Ja, ja, ja, ja.

Sí, sí, risa, sana risa rabelesiana producen los magistrados del Tribunal Supremo a fuerza de previsibles en sus triquiñuelas. Hace unos dias, Gaspar Llamazares publicaba un estupendo artículo en El País, titulado No acato ni respeto un escándalo supremo que Palinuro hizo suyo en un post titulado Garzón ya está en el mundo porque escaso respeto y menos acatamiento suscitan unas gentes que disimulan su comportamiento de la forma en que lo han hecho. Retrasaron la vista de la causa por prevaricación respecto a la investigación de los crímenes del franquismo para poder condenar al juez previamente por el asunto de las escuchas, que era políticamente anodino. Luego se podrían dar el lujo de absolverlo en la causa del franquismo para no pasar a su vez por unos impenitentes franquistas. Una maniobra que ya había denunciado Palinuro en un post del 10 de febrero titulado: La condena. El pelotón. La ejecución. Así que poco más que hilaridad puede suscitar el perfectamente previsible comportamiento de los magistrados. Por si hubiera lugar a dudas y para saber cómo se hacen las cosas en su exquisitas justas maneras, la absolución de Garzón ha sido por seis votos contra uno mientras que su condena fue por los unánimes siete votos. Quien tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea. Es obvio que la absolución tiene menos peso (un séptimo menos) que la condena. Para que quede claro y no se apliquen criterios aritméticos. O compensatorios.

En España, líbrenos el Señor misericordioso, la justicia no se aplica en absoluto con criterios políticos. Pero si un animal anda como un pato, habla como un pato y se mueve como un pato, es un pato. Y no digo más.

Garzón ya está en el mundo.

No se crea que Palinuro haya abandonado su pretensión de proponer al juez Garzón candidato al Premio Nóbel de la Paz. Al contrario, sigue empeñado en ello. Pero quiere que le salga bien y no que se produzca cierto impacto al principio y luego el asunto desaparezca de la palestra por errores de planteamiento. La tarea ahora es recabar apoyos para poder dar cobertura mediática y solidez a la propuesta. El activismo lleva siempre trabajo penoso y oscuro. Llegado el momento, Palinuro explicará su planteamiento y tod@s quienes quieran echar una mano serán bienvenid@s.

En esta ocasión el post versa sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial de expulsar al juez Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo en el llamado caso de "las escuchas" a los presuntos delincuentes de la Gürtel. Sobre el asunto en sí mismo y los tres procesos que se le han hecho al magistrado, Palinuro ha subido varias entradas (pueden encontrarse metiendo "Garzón" en el buscador del blog) y no es necesario volver sobre ellas. Basta con reseñar la triste coincidencia de que el CGPJ haya hecho efectiva la exclusión un 23-F. Las coincidencias, como las armas, las carga el diablo.

El apartamiento de Garzón de una carrera tan dilatada y brillante como vocacionalmente sentida ha movido un magnífico y valiente artículo de Gaspar Llamazares en El País (No acato ni respeto un escándalo supremo) con el que Palinuro, que tampoco acata ni respeta, coincide plenamente. Este artículo, una valoración política muy negativa de la decisión del Supremo, incide en esa pretensión -que los propios magistrados del alto tribunal quisieran que tuviera fuerza de ley- de que las decisiones judiciales no puedan ser criticadas. Pretensión comprensible, pero no admisible. Las decisiones de los tribunales de justicia deben ser tan criticables como cualesquiera otras de otros órganos que incidan sobre asuntos del común, en los que todos opinamos, por ejemplo, las leyes. La crítica a las sentencias de los tribunales está amparada en la libertad de expresión, guste o no a los magistrados. Su único límite es la legalidad y los derechos de terceros. Pero este es un limite general que afecta a todo el mundo.

Otro buen artículo, siempre en El País, de José María Ridao (Los porqués de una sentencia) venía a incidir sobre estas relaciones entre lo político y lo jurídico en el ámbito de los tribunales y daba por supuesto que la sentencia, además de su indudable repercusión política, tiene un fundamento sólidamente jurídico lo que sucede es que normalmente no se expone porque es muy complicado. Y en su articulo no especifica cuál sea dicho fundamento. Esto reabre a su vez una vieja polémica acerca del alcance de una justicia cuyas decisiones puedan ser incomprensibles para los justiciables. ¿Qué sucederá entonces? Sencillamente, que una sentencia pueda ser injusta por razón de su contenido y de su forma.

