La España eterna.

Ignacio Ramírez de Haro, Trágala, trágala. El Español. Compañía Yllana. Director Juan Ramos Toro.
_____________________________

Fui a ver el espectáculo de Ignacio Ramírez de Haro con una mezcla de complicidad y envidia previas y a partes iguales. Complicidad pues, por cuanto llevaba leído en declaraciones del autor, mi coincidencia con su punto de vista acerca del destino trágico-cómico de nuestro país es total. Yo también creo, como él, que España es un desastre en cuanto Estado y nación a nada que la comparemos con las otras europeas y que ese desastre se origina en la dominación de una oligarquía ladrona, inútil, vendepatrias, reaccionaria y católica. Un país gobernado secularmente por curas y frailes, militares incompetentes, civiles ladrones y reyes disolutos y estúpidos no alcanza los mínimos necesarios para codearse en lo internacional con otros Estados que han sabido organizar comunidades nacionales libres, prósperas y de peso e importancia en el mundo.

La envidia venía producida porque llevo ya un par de temporadas convencido de que la crónica de este tiempo último nuestro no puede hacerse a través del reportaje ni de la crítica política o el ensayo histórico, sino que debe acometerse como una farsa, como un esperpento valleinclanesco. Es realmente bufo que, después de cuarenta años de una dictadura miserable, cruenta, cerril e inútil, hayamos concluido el círculo de la transición con una vuelta al dominio de la misma estirpe de imbéciles nacionalcatólicos, ladrones y fascistas que alimentaron aquel régimen criminal. Esta convicción me empujaba a vencer mi resistencia a meterme en un terreno extraño y estaba ya casi decidido a hacerlo cuando se estrenó la obra en comentario, Trágala, trágala, suscitando mi inquietud al ver que otro se me había adelantado.

¡Y qué otro! Un dramaturgo con experiencia y con una biografía que añade interés e intriga a su obra. Cuñado de Esperanza Aguirre, probablemente el ejemplo más acabado de esa oligarquía parásita nacionalcatólica y estúpida que lleva trescientos años destruyendo el país, ya estrenó hace diez una obra titulada Me cago en Dios en Madrid, siendo su pariente presidenta de la Comunidad. O sea, el autor va provocando. Y hace bien. Quizá sea la única forma de sacudir la modorra hispana, hecha del maridaje entre los curas de garrote, los señoritos parásitos, los fascistas y militares de opereta y un populacho embrutecido por el pan y toros y TV. Hoy, sobre todo, mucha TV. Así lo entiende precisamente esta Aguirre quien, habiendo organizado un canal de propaganda y ensalzamiento de su persona, de basura insoportable, regido por el favoritismo, el enchufismo, el clientelismo y la falta de dignidad de unos comunicadores dispuestos a lamer el suelo a cambio dinero, tiene el morro de decir que es una TV "plural". Están tan acostumbrados a que nadie les rechiste que dicen mentiras como pianos sin sonrojarse y sin molestarse en disfrazarlas. Una TV poblada de tipos como Sánchez Dragó, Hermann Terstch o Buruaga es tan neutral, independiente y de calidad como una Mesalina virgen o un tigre herbívoro.

Vista la obra, la complicidad se mantiene; la envidia, no. El modo de Ramírez de Haro de abordar el tema de las dos Españas no casa con lo que se me ocurre a mí. Coincido en el planteamiento general del autor, pero no en su forma de tratarlo. Mi último libro sobre La desnacionalización de España se refiere a alguno de los temas más significativos que el dramaturgo expone, como las citas del famoso artículo de Maçon de Morvilliers Que doit-on à l'Espagne? del siglo XVIII, cuando se pregunta qué cabe esperar de un pueblo que pide permiso a los frailes para pensar. También hay paralelismo en rechazar el discurso fantástico, demagógico y falso acerca de la guerra de independencia como crisol de la nación española. Precisamente, su cuñada ha sido siempre abanderada de esa versión barata, carnaza de patriotismo de señoritos ineptos, cuarto de banderas, clero trabucaire y populacho ignaro del surgimiento de la nación española en 1808. A su servicio despilfarró la ultraliberal nacionalcatólica abundantes recursos públicos para seguir con la patraña de que 1808 es el punto de encuentro entra las dos Españas, la tradicionalista, oscurantista de Trento y la liberal y progresista de Cádiz, una mentira en la que están interesados la oligarquía ultramontana de siempre y los débiles estamentos intelectuales que apenas se atreven a hablar y se callan felices cuando los privilegiados les conceden alguna canonjía, un nombramiento, un cargo, unos dinerillos, una columna en un periódico de postín en la aldea o voz en alguna de sus tertulias.

