Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:

¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.

Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

El veneno de la "doctrina Parot"

El escándalo montado con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dando la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación en su caso de la "doctrina Parot" es un fiel indicador del estado moral de nuestra sociedad. Apenas conocido el hecho, un miembro de Nuevas Generaciones tuiteó su furia insultando al diputado Alberto Garzón, quien había celebrado el fallo del TEDH por entenderlo ajustado a derecho y respetuoso de los derechos humanos que, por lo demás, es para lo que está el Tribunal de Estrasburgo. El cachorro de NNGG llamaba de todo al diputado de IU (payaso, gilipollas, hijo de puta) y, finalmente, lo amenazaba de muerte. NNGG salía al paso rápidamente, censurando a su miembro y abriéndole un procedimiento de expulsión. El propio insultón, habiéndose enfriado un tanto, presentaba acto seguido su dimisión.

Es solo una muestra del estallido de indignación que la sentencia produjo en mucha gente, especialmente las víctimas del terrorismo, quienes hablan en su nombre, la opinión pública derechista y conservadora y una buena parte de la de izquierda, incluida IU. Era muy de ver cómo algunos izquierdistas se ponían estupendos, argumentando unas insospechadas complejidades técnicas de la cuestión con el objetivo implícito pero muy habitual, de desautorizar a quienes como Garzón y, desde luego, Palinuro, consideran que la sentencia es justa, arguyendo falta de competencia específica en el asunto. Es un viejo truco de leguleyos: tratar de llevarse la razón aduciendo profundidades misteriosas que, no estando al alcance del común de los mortales, deben ser suficientes para que estos se callen.

Y no ha lugar porque, afortunadamente, el TEDH no está en manos de rábulas sino de jueces capaces de hacer justicia en un lenguaje llano comprensible para todo el mundo. Según su sentencia, el Estado español ha vulnerado los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que él mismo firmó y se comprometió a acatar en todos sus términos. El artículo 5 habla del derecho de toda persona a un proceso justo y el 7, prohíbe algo que también prohíbe el ordenamiento jurídico español, esto es, la retroactividad de las normas sancionadoras y penales. Pero hay más, la segunda parte del art. 7,1 del citado convenio dice: Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, que es exactamente lo que hace la llamada "doctrina Parot" que el Tribunal Supremo se sacó de la manga en el caso Parot en 2006: prolongar injustamente una pena de prisión más allá de la aplicable en el momento del delito. Así que el TEDH ha hecho justicia y eso es para alegrarse.

Las gentes de mala ralea -muchas-, siempre retorciendo las cosas, inquieren escandalizadas: ¿se alegran ustedes de que los asesinos etarras salgan en libertad? En modo alguno. Nos alegramos de que se haga justicia porque vivimos en un Estado de derecho bajo el imperio de la ley y odiamos que sea ese mismo Estado quien la infrinja porque eso es una especie de terrorismo. Si por cumplir la ley se beneficia a personas que, según las convicciones morales imperantes en el momento, no debieran beneficiarse, será la ley quien deba resolver la situación y no una decisión de un tribunal adoptada, según se ve, contra el mismo derecho que, como tribunal, está obligado a defender.

No hay mucha diferencia entre los GAL y la doctrina Parot. Ambos son veneno para el Estado de derecho. La única es que mientras los primeros fueron una chapuza de terroristas y criminales más bien toscos, la segunda tiene el refinamiento de saberse amparada por tan altos tribunales como el Supremo y el Constitucional que, evidentemente, cuando establecieron esa "doctrina", no estaban en su mejor día o quizá lo hicieron dejándose arrastrar por las pasiones del momento. Algo que un juez no debe hacer jamás. 

Nadie se alegra de que los asesinos salgan en libertad antes de tiempo. Pero es que no salen antes de tiempo sino, según establece la sentencia del TEDH, después de tiempo a tal extremo que hemos llevado nuestra ignominia a tener que pagar una indemnización de 30.000 € más intereses, impuestos, costas, etc a la terrorista Inés del Río. En verdad, una vergüenza.

Es comprensible la indignación de las víctimas del terrorismo y sus allegados, pero no es necesariamente justificable. Las víctimas (en el fondo, todos, pues todos somos, directa o indirectamente, víctimas de los crímenes terroristas) están en su derecho de protestar, mostrar su disgusto, hasta su rabia. Pero no pueden obligar al Estado a desacatar una sentencia firme de un tribunal cuya jurisdicción ha aceptado voluntariamente; no pueden obligar a las instituciones a ir contra la ley del Estado de derecho. No pueden dictar su voluntad al resto de la sociedad porque, en el momento en que intenten hacerlo, su indignación se troca en odio y venganza y ninguna sociedad puede sobrevivir sobre el odio y la venganza.

Si las víctimas del terrorismo creen que los terroristas convictos deben padecer mayores castigos que los previstos en la ley, si quieren imponer la cadena perpetua o la pena de muerte, por ejemplo, que lo propongan abiertamente y será la colectividad la que decida. Pero, a falta de eso, carecen de todo derecho a exigir de esta y de sus autoridades comportamientos ilegales. 

Porque lo que ha hecho el TEDH ha sido algo muy sencillo: obligar al Estado español (o sea, a todos nosotros) a cumplir la ley que nos hemos dado y que excluye taxativamente la retroactividad, como hace el art. 25, 1 de la Constitución española: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Alguien podría decir que esta prohibición no afecta a los cálculos o cómputos sobre aplicación de beneficios penitenciarios hechos por los tribunales, que es de lo que va la doctrina Parot . Es absurdo y además no merece la pena detenerse en esto. Lo que el TEDH sentencia es que España ha infringido no su Constitución sino el vigente Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 5, 1, más arriba citado, y que repito aquí como colofón:Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. A nadie, incluida la terrorista más sanguinaria.

La mala fe de la derecha.

El mundo entero está perplejo de la desfachatez del presidente del gobierno español que, encontrándose bajo fundada sospecha de comportamientos corruptos durante años, no dimite, no rinde cuentas, no da explicaciones, no comparece en sede parlamentaria. Es comprensible. Se trata de un mundo en el que lo habitual, lo digno, lo democrático es dimitir a la sombra de una duda o la certidumbre de un comportamiento impropio, por insignificante que sea. El último ejemplo, un ministro japonés dimisionario por haber aceptado el equivalente a unos cuatrocientos euros indebidos. Cuatrocientos euros son la cuarta parte de lo que todos los meses se embolsan muchos diputados españoles que, teniendo casa en Madrid, cobran 1.600 euros para alquiler de piso en la capital; la 850ª parte de los 340.000 euros que, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado en sobresueldos Rajoy. No es de extrañar que la negativa a dimitir de este sea portada de todos los periódicos, incluso los de Nueva Zelanda.

También en España cunde la perplejidad y hasta la indignación por la insolencia de un gobierno deslegitimado por la corrupción que se niega a aceptar sus responsabilidades. Ese es el motivo de la moción de censura que anuncia Rubalcaba quien está consensuandola con el resto de la oposición. Ya se ha hecho un ensayo general con el compromiso por escrito de todos los grupos (excepto UPyD) de derogar la regresiva ley de Wert en cuanto ganen las elecciones. Será fácil con esto consensuar un sentido a la moción de censura que, en el fondo, asusta bastante al gobierno. Parece que el PSOE y la oposición en general caen por fin en la cuenta de que la actitud de la derecha con las instituciones democráticas y los poderes del Estado no es de recibo. Que no cabe acordar nada con ella porque solo es posible si se acepta sin rechistar su política autoritaria de imposición, de ordeno y mando y desprecio por la democracia.

Hubieran podido darse cuenta mucho antes de no haber aceptado crédulamente el discurso camaleónico del PP y sostenido por sus medios de ser el partido del centro derecha. No lo es ni lo ha sido nunca. No solo no es de centro sino que tampoco es de derecha si por tal se entiende la mayoría de las fuerzas conservadoras europeas, como el partido conservador británico, las democracias cristianas alemanas o las dos corrientes de la derecha francesa. Nada que ver con ellos. La derecha española es nacionacatólica y franquista hasta la médula. Es posible que en su seno haya una derecha homologable a la europea, pero no pinta nada. Hasta las corrientes neoliberales son nacionalcatólicas.

