Serán más, serán menos; aquí es pacífico, allá, violento; hoy salen miles a la calle en Frankfurt y Madrid, pero cientos en Lisboa; mañana puede ser al revés; se manifiestan ante organismos nacionales o internacionales. Hay movimiento europeo de indignación y protesta, difuso y masivo, alimentado en las redes sociales, sin estructura orgánica definida pero que refleja una oposición decidida a las políticas de austeridad impuestas por el consenso neoliberal entre la UE, el Banco Central Europeo y el FMI, aquí estilizado como la troika y bajo el lema Que se lixe a troika (Que se joda la troika), bastante contundente aunque algo procaz. En algunos sitios, como España, la jornada ha sido multitudinaria y pacífica; en otros ha habido violencia policial desmesurada. No es exagerado decir que la calle rechaza de modo reiterado las políticas de sus gobiernos y las de la UE.
Es un caso más para alimentar el debate acerca de la eficacia política de las redes sociales. Parece bastante claro que son estas las dominantes en la organización de la protesta europea. Ochenta ciudades del continente protestaron ayer en contra de la Troika. Una crítica frecuente a internet es que las redes sociales se mueven en el mundo digital, virtual, pero en política los cambios solo pueden producirse por acciones reales, materiales. De acuerdo. Resulta que quienes sacan a la gente a la calle son las redes sociales; quienes organizan y posibilitan la acción real, material, son las redes sociales. Ningún sistema democrático puede ignorar sin más este estado de opinión contraria, manifestada tan permanente como conflictivamente. Se trata de un asunto de sensibilidad política, no de un problema de legalidad. Los gobiernos europeos están obligados a proteger el derecho de la gente a manifestarse como quiera, pero no a ceder ante las manifestaciones. Su legitimidad dimana de las urnas, no de las pancartas.
Ese es el argumento del PP: el gobierno tiene el mandato del electorado, superior al de los manifestantes (o alborotadores, como muchos gobernantes los consideran), legítimo. ¿Seguro? Eso será cierto allí donde el gobierno, en efecto, realiza el mandato de sus votantes. Pero no allí donde realiza lo contrario. En este caso, el de España en concreto, con un gobierno que aplica un programa opuesto a aquel con el que ganó las elecciones, se quiere pasar el fraude como principio de legitimidad. Lo demás son los farfulleos del presidente Rajoy cada vez que se ve obligado a salir de su escondite y hacer declaraciones o responder a las malditas preguntas de los malditos periodistas.
¿Y los partidos? A remolque de la situación. La protesta europea es producto de una convocatoria de redes que nada tiene que ver con ellos. En algunos casos, por ejemplo, de nuevo España, IU, más sensible al espíritu indignado, ha encabezado la manifestación. Pero no la ha convocado. Entre otros problemas que arrastran, los partidos están encerrados en las fronteras nacionales. Una mera coordinación parlamentaria europea, al estilo del Partido Socialista Europeo en el caso del PSOE o del Partido de la Izquierda Europea en el de IU, es todo su horizonte. Pero el interés primordial de estos partidos es su respectiva situación política nacional. Conclusión: no es solamente que las redes sociales organicen acciones políticas europeas sino que son las únicas en hacerlo pues los partidos ni lo intentan.
En el caso de España, además de la oposición a las políticas restrictivas del gobierno, se da el rechazo a una situación de corrupción generalizada en la que aparecen como beneficiarios directos y quizá cómplices, importantes dirigentes del PP (incluido Rajoy y el anterior presidente, Aznar), gobernantes en todos los niveles, estatal, regional, municipal, militantes de todo pelaje del partido. El gobierno que defraudó con el programa electoral perdió su legitimidad de origen, pero el descubrimiento de esa gigantesca trama de corrupción del PP le ha hecho perder cualquier atisbo de autoridad. Es imposible hacerse respetar cuando los gobernantes y altos cargos del partido del gobierno llevan años cobrando sobresueldos, duplicándose y triplicándose los sueldos cuando les viene en gana, viajando por medio mundo a gastos pagados por la trama Gürtel, es decir, con el dinero de todos los españoles, recibiendo todo tipo de regalos y prebendas a cambio de garantizar que la trama esquilmara el erario público. Es imposible respetar a gentes que, cuando se ven forzadas a explicar sus comportamientos hacen declaraciones cantinflescas (como Cospedal y sus contratos simulados en diferido), estúpidas (como Ana Mato que paga siempre sus gastos domésticos pero no sabe quién paga sus gastos domésticos) o ilegales (como Alicia Sánchez Camacho que no declara 92.000 euros a Hacienda porque "es un pago del partido") pero en ningún caso se les pasa por la cabeza hacer lo único digno que cabe en estos casos: dimitir.
Al parecer, Rajoy cobró unos 200.000 euros de sobresueldo en 2011, el mismo año en que decía a un ciudadano que él tenía que mirar su cuenta a fin de mes porque lo necesitaba, igual que Aguirre sostuvo en cierta ocasión que no llegaba a fin de mes. Eso es lo que los castizos llaman morro. Tan justo iba Rajoy que era la trama Gürtel quien presuntamente pagaba sus viajes a las Canarias igual que pagaba parte de la boda de la hija de Aznar. Así que lo asombroso no es solamente cómo la población no explota frente a un gobierno que la oprime sistemáticamente y la reprime sin miramientos pero carece de toda autoridad moral. Lo asombroso es que un gobierno y un partido compuestos por tal cantidad de presuntos corruptos, se mantengan en el poder.