Pero la cuestión no tiene mayor tracendencia porque el propio juez expulsado ha explicado su doble punto de vista. De un lado, el jurídico. Garzón presenta una petición de anulación de la sentencia basada en razones estrctamente jurídicas. La petición, sin embargo, al sostener que la sentencia es muy injusta por tratarse de una condena construida a su medida viene a ser una especie de acusación al Supremo de aplicar un "derecho penal del enemigo" y, en el fondo, de prevaricación, aun sin decirlo. La solicitud, probablemente, será rechazada pero ese rechazo abre al juez la vía del recurso al Tribunal Constitucional. Ante este tiene Garzón una buena batería de argumentos estrictamente jurídicos. El Constitucional dirá.

En cuanto al aspecto político, Garzón asegura que piensa continuar luchando por sus ideas y amparando a las víctimas mientras pueda. UNa buena idea podría ser la de trabajar por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo. Quizá pueda hacer como abogado, como jurista lo que no se le permitió hacer como juez.

Es decir, la decisión del CGPJ de expulsar a Garzón, curiosamente lo ha devuelto a este tipo de acción ético-política de la que la esfera pública en nuestro país está muy necesitada. Es decir, lo ha devuelto al mundo de la acción práctica, en condiciones distintas pero con una superior legitimidad del juez. Y da la casualidad de que en este tipo de empeño pueda llegar a ser más eficaz que en el jurídico.

(La imagen es una foto de Popicinio_01, bajo licencia de Creative Commons).

El Nóbel de la paz para Garzón.

Hay algo simbólico en el hecho de que Garzón vaya a ser formalmente expulsado de la carrera judicial el próximo 23-F siguiente al triunfo de la derecha en las elecciones el 20-N. Sin novedad en el frente; el orden reina en Madrid, plaza de las Salesas como ayer reinaba en la plaza de Oriente. Pero es un orden basado en una clamorosa injusticia que tiene indignada a muchísima gente dentro y fuera de nuestras fronteras. Gente que está dispuesta a movilizarse por una causa que, a su vez, considera justa.

El nuevo asunto Dreyfus/Garzón tiene dos vertientes, una jurídica y otra política estrechamente relacionadas. La jurídica llevará al juez ahora condenado en amparo ante el Tribunal Constitucional y es posible que ante el de Estrasburgo, incluso al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si bien este es más político que jurídico. Serán aquellas instancias las que decidan si Garzón tuvo un juicio justo o no. Entre tanto, la espada de la Justicia seguirá en alto.

La vertiente política, en cambio, está clara: el Tribunal Supremo ha expulsado de la carrera judicial al único juez que ha querido investigar los crímenes del franquismo. Que haya o no una relación real de causalidad entre el intento del juez y su castigo es aquí irrelevante. Hay una relación simbólica que tiene una enorme importancia. Garzón es hoy un valor universal que trasciende su circunstancia personal. Representa la lucha por los derechos humanos y la justicia contra las dictaduras estén en donde estén de modo eficaz, legal y legítimo. No es justo que ese valor simbólico quede anulado por una sentencia judicial que, para hacerse valer, sostiene venir de otra causa. Ese valor simbólico debe tener un reconocimiento mundial ya que en su propio país, como sucede con los profetas, no se le otorga.

Por eso, proponerlo candidato al premio Nóbel de la paz es una buena idea. Pero lleva mucho trabajo. Tengo en mi poder el folleto (lo colgaré mañana) que se editó para presentar su candidatura en 2002 en nombre de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica y hay que hacer un montón de cosas: constituir una comisión, recabar apoyos, pedir financiación, editar impresos, hacer la petición, traducirla a varias lenguas, en fin, moverse. Y eso sin tener la seguridad del éxito porque, al fin y al cabo, se pide el galardón para alguien condenado por un tribunal de justicia de un país democrático y que dispone de una diplomacia poderosa.

Pero si alguien tiene una idea mejor sobre cómo ayudar a un hombre que nos ha ayudado a todos, que la diga. Si no, podría empezarse ya movilizando a Avaaz y Actuable, a ver cuántos apoyos suscita la idea.

El caso Garzón.