Los neofranquistas, como los franquistas, no son demócratas, no creen en la democracia, no hacen nada por protegerla y no les importa cargársela. Al fin y al cabo, para ellos era una época de "extraordinaria placidez". La expresión es estúpida, pero muy significativa. La derecha española gobierna en democracia porque no le queda otro remedio, pero no la respeta y no le importa nada que fracase y dé lugar a una nueva dictadura porque sabe que, en tal caso, nadie la perseguirá (como sucedería con la izquierda y hasta el verdadero centro) y, al contrario, seguirá en el gobierno. Así que su respeto por las instituciones democráticas -de las que suelta ditirambos mientras las dinamita- es inexistente.

En ese contexto general hay que enmarcar este nuevo episodio del presidente de Tribunal Constitucional, hombre de partido, del partido del gobierno. El País sale a voz en grito y dice que expertos juristas consultados lo dan como caso de clarísima incompatibilidad. Ignoro quién de ellos, si los juristas o el diario, invoca el artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que, dícese, es taxativo en la prohibición a jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos. Sí, es taxativo, pero no se aplica aquí. El Tribunal Constitucional no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino solo a su propia Ley Orgánica y a la Constitución que únicamente impide a los magistrados del Constitucional tener "funciones directivas" en un partido, pero no ser militantes de él. A más inri, que dicen los castizos, el señor de los Cobos no es juez ni magistrado, sino catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y, por tanto, puede pertenecer a lo que le dé la gana. Su situación no es ilegal. El problema no es jurídico, es político.

Aquí es donde está el meollo de la actitud antidemocrática de la derecha española, en esta forma de vaciar de contenido las instituciones democráticas respetando su andamiaje externo. En la mala fe, en el permanente fraude de ley, en su inmoralidad. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero no, obviamente, porque sea algo absolutamente ajeno, de naturaleza intrínsecamente distinta a él, sino porque lo contiene en sí, siendo algo en cierto modo "superior". Argumentar esta "superioridad" es harto difícil y muchos dicen que imposible. Para un norteamericano es incomprensible que haya un Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. El Tribunal Supremo es tribunal constitucional. En España (y en otros lugares, como Italia, Alemania o Austria, países que han padecido dictaduras terribles) no es el caso. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo. Pero, al menos formalmente, como si lo fuera. De hecho se llama tribunal y sus miembros, magistrados. Su jurisdicción es el llamado "bloque de constitucionalidad". La Constitución, su eje central, según doctrina al uso, es un texto de consenso, que incorpora y sintetiza visiones distintas del Estado español, tanto en lo ideológico como en lo orgánico. ¿Puede su intérprete único estar presidido por un hombre de partido y de un partido con opiniones y política tan extremas, tan radicales que sostiene puntos de vista que muchos, Palinuro incluido, consideran retrógrados, inhumanos, incluso atroces? Teniendo en cuenta, además, que la presidencia le otorga el voto de calidad en caso de empate. Legalmente, sí. Políticamente, no.

Ignoro qué dirá hoy el gobierno, si es que dice algo. Probablemente que el señor de los Cobos puede pertenecer a lo que quiera y sea legal y que, de todos modos, el hecho de estar al corriente en las cuotas del partido no significa gran cosa pues no hace de él un militante en sentido pleno. Es el punto de vista que sostenía Lenin, para quien el buen bolchevique no era solo el que pagaba las cuotas, sino el que trabajaba para el partido. Eso es, probablemente lo que se aprestaba a hacer De los Cobos cuando El País metió sus narices en donde no debía. ¿Por qué suponemos que se aprestaba a hacerlo? Porque ocultó el dato en la audiencia pública. Es su derecho, por cierto, reputarlo insignificante por cuanto esté convencido de que su militancia no condicionará su magistratura. Pero cualquiera en su sano juicio (él incluido) pensará que no todo el mundo será de la misma opinión y algunos habrían podido cambiar su voto de haber sabido de dicha militancia, ya sea en grado menchevique o bolchevique.

El caso es uno entre muchos. Rajoy tuvo paralizada durante años la renovación del Tribunal Constitucional porque no quería aceptar una composición política del órgano que no le fuera sumisa. Para ello se sirvió de una condición inaceptable: el nombramiento como magistrado del señor Enrique López, entusiasta colaborador de la FAES y activista político de la derecha extrema. El Tribunal Constitucional entró en barrena de desprestigio y acabó coronándose de gloria con la sentencia sobre el Estatut que ha tenido la virtud de poner a Cataluña en pie de guerra. Finalmente, habiendo ganado las elecciones, Rajoy ha impuesto a López. De nuevo legal; de nuevo políticamente lamentable. La alternativa ha quedado clara: si el Tribunal Constitucional no es un Consejo para sancionar las políticas del gobierno (algo parecido al Consejo Nacional del Movimiento, diría un guasón), que no sea nada.

Y no es solo el TC. Son todas las instituciones, distorsionadas, ninguneadas, aniquiladas. Rajoy gobierna de espaldas al Parlamento en el que su mayoría aplastante funciona como una guardia pretoriana que lo protege y lo libera de la enojosa obligación de comparecer a dar cuentas. Aparte, por supuesto de aprobar con aplauso todo lo que el gobierno envía a la cámara, sin variar ni una coma. Muy legal, ciertamente, pero inaceptable desde el punto de vista de los usos y costumbres democráticos, pero no hablar de la llamada "corrección parlamentaria" que la derecha ignora de arriba abajo. Ahí nace esa moción de censura que la oposición ya está tardando en presentar. Y Palinuro insiste en que no será suficiente y la oposición se verá forzada a actitudes de desobediencia, a votar con los pies, lo único con lo que la dejan ya votar.

Lo mismo con la Radiotelevisión pública. Ni un escrúpulo, ni una vacilación. En cuanto Rajoy tomó posesión, lo primero que hizo fue reformar la ley de RTVE vigente para nombrar al director que le diera la gana. Y es lo que hizo. Ese director nombró un equipo acorde con el mandato recibido: acabar con el pluralismo informativo y convertir lo audiovisual público en un aparato de propaganda del gobierno y su partido. Y los nombrados han cumplido. Se nota en las audiencias.

Y así en todo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracia? Claramente, nada. Es una mala fe continua, un  permanente fraude de ley, una democracia en la forma y una dictadura en el fondo. La dictadura de un incompetente, embustero y presuntamente corrupto hasta la saciedad. España.

La justicia de Aguirre.

La lideresa es una deslenguada, castiza, cheli, un poco rabanera, bastante impertinente y carece por entero del sentido de la oportunidad. Aunque puede ser que esto último sea aparente, una táctica buscada por sus asesores de imagen ya que, cuando un personaje dice algo inoportuno suele provocar mayor revuelo que si no lo es. Si, además de inoportuno, lo que se dice tiene calado, fundamento, el efecto es mucho mayor y estas cosas a Aguirre le salen de miedo.

Porque es, en efecto, algo descarada y sus cosas suelen sacar de quicio a más de uno, incluso en su partido. Pero muchas veces se atreve con lo que nadie osa y, a su modo, marca el territorio de un debate razonable. Dicho en plata: puede molestar, pero es doscientas veces más inteligente, audaz y original que Botella, Pons y Wert todos juntos. Ya quisieran estos.