Breve digresión para que se vea hasta qué punto, en efecto, España es, desde todos los puntos de vista, una anomalía y un engendro. Recién nombrada directora de la Real Academia de la Historia (RAH) doña Carmen Iglesias, la institución dice ahora por fin, y gracias a ella, que, al contrario de lo que sostiene la correspondiente voz en su Diccionario Biográfico Nacional, Franco sí fue un dictador. Reflexiónese sobre este paso porque, en su aparente nimiedad, es la clave de la desgraciada historia del país. La RAH reconoce que Franco fue un dictador. Algo elemental, que saben hasta los niños de la Patagonia. ¿Hay algo que celebrar en ello? ¿No está la RAH diciendo una perogrullada? En la Patagonia, sí; aquí, no. La misma RAH imprimió, a grave costa del erario, un diccionario en el que la voz sobre Franco se encargó a un franquista redomado, un hombre de habitual buen juicio pero que, en tocándole al General, pierde el oremus y dice auténticos dislates sobre su adorado caudillo. O sea, la actual RAH no hace más que cumplir con su deber y se queda corta mientras que la anterior cometió la villanía habitual en estos pagos de doblegarse ante la mendacidad, el abuso y la estupidez nacionales. Cosa corriente en un país en el que los jueces están al servicio del poder político y el poder político al de la Iglesia católica. Un país en el que se persigue y reprime a la gente por exponer sus ideas y se premia con dineros generalmente producto del pillaje a políticos ladrones sin escrúpulos. Un lugar en el que empresarios sinvergüenzas labran su fortuna a base de enchufes, coimas, sobornos, estafas y de esclavizar la mano de obra gracias a un marco jurídico debidamente apañado por estos políticos serviles. Fin de la digresión. Tal es la situación actual y la de Fernando VII y esto es lo que el autor pretendía mostrar.

Pero yo no lo hubiera tratado de este modo. La obra se concentra en el reinado del Fernando VII el Deseado, al que presenta como un imbécil, traidor, cobarde, cruel y absolutista. Un Borbón. Nada que objetar. La abyección del país en manos de esta camarilla de truhanes e incompetentes, María Luisa de Parma, su marido Carlos IV, su amante Manuel Godoy y sus hijos, en especial este desecho de la condición humana que fue Fernando VII, es completa y el autor la expone sin concesiones. Si acaso, se queda corto. La historia se entrevera con continuas referencias a la situación actual para hacer verdad el dicho de que en España nada ha cambiado y que el país sigue regido por la Inquisición y la misma mentalidad cerrada de la época fernandina. Pero no creo que este juego con la máquina del tiempo esté conseguido. Al contrario, desmerece bastante. El hilo conductor de la reina Leticia narrando en directo los acontecimientos políticos de la guerra de 1808 -reiteradamente considerada como una guerra civil, cosa bastante cierta- es artificioso, injustificado y la actriz lo remata sobreactuando a cada paso. Es verdad que la acción general lo pide porque todo está visto bajo el prisma de la farsa, la burla y el esperpento, lo cual va bien con el absolutismo borbónico pero no acaba de cuajar porque también este aparece sembrado de chistes y parodias manidos y de escasa originalidad. La cuestión del priapismo del Borbón y la presencia del psicoanalista argentino son sencillamente inaguantables. La guinda la pone la presencia de un Pablo Iglesias Turrión que, sobre ser desafortunada, carece de toda razón de ser como no se trate de recordarnos la perennidad de la lamentable condición hispana.