Desde el comienzo de la peripecia judicial del juez Garzón hubo gente que la comparó con el caso Dreyfus. Por supuesto no se refería a que hubiera similitud objetiva alguna entre ambos asuntos. El caso Dreyfus fue uno de antisemitismo, militarismo y nacionalismo, mientras que el de Garzón es uno de jurisdicciones, de derechos, de procesos, en definitiva, político. Hay quien dice que no es tal puesto que se trata de un asunto exclusivamente jurídico, de los que entiende y debe entender el Tribunal Supremo. Pero eso no es cierto. Todo lo jurídico es político porque el derecho es siempre materia de interpretación y toda interpretación se hace en función de una jerarquía de valores que son inevitablemente políticos, cuestionables. La prueba es que hay que conceder la decisión última a un órgano en virtud de la propia concesión y no de la razón última de la decisión. Lo cual abre perspectivas tenebrosas.

La referencia al caso Dreyfus se hace a la vista del impacto social que produce una decisión judicial, las reacciones que se dan, el problema moral que plantea, que sacude a la sociedad y reverbera en el exterior de forma preocupante pues proyecta una imagen del país que las naciones civilizadas repudian.

Son los hombres los que hacen la justicia y no son hechos por ella aunque algunos iluminados puedan pensar así. La sentencia del Supremo recuerda a Garzón que no se puede administrar justicia a cualquier precio. Pero ese pudiera ser el caso, precisamente, de la sentencia.

La justicia, además, debe ser inteligible. Un juez cuya acción en general (no toda, claro) ha sido de servicio ejemplar a la justicia, que ha sabido conjugar eficiencia judicial con garantías del proceso debido (aunque haya quien sostenga que tampoco siempre) y que ha abierto caminos para la jurisdicción penal universal, verdadero medio de proteger los derechos humanos en todo el planeta, un juez así, digo, ¿cómo puede ser un prevaricador por partida doble o triple? Eso hay que explicarlo muy bien.

Sin embargo, lo que se tiene no son explicaciones sino un modo de proceder que parece tratar de conseguir un objetivo (la condena de Garzón) sin tener que darlas o, cuando menos, sin tener que dar las verdaderas. Los tiempos procesales (rapidez insólita en el proceso de las escuchas y lentitud de paquidermo en el de los crímenes del franquismo con el tercer proceso por cohecho impropio moviéndose en la ambigüedad) no son inocentes. Lo decía Palinuro hace unos días, que a lo mejor no se condenaba a Garzón en el proceso por los crímenes del franquismo porque, habiendo sido condenado por las escuchas, ya no hacía falta y se evitaba el bochorno mundial de condenar al único juez que ha tenido el valor y la entereza de hacer justicia a las víctimas del franquismo, decenas de miles, muertas y vivas, que la esperan hace setenta años. A ello se añade ahora el archivo de la causa por el supuesto cohecho impropio que parece pensado para castigar más a Garzón pues en lugar de reconocer que no hay causa, como pedía el fiscal, el juez imputa un delito de cohecho pero archiva por prescripción con lo que no da al imputado posibilidad de defenderse. No solo quieren a Garzón enterrado sino con una estaca clavada en el corazón.

El gobierno y los jueces más conservadores piden respeto para las decisiones del Supremo. Pero el respeto no se pide; se gana. Y no es el caso. Por lo demás, hasta el gobierno entenderá que las decisiones judiciales no son en sí mismas límite a la libertad de expresión. El único límite que esta libertad tiene es la comisión de un delito, por ejemplo, en este caso, de desacato. Pero la crítica que no insulta, injuria, calumnia o amenaza gravemente no es desacato.

Garzón, premio Nóbel de la Paz.

¿Se apunta alguien? La idea no es mía, sino de una lectora que me la ha sugerido. Pero la hago mía de inmediato y por entero. Cuando un hombre ha hecho tanto por tanta gente en todo el mundo, ha trabajado con tanto ahínco por la justicia en su país y fuera de él, ha amparado a tantas víctimas sin distinción de nacionalidad, credo u opinión, merece un reconocimiento público. Si, en lugar de ello, se lo somete a una verdadera persecución y, finalmente, se le aparta de la judicatura mediante una sentencia judicial que, como todas, es opinable, además del apoyo público, merece un resarcimiento. No basta con criticar la decisión del Tribunal Supremo o mostrar solidaridad con el juez, pues no son actos que devuelvan al hoy por hoy condenado la legitimidad que indudablemente posee para seguir actuando en pro de sus convicciones e ideales. Hay que hacer algo más.

