Remake

Pero, gentes desmedidas y atolondradas, ¿aún no habéis entendido que no hay crisis en Cataluña sino crisis en España? Buscad información. Leed prensa extranjera; mirad las televisiones mundo adelante; hablad con periodistas, políticos afuereños.

Es una crisis de España por una sencilla razón: así como la parte catalana del conflicto tiene una mayoría parlamentaria para un proyecto claro con amplio apoyo popular, la española carece de ambas cosas. No hay acuerdo de mayoría parlamentaria, como en Catalunya. Es extraordinariamente difícil que la propuesta de referéndum de Sánchez salga adelante en el parlamento, por no decir imposible, salvo que se dé la siguiente negociación: se propone un nuevo estatuto elaborado directamente por el Parlamento español. El Parlament catalán no tiene por qué intervenir pues es mayoritariamente partidario de la independencia. Luego, el Estatuto se presenta a votación de los catalanes en un referéndum con dos opciones: 1ª) el estatuto; 2ª) la independencia.

Es posible que, de seguir en ánimo dialogante, se pueda llegar a un compromiso de ese tipo. De momento, parece impensable y, desde luego, no cuenta con un apoyo social español apreciable. Ya solo la propuesta de un nuevo Estatuto en este conflicto resulta revolucionaria. Pero es revolucionaria como el romanticismo cuando volvía a la edad de la caballería andante. No es el estatuto el que está desfasado; es el mismo marco estatutario; es lo que llaman los constitucionalistas el "bloque de constitucionalidad". Tiene poco gancho salir prometiendo una rodela nueva cuando las normas del duelo han cambiado y lo que está en cuestión es el encaje de Catalunya en un Estado español por muy autonómico que sea.

 ¿No quedábamos en que el mito del eterno retorno era eso, un mito y que salvo Nietzsche, nadie daba la lata con él? Y esa es la idea que parece estar tras la propuesta: dar vueltas a la noria. Déja vu, dicen los viajados, remake los cinéfilos. Hasta habrá quien se acuerde de Marx y lo de la repetición en la historia, tragedia/farsa. 

La única posibilidad de  que esta propuesta salga adelante en el Congreso es la mencionada de que vaya acompañada de un compromiso de celebración de un referéndum vinculante en el que los catalanes puedan elegir entre la vía estatutaria o la de la independencia. Pero es solo vislumbrar esa posibilidad y que la derecha se cargue de razones para acusar a Sánchez de vender a la patria, desmembrar a España, entregársela a los filoetarras, indepes, terroristas y nazis supremacistas. Con ello pondrá en marcha su máquina favorita de pedir elecciones. En realidad, si no las ha pedido ya es porque los dos partidos estaban descabezados, el PP por falta de cabeza visible y C's por ser cabeza conmocionada. 

El bloque de la izquierda más los indepes puede resistir la presión y aguantar el gobierno unos meses mientras formula un proyecto en un tiempo razonable con una oferta explícita de una fórmula de articulación entre España y Cataluña. Y esa oferta se enfrentaría en referéndum a la de la independencia. Aunque parezca mentira, la oferta española tendría mucho gancho en el electorado catalán sobre todo si presenta un proyecto de estatuto que reconozca a Cataluña su condición de nación, así como el derecho de autodeterminación, ejercitable previo breve aviso mediante referéndum con mayoría absoluta. 

No obstante, sigo creyendo que la opción independentista saldría victoriosa por una razón de antes y otra de ahora. La de antes: las opciones estatutarias están ya descontadas por más audaces y originales que sean. Es la idea misma de estatuto, de inferioridad de rango legal lo que aquí se cuestiona. La razón de ahora es que el bloque independentista parte de un mandato popular formulado el 1-O y refrendado el 21 de diciembre cuyo horizonte es la República independiente. Ese bloque está en un proceso político muy complicado, de poder dual en España y reacomodo institucional en Catalunya. Existe la posibilidad de reponer a Puigdemont en la presidencia de la Generalitat. Hágase y lo más probable es que se ponga en marcha un proceso constituyente de la República Catalana. 

155. Entran los duros

Con su acostumbrado garbo y contundencia en el decir, el compañero Guerra ha instado a recurrir sin más al artículo 155 CE. No a pensar en la posibilidad de hacerlo sino a aplicarlo directamente, suponiendo que ello equivale a la suspensión de la autonomía catalana. Es mucho suponer porque el tal artículo no quiere decir nada al limitarse a prever que el Estado impartirá las órdenes oportunas para que las CCAA que se aparten de la legalidad o el bien común se retracten. Pero eso no le importa a Guerra. Lo suyo no es proponer algo viable desde el punto de vista de la legalidad sino dar un puñetazo sobre la mesa, cerrar el debate de una vez por todas. Es un gesto autoritario y un desaire al independentismo catalán, cada vez más crecido precisamente a cuenta de estas intemperancias.