La obra es una farsa, de acuerdo. Y en las farsas todo es desmesura. También de acuerdo. Y estridencia y burla. Siempre de acuerdo. Procacidad, rabelesianismo, burla y chirigota. Pero todo eso no está reñido con la originalidad, el ingenio, la innovación y el frescor de las ideas. Me temo que no sea el caso salvo algunas excepciones. La historia de Fernando VII y este miserable país del ¡Vivan las caenas! y el Lejos de nosotros la funesta manía de pensar, ambas expresamente citadas en la obra es suficientemente conocida, aunque no esté de más recordarla y recordársela a sus herederos. Pero eso es fácil. Más difícil es vincularla a la actualidad y tal es el punto débil de la obra porque no lo consigue. La aparición de Pablo Iglesias carece de sentido y toda la última parte de la pieza, a partir de la muerte del Deseado en La Granja, sobra,

Tengo mi explicación respecto a esta insuficiencia en la actualización del drama permanente de España y es que el autor queda superado por lo que enuncia pero no alcanza a comprender del todo. Tiene la valentía de decir al público que el grado de imbecilidad, tiranía y cerrilismo de la oligarquía española ha llegado a tal extremo hoy que España está a punto de desaparecer por desintegración territorial. Estoy de acuerdo con el aviso. La fantástica ineptitud de esta banda de ladrones que detenta el poder político, encabezada por un prodigio de estolidez, marrullería y corrupción que es Rajoy, ha conseguido destruir las escasísimas esperanzas que una timorata transición había hecho surgir de contar por fin con un país normal en Europa.

Pero aquí está la divergencia y no es menuda. El mayor riesgo de fragmentación de España viene, sin duda, del soberanismo catalán. Pero el tratamiento que Ramírez de Haro hace de él, sugiriendo que, en el fondo, es una variante del carlismo y, por lo tanto, profundamente hispánico, es en mi modesta opinión, errado y emparenta al autor con los nacionalistas españoles subgénero cínico, esto es, aquellos que quieren desactivar el movimiento soberanista acusándolo de ser justamente lo contrario de lo que es. El actual nacionalismo catalán es un proceso de recuperación no solo de la identidad colectiva de este pueblo sino también de su dignidad como personas en una sociedad libre, abierta, plural y tolerante. O sea, lo contrario de lo que es España.

Y si la rump Spain tiene alguna esperanza de no acabar yéndose por el sumidero de la historia a manos de esta oligarquía de imbéciles, más le vale que vaya aprendiendo de los catalanes en lugar de negarlos.

Cuando solo queda la desobediencia

"Cuando un gobierno encarcela a la gente injustamente, el verdadero lugar de un hombre justo es la cárcel." Eso decía Henry David Thoreau, teórico de la desobediencia civil, hace más de ciento sesenta años. Y así sigue siendo a día de hoy.

Cuando un gobierno injusto, tiránico y arbitrario reprime a la población, coarta sus libertades, la castiga con leyes desproporcionadas, confiscatorias e inicuas, cuando persigue la disidencia, trata de silenciar la protesta y de acallar las críticas, cuando ciega todo cauce de manifestación pacífica y suprime la libertad de expresión e información, a los ciudadanos no nos queda más remedio que recurrir a la desobediencia civil.

Cuando ese gobierno comete las iniquidades a fin silenciar toda manifestación de disconformidad frente a sus políticas rapaces, ladronas, esquilmadoras, que empobrecen a la ciudadanía, la despojan de sus medios de vida, la cargan con exacciones ficales abusivas e injustas, privan a la gente de su sustento diario, le arrebatan su vivienda y en no pocas ocasiones también la vida, los ciudadanos no tenemos otra salida que la resistencia pacífica, entre otras cosas porque este poder tiránico está armado hasta los dientes con los medios represivos que adquiere con el dinero de todos los contribuyentes. Probablemente no haya espectáculo más repugnante que esos policías antidisturbios pateando bestialmente a ciudadanos indefensos que son quienes, con sus impuestos, pagan los salarios de esos animales coceadores.

Además de tantas iniquidades el gobierno es ilegítimo de origen y ejercicio, carece de todo crédito y autoridad moral al estar dirigido por un embustero compulsivo y sospechoso de corrupción y compuesto por ministros posiblemente tan corruptos como su jefe así como apoyado en un partido que, según los papeles a disposición del juez, es más una banda de malhechores que un verdadero partido. Por todo ello, la desobediencia a esta iniquidad es, además de una actitud ética, también estética. Que no se nos confunda a los ciudadanos con una banda de truhanes.

El ministro del Interior, miembro del Opus Dei, y más atento a los delirios de esta secta siniestra que al bien común de los ciudadanos, dice, con esa desfachatez que caracteriza a esta banda que su Ley Mordaza, pensada para amedrentar a la población, silenciarla e imponerle multas absolutamente desproporcionadas, confiscatorias mejora el derecho de manifestación. Es el mismo criterio, la misma falta desvergonzada de sinceridad y honradez que lleva a lo lacayos del diario ABC a sostener que, con su censura férrea y su trato de favor a los lameculos, La Moncloa ha devuelto la libertad de expresión a las ruedas de prensa.