En un terreno práctico también podría Garzón solicitar la nacionalidad de la República argentina, exiliarse en ese país -dado que en el suyo no se le deja actuar- y, desde él, proseguir en su empeño por hacer justicia a las víctimas del franquismo que han ido en petición de amparo judicial a los tribunales argentinos. Y lo han hecho precisamente porque Garzón abrió esa vía, en contra de las concepciones más adocenadas de ls jurisdicción penal. Ahora bien, esta es una decisión que corresponde al propio interesado. En cambio, lo que no depende de él es su candidatura al premio Nóbel de la paz, pues eso es un asunto de opinión y de movilización de la gente entre la que habrá mucha que tenga algún motivo de agravio contra el juez. Nadie es perfecto. Pero unos merecen el Nóbel más que otros.

Los méritos de Garzón son cuantiosos. Ha desmantelado el terrorismo de Estado (los GAL) y el nacionalista (ETA); ha defendido la causa de la jurisdicción penal internacional al menos para ciertos delitos como los crímenes contra la humanidad y el genocidio; ha garantizado el acceso a la justicia personas a quienes se les negaba en sus países, como ahora podía estar siendo su caso; ha intentado procesar y ha procesado a militares golpistas y a criminales contra la humanidad; ha querido hacer justicia a las víctimas del franquismo en España; y ha luchado contra la mayor trama de corrupción político-empresarial de la democracia en su país.

Son méritos suficientes para solicitar la concesión del mencionado premio. Es de suponer, además, que la solicitud contará con un amplio respaldo en España y fuera de España, en la Argentina, en Chile, en Europa, probablemente en todo el mundo. ¿Qué tal si averiguamos cuánto apoyo tendría la propuesta? Se puede abrir una página en FB y ponerla a rodar con un TT, algo así como @garzonpremionionobelpaz. Los indignados podían echar una mano y Anonymous. Y no digo nada Avaaz y actuable.

Stand up and be counted.

(La imagen es una foto de la presidencia del gobierno de la Argentina, bajo licencia de OTRS).

Carta al juez Garzón.

Señor juez: como usted sabe perfectamente el poder judicial no reside en órgano colegiado alguno sino que está investido en cada juez por separado. Usted es el poder judicial y el poder judicial que usted ha sido es honra y prez de la administración de justicia, cosa que se le reconoce fuera del país pero no dentro. Y eso es lo que explica la presencia de observadores internacionales en este proceso. Hay mucha gente en el mundo interesada en saber cuál será el desenlace. Lo cual nos humilla como país pero es la mejor garantía posible para usted. Las injusticias son más difíciles de perpetrar a la luz pública; prefieren la oscuridad.

La coalición contra usted agrupa a reaccionarios y franquistas, presuntos delincuentes que pretenden conseguir la nulidad de sus acciones y colegas animados por la más negra envidia corporativa. Es una alianza fuerte pero, aunque lo fuera mucho más, no prevalecerá porque para prevalecer hace falta tener ideas y profesarlas sinceramente, no de un modo cínico, bastante frecuente. Aquí las ideas y los ideales los tiene usted y la audacia de realizarlos, también. Frente a esos ideales nada podrán la mañas, las triquiñuelas artificiosas y los pelos del rabo de la esfinge, que diría Unamuno, de la siniestra coalición.

En todos los casos en que ha tomado decisiones lo ha hecho con respeto a la legalidad y animado solo del deseo de hacer justicia. Es posible que en ocasiones se haya equivocado. Pero una equivocación, suponiendo que la haya, no es un delito. Además, las normas son interpretables por naturaleza. La función del juez es precisamente esa, interpretar las normas. Puede que algunas interpretaciones sean erróneas pero eso tampoco es delito. Construir tres casos judiciales prácticamente de la nada y mantenerlos vivos a toda costa, al extremo de seguir adelante sin la acusación del ministerio fiscal y con un tribunal que ya se ha fracturado casi a la mitad en la decisión sobre proseguir el caso o no revela una clara intencionalidad política. Como la revela claramente el hecho de perseguir penalmente a un juez por discrepancias en materia jurisdiccional.

De todos modos el firmante de esta carta y quienes quieran adherirse queremos manifestar que el juez Garzón ha ejercido sus funciones de forma ejemplar, que el país le debe mucho y que, en esta hora aciaga para él, somos muchos, muchísimos quienes lo consideramos un juez extraordinario, un ciudadano modelo y un hombre cabal.

