No se crea que Palinuro haya abandonado su pretensión de proponer al juez Garzón candidato al Premio Nóbel de la Paz. Al contrario, sigue empeñado en ello. Pero quiere que le salga bien y no que se produzca cierto impacto al principio y luego el asunto desaparezca de la palestra por errores de planteamiento. La tarea ahora es recabar apoyos para poder dar cobertura mediática y solidez a la propuesta. El activismo lleva siempre trabajo penoso y oscuro. Llegado el momento, Palinuro explicará su planteamiento y tod@s quienes quieran echar una mano serán bienvenid@s.
En esta ocasión el post versa sobre la decisión del Consejo General del Poder Judicial de expulsar al juez Garzón de la carrera judicial en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo en el llamado caso de "las escuchas" a los presuntos delincuentes de la Gürtel. Sobre el asunto en sí mismo y los tres procesos que se le han hecho al magistrado, Palinuro ha subido varias entradas (pueden encontrarse metiendo "Garzón" en el buscador del blog) y no es necesario volver sobre ellas. Basta con reseñar la triste coincidencia de que el CGPJ haya hecho efectiva la exclusión un 23-F. Las coincidencias, como las armas, las carga el diablo.
El apartamiento de Garzón de una carrera tan dilatada y brillante como vocacionalmente sentida ha movido un magnífico y valiente artículo de Gaspar Llamazares en El País (No acato ni respeto un escándalo supremo) con el que Palinuro, que tampoco acata ni respeta, coincide plenamente. Este artículo, una valoración política muy negativa de la decisión del Supremo, incide en esa pretensión -que los propios magistrados del alto tribunal quisieran que tuviera fuerza de ley- de que las decisiones judiciales no puedan ser criticadas. Pretensión comprensible, pero no admisible. Las decisiones de los tribunales de justicia deben ser tan criticables como cualesquiera otras de otros órganos que incidan sobre asuntos del común, en los que todos opinamos, por ejemplo, las leyes. La crítica a las sentencias de los tribunales está amparada en la libertad de expresión, guste o no a los magistrados. Su único límite es la legalidad y los derechos de terceros. Pero este es un limite general que afecta a todo el mundo.
Otro buen artículo, siempre en El País, de José María Ridao (Los porqués de una sentencia) venía a incidir sobre estas relaciones entre lo político y lo jurídico en el ámbito de los tribunales y daba por supuesto que la sentencia, además de su indudable repercusión política, tiene un fundamento sólidamente jurídico lo que sucede es que normalmente no se expone porque es muy complicado. Y en su articulo no especifica cuál sea dicho fundamento. Esto reabre a su vez una vieja polémica acerca del alcance de una justicia cuyas decisiones puedan ser incomprensibles para los justiciables. ¿Qué sucederá entonces? Sencillamente, que una sentencia pueda ser injusta por razón de su contenido y de su forma.
Pero la cuestión no tiene mayor tracendencia porque el propio juez expulsado ha explicado su doble punto de vista. De un lado, el jurídico. Garzón presenta una petición de anulación de la sentencia basada en razones estrctamente jurídicas. La petición, sin embargo, al sostener que la sentencia es muy injusta por tratarse de una condena construida a su medida viene a ser una especie de acusación al Supremo de aplicar un "derecho penal del enemigo" y, en el fondo, de prevaricación, aun sin decirlo. La solicitud, probablemente, será rechazada pero ese rechazo abre al juez la vía del recurso al Tribunal Constitucional. Ante este tiene Garzón una buena batería de argumentos estrictamente jurídicos. El Constitucional dirá.
En cuanto al aspecto político, Garzón asegura que piensa continuar luchando por sus ideas y amparando a las víctimas mientras pueda. UNa buena idea podría ser la de trabajar por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo. Quizá pueda hacer como abogado, como jurista lo que no se le permitió hacer como juez.
Es decir, la decisión del CGPJ de expulsar a Garzón, curiosamente lo ha devuelto a este tipo de acción ético-política de la que la esfera pública en nuestro país está muy necesitada. Es decir, lo ha devuelto al mundo de la acción práctica, en condiciones distintas pero con una superior legitimidad del juez. Y da la casualidad de que en este tipo de empeño pueda llegar a ser más eficaz que en el jurídico.
(La imagen es una foto de Popicinio_01, bajo licencia de Creative Commons).