Los propósitos de Aguirre sobre el Tribunal Constitucional (TC) son inoportunos por decirlos justo después de que una decisión de este vaya en contra de las manías autoritarias y censoras de la derecha. Quizá debiera haberse esperado a otro momento para no dar pie a una acusación de reacción intemperante ni empujar a los guardianes de las esencias democráticas -de las que no entienden nada habitualmente- a salir en su defensa como si Aguirre astuviera atacándolas. Nada más falso. Los propósitos de la lideresa sobre el Tribunal Constitucional son ciertos y oportunos. Pero, al sacarlos de contexto y pronunciarlos casi como venganza por una decisión incómoda, pareciera que no lo son. Y lo son. es obvio que están movidos por la obsesión en contra del nacionalismo vasco y que demuestran un espíritu españolista, dictatorial muy desagradable. Pero haciendo esto a un lado, la idea aquirresca no es nueva ni absurda. Veamos.

El TC no es un tribunal de verdad, no está compuesto por jueces ni forma parte del Poder Judicial sino que es una instancia política supraordinada a este en ejercicio de una jurisdicción que podría ser adjudicada a otro órgano, incluso al Supremo, como sucede en los Estados Unidos. Consciente de esto el legislador ha querido disimular la naturaleza política del órgano llamándolo "tribunal" y llenándolo de juristas de "reconocido prestigio, etc". Pero igual podía estar compuesto por políticos, expresidentes (como sucede con el Consejo Constitucional francés), por comerciantes o ciclistas siempre que tengan sentido común que, por cierto, no es monopolio de los magistrados.

Es perfectamente legítimo y hasta razonable, suprimir el tal TC y encargar su tarea al Tribunal Supremo (TS). De hecho, así es como funciona el primer ejemplo del mundo, el de los Estados Unidos. Tuvo que llegar después el alambicado genio de Kelsen para dar con la fórmula germánica  de un TC especial, variante del "guardián de la Constitución" schmittiano. En el fondo, probablemente, algunos europeos prefieren este recurso al del TS probablemente porque no se fían del espíritu constitucionalista de la judicatura.

Sin embargo, tampoco la solución del TS está libre de peplas. Aparte del evidente riesgo de conservadurismo de los jueces de carrera, está el hecho de que puede ser un órgano tan político como el TC o incluso más. Es el presidente de los Estados Unidos quien nombra a los magistrados del TS, es verdad que solo cuando hay vacantes, que el nombramiento es vitalicio y que interviene decisivamente el Senado, pero los nombramientos son indudablemente políticos, ideológicos. Y, sin embargo, el TS gringo funciona muy bien. Lo que quiere decir que no es necesariamente su condición política la que malea el TC español. A lo mejor es su condición de español. Y eso tiene peor arreglo.

Es más, no hay obligación alguna de aceptar una jurisdicción constitucional independiente. La mayoría de los países europeos más democráticos carece de TC: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia o Suiza no tienen TC. En cambio sí lo tienen Alemania, España, Italia, Austria y Portugal (llamado Comisión Constitucional); es decir, los países con mayor tradición de dictaduras y falta de democracia del continente. 

No, lo que dice Aguirre no es un sinsentido, aunque, como suele hacer, lo diga para llevar el agua a su molino de otorgar la jurisdicción constitucional a una casta de jueces conservadores todavía penetrados de franquismo. Pero no es un sinsentido. Sinsentidos son muchas de las críticas que se le han hecho.

(La imagen es una foto de ppcv, bajo licencia de Creative Commons).

La dimisión que no iba a producirse en el país que no necesita rescate.

Dívar ha tardado tres meses en darse cuenta de lo que el 99 por ciento de los ciudadanos (incluido él mismo) sabe sin necesidad de que se lo expliquen,  que hay cosas que no se pueden hacer aunque uno sea presidente del Tribunal Supremo o Archipámpano de las Indias Occidentales. Como ir de gorrón a sitios de lujo o viajar en primera con un séquito propio de un sátrapa persa y con cargo indebido al contribuyente.

Esta es la crónica  de los broches dialécticos que han jalonado el proceso por el que Dívar ha acabado tomando conciencia del mundo que lo rodea:

Al enterarse de que hay una denuncia por cargar gastos de miles de euros de su findes caribeños al erario público: "¡Pero si es una miseria!"

Presionado para que dé una explicación sobre sus findes caribeños o dimita: “No se me pasa por la cabeza dimitir y no pienso dar explicación alguna”.

Obligado a dar una rueda de prensa para explicar su comportamiento en contra de su voluntad: “No pienso dimitir porque eso sería reconocer mi culpabilidad”.

Forzado a reconocer lo inevitable luego de una reunión del CGPJ: “El jueves tomaré una decisión contundente”

Abandonado de todos, hoy, jueves: “Presento mi dimisión”.

Ya a título de consolación: "Soy víctima de una campaña cruel y desproporcionada". Efectivamente, findes, hay que ser cruel y desproporcionado para querer que los jueces cumplan la ley.

En su lugar quedará un sustituto, Fernando de Rosa, con tan inexistentes méritos profesionales como él, pero de clara fidelidad política mesnadera a la derecha, amigo y amparo de Camps. El CGPJ no se repondrá de tan duro como pesado golpe.

A su vez, el ministro de Justicia, en un alarde de perspicacia, consideraba que Dívar había salido “fortalecido” por el hecho de que un fiscal y unos magistrados en manifiesto ejercicio de un corporativismo que los descalifica, no encontraran indicios de delito en el comportamiento de Dívar.

Sobre el rescate que el país no precisa (igual que Dívar no pensaba dimitir) pero que está a punto de solicitar apenas sepa la cuantía de sus necesidades hablará Palinuro en cuanto el gobierno dé alguna explicación, si es posible entenderla.

El Rey da esquinazo a Dívar y la gente no traga a Rubalcaba.

Escaquearse es un arte. Los de mi generación lo aprendimos en la mili. Venía el capitán de cuartel con cualquier estupidez entre ceja y ceja y lo mejor era salir a hacer un imaginario recado del coronel. Tocaban fagina y convenía largarse corriendo para no comer la bazofia llamada rancho. Asimismo  ha hecho el cabo Borbón. No puede estar con su gran amigo Carlos Dívar porque tiene que ir a consolar a no sé qué extraño Jeque del desierto que acaba de perder uno de sus 452 hijos. ¡Ah la amistad de las sangres azules! Comprenderá el hasta ahora acaramelado presidente del Tribunal Supremo que los asuntos de Estado no admiten demora y es preciso cuidar las monarquías amigas, sobre todo si regalan tan buenos Ferraris.

Conociendo la lamentable condición humana y sabiendo a España  llena de cortesanos escurridizos, tiralevitas y untosos petimetres, es posible que nadie del rey abajo quiera mostrarse en público con el Tour Operator caribeño de Puerto Banús. Dívar acabará largando su interesante y melancólico canto judicial de cisne en los oídos del conserje del tribunal y la señora de la limpieza contratada por horas por Eulen. ¿Cabía esperar otra cosa? Quienes propusieron la fórmula de una dimisión a término y salvar el bicentenario, ¿no cayeron en la cuenta de que nadie iría a la celebración? ¿Tampoco Dívar?  ¿Se puede ser más negado? Ahora entiendo por qué este hombre ha tardado tanto en hacer lo inevitable, esto es, dimitir: porque la cabeza no le da para más. Es curioso que llegue a presidente del Tribunal Supremo un hombre tan ciego, tan soberbio y de tan escasas luces. Pero si recordamos que lo nombraron Zapatero y Rajoy de común acuerdo la cosa se explica: es fiel reflejo de ambos.

Justo hoy también sale el sondeo de Metroscopia con noticias abrumadoras para el PSOE por enésima vez. La gente no traga a Rubalcaba. El asunto es llamativo y, aunque sea comprensible que la actual dirección del PSOE haga la vista gorda con estos y los anteriores resultados pues no le beneficia, en algún momento alguien en el PSOE deberá plantarse y exigir una rectificación, un cambio de rumbo, un congreso, una refundación, algo con tal de salir de este estadio de anomia galopante, de irrelevancia de un partido que hace seis meses era algo y ahora parece una reunión de jubilatas jugando a la petanca. Porque está claro que, si no eres Rajoy pero estás por debajo de Rajoy en valoración popular, te irá mejor en el sector textil, por ejemplo. Parece una tontería, pero no lo es. Rajoy es tan impopular que si el 20-N el PSOE no hubiera perdido cuatro millones de votos, él no habría ganado las elecciones. Así pues, quien esté por debajo de él en simpatía popular todavía lo tendrá peor.

