenden imponer sobre el interés nacional o general, dinamitándolo si es necesario.

La decisión de Mr. Fields, además de estúpida, boicoteadora, absurda y esperpéntica es arbitraria. La arbitrariedad es la esencia de la tiranía. El cartel de más arriba es muy justo. Pero, además, dado que la Constitución afirma en su artículo 9, 3 que "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", es cosa de preguntarse si el Gobierno no cree sea llegada la hora de impugnar por inconstitucional la norma del gobierno de Mr. Fields.

Lo que Mr. Fields tenga de patriota lo tengo yo de cura.

(Las fotos corresponden a distintos momentos de la manifa en contra de Mr. Fields, en un vídeo de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

El boicoteo a la Educación para la ciudadanía.

Hubo un tiempo en España que duró cerca de cuarenta años en el que las escuelas, cuyas aulas tenían el aspecto que se ve a la izquierda, impartían dos asignaturas obligatorias, una de religión (católica a machamartillo, claro está) y otra llamada de Formación del Espíritu Nacional que era simple doctrina fascista más o menos adaptada a las realidades de Carpetovetonia. Obligatorias quería decir obligatorias. Y se impartían a lo largo de todo el proceso educativo, desde la enseñanza primaria ¡hasta la Universidad! Cuando empecé la carrera, las "tres marías", religión, política y gimnasia, seguían siendo obligatorias; por supuesto las clases ya no se daban pero las asignaturas había que pasarlas. Supongo que algún oscuro funcionario firmaría las papeletas de aprobados en su covacha. Pero allí seguían las materias de adoctrinamiento ideológico. Nadie podía objetar a este abuso. Nadie plantear algo parecido a la "objeción de conciencia". Eso era impensable en un país en el que era obligatorio bautizar a los críos en la Iglesia católica, obligatorio que hicieran la primera comunión, obligatorio casarse por lo eclesiástico. Aquí era obligatorio todo y nadie daba un ardite por quien tuviera convicciones distintas o no tuviera ninguna.

Resulta que los beneficiarios directos de aquella situación de insulto y trágala permanente a la ciudadanía y los herederos de los beneficiarios directos, la Iglesia católica y el partido de la derecha, PP, saltan ahora en contra de la asignatura Educación para la ciudadanía (EpC) esgrimiendo la razón de que es anticonstitucional porque coarta la libertad de los padres a escoger la educación moral que deseen para sus hijos, porque va en contra de las convicciones de la gente. Y animan a los ciudadanos a desobedecer la ley recurriendo a una forma torticera de objeción de conciencia, amparada en razonamientos de rábulas.

Y no se les cae la cara de vergüenza.

No, no se les cae la cara de vergüenza porque no la tienen. Piénsese en que esta Iglesia que truena contra EpC (hace poco decía Monseñor Cañizares que quienes impartan esa materia colaborarán con el maligno) no solamente tiene a la espalda aquel vergonzoso pasado de meter sus dogmas a cristazos en la cabeza de los niños sino que hoy día sigue defendiendo lo mismo. Porque es esa Iglesia que se opone al "adoctrinamiento" de EpC la que insiste en que la asignatura de religión, de su religión, sea obligatoria en la escuela. Es decir no solamente mienten los curas al hablar de adoctrinamiento en EpC cuando los que adoctrinan son ellos sino que además están intentando una maniobra fraudulenta para conservar su poder en el sistema educativo y con el poder, claro, el dinero.

En cuanto al PP, siempre alineado con lo más retrógrado de la jerarquía, ha forzado un frente común de sus gobiernos en las Comunidades Autónomas (CCAA) basada en una Declaración del Partido Popular sobre Educación para la ciudadanía que es un monumento a la mistificación y la falsedad. Sostiene el PP que hay sentencias judiciales distintas respecto a la objeción de conciencia a EpC. Se refiere a que mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo admitió en célebre sentencia ya recurrida, los de Cataluña y Asturias no lo hicieron y también están recurridos en casación. Dada la situación pide no implantar la asignatura a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo unificando doctrina; es decir, está pidiendo a los gobiernos de las CCAA en que gobierna que incumplan la ley como en parte ya lo hacen el de Valencia y el de Madrid. La existencia de discrepancias en la llamada "jurisprudencia menor" no es invocable para justificar un incumplimiento de la ley y es esta una actitud ilícita que debiera ser objeto de sanción en los tribunales. Un partido no puede llamar a unos gobiernos autonómicos a quebrantar la ley.