Todo pura neohabla de esta asociación de presuntos malhechores que mienten cada vez que abren la boca. Mienten en el Parlamento (y al Parlamento), mienten a los jueces, mienten en los medios de comunicación, engañan y mienten sistemáticamente en sus declaraciones, a la par que agreden a insultan a los discrepantes.

En esas condiciones, ¿qué sentido tiene que los demás hagan como si el país no estuviera dominado por esta banda que lleva años robando y cumplan la función que les correspondería en el caso de que todo funcionara normalmente? ¿Qué sentido tiene que la prensa acuda a unas ruedas protagonizadas por un trilero que decide quién hace las preguntas e incluso las pacta de antemano para llevar las respuestas escritas pues él es incapaz de hablar sin chuleta? Ninguno, salvo que los periodistas quieran que se rían de ellos.

¿Qué sentido tiene que la oposición acuda a un parlamento que es un cuartel de obediencia cerrada al gobierno y en el que no le dejan cumplir función alguna en defensa de los intereses de los ciudadanos y, al contrario, se les convierte en objeto de injuria, cuando no de amenaza de agresión física, como ya ha intentado alguno de ellos, especialmente matonil y chulo? Ninguno, salvo justificar este remedo de democracia que no es sino una dictadura de hecho.

¿Qué sentido tiene que los ciudadanos cumplamos nuestras obligaciones cuando los gobernantes no cumplen las suyas? Y no solamente que no cumplan las ya mencionadas, sino ninguna.

Hemos de mantener nuestra dignidad ciudadana frente a los desmanes de un poder tiránico y arbitrario que, no teniendo suficiente con emplear a la fuerza pública como una partida de la porra al servicio de sus intereses, ahora se propone enrolar mercenarios privados, probablemente para "ajustar las cuentas" a los ciudadanos más críticos o díscolos. O sea, a los que tienen dignidad.

La desobediencia general y universal frente a la tiranía es la única salida.

(La imagen es una foto de Insumissia, con licencia Creative Commons).

El despotismo de la derecha.

La cosa es ya tan patente, tan manifiesta y descarada, que hasta la oposión socialista, habitualmente en babia, se ha dado cuenta. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, advertía a su tocaya y vicepresidenta del gobierno que no subestimen la fuerza de la ciudadanía que tiene derecho a manifestarse. Lo decía a propósito de esa Ley Mordaza preparada por los psicópatas del ministerio del Interior y del nuevo dislate de entregar el orden público a unos vigilantes jurados que bien pueden ser matones a sueldo de las mafias que se organicen como empresas. Pero, de haber tenido un poco más de perspectiva histórica, la socialista habría podido exponer su advertencia con mayor fuerza. En efecto, el delirio apandador,  expoliador, de esta asociación  con ánimo de delinquir que pasa por partido político (¡y de gobierno!) está tensando irresponsablemente la cuerda en una situación ya de por sí muy peligrosa.

Las dos revoluciones más importantes de la Edad Moderna, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789 comenzaron a causa de la tiranía y el despotismo del poder político en materia de impuestos. En los Estados Unidos, fue una sublevación contra la arrogancia del Parlamento británico que se creía legitimado para imponer gravámenes a las colonias sin consultarlas. En Francia fue una sublevación del Tercer Estado, la burguesía, los campesinos, los únicos que pagaban impuestos mientras que tanto la nobleza como la iglesia estaban exentas de ellos.

Lo mismo que sucede en España: un gobierno despótico y tiránico carga arbitrariamente todas las exacciones fiscales sobre las clases medias y los trabajadores de modo unilateral, sin debate alguno, por decreto, en una especie de frenesí confiscatorio. Entre tanto, la Iglesia no solamente no tributa sino que vive parasitariamente de los impuestos que pagan los sectores trabajadores. Igual que los ricos, quienes no solo no pagan (esa vergüenza de las SICAV ya clama al cielo), sino que defraudan sistemáticamente a Hacienda, evaden capitales a paraísos fiscales, se benefician de las amnistías otorgadas por un gobierno de mangantes y, encima, consumen los servicios públicos que pagamos los demás.