Y no solamente hay un problema en la dinámica bipartidista. También lo hay en el seno de la izquierda. En las condiciones actuales de la crisis en Europa, con la izquierda radical recomponiendo su discurso en Grecia, Francia, Alemania y España, el PSOE corre el riesgo de seguir cediendo terreno hasta llegar al agotamiento. El proyecto socialdemócrata tiene un problema de legitimación teórica en toda Europa y a él añade el PSOE uno propio, específico, producto de una práctica oscura, ambigua, vacilante, entreguista y muy difusa. El PSOE pagó muy caro su política de seguidismo de la derecha en el gobierno. Si ahora en la oposición aparece uncido al carro del PP, sin articular una alternativa propia clara, carente de reflejos e indeciso, la izquierda radical acabará cosechando los votos que en las últimas elecciones siguieron fieles al PSOE más por una nostalgia de los tiempos que fueron que por el inexistente entusiasmo que despierta este candidato cada vez más parecido al abuelo Cebolleta, empeñado en colocarnos un rollo confuso sobre un pasado glorioso en lugar de convocar un congreso en el que el partido pueda volver a encontrar un discurso propio.

(La primera imagen es una foto de Andrus_Ansip. La segunda una foto de Rubalcaba38 bajo licencia de Creative Commons, ambas bajo licencia de Creative Commons).

La vida plena del señor juez.

En estos momentos, un órgano colegiado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial, debate si fuerza o no la dimisión de su presidente que lo es también del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.

Los hechos son de conocimiento público. No merece la pena reseñarlos. No es una cuestión de objetividad penal, sino de subjetividad moral. Cuando un cargo público de relevancia semejante a la de este bipresidente tiene un tropiezo similar y el asunto se deriva por la vía judicial, el resultado goza de mayor o menor aceptación en la opinión pública que concede de entrada un margen de confianza a los jueces. Sin embargo, cuando se pide de estos que resuelvan en algo que afecta tan directamente a su estamento como el caso actual, el margen se estrecha casi hasta desaparecer. Y con razón, como acaba de verse. Al rechazar de plano las querellas en contra de Dívar, sus colegas vinieron a decir que no están dispuestos a someterse a la ley que imponen a los demás. No cabe comportamiento más destructivo para el prestigio de las instituciones.

La comparecencia de Dívar hace unos días, calculada no con el espíritu de transparencia ante la opinión, sino con el de una estrategia de defensa de un gabinete de comunicación, fue una metedura de pata colosal solo comparable a aquella entrevista vergonzosa que la TV le hizo al acusado por los GAL, Julián Sancristóbal en la propia cárcel con el fin de exonerarlo. Las "explicaciones" públicas de Dívar -un Dívar cuya primera reacción al conocerse sus andanzas y presuntas malversaciones de dineros públicos fue de insultante soberbia y desprecio hacia el parecer colectivo- fueron una infantil maniobra de ocultación que únicamente lo pusieron más evidencia. Las revelaciones posteriores sobre sus otras escapadas y el frágil castillo de naipes que ha montado con sus inverosímiles y desmentidas coartadas ponen su peripecia no a la altura del Tribunal Supremo sino de una taberna de pícaros. Eso sí, con pretensiones de gran refinamiento, boato y bastante cursilería, quizá la característica más acusada de este magistrado.

Los propios jueces, muy corporativos, han cerrado el paso a la vía penal, pero eso solo echa sobre el CGPJ la responsabilidad añadida de actuar con una fuerza redoblada en el terreno de escrupulosidad moral.

El comportamiento de Carlos Dívar no es de recibo y si el hombre, quizá en un gesto de obcecada desesperación, no tiene la gallardía de dimitir, el CGPJ debe destituirlo.

La inaceptable mezcla de personalidad pública y privada en la vida de Dívar y que este no ha sabido vivir con dignidad no deja otro camino. Sobre todo porque el propio Dívar es consciente de que su posición no es sostenible. Cuando en su lamentable comparecencia lloriqueó que él era juez las veinticuatro horas del día estaba dándose a sí mismo el tiro de gracia. Quien acepta voluntariamente ser ejemplo de conducta ininterrumpidamente no puede reclamar territorio exento alguno. Dívar es un ser humano y, como tal, tiene derecho a vivir su vida privada como le parezca y con quien le parezca, pero no en la zona de penunmbra entre lo lícito y lo ilícito; menos negándose a aclarar su comportamiento y refugiándose en una cobertura de secreto a la que no está legitimado y muchísimo menos con el dinero de los contribuyentes. Si el señor presidente del Tribunal Supremo quiere que los camareros de los restaurantes marbellíes de lujo lo admiren por su relevancia pública y el buen gusto que tiene al elegir sus acompañantes, que se lo pague de su bolsillo.

Por lo demás, toda esta ya larga disquisición sobra. Pocas veces un caso en discusión concita tal unanimidad en la opinión. Cuando uno cosecha un resultado como el que revela la encuesta de El país más arriba, lo único decente que puede hacer uno es un mutis discreto por el foro. Y llevarse con él a su guardaespaldas.

(La primera imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons. La segunda, una captura de El País de hoy).

Las cuentas de Dívar y los cuentos de Gallardón.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) es un pío y probo varón, fiel seguidor de la doctrina católica y más partidario de la justicia divina que de la humana, a quien Zapatero nombró para el cargo en un momento de desvarío mental. Este curioso personaje que hasta la fecha había llevado una existencia al margen de la atención mediática de una sociedad que compra su derecho al espectáculo al precio muchas veces de la integridad de las instituciones, de pronto tomó una decisión insólita que, para cuando se hayan apagado sus ecos, puede haberle costado la carrera. Convocó a los medios, se puso bajo la luz inmisericorde de los focos y narró una historia, típica exculpación de parte, sin dar explicaciones convincentes de sus actos, sin aceptar su culpabilidad y sin demostrar fehacientemente su inocencia. Casi parecería un acto de iniciación para una dinámica de grupo: llega la figura principal, cuenta un relato y el resto de los participantes interactúa con él. 

En este caso, los periodistas tenían preguntas que formular que Divar respondió ateniéndose a un guión minuciosamente preparado según el cual debía poner gesto compungido e hilvanar un discurso de inocencia sustituyendo las pruebas por insinuaciones, verdades a medias, fantasías, fábulas e insinuando que, si no da explicaciones más claras y rotundas es porque pesa  sobre él una especie de obligación de confidencialidad o secreto que se estaba inventando. El resumen fue que no solo no disipó las dudas sobre sus presuntos ilícitos sino que las convirtió en certidumbres. La dinámica entró en funcionamiento; los periodistas no creyeron nada de lo escenificado y la mayoría de los comentaristas pidió la dimisión de Dívar.

La idea de que un acusado con pruebas materiales razonables puede liberarse de la acusación a base de proclamar enfáticamente su inocencia sin demostrarla por ninguno de los procedimientos habitualmente admitidos, no suele tener cabida ni en las ilusiones de los delincuentes más avezados, tanto menos en los cálculos de un profesional del derecho que está acostumbrado a los manejos de la retórica con finalidad de exculpación, encubrimiento o diversión. La fórmula según la cual se viste uno de punta en blanco, pone gesto digno y compungido, clarea la mirada y trata de parecer convincente ya no funciona. En resumen, tras haber reaccionado con expresiones despreciativas y hasta soberbias asegurando que no pensaba dar explicación alguna, Dívar se vio obligado a darla por exigencia de la opinión y hasta de sus colegas sin que alcanzara a ser otra cosa que un pobre intento de mixtificación y ocultación. 