La EpC es una asignatura puesta en marcha en cumplimiento de un mandato de la UE de 2002 y que, además, existe en los planes de estudio de todos los sistemas educativos europeos y no europeos medianamente avanzados. Se llama Civic culture en el ámbito anglosajón, Éducation civique en Francia, Educazione civica en Italia, Sozialkunde o Politische Bildung en Alemania, etc. Es más, la Agencia estadounidense USAID, dedicada a promover el desarrollo y la modernización de países del Tercer Mundo tiene un programa específico destinado a implantar civic culture en los sistemas educativos de estos países. Se trata de algo elemental que todo el mundo que no esté movido por los sórdidos intereses de conservar sus privilegios entiende: los chavales tienen que saber cómo funcionan las normas de convivencia del lugar en el que han nacido y están criándose, deben saber cuáles son sus derechos, cuáles los de los demás (que limitan los suyos) qué funciones cumplen las instituciones y qué opciones tendrán ellos para moverse por la vida cuando les llegue el momento.

El pretexto que invocan para fomentar el incumplimiento de la ley es la objeción de conciencia. La verdad es que la jurisprudencia española en esta materia no es brillante. Pillados en bajos momentos tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional salieron del paso como pudieron en ocasiones anteriores (incluso con sentencias contradictorias) pero básicamente reconociendo el derecho a la objeción de conciencia a tenor del art. 16 de la Constitución. No voy a meterme en muchas honduras. Las innumerables páginas web de los enemigos de EpC en las que se anima a la gente a hacer objeción de conciencia suelen argumentar que ésta está amparada por la jurisprudencia y que además no equivale a una desobediencia civil. Es evidente que la objeción de conciencia tiene dos tratamientos distintos en el orden legislativo y en el judicial. En el primero no hay nada que objetar cuando el legislador regula dicha práctica en situaciones concretas y para hechos específicos, por ejemplo, la ley de objeción de conciencia al servicio militar. En el segundo, los tribunales tienen la difícil tarea de dilucidar el recurso a la objeción de conciencia en casos en que no esté específicamente prevista. Y aquí habrán de ser los jueces quienes determinen a) si la objeción invocada está fundamentada en un riesgo real de quebranto de las convicciones morales del sujeto (que no es el caso de EpC) y b) si al ejercitar la objeción de conciencia no se lesionan derechos de terceros (en el caso de la EpC los de los niños a recibir una nuena educación) pues son los tribunales quienes deben zanjar los conflictos entre derechos. Pero no sustituir al legislador, siendo éste quien ha de regular de modo específico si asiste a los ciudadanos el derecho a objetar al cumplimiento de una ley arbitrando los medios necesarios para no perjudicar los derechos de terceros. Pero, en principio no existe ni puede existir un supuesto derecho genérico a desobedecer la ley pretextando razones de conciencia porque, en tal caso el fundamento mismo de la ley se viene abajo.

Precisamente aquí es donde resulta relevante ese especioso argumento del PP de que la objeción de conciencia no equivale a la desobediencia civil. Soy partidario de esta última práctica y creo conocerla bien, incluso publiqué un libro sobre ella hace ahora veinte años, Resistencia y desobediencia civil Madrid, Eudema, 1987. Y una de las formas de aquilatar en qué medida la objeción de conciencia es legítima es aplicarle el cedazo de la desobediencia civil consistente en que alguien quebrante públicamente una norma y acepte el castigo que ello conlleva por razones de conciencia y en la esperanza de que esto constituya un ejemplo que mueva al legislador a cambiar la ley considerada inicua o a arbitrar un derecho de objeción a esa ley. El intento de desvincular la objeción de conciencia de la desobedienca civil es el de garantizar al objetor que la objeción le salga "gratis" a efectos de que el comportamiento se generalice y, de esta forma, se consiga mediante la movilización en la calle lo que no se consiguió en sede parlamentaria, esto es, la deregación de una ley en vigor.

Así que no existe un derecho positivo genérico a la objeción de conciencia, salvo el que expresamente reconozcan las leyes y menos se puede pedir a las autoridades que incumplan la ley a causa de la existencia de "jurisprudencia menor" conflictiva.

Blogorismo II. La fe de Monseñor.

Una de las técnicas de los "hábiles" interrogatores se conoce como la del "policía bueno y el policía malo". Lo mismo pasa con los curas: los hay montaraces y del llano. Ayer, un obispo asistente a una exposición del señor Rodríguez Zapatero sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" aseguraba a la salida que la Iglesia propone la fe, pero "no la impone". Media hora más tarde, otro obispo (perdóneseme que no especifique más; es muy cansado distinguirlos), también de la Conferencia Episcopal, aseguraba que el Gobierno pretende adoctrinar a los chavales, imponerles una moral concreta, en definitiva, lavarles el cerebro. Coronaba la manifestación el inefable señor Zaplana diciendo que haga lo que haga el Gobierno socialista, lo que trata siempre es de dividir a los españoles. Los obispos y sus monagos tienen un rostro de hormigón. ¿Que la Iglesia no pretende imponer la fe? ¿De qué Iglesia habla Monseñor? Porque la suya, la católica, no ha hecho otra cosa a lo largo de su historia a sangre y fuego. Ahora, habiendo cambiado algo las tornas, lo hace a engaño y demagogia. Coronan la operación las derechas por boca del señor Zaplana, los que llevan tres años distinguiendo entre "españoles normales, patriotas y que están con las víctimas" y, obviamente, españoles "anormales", "antipatriotas" y que están con los victimarios; tres años encizañando y enfrentando a unos españoles con otros.