Los pequeños son grandes; los grandes, pequeños.

Garzón no es más que un modesto juez. Un hombre nacido en una también modesta familia jiennense que, gracias a su esfuerzo, su voluntad, su vocación, consiguió culminar su anhelo de ser lo que hoy es, juez. Un juez como tantos otros sobre cuyos hombros anónimos pesa la sublime tarea de hacer justicia en España. Un juez modesto a quien las circunstancias dieron la ocasión de decidir sobre cuestiones de enorme importancia para su país y para el mundo entero. Y siempre, unas veces mejor, otras peor, supo estar a la altura de las circunstancias. Nunca se doblegó ni escondió. Su sentido del deber y de la justicia lo llevaron a tomar decisiones que lo enfrentaron a enemigos muy poderosos y que otros quizá hubieran evitado.

Por todo eso, porque es un modesto juez y un hombre cabal, miles de ciudadan@s nos movilizamos en su apoyo y ayer lo mostramos en la calle una vez más. Porque Garzón sí nos representa. Representa aquello por lo que luchamos: decencia, transparencia, justicia, coherencia y valentía. Y eso se lo reconocemos muchos que hemos sido críticos con él. Porque cuando unos valores son atacados en una persona, esa persona representa los valores. Los de quienes buscan justicia al cabo de setenta años, quienes no quieren que la política sea cosa de corruptos, quienes quieren que la judicatura no tenga ideología. Ninguna, y se limite a ser justa y equitativa.

No se me ocurre qué otra personalidad pública podría suscitar este apoyo popular espontáneo, desinteresado, por importante que sea o encumbrada que esté. Los pequeños son grandes.

Igual que los grandes son pequeños. Para comprobarlo basta leer la otra noticia de la portada de Público en la imagen. El apellido Urdangarin aparece peligrosamente cerca del substantivo "trama". De ahí a hablar de "trama Urdangarin" hay un paso. ¡Qué pequeños llegan a ser los grandes! Una trama puede tenerla hoy cualquiera. El Bigotes, por ejemplo.

Hoy manifa de apoyo a Garzón.

Los procesos -por llamarlos de algún modo- con que la derecha y los sectores más reaccionarios de la judicatura tratan de poner fin a la carrera del juez Garzón tienen una clara intencionalidad política. Además del daño al juez, quieren sentar un precedente, escenificar un escarmiento por si alguien más en el futuro se siente tentado de hacer justicia a las víctimas del franquismo. Ni justicia a las víctimas, ni condena de los crímenes de la Dictadura, ni memoria histórica ni nada: el franquismo no se toca. Si los "historiadores" de la Real Academia de la Historia pretenden legar a la posteridad una imagen de Franco tan edulcorada que ni dictador lo consideran, la derecha y la judicatura tratan de blindar su condición jurídica: no hubo crímenes y, si los hubo, han prescrito.

A estas alturas cualquiera ve claramente que en los procesos antigarzón confluye todo tipo de motivaciones partidistas e inconfesables: la envidia de sus oscuros colegas, las artimañas procesales de los sospechosos de la Gürtel, que tratan de anular lo instruido por Garzón e irse así de rositas, la reacción de una derecha neofranquista que quiere dejar impunes los crímenes de la Dictadura. Con el íntimo aplauso de cierta izquierda, cercana a la abertzale y desde luego de esta última, que ve en Garzón el juez que derrotó a ETA y, para hacerlo, persiguió y desmanteló su entorno económico y civil en lo que para unos fue una actividad judicial eficacísima y, para otros, un ataque a los derechos fundamentales y las libertades públicas de los vascos.

Por si las motivaciones no fueran suficientemente indignas, las tres causas rebosan anomalías y peculiaridades que las ponen en evidencia a ojos de cualquiera interesado en el derecho al juicio justo, al debido proceso, en definitiva al amparo de la justicia, que es el fundamento mismo de la sociedad democrática: el ministerio fiscal no acusa, un juez instructor asesora a la acusación, otro forma parte de otro tribunal en otra de las causas contra Garzón y parece respirar animadversión hacia este, no se admiten las pruebas que propone el acusado ni sus recusaciones y los tiempos procesales se alteran en su detrimento.