La dinámica de grupo le ha sido claramente adversa. Todos los sectores ilustrados, abiertos, avanzados del país quieren que resigne el cargo antes de que el destrozo en el prestigio de la justicia vaya a más. No así los períodicos de la carcunda. Pero eso todavía es peor para él. Esos sectores se suman hoy a la petición de que Dívar comparezca en sede parlamentaria a explicar sus fines de semana caribeños con menos bizantinismos y equívocos que en la rueda de prensa.

Pero hete aquí que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón otra oveja de la grey católica, se opone a dicha comparecencia pero no por razones de afinidades ideológicas o de coincidencia en la misma superstición, sino, asegura muy serio, por razones puramente técnicas ya que, dice, eso sería atacar el principio esencial de la separación de poderes ya que el Parlamento no puede controlar el Poder Judicial. De inmediato distintas voces han recordado a este maestro del escamoteo, la falacia y el sofisma una sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 que admite que el presidente del CGPJ comparezca ante el Parlamento a petición de este.

No está mal la intención, pero demuestra poco juicio. Si el Parlamento llama a comparecer a Dívar no lo llama por su actividad como poder judicial ni lo investiga por tal sino que lo hace en su condición de funcionario público del que existen indicios racionales de que ha cometido un ilícito reiterado que pudiera ser constitutivo de delito. Al hacerlo, el Parlamento no controla el poder judicial sino el recto comportamiento personal de sus funcionarios. 

Ruiz Gallardón debe intentarlo de otra forma si quiere impedir que se sepa la verdad. De momento, lo único que los dos han conseguido es lo contrario de lo que se proponían: la comparecencia de Dívar fue una pantomima y la intervención de Ruiz Gallardón un teatro.

La imagen es una captura del vídeo de la comparecencia de Dívar publicado por el diario El País

La pintoresca comparecencia de Dívar

Hoy ha comparecido Carlos Dívar para dar explicaciones sobre los viajes de fines de semana caribeños, denunciados por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como presunta malversación de fondos. Asegura haberlo hecho a petición propia, pero todo el undo sabe que se debe a la presión de la opinión y, sobre todo, de sus colegas, poco propicios a que los salpique este ambiguo asunto. No ha aceptado culpabilidad alguna, asegura tener la conciencia "absolutamente tranquila", sostiene que no ha hecho nada que no hagan otros presidentes de órganos del Estado y afirma contundentemente que no ha cometido "ninguna irregularidad jurídica, ni moral, ni política". Preguntado si ha considerado la posibilidad de dimitir, afirma que nunca ha pensado en la posibilidad de dimitir, como si eso fuera una prueba de algo.

La comparecencia, cuidadosamente preparada, con palabras medidas al milímetro, con razonamientos que quieren ser contundentes y no pasan de ser circunloquios, deja una extraña impresión; como si Dívar no estuviera hablando, sino recitando una lección aprendida. Una parte de la declaración era leída y, por lo tanto, cuenta poco pues lo escrito estaba cocinado antes y, al someterse a las preguntas en donde las respuestas deben ser espontáneas el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se ajustaba a un guión de exculpación que es evidente le habían preparado y que, aunque quisiera disimularlo, no evitaba el permanente choque entre lo que es y lo que se quiere que sea. De ese modo entreveraba las explicaciones y justificaciones sobre un comportamiento que sostenía era intachable con el anuncio de que el órgano que preside va a tomar medidas para hacer que nunca más pueda repetirse ese intachable comportamiento, lo cual es verdaderamente divertido. Sin duda consciente de la contradicción de todo el acto Dívar estaba muy tenso, tropezaba con algunas palabras, llegaba a equivocar el tiempo de algún verbo (un "habría" por un "hubiera") y venía a insinuar que sus viajes están protegidos por una especie de secreto o confidencialidad del cargo, como si fuera de los servicios secretos, pero sin decirlo claramente ya que tal cosa no es cierta.

En definitiva, la comparecencia es un típico acto fallido porque no solo no disipa las sospechas sino que las acrecienta. El propio Dívar, como magistrado, está harto de saber que las declaraciones exculpatorias de los acusados carecen de todo valor. De qué sirve que asegure (eso sí, con mucho énfasis y prosopopeya) que no ha "cometido ninguna irregularidad juridida, ni moral ni política". ¿Acaso le corresponde a él decidirlo? Lo mismo dirían, si los dejaran, todos los delincuentes que en el mundo han sido. ¿Y qué valor puede tener esta afirmación sin valor alguno teniendo en cuenta que se presenta como un sustituto de una franca explicación con rendición de cuentas completa incluida la identidad de quien o quienes le acompañaba(n) en los viajes?

Si Dívar quería, en efecto, ser transparente, le bastaba con serlo, sin escenificar ese pintoresco escenario concebido para impresionar a ingenuos. Y si, por razones efectivas y reales, no pudiera serlo, le hubiera bastado con pedir la constitución de una comisión en el seno del CGPJ o del propio parlamento que se comprometiera a escuchar su explicación con obligación de guardar silencio.

Pero no ha hecho nada de eso sino que se ha limitado a afirmar su buena voluntad y su cumplimiento de una norma que él mismo reconoce que estaba "desfasada", razón por la cual será cambiada precisamente para hacer imposible que Dívar pueda seguir con sus fines de semana caribeños. En resumen, Dívar no ha comparecido para justificar sus actos sino para justificar su negativa a justificar sus actos.

La imagen es una captura del vídeo de la comparecencia de Dívar publicado por el diario El País

El franquismo y la transición según el Tribunal Supremo.

La sentencia de ayer del Tribunal Supremo (TS) absolviendo a Garzón del delito de prevaricación por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo cierra el tercer acto del drama que, de momento, acaba con la carrera del mentado y molesto juez. El propio Garzón lo ha dicho claramente: con su absolución “El guión se ha desarrollado como estaba previsto”, incluso a costa de alterar los tiempos procesales. Se cierra ese drama, pero se abre otro que no sabemos aún a dónde puede llevarnos. A esos efectos, la sentencia no solo es buena por absolver a Garzón sino por existir en sí misma ya que, por primera vez, disponemos de una decisión judicial al más alto nivel sobre un asunto (los crímenes del franquismo) que hasta ahora quedó al margen de los tribunales.

No estoy seguro de que los magistrados sean conscientes del alcance de su decisión. Si lo hubieran sido, habrían puesto más atención en la solidez de su razonamiento que presenta bastantes inconsistencias, al margen de su interpretación puramente técnica. Sin olvidar que se trata de una reflexión urgente, pretendo concentrarme en los primeros aspectos (los del puro razonamiento lógico), absteniéndome de los segundos por falta de competencia, en la seguridad de que serán tratados en su momento por quien la tenga.

A primera vista está claro que el TS no se ha limitado a entender de la cuestión concreta y específica del supuesto delito de prevaricación. Es tal la convicción ideológica de los jueces sobre el fondo del asunto, que no han resistido la tentación de pronunciarse sobre él y de hacerlo de un modo tan insatisfactorio que plantea más problemas de los que resuelve, si es que resuelve alguno y a no ser que dar carpetazo sin más a un problema lo llamemos resolverlo.

El núcleo del razonamiento del TS (los fundamentos de derecho) es un pequeño embrollo que, debidamente desentrañado, deja al descubierto una sentencia con un claro componente ideológico. Sostiene el TS que Garzón no prevaricó sino que solo erró en su calificación del delito y en su interpretación del derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia. Pero, como no puede limitarse a absolver al reo, procede a explicar en qué consistió ese error, contraponiendo a la garzoniana otra interpretación que prevalece sobre la del juez por razón jerárquica del órgano que la emite, pero no necesariamente por su superioridad racional. Incidentalmente, esta absolución en estos términos es simétrica de la condena previa al mismo acusado por el caso de las escuchas y, como en toda simetría, el orden de los términos está invertido. En la condena se decía que hubo prevaricación porque no se trató de una mera interpretación, sino de una decisión injusta a sabiendas mientras que en este, no hubo decisión injusta sino error de interpretación, con lo que el a sabiendas no cuenta. ¿Pero no contiene esta expresión un fuerte elemento subjetivo, materia de interpretación en sí mismo? En fin, un asunto esencial, sobre el que se discutirá mucho en el futuro y que dará armas al juez Garzón en sus posteriores recursos pero que aquí es secundario.