Colaborar con el mal.

Dice el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal Arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que los colegios que impartan la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía (EpC) estarán "colaborando con el mal". La Iglesia católica no desiste en su enconada lucha contra la innovación en la enseñanza sino que, al contrario, intensifica su oposición con manifestaciones más y más agresivas. No sería de extrañar que a la vuelta del verano amenace con excomulgar a quienes impartan la diabólica materia, consistente en explicar a los chavales cómo deben convivir en una sociedad abierta, mestiza y libre en la que es forzoso respetar a los demás. Vamos a ver si entendemos esta repentina furia eclesial contra algo que, a primera vista, parece bastante sensato.

Para ello no incurriré en la socorrida práctica de negar autoridad a la jerarquía para pronunciarse sobre asuntos de interés público a causa de su sórdido pasado pues si alguien se ha distinguido en el mundo por perseguir a los disidentes, forzar las conciencias individuales, obligar bajo pena de muerte a profesar unas creencias en lugar de otras y demás barbaridades, ha sido precisamente la Iglesia católica. No lo haré, pero no está nunca de más recordarlo. Porque cuando monseñor Cañizares habla de que la asignatura de EpC violenta la conciencia moral de los niños y adolescentes lo hace a la sombra de una ejecutoria de veinte siglos de lucha contra la libertad de conciencia.

El argumento de la Conferencia Episcopal para ir contra EpC es que la materia, además de contenidos sobre la Constitución, los derechos humanos, el pluralismo cultural de nuestra sociedad, a los que dice no objetar, invade terrenos de la formación de la conciencia individual, de la moral personal, como cuando aborda los distintos modelos de familia, el homosexualismo o la regulación de la natalidad. La distinción, sin embargo, es falaz. Las cuestiones sobre la familia, la homosexualidad, etc. tienen una doble naturaleza, pues son aspectos de organización de nuestra sociedad y de convivencia cívica al tiempo que están abiertas al juicio moral de cada cual. En realidad, eso mismo pasa también con los temas que la Iglesia dice aceptar como "más asépticos". Nadie está obligado a hacer suyos los preceptos de la Constitución. Todo lo que se pide a los ciudadanos es que la acaten y la cumplan, pero no que sean sus partidarios o no traten de cambiarla por otra. Lo mismo sucede con esas cuestiones que Monseñor Cañizares considera estrictamente individuales y quiere reservar para su organización eclesiástica. No se pide a nadie que simpatice con los homosexuales masculinos o femeninos, pero sí que se respete la libertad de opción de cada cual. No se impone a nadie un tipo específico de familia, pero sí que se respeten todas sus formas.

Monseñor Cañizares acusa a las autoridades de intentar propagar una "moral laica". No se ve qué hay de malo en ello. Es claro que los obispos añoran aquellos felices tiempos en que los gobernantes imponían el catolicismo en todos los aspectos de la vida civil, desde el nacimiento a la defunción a cristazo limpio. En una democracia ¿qué otra cosa puede hacer el Estado que propagar una moral (cívica) laica?

Para imponer la católica ya están los curas de monseñor Cañizares...para imponérsela a los católicos que la acepten, claro es. A los demás, el citado Cardenal Arzobispo debe aprender a dejarnos en paz. Lo que este Monseñor se niega a reconocer es que su autoridad para imponer unas u otras observancias no pasa de sus feligreses (y siempre que estos, a su vez, cumplan la ley) y no puede extenderse salvo abusivamente a quienes no lo somos. No sé cómo reaccionará la feligresía, yo estoy ya harto de esa arrogante costumbre de los jerarcas católicos de tratar de inmiscuirse en mi vida, de decirme qué moral debo tener y cómo he de educar a mis hijos.

Por lo demás, ayer, un diputado del PP, firme baluarte de la Iglesia católica en su lucha contra la libertad, el señor Martínez Pujalte protagonizó uno de sus espectáculos favoritos de chulería, bronca y agresividad en el Congreso precisamente a cuenta de la materia EpC que el PP quiere suprimir. El señor Pujalte montó la bronca cuando hablaba la diputada de ERC, señora Laia Cañigueral. Cuando ésta pudo volver al uso de la palabra, luego de las interrupciones del señor Pujalte, dijo que los diputados del PP tendrían que haber cursado la asignatura.

Muy cierto. Estoy seguro de que cambiarían mucho. Incluido el señor Martínez Pujalte.