No hay gran diferencia entre el ultimátum de Guerra y los desprecios de la vicepresidenta del gobierno al considerar que la independencia es una “matraca” y que hay que acabar ya con ese “rollo”. La paciencia de la nación española frente a la catalana es brevísima, tanto en la versión nacional-católica del gobierno como en la liberal-doceañista de la oposición. Ya está bien, hombre. Aquí no hay más nación que la española y las demás son “matracas” que deben suspenderse sin miramientos.

El PSOE ha iniciado su nueva andadura propugnando una problemática plurinacionalidad de contenido necesariamente impreciso. Pero, por impreciso que sea, no es compatible con la práctica de suspender una autonomía de entrada, aquella, además, con un perfil más acusadamente nacional y en cuya virtud se ha incorporado el concepto y se propone reformar la Constitución.

La Comisión Ejecutiva ha desautorizado la bravata de Guerra por considerarla “cruenta”. Curioso adjetivo que da una pista de los derroteros mentales de quienes se enfrentan al problema desde el nacionalismo español. Por supuesto, el desautorizado habrá montado en cólera, comprobando así cuánto han perdido él y los suyos con el resultado de las primarias.

Sin duda es una ventaja que el PSOE, aun respaldando la acción del gobierno en lo que considera que son asuntos de Estado (básicamente Cataluña), trate de diferenciarse y de aportar soluciones alternativas a la estrategia del choque de trenes del PP. Y eso requiere “soluciones imaginativas”, como sugiere Enric Juliana, muy preocupado porque la negativa cerrada y la represión hagan aumentar el porcentaje de apoyo a la independencia entre la población.

Sin embargo, llama mucho la atención el sorprendente propósito de recurrir a la comunidad internacional en caso de que el gobierno aplique el artículo de marras. La “comunidad internacional” es un enunciado tan impreciso como el de la “plurinacionalidad”. En primer lugar, es necesario saber ante qué instancia concreta se presentará el caso: la ONU, la UE, el TIJ y, en segundo, quién en concreto lo presenta, con qué competencia y qué perspectivas.

Desde el punto de vista político, la “externalización” del artículo 155 viene a coincidir con la política de internacionalización del conflicto que lleva a cabo la Generalitat, de forma que el PSOE incurre en una curiosa contradicción: apoya al gobierno en su política represiva, de negación del referéndum e internacionalización del conflicto y, por otro lado, la promueve él mismo.

No obstante, estas contradicciones no son graves. Al contrario, son de esperar cuando quienes llevan años ignorando un problema, descubren de pronto que tiene dimensiones capaces de poner en riesgo su supervivencia. Interviene entonces el instinto de conservación. Y el instinto de conservación es ciego. Lo sensato no es evitar las contradicciones sino atinar con la solución justa e “imaginativa”.

Y esta es muy sencilla. El NYT trae un editorial dictado por el pragmatismo yanqui en el que se pronuncia por la celebración del referéndum y recomienda votar “no”. Más o menos, lo mismo que propugna Podemos. Y, como no será fácil descubrir lazos entre el NYT y la formación morada, será cosa de concluir que la celebración del referéndum catalán no es algo absurdo, ni demoníaco, ni ilegítimo, sino una posibilidad razonable. No se entiende por qué no la hace suya el PSOE cuando es perfectamente compatible con alguno de los sentidos de la plurinacionalidad.

Si la objeción es exclusivamente referida a la legalidad, basta recordar que “allá van leyes do quieren reyes”. Para que algo sea legal, basta con que el legislador lo haga legal. El legislador no puede convertir lo ilegítimo en legítimo, pero sí lo ilegal en legal. Está para eso.

El morro de la condesa.

Esperanza Aguirre es un ejemplo de manual de cómo entiende la política una representante de la oligarquía franquista más reaccionaria y sin escrúpulos. Esta achulapada señora, que tiene de señora lo que Palinuro de obispo, lleva treinta años en política, según ella misma dice; una política hecha de demagogia, falsedades, desplantes, provocaciones, mendacidades y corruptelas. Es trasparente su convicción de que la gente somos una manada de estúpidos a quienes cabe colocar cualquier embuste y engañar sin ningún problema y que si, por malaventura, se ve obligada a explicar sus actos lo hace con la impaciencia, la altanería, la displicencia y la irritación de quien, dedicada a excelsas empresas, se ve molestada por las inquinas y pequeños recelos de la vulgar gentecilla del común.

Debe de ser uno de los ejemplos más acabados de esta clase dominante nacionalcatólica de siempre que ha causado también de siempre la decadencia y la ruina de España, su notorio fracaso como Estado moderno y nación viable.

Dice la buena mujer que no va a dimitir por dos nombramientos que le han salido rana. Como siempre, desprecio absoluto a quienes se dirige y que son quienes pagan su salario: no son dos nombramientos, sino muchos más; no le han salido "ranas" sino buitres, hienas, sapos, urracas y demás faunas. Como siempre, trata de deslizar sus mentiras en