En su tercer "fundamento de derecho" el TS empieza por decir que Garzón cometió un error de tipificación de los hechos que, de darse, en realidad, hace irrelevante el resto de sus consideraciones. Pero es que lo mismo cabe decir del conjunto de la sentencia, cuyo primer fundamento empieza por decir que los hechos denunciados en su día (los crímenes franquistas) no pueden ser objeto de proceso penal pues no hay a quien imputar la responsbilidad porque a las dos causas tradicionales de extinción de la responsabilidad penal (muerte del reo y prescripción del delito) se añade aquí la sobrevenida de la Ley de Amnistía de 1977.

El TS niega que en España pueda darse un juicio de la verdad, como en otros países porque la naturaleza de este (averiguar la verdad) no casa con el alma del procedimiento penal español sustantivo que consiste en encontrar un culpable y sancionarlo. Lo pintoresco (por eso decíamos antes que es muy importante que esta sentencia exista) es que el alto tribunal reconoce que hay victimas en demanda de tutela judicial que él, dice, no puede brindarles. En cuanto a la averiguación de la verdad, pues no puede tratarse de la judicial, habrá que acudir a la historiográfica. No sé si los magistrados del TS leen la prensa; pero, si lo hacen, habrán visto que la Real Academia de la Historia, en la que un puñado de ideólogos franquistas sienta plaza de historiadores, ya ha establecido que Franco no fue un dictador y de genocidio y crímenes contra la humanidad ni hablamos. No hay verdad judicial y tampoco la hay historiográfica. Con ello se cierra no solo un círculo vicioso sino literalmente pérfido con el que unos ideólogos judiciales y otros historiográficos tratan de blindar una situación en la que no pueda haber justicia para unas víctimas que llevan setenta años esperándola y a algunas de las cuales el TS tuvo que escuchar por primera vez. Pero las víctimas existen, están ahí y nadie podrá seguir ignorándolas, máxime ahora que esta sentencia expresamente las reconoce como tales con lo que, se entiende, habrá que encontrar algún medio de hacerles justicia.

La interpretación que el TS hace de casi todas las demás cuestiones (la eficacia del derecho internacional consuetudinario, la prescripción de los delitos, la cuestión de la retroactividad de las normas penales, etc) es opinable y supongo que será objeto de mucho debate jurídico. Pero hay alguna en concreto que llama la atención por lo falaz de su construcción. Y no es menor, ya que afecta a la visión que de la transición tiene el TS y que era lo que nos faltaba para reavivar la hoguera sobre el carácter profundo de la mutación de la Dictadura en un sistema democrático de modo pacífico.

El TS alcanza tonos ditirámbicos cuando dice que "La idea fundamental de la transición, tan alabada nacional e internacionalmente, fue la de obtener una reconciliación pacífica entre los españoles y tanto la Ley de Amnistía como la Constitución Española fueron importantísimos hitos en ese devenir histórico". Sin embargo, el Tribunal no puede ignorar que la Ley de Amnistía es de 1977 y, por lo tanto, preconstitucional, ya que, en el mejor de los casos, de no pertenecer al orden jurídico franquista, estaría en ese derecho transicional que el mismo Tribunal menciona y que de ser algo sería como el "vertebrado gaseoso" de que hablaba Nicolás Ramiro Rico. Sí dice el TS, curándose en salud, que dicha ley no fue derogada posteriormente por la Constitución pero olvida decir que no lo es expressis verbis, pero que puede defenderse su inconstitucionalidad en función de la cláusula derogatoria genérica que también cuenta. Admitido, quizá esto sea ya un exceso de activismo judicial y no corresponde a los magistrados decidir sobre estas cuestiones. Sin embargo, tampoco les corresponde justificar una determinada forma de transición que mucha gente considera nociva.

Sin duda, como dicen algunos comentaristas, el TS bloquea la posibilidad de investigar penalmente los crímenes del franquismo pero, al mismo tiempo, reconoce la existencia de unas victimas carentes de tutela judicial (aunque en un párrafo que yo tildaría de mezquino, enumera algunas medidas compensatorias ya adoptadas y manifiestamente insuficientes) a las que habrá que otorgársela. Con ello, el TS devuelve la patata caliente al Parlamento, esto es, a la opinión pública. Y, por tratarse de este trágico asunto, a la opinión pública internacional.

(La imagen es una captura del vídeo publicado ayer por El País.)

Ja, ja, ja, ja.

Sí, sí, risa, sana risa rabelesiana producen los magistrados del Tribunal Supremo a fuerza de previsibles en sus triquiñuelas. Hace unos dias, Gaspar Llamazares publicaba un estupendo artículo en El País, titulado No acato ni respeto un escándalo supremo que Palinuro hizo suyo en un post titulado Garzón ya está en el mundo porque escaso respeto y menos acatamiento suscitan unas gentes que disimulan su comportamiento de la forma en que lo han hecho. Retrasaron la vista de la causa por prevaricación respecto a la investigación de los crímenes del franquismo para poder condenar al juez previamente por el asunto de las escuchas, que era políticamente anodino. Luego se podrían dar el lujo de absolverlo en la causa del franquismo para no pasar a su vez por unos impenitentes franquistas. Una maniobra que ya había denunciado Palinuro en un post del 10 de febrero titulado: La condena. El pelotón. La ejecución. Así que poco más que hilaridad puede suscitar el perfectamente previsible comportamiento de los magistrados. Por si hubiera lugar a dudas y para saber cómo se hacen las cosas en su exquisitas justas maneras, la absolución de Garzón ha sido por seis votos contra uno mientras que su condena fue por los unánimes siete votos. Quien tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea. Es obvio que la absolución tiene menos peso (un séptimo menos) que la condena. Para que quede claro y no se apliquen criterios aritméticos. O compensatorios.

En España, líbrenos el Señor misericordioso, la justicia no se aplica en absoluto con criterios políticos. Pero si un animal anda como un pato, habla como un pato y se mueve como un pato, es un pato. Y no digo más.

La tuerka sobre Bildu en el Constitucional.

Dejo aquí el enlace al último programa de la Tuerka, en TeleK sobre la ilegalización/legalización de Bildu. Cuando se emitió, el Tribunal Constitucional estaba deliberando y no se conocía el resultado. Creo que fue un debate muy interesante y revelador.

Pongo el enlace con una foto fija porque no he conseguido encontrar la fórmula embed en Youtube. De todas formas la foto también enlaza.

ilegalización/legalización de Bildu

La patata ardiendo.

Bildu se la juega hoy en el Tribunal Constitucional, órgano que puede permitir o no en última instancia en España a la coalición concurrir a las elecciones del 22 próximo. Palinuro ya pensó en una entrada anterior, Ilegalizar y..., que la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar las 254 candidaturas de Bildu, así como las agrupaciones de electores, podía no ser prudente ni justa. Sobre todo lo que más clama al cielo es que puedan quedar fuera de las elecciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba sólo por compartir candidatura con otros independientes de la izquierda abertzale. Esa prohibición viene a ser de hecho una interdicción de la coalición en general, cosa que ya avisó el ministro de Justicia que no podía hacerse por derecho, pues la Ley de Partidos no lo permite. Además de esto, que ya supone, en cierto modo, un fraude, se da a entender que los magistrados han inhabilitado las listas de Bildu al comprobar una a una que están contaminadas, lo cual es obviamente falso. La prohibición tiene una hipotética motivación ideológica, absurda al tratarse de EA y Alternatiba que aparecen así como seguidores de ETA.