La tercera causa, que pasará a vista oral en breve, es tan disparatada que el propio Garzón ha dicho que la instrucción es una interpretación sesgada, parcial y no verdadera en relación con lo acreditado en la causa y le muestra su "más contundente y absoluto rechazo". La acusación, que empezó siendo de prevaricación, ha mutado en una de cohecho impropio. Lo que Garzón no ha dicho pero Palinuro sí es que ya sería el hispánico colmo y muy digno del coso nacional ver cómo se condena al juez por el mismo presunto delito por el que acaba de absolverse a Camps.

La Justicia frente a la Justicia.

Hoy mi periódico Público me ahorra la grata tarea de pensarme un post. Sólo con comentar la portada, que es un prodigio de composición periodística, a extremos casi metafísicos, habrá más que suficiente.

El titular es expresivo y realista. Suena como un restallido. Nada de faramalla judicial. Las cosas claritas: es la Gürtel la que ha sentado en el banquillo al juez Garzón ya que la acusación son los propios implicados en el macromegaproceso por corrupción que levantó este juececillo que no puede estar quieto. Al parecer, el abogado de uno de los implicados en la Gürtel, un constructor castellano, es un antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, en donde actuaba Garzón. Todo queda en casa. Pasar de fiscal a abogado es una opción personal perfectamente legítima y, si se toma, será porque el interesado lo encuentre beneficioso.

El titular plantea con toda audacia el asunto en el terreno que interesa a la colectividad, el político. Es verdad que habrá sectores importantes de la población que se interesarán por los aspectos jurídicos de la peripecia de Garzón; pero serán muchos menos que los que entienden el asunto en clave del interés general de qué sucede con los casos que este juez, acusado de prevaricación, ha levantado, el de la Gürtel y el de la memoria histórica. No están conectados procesalmente, pero sí lo están a través de la persona imputada en los dos casos. Éste va a ser un proceso muy sonado. En él será muy difícil deslindar lo político de lo jurídico. Incluso habrá quien diga que es imposible. ¿O no están los magistrados del Supremo interesados en que se haga justicia y no solamente en este proceso sino en todos? Porque si la justicia (de cuya escrupulosa administración no tengo duda) consiste en condenar al juez y esta condena se usa luego para invalidar el procedimiento de la Gürtel, quién sabe si para anularlo, ¿no es obvio que el efecto de una justicia puede haber sido una injusticia? Ya se sabe que la respuesta a esta pregunta es el famoso Fiat iustitia, pereat mundus que invocan siempre los que están interesados en que el mundo perezca.

Pero la portada tiene otra parte que establece una sutil relación con la noticia de titular. A propósito de lo que pasa en Costa de Marfil se dice que Gbagbo cae en manos de la justicia. Por cierto, menuda foto. En manos de la justicia. Más parece que haya caído en manos de su enemigo, Ouattara, quien quiere que se le abra proceso en el país. Si esto es justicia o no se verá en poco tiempo. Este Ouattara tiene el apoyo de las Naciones Unidas y de Francia. ¡Qué bien se da a Francia esto de actuar de potencia colonial a la antigua usanza! Y ahora con el amparo de la ONU, que va allí para ahorrar costes de intendencia y logística a los franceses. Los de la ONU vigilan y recogen refugiados; los franceses disparan. Puede que Ouattara sea un querubín democrático y el testarudo de Gbagbo, un tirano sin escrúpulos. Puede. Ya veremos qué justicia se le hace.

El empleo del término justicia en el caso de Costa de Marfil y ausente en el del Tribunal Supremo español puede ser una forma sutil de calificar lo que está sucediendo en España, algo que parece evidente desde el momento en que Costa de Marfil hace sombra en punto a eso tan abstracto y tan concreto, tan eterno y actual como la Justicia. Una crítica al estilo de las Cartas persas, en las que quedaba claro como la atrasadísima Persia tenía instituciones y procedimientos más beneficiosos, humanos, racionales, que la adelantadísima Francia de Montesquieu.

Porque si, con toda justicia, desde luego, se condena al juez que instruyó el caso Gürtel antes que a los implicados en él a los que, incluso, cabe que no se juzgue si la condena al juez invalida el procedimiento, se habrá cometido una enorme injusticia en nombre de la Justicia y ésta, en realidad, está mejor representada en Costa de Marfil que en España.

Gürtel, la memoria y Garzón.