La impresión de injusticia, de despotismo y tiranía, empieza a ser insoportable. Por eso tiene razón la Soraya socialista, aunque ni ella misma sepa hasta qué punto: esta arbitrariedad, esta sensación de robo impune, de expolio, está alimentando una rabia y un odio que, como la presión en las marmitas, pueden estallar en algún momento. Se añade a ello una pública complicidad de los gobernantes con los delincuentes, cosa por lo demás natural porque son los mismos. Si un cargo público del PP defrauda, roba, cosa que pasa con frecuencia, su partido y gobierno obstaculizan la acción de la justicia, destruyen pruebas, si necesario es persiguen al juez y, si, a pesar de todo, no consiguen evitar que el ladrón sea condenado, lo indultan. Como se aprestan a hacer con el delincuente Matas y el delincuente Hernández Mateo, ex-alcalde del PP de Torrevieja.

Cuando la presunción de delincuencia se cierne sobre alguna persona del entorno real, como la infanta Cristina, ya es todo el Estado, desde la Fiscalía hasta el ministerio de Hacienda y la abogacía del Estado, el que se moviliza para impedir la acción de la justicia y que las fechorías de las personas reales queden impunes, como lo están las de los ricos (¿hay algún banquero, de esos que han robado cientos de millones con las preferentes y otros timos trileros, en la cárcel?) o las de los curas.

Conscientes estos gobernantes ilegítimos, ellos mismos sospechosos de ser tan corruptos como los corruptos a los que persigue la justicia, de que la situación está poniéndose peligrosa, tratan de promulgar normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias, como la mencionada Ley Mordaza para  aterrorizar a la población confiscando sus bienes si se le ocurre ejercer sus derechos constitucionales y permitiendo que estas arbitrariedades las cometa la policía, sin ningún tipo de garantía ni protección de los tribunales pues ya el hipócrita ministro del Interior se ha ocupado de poner las tasas judiciales fuera del alcance de los posibles recurrentes. Vía libre a la policía para que actúe a su antojo en la calle, hostigando, amedrentando a los ciudadanos, crujiéndolos a palos y a multas, actuando como bandas de matones con absoluta impunidad.

Y como esto les parece poco, ahora privatizan estas tareas autorizando a los vigilantes privados a las órdenes de ciudadanos particulares a identificar y detener viandantes en espacios públicos. En estas condiciones ¿quién puede estar seguro? ¿Qué impide al amigo Mayor Oreja, propietario, al parecer, de una empresa de seguridad y directo beneficiario de esta nueva atrocidad, ordenar a sus asalariados que vayan por la calle deteniendo a todos aquellos a quienes tenga ojeriza? 

Y lo que me extraña es que el gobierno se limite a esta nueva provocación y, ya puestos, no faculte a los seguratas para imponer asimismo multas de 600.000 euros. Al fin y al cabo un paso más en el objetivo obvio de este gobierno consistente en oprimir a la población, amedrentarla y confiscarle sus medios de vida. 

No se extrañen estos sujetos, incluidos los socialistas, que no se enteran gran cosa, si en algún momento pasa algo gordo.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

¿Qué hacer frente a la tiranía?

En homenaje a Jorge Arsuaga, de Bilbao, en huelga de hambre por considerar que el gobierno es ilegítimo; y a quienes la hacen y hagan con él.

---

La ilegitimidad del gobierno es, en efecto, clamorosa. Lo sabemos todos. Empezando por el mismo gobierno. Se trata de una ilegitimidad de origen porque su partido ganó las elecciones engañando y mintiendo sobre sus verdaderas intenciones, traducidas luego en lo contrario de su programa electoral y porque, además, las ha ganado presuntamente con trampas, con juego sucio, mediante financiación ilegal, en una situación de vergonzoso ventajismo quizá delictivo.

Es también abrumadora la ilegitimidad de ejercicio. Rajoy gobierna autoritariamente, por decreto, sin someterse al control parlamentario ni rendir cuentas a la opinión pública a la que oculta todo cuanto es relevante y tiene que ver con él y sus políticas que, sin embargo, explicita en términos crudos en el extranjero. Se vale para ello de un control total, asfixiante de los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los privados y todos los públicos bajo su dominio, con la misión de censurar la información, escamotearla, embellecer la acción del gobierno y denigrar la de la oposición. No hay diferencia entre los tertulianos mercenarios de la derecha en los medios privados y los de los públicos, que suelen ser los mismos.