Ya esa prohibición es más que dudosa y, si se le añade la privación de un derecho fundamental de sufragio activo y pasivo a los candidatos de un partido legal, el asunto tiene muy mala pinta, con la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo falle en contra de España en un seguro recurso de Bildu que pedirá sin duda la anulación de las elecciones. Un panorama poco halagüeño. El Tribunal Supremo razona, como era de prever, que los de EA y Alternatiba ya sabían a lo que se exponían cuando integraron la coalición. Puede ser, pero no está nada claro que haya una proporcionalidad razonable entre la hipotética falta cometida y la sanción que supone privar del ejercicio de un derecho fundamental y, de paso, dejar sin representación política a un sector del electorado vasco.

La única solución posible sería que el Constitucional autorizase todas las candidaturas excluyendo, si lo considera necesario, a aquellos candidatos individuales de los que haya pruebas fehacientes de que están contaminados. Los excluidos podrían ser sustituidos por suplentes o podrían correr los puestos en las listas. Desde un punto de vista jurídico es lo justo y desde uno político, es lo necesario. No sé si cabe llamar democráticas unas elecciones en las que no puede participar un partido legal que quiere hacerlo. No es impensable que el PNV tome posición claramente exigiendo la presencia de EA bajo la amenaza de retirarse él también de la competición electoral, aunque para hacer algo así se requiere gente con más fibra que esos burukides que sólo se las tienen firmes a los micrófonos. Porque tampoco sería de extrañar que estos estrategas de corto vuelo vean la ocasión de recuperar la totalidad del voto nacionalista y caigan en la tentación de aprovecharse de una situación de injusticia que afecta a sus adversarios y competidores.

Aquí el único beneficiado en este pandemonium judicial que pone en un brete la democracia española en el País Vasco es el PP y su estrategia de tierra quemada porque este partido siempre prefiere las situaciones de placidez a las de democracia.

(La imagen es una foto de argazkiak.org, bajo licencia de Creative Commons).

Ilegalizar y...

Parece como si, llegados a este punto en el interminable proceso de retorno de la Izquierda abertzale a las instituciones, lo más prudente que podía hacer el Supremo fuera lo que ha hecho: ilegalizar las 254 candidaturas de Bildu y ya se verá cuántas de las agrupaciones electorales. Pero que sea lo más prudente no quiere decir que sea lo más justo. Prudencia y justicia suelen ir juntas y los tribunales así proceden. Pero ese maridaje no es automático y a veces tienen que elegir. Como ha hecho la sala 61 del Supremo en la que nueve magistrados han optado por la prudencia y seis por la justicia. Esos seis tienen un argumento poderoso: que los tribunales han de ser justos antes que prudentes.

A una petición previa del PP de que se ilegalizara la misma coalición Bildu respondió el ministro de Justicia que eso no es posible porque la Ley de Partidos permite ilegalizar partidos pero no coaliciones. No es un argumento brillante pero sí formalmente impecable. Por eso el Estado impugnó las candidaturas, por posible contaminación, no la coalición en sí misma por algún motivo ideológico. Sin embargo, al bloquear las 254 candidaturas el Supremo viene a ilegalizar de hecho lo que el Ministro decía que no puede hacerse de derecho, esto es, la coalición. Sólo conozco los razonamientos del Supremo por la prensa pero si es cierto que fundamenta la decisión en que Bildu está controlada por ETA y Batasuna, está claro que opta por la vía ideológica antes que por la de las pruebas materiales de contaminación, caso por caso.

Quizá esto sea ya suficiente para que el Tribunal Constitucional ampare a Bildu. Pero hay más. Es posible que, pese a todo, la decisión tampoco sea prudente. Se haya fundamentado la prohibición como se haya hecho, afecta a todas las candidaturas de Bildu. Pero en éstas, además de los candidatos "independientes", están los de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, dos partidos legales que, por mor de la decisión del Supremo, se quedan sin representación local. En el caso de Alternatiba la cuestión es casi simbólica porque al surgir como partido en 2009 de una escisión de Ezker Batua-Berdeak, carece de representantes locales propios. Pero no así con Eusko Alkartasuna, que tiene nueve alcaldes y casi doscientos concejales en el País Vasco, sin contar diputados forales y junteros. Y ¿puede haber elecciones en el País Vasco sin la presencia de EA? Habrá que ver qué dice el PNV pero es claro que, si el resultado es la exclusión de EA y Alternatiba de las elecciones, la decisión podría ser las dos cosas, injusta e imprudente.

Claro que también cabe argumentar que, cuando aceptaron incluir sus candidatos en las listas de Bildu, tanto EA como Alternatiba ya sabían a lo que se exponían y, si aducen que no lo sabían, se les recordará ese astuto concepto de la ilegalidad sobrevenida. Es decir, ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional en un asunto enmarañado y con dos días de plazo. Jueces que, como los del Supremo, tienen que tomar decisiones con la rapidez de los políticos. Entiendo que si el Constitucional encuentra el modo de mantener la prohibición de Bildu pero permitir que EA y Alternatiba concurran a las elecciones habrá enmendado el destrozo y hasta es posible que puesto en el disparadero a ETA para que comprenda de una vez que tiene que deponer las armas. Pero si no lo consigue tenemos un problema.

(La imagen es una foto de www.larrabetzutik.org, bajo licencia de Creative Commons).

Sortu: más allá y más acá del derecho.

Tengo para mí que la decisión del Tribunal Supremo sobre Sortu es la más sabía que cabía tomar dadas las circunstancias. Tanto en el fondo como en la forma. La forma: esos tres votos discrepantes valen su peso en oro porque es la primera vez que se rompe la unanimidad de la sala. Mandan un mensaje de: no desistáis, afinad y acabaréis consiguiendo que esos tres votos convenzan a la mayoría. Confiad en el Estado de derecho.

Pero lo importante aquí es el fondo. El primer acierto fue remitir la cuestión a un órgano judicial y que todo el mundo aceptara la decisión de éste, empezando por Sortu, como así ha sido y como ya decía Jáuregui con su claridad habitual: que lo que diga el Supremo es lo que vale y a pesar de que el temperamental Eguiguren, confundiendo los tirios con los troyanos, culpara del "problema" (como si alguno hubiera) a la falta de valentía de Zapatero, sólo para desdecirse al cuarto de hora. El Supremo habla y todos a acatar. Civilizadamente. La izquierda abertzale muestra su descontento, cual estaba previsto, diciendo que la decisión es política.

Por supuesto. Todo en este proceso ha sido político desde el principio. Política ha sido la decisión de crear Sortu y política la de denegarle la inscripción. Ambas partes acudieron a las armas del derecho para defender sus opciones políticas. Pero esas armas eran inútiles. Sortu tenía que demostrar lo indemostrable, esto es, que el hecho de cumplir la letra de la ley garantizaba que cumpliría el espíritu. Un juicio de intenciones.

A su vez, el tribunal tenía que tomar una decisión sin una sola prueba material, empírica, tangible, en un sentido u otro. Sortu no tenía ni una a favor de su legalización más que su palabra; pero los contrarios tampoco tenían ninguna salvo la palabra de la policía, del fiscal y del abogado del Estado y algunas convicciones de sentido común que siempre son sospechosas. Por ejemplo, la idea de que quienes estuvieron alguna vez ligados a Batasuna están en cierto modo "contaminados" a lo mejor puede aplicarse a los propios jueces. ¿Ninguno de ellos ejerció la judicatura en tiempos de Franco? ¿O haber sido franquista no "contamina" pero haber sido de batasuna sí? Efectivamente, así es: un franquista puede ser juez, pero un ex-batasuno carece de crédito.

El Tribunal tuvo que tomar su decisión por un criterio subjetivo de qué fuera lo mejor. Y la pregunta inmediata es: lo mejor ¿para quién? ¿Para qué? La no menos inmediata respuesta será para España y para el fin del terrorismo o lo que sus señorías entiendan por ambas cosas. En lo de España no me entretendré porque no terminaríamos. Lo interesante es lo del "fin del terrorismo", que es objetivo que hoy, al parecer, comparten todos, incluidos los que han sido excluidos por simpatizar con los terroristas. Tiene gracia.