En puertas de la intervención armada

(Entrada del 1º de marzo pasado)

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La peripecia del juez Garzón clama al cielo. Lo tienen atrapado en una triple tela de araña con tres procesos vivos que, además, van a toda velocidad si los comparamos con la bizantina lentitud con que se mueve el de la Gürtel. En los tres se juega el juez su carrera pero en dos de ellos también se juegan cosas de mayor calado para la colectividad: en el primero se juega que el proceso por la trama Gürtel siga adelante o se le dé carpetazo, lo que ya sería verdaderamente sublime; en el segundo se juega que se pueda hacer justicia a las víctimas de la vesania genocida franquista o que esa injusticia siga impune.

Desde luego en este acoso judicial al juez Garzón concurren muchos elementos. El propio juez dio en parte pie a alguno de ellos con su errática trayectoria política en los años noventa, que lo ha hecho relativamente vulnerable al linchamiento a que lo ha sometido la derecha. Pero el juez no se enfrenta solamente a un tangible odio político (movido por sus investigaciones sobre la Gürtel y el genocidio franquista) sino también a un ataque corporativo que, sin merma del ataque político, discurre más por las sentinas de las envidias profesionales. Garzón tiene una merecida proyección nacional e internacional y eso, en este país, no se perdona.

Suele decirse que no es cierto que haya una persecución a la persona sino que lo que se va a juzgar objetivamente es la supuesta comisión de un delito de prevaricación. Al margen de que se trate de una figura delictiva con un amplísimo margen de interpretación y, por tanto, de discrecionalidad del juzgador, todo en los procesos ha sido atípico, empezando por la instrucción del juez Varela (en la causa por el franquismo) quien actuó objetivamente como asesor de la acusación al indicarle cómo debía formularla.

El pronóstico no puede ser más desalentador para este juez al que el país debe muchas cosas, entre ellas el desmantelamiento de la cobertura del terrorismo en el País Vasco y, en buena medida, del propio terrorismo. Pero, además de pintar negro para el juez, la cosa tampoco augura nada bueno para los intereses colectivos. Los abogados de los presuntos delincuentes de la Gürtel quieren que se condene a Garzón por prevaricación porque, de este modo, pretenden invalidar las pruebas de la escuchas y, con ello, pedir la anulación de lo actuado hasta la fecha en el proceso. Obviamente lo que quieren es anularlo en su conjunto por falta de pruebas legalmente obtenidas. Hay otras independientes y no es muy probable el archivo pero sí un considerable retraso, quizá de otro par de años en tanto se dilucida lo que vale y lo que no vale.

Y con la memoria y la reparación a las víctimas del franquismo puede pasar algo parecido. Si se condena a Garzón por prevaricación, hay que replantearlo todo desde el inicio, empezando por averiguar qué se quiere hacer y a quién corresponde la competencia.

Es decir la triple tela de araña en que está atrapado Garzón pretende arruinarle la carrera personal y, además, conseguir la impunidad para los presuntos de la Gürtel y el bloqueo a las políticas de la memoria con el resarcimiento a las víctimas. Y frente a eso no parece que haya una movilización digna de tal nombre.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Wikimedia Commons).

Garzón, entre la envidia y el rencor.

Sospecho que la decisión del juez Garzón de defenderse de la vergonzosa caza de brujas que lleva dos años padeciendo a través del documental que ha rodado Isabel Coixet (Escuchando al juez Garzón) no va a favorecerle procesalmente en ninguna de las tres causas que tiene abiertas. Pero hace muy bien, está en su derecho y demuestra su coraje al hablar en su defensa sin tapujos con el escritor Manuel Rivas. La película va a estrenarse en el festival de Berlín y estoy seguro de que animará una oleada de simpatía internacional hacia un hombre sometido a persecución por realizar su trabajo de un modo ejemplar e innovador.

Hace un año y pico, en un artículo en El País titulado La envidia y el juez Garzón, el autor, Juan Guzmán Tapia, consideraba que los tres rasgos definitorios del juez son una tenaz vocación de juez, espíritu de justicia y valentía. Y, desde luego, lo que define el espíritu de quienes lo persiguen es la envidia. La envidia por una parte y el rencor por otra. Son pasiones o vicios que suelen ir juntas, aunque no siempre pues si bien todos los envidiosos son rencorosos, no todos los rencorosos son envidiosos.