Correspondientemente, tiene bloqueado el Parlamento, dedicado por mayoría a silenciar y ningunear la oposición y aplaudir todo lo que haga o diga el gobierno. De igual modo interfiere permanentemente en la acción del poder judicial, ya sea manipulando la composición de sus órganos u obstruyendo de muy diversos modos la acción de la justicia.

Su relación con la ciudadanía es despreciativa, arrogante, autoritaria, casi fascista. Tanto el presidente como sus ministros o cargos del partido se niegan a hablar, a dar explicaciones o mienten sin sonrojo y se niegan a retractarse de sus mentiras o, simplemente, difaman. Al mismo tiempo reprimen con mano dura -cada vez más dura- toda manifestación de descontento, crítica o disenso, bien por la vía penal (Gallardón acaba dejando el código en un tiempo anterior a Beccaria) o por la vía policial. La política de orden público está sesgada en la represión ideológica de la protesta de la izquierda por medios violentos, hostigadores, intimidatorios, mientras tolera (si no ampara) las provocaciones fascistas callejeras o de sus propios alcaldes.

La invocación de la mayoría, el único recurso -mecánico- del gobierno frente a la crítica es falaz. Ya no hay tal mayoría. La ha perdido. La obtuvo para otra cosa; no la ha hecho y la ha perdido. Y aunque la conservara, ¿no es posible a la par que odiosa una tiranía de la mayoría? Y no es el caso, insisto. Si se invoca la mayoría, convóquense elecciones anticipadas, ahora que ya se sabe qué pretende cada cual y veamos si la mentira, el engaño, obtienen mayoría.

Este gobierno ilegítimo no deja resquicio al discurso, ni lo respeta; no dialoga; impone sus criterios -a los que el mismo Rajoy llama radicales- a la fuerza; insulta y amenaza. Así las cosas, la huelga de hambre de Jorge Arsuaga no solo es respetable sino encomiable. Cuando un poder tiránico no deja salida alguna fuerza es recurrir a lo único que nos queda, nuestra dignidad y nuestra vida misma. Somos, quiero creer, muchos quienes simpatizamos con el gesto de Jorge, impresionados por las consecuencias que pueda tener para él, y que lo secundaríamos. Si no lo hacemos es por una serie de razones comprensibles y también respetables: somos mayores, o tenemos familia, o estamos enfermos, o sencillamente, no nos atrevemos.

Pero todos aquellos que decimos simpatizar con Jorge estamos obligados a manifestarlo y hacer algo por apoyarlo (y, de paso, a nosotros mismos) en su línea. No todos podemos ir a una huelga de hambre pero si cada cual busca en su vida, en sus condiciones de existencia, seguro que puede hacer (o dejar de hacer) algo para evidenciar su crítica, su oposición a esta tiranía de forma activa, pacífica y legal; al menos de momento. Es un acto individual, pero convoca a millones. Carece de sentido criticarlo porque pueda distraer de la acción colectiva. En absoluto. Cada una va por su cauce y la acción colectiva bien puede tomar ejemplo de la de Jorge. Tenemos que defendernos y, con nosotros, la dignidad de la democracia, pues no hay tal en un gobierno tiránico, oligárquico, bajo fuerte sospecha y acusación en sede judicial de organizarse al margen de la ley durante veinte años. Un gobierno con un sonsonete: que la ley se cumple; pero solo cuando la hace él.

Es palmario a la vista de la bochornosa sesión parlamentaria de ayer. La vicepresidenta no solo no se retractó de su triple infamia sobre los parados sino que añadió otra falsa acusación al ex-ministro Valeriano Gómez. Y luego llevó su arrogancia, su desprecio al Parlamento y su chulería al extremo de ausentarse en el turno de réplica, cuando dicho ministro pudo por fin defenderse y dar un claro mentís, tras forcejear dialécticamente con la presidencia de la Cámara que quería acallarlo.

¿Cuántos desplantes y atropellos, cuantos desprecios, abucheos y ninguneos está la oposición dispuesta a soportar en un Parlamento en el que se la bloquea y silencia, antes de realizar un acto como el de Jorge? ¿Cuánto tiempo más va a estar haciendo el juego a una derecha que instrumentaliza el Parlamento para sus fines autocráticos antes de denunciar la situación y retirarse al Aventino?