Con todo y a pesar de lo anterior, el Tribunal ha sido muy sabio. A falta de criterios jurídicos ha aplicado criterios políticos de los que ha habido muchos y muy contrastados. Lo primero que ha visto el Supremo es que habría mucha más unanimidad en los dos partidos nacionales con una decisión negativa que con una positiva porque hasta el presidente del Gobierno salió diciendo que mientras hubiera ETA lo de Sortu sería problemático. Creyendo decir algo valiente, el Lehendakari advirtió de que Sortu no es ETA. Toma, claro, saltó de inmediato el ministro de Justicia, Caamaño, si lo fuera estarían todos en la cárcel. A veces la justicia es divertida porque tiene algo de género chico.

Una mano decisiva ha echado el propio Sortu al formular su posición como una opción de juego: legalizar a Sortu acelerará el desistimiento de ETA, que es el argumento de fondo, político, de Iruin en su alegato. Pero poner las cosas en el frío terreno racional de la teoría de juegos es peligroso porque la otra parte puede encontrar más beneficiosa la propuesta contraria: el desistimiento de ETA aceleraría la legalización de Sortu. Y es la más beneficiosa porque la primera está dictada por la debilidad, la necesidad de sobrevivir. Endurecer las condiciones puede parecer despiadado pero es conveniente.

Por eso la decisión del Supremo es la más sabia. dentro de lo que cabe Ciertamente, política. Pero es que la política, como todo, se divide en buena y mala y ésta es buena. Una de las pruebas es que Sortu, en espera de tiempos mejores, según parece, ha puesto en marcha su plan B: candidatos blancos, o sea, reblancos porque candidato ya quiere decir blanco. Y luego están los que dicen que queda el Constitucional pero eso no cambiará nada ya que el Constitucional no es un tribunal de casación y Sortu ha agotado ya la vía judicial.

Con Sortu no legal, a ETA no le queda más remedio que desistir si quiere que la izquierda abertzale independentista tenga representación en las instituciones. Es preciso que muera lo viejo para que nazca lo nuevo. Tampoco es tan difícil de entender. Es ley de vida.

(La imagen es una foto de josu, bajo licencia de Creative Commons).

Educación para la ciudadanía.

Iba a subir una entrada sobre el fallo de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo acerca de la pretendida objeción a la Educación para la Ciudadanía (EpC) que orquestó la carcunda nacional en el acostumbrado intento de echar para atrás la marcha de la sociedad y el reloj de la historia, pero ese será el contenido de mi artículo de Público de mañana así que para no repetirme, remito al paciente lector a ese periódico. De todas formas, quienes estén interesados en consultar lo que Palinuro tuvo que decir en su momento pueden ir a la entrada del 23 de septiembre del año pasado, titulada El boicoteo a Educación para la Ciudadanía. Porque ese boicoteo, igual que la oposición a los matrimonios homosexuales han tenido la virtud de mostrar cómo en esta España perpetuamente dividida, despertaban y agitaban la calle las tendencias más obtusas de la coyunda católico-reaccionaria que, envalentonada por los incalificables años del Gobierno del señor Aznar, muestra que su apego a la democracia es contingente, circunstancial, táctico pues sólo admite que tengan presencia social sus ideas (si cabe llamar ideas a eso que tiene) y sus creencias que hay que imponer a todo el mundo, guste o no.

Pues eso, nos vemos en Público.

Justa retribución.

No han pasado veinticuatro horas desde que el Gobierno socialista y su presidente en concreto, el señor Rodríguez Zapatero, hubieran entregado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en manos de los conservadores cuando estos le han devuelto ya el favor en su estilo más acendradamente agresivo. Si el señor Rodríguez Zapatero creía que renunciando a su derecho (y probablemente a su obligación) de designar a un jurista progresista para la presidencia del CGPJ se ganaría la colaboración de buena fe del PP que renunciaría a sus posiciones maximalistas en pro de la concordia y del bien común está ya claro que no sabía por dónde le venía el viento. A su irresponsable dejación de su deber de garantizar que el gobierno de los jueces refleje la relación de fuerzas izquierda/derecha que han arrojado los resultados de las elecciones de marzo pasado, ha respondido el señor Rajoy con el infumable trágala de imponer para el constitucional a sus dos candidatos preferidos, el señor Francisco José Hernando, expresidente del CGPJ y el señor Enrique López exportavoz del mismo órgano.

Ninguna de las dos propuestas es aceptable para el PSOE a quien retribuye así el PP por su caballerosidad en la propuesta del señor Carlos Dívar, el de las "profundas convicciones religiosas". ¿Y por qué no es asumible ninguna de las dos propuestas para el PSOE? Sencillamente porque tanto el señor Hernando como el señor López han sido virulentamente combativos con el PSOE y con todo lo que huela a progresista en general y, en el caso del señor López, probablemente por su corta edad, se añade el hecho de haber sido protagonista de algunas declaraciones como portavoz del CGPJ que, para decirlo suavemente, provocan una sonrisa cuando no una risa a carcajadas. Los dos por lo demás son los principales responsables de que el CGPJ haya culminado su lamentable trayectoria en la última legislatura con el bochornoso espectáculo de haber perdonado la sanción a la juez rebelde que se niega a cumplir la ley casando parejas de homosexuales.

Estos son los dos personajes que el PP quiere incrustar en el Tribunal Constitucional y no está claro cómo podrá evitarlo el PSOE. Mejor dicho, si atiendo a mi experiencia más inmediata, ni siquiera tenemos claro que quiera evitarlo. Hasta cabría acusarlo de incongruente porque, ¿qué grado de verosimilitud, crédito y confianza hemos de otorgar a unas gentes que se llenan la boca a hablar de las avanzadas leyes en materia de derechos que piensan aprobar pero que facilitan que los órganos judiciales, que posteriormente habrán de interpretar y aplicar dichas leyes, caigan en manos de los elementos más conservadores, retardatarios y contrarios al espíritu del conjunto de la legislación socialista?

Esta actitud de sumisión de la izquierda al ordeno y mando de la derecha o, en general, a su actitud permanentemente autoritaria no es algo circunstancial e imprevisto sino que hace años que se viene observando. Pasa siempre: cuando la izquierda llega al poder legítimamente suele hacerlo tan acomplejada por el alcance de algunos de sus postulados teóricos de la época revolucionaria (lucha de clases, internacionalismo, nacionalización, etc) que siente la irrefrenable necesidad de garantizar a los sectores más reaccionarios respecto a sus intenciones: queremos a la Patria por encima de todo, somos firmes partidarios de un orden público sin fisuras, las fuerzas armadas están para defender a la nación y tienen necesidades que el pueblo no comprende, la bandera alegra nuestros más dulces sueños, a los beneficios del capital que no nos los toquen y menos aun a la Iglesia. Si es preciso ponemos a sus monagos al frente de lo que sea.

Esta actitud de falta de integridad ideológica y de subordinación intelectual no sólo se da con los gobernantes de izquierda que tratan de que se los admita en los círculos fetén a base de ser más papistas que el Papa sino también y muy especialmente con sus intelectuales orgánicos. Ningún articulista, columnista, plumilla o gacetillero de la derecha que escriba en términos críticos (generalmente muy agresivos) de la izquierda sentirá la necesidad de compensar sus ataques con otros mandobles a la derecha. En el caso de los correspondientes de la izquierda la situación es distinta: ningún juntaletras de izquierda que arranque con una crítica o ataque a la derecha se priva de incluir luego algún párrafo para dar estopa también a la izquierda a los efectos de sentar plaza de ecuánime e imparcial. En definitiva los dos, el político u hombre de acción y el escritor o intelectual orgánico comparten el mismo complejo de inferioridad de las clases subalternas de pensar que la derecha tiene una especie de plus de legitimidad. Y así no vamos a sitio alguno.

(La imagen es una foto de Pablovenegas, bajo licencia de Creative Commons).