La envidia, sobre todo en su gremio, se la ha ganado Garzón por ser un juez brillante, mediático, que ha abierto caminos y posibilidades insospechadas, muy especialmente en el avance del concepto de la justicia universal, ámbito en el que ya se ha labrado un nombre que pasará a la posteridad. Y eso escuece a todos aquellos, muchos, que no han aportado nada al interés general, que en el mejor de los casos, se han limitado a ejercer sus funciones de modo pedestre y rutinario y no están dispuestos a correr riesgo personal alguno en pro de la causa que dicen representar: que impere la justicia en las relaciones humanas.

Esta envidia es la que alimenta las dos críticas que suelen hacérsele: que tiene mono de publicidad mediática y que es un mediocre juez de instrucción. Ninguna de las dos se tiene de pie. No es el juez quien busca los medios sino que son los medios quienes buscan al juez. Y hacen bien porque su actividad es de interés público. Respecto a su competencia técnica, está fuera de duda que es alta y que el país le debe éxitos rotundos en la lucha contra el narcotráfico, ETA, los GAL (sin contar la mencionada justicia universal) y también se los deberá, aunque no le hayan dejado coronarlos, en el caso Gürtel y en materia de memoria histórica y de justicia para las víctimas del franquismo, decenas de miles de ellas, olvidadas durante setenta años.

Ahí, en ese intento aclarar los crímenes del franquismo y de procesar a los responsables de la mayor trama de corrupción que ha habido en la España democrática, es donde el rencor ha saltado, tratando de acabar con la investigación y hasta con el juez investigador a base de expulsarlo de la carrera judicial. Es el rencor de la derecha que, no pudiendo ya echar mano de los militares, la echa de los jueces, tratando de instrumentalizarlos en favor de sus designios. La derecha antigua, la Falange, heredera del partido que más asesinatos cometió durante la guerra civil y la larga postguerra del franquismo, trata de impedir que se haga justicia allí donde ella sólo hizo atrocidades. La derecha nueva, alguno de cuyos dirigentes, como Aznar, fueron falangistas en su juventud, pretende impedir que se investigue y, en su caso, se castigue como se debe un comportamiento presuntamente corrupto de numerosos políticos y cargos públicos en connivencia con una supuesta trama de delincuentes que ha producido el mayor expolio del erario publico del que se tenga noticia.

Las dos derechas forman un sola, un único frente, y se valen de todo tipo de artimañas de rábulas y leguleyos para torpedear la acción del juez. Cuando éste destapó el caso Gürtel, en lugar de apresurarse a colaborar con la justicia, el PP interpuso media docena de querellas contra el magistrado con los más absurdos pretextos para apartarlo de la causa. A ellas se unió la ofensiva de la Falange en defensa de la tradicional impunidad del fascismo.

Es de imaginar que los jueces que han admitido a trámite las tres causas lo habrán hecho ateniéndose el más escrupuloso respeto a la ley. De no ser así se trataría de procesos políticos aquejados del vicio de la prevaricación. Es de imaginar asimismo que el juez encontrará el amparo de la justicia que él tan generosamente otorgó a quienes lo necesitaban. Es de imaginar. Pero los hechos no acaban de encajar con tanta imaginación. El juez se queja de indefensión porque sus colegas se niegan a practicar las pruebas que propone en su defensa. Y, además, los procedimientos se dilatan extraordinariamente en el tiempo, en contraste con la celeridad con que se adoptaron y aplicaron las medidas disciplinarias que suspendieron a Garzón de sus funciones. ¿Hace falta recordar que una justicia lenta no es justicia?

Si, como pudiera ser el caso, se trata de procesos políticos, parte de una persecución general por razones ideológicas, Garzón hace muy bien exponiendo su caso ante la opinión pública de modo directo ya que no deben de quedarle esperanzas de encontrar un trato justo entre la envidia y el rencor.

Dos de los tres ángulos de este episodio están en donde les corresponde; el tercero falta por definirse con mayor decisión. El primero, el juez Garzón, se defiende de forma limpia, pública, transparente, democrática. El segundo, sus acusadores, continúa con sus campañas mediáticas de infamias y calumnias, mostrando así la diferencia de talla entre ambos. El tercero, la opinión pública, si bien se ha movilizado bastante en favor del juez, tiene que hacerlo de forma más permanente y decidida. Hay que montar una plataforma unitaria de apoyo a Garzón que explique la verdad, combata las difamaciones y defienda al juez. Porque defendiéndolo, defendemos la democracia y el Estado de derecho.

(La imagen es una foto de Gobierno de la República Argentina, bajo licencia de Creative Commons).