La cosa es ya tan patente, tan manifiesta y descarada, que hasta la oposión socialista, habitualmente en babia, se ha dado cuenta. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, advertía a su tocaya y vicepresidenta del gobierno que no subestimen la fuerza de la ciudadanía que tiene derecho a manifestarse. Lo decía a propósito de esa Ley Mordaza preparada por los psicópatas del ministerio del Interior y del nuevo dislate de entregar el orden público a unos vigilantes jurados que bien pueden ser matones a sueldo de las mafias que se organicen como empresas. Pero, de haber tenido un poco más de perspectiva histórica, la socialista habría podido exponer su advertencia con mayor fuerza. En efecto, el delirio apandador, expoliador, de esta asociación con ánimo de delinquir que pasa por partido político (¡y de gobierno!) está tensando irresponsablemente la cuerda en una situación ya de por sí muy peligrosa.
Las dos revoluciones más importantes de la Edad Moderna, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789 comenzaron a causa de la tiranía y el despotismo del poder político en materia de impuestos. En los Estados Unidos, fue una sublevación contra la arrogancia del Parlamento británico que se creía legitimado para imponer gravámenes a las colonias sin consultarlas. En Francia fue una sublevación del Tercer Estado, la burguesía, los campesinos, los únicos que pagaban impuestos mientras que tanto la nobleza como la iglesia estaban exentas de ellos.
Lo mismo que sucede en España: un gobierno despótico y tiránico carga arbitrariamente todas las exacciones fiscales sobre las clases medias y los trabajadores de modo unilateral, sin debate alguno, por decreto, en una especie de frenesí confiscatorio. Entre tanto, la Iglesia no solamente no tributa sino que vive parasitariamente de los impuestos que pagan los sectores trabajadores. Igual que los ricos, quienes no solo no pagan (esa vergüenza de las SICAV ya clama al cielo), sino que defraudan sistemáticamente a Hacienda, evaden capitales a paraísos fiscales, se benefician de las amnistías otorgadas por un gobierno de mangantes y, encima, consumen los servicios públicos que pagamos los demás.
La impresión de injusticia, de despotismo y tiranía, empieza a ser insoportable. Por eso tiene razón la Soraya socialista, aunque ni ella misma sepa hasta qué punto: esta arbitrariedad, esta sensación de robo impune, de expolio, está alimentando una rabia y un odio que, como la presión en las marmitas, pueden estallar en algún momento. Se añade a ello una pública complicidad de los gobernantes con los delincuentes, cosa por lo demás natural porque son los mismos. Si un cargo público del PP defrauda, roba, cosa que pasa con frecuencia, su partido y gobierno obstaculizan la acción de la justicia, destruyen pruebas, si necesario es persiguen al juez y, si, a pesar de todo, no consiguen evitar que el ladrón sea condenado, lo indultan. Como se aprestan a hacer con el delincuente Matas y el delincuente Hernández Mateo, ex-alcalde del PP de Torrevieja.
Cuando la presunción de delincuencia se cierne sobre alguna persona del entorno real, como la infanta Cristina, ya es todo el Estado, desde la Fiscalía hasta el ministerio de Hacienda y la abogacía del Estado, el que se moviliza para impedir la acción de la justicia y que las fechorías de las personas reales queden impunes, como lo están las de los ricos (¿hay algún banquero, de esos que han robado cientos de millones con las preferentes y otros timos trileros, en la cárcel?) o las de los curas.
Conscientes estos gobernantes ilegítimos, ellos mismos sospechosos de ser tan corruptos como los corruptos a los que persigue la justicia, de que la situación está poniéndose peligrosa, tratan de promulgar normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias, como la mencionada Ley Mordaza para aterrorizar a la población confiscando sus bienes si se le ocurre ejercer sus derechos constitucionales y permitiendo que estas arbitrariedades las cometa la policía, sin ningún tipo de garantía ni protección de los tribunales pues ya el hipócrita ministro del Interior se ha ocupado de poner las tasas judiciales fuera del alcance de los posibles recurrentes. Vía libre a la policía para que actúe a su antojo en la calle, hostigando, amedrentando a los ciudadanos, crujiéndolos a palos y a multas, actuando como bandas de matones con absoluta impunidad.
Y como esto les parece poco, ahora privatizan estas tareas autorizando a los vigilantes privados a las órdenes de ciudadanos particulares a identificar y detener viandantes en espacios públicos. En estas condiciones ¿quién puede estar seguro? ¿Qué impide al amigo Mayor Oreja, propietario, al parecer, de una empresa de seguridad y directo beneficiario de esta nueva atrocidad, ordenar a sus asalariados que vayan por la calle deteniendo a todos aquellos a quienes tenga ojeriza?
Y lo que me extraña es que el gobierno se limite a esta nueva provocación y, ya puestos, no faculte a los seguratas para imponer asimismo multas de 600.000 euros. Al fin y al cabo un paso más en el objetivo obvio de este gobierno consistente en oprimir a la población, amedrentarla y confiscarle sus medios de vida.
No se extrañen estos sujetos, incluidos los socialistas, que no se enteran gran cosa, si en algún momento pasa algo gordo.
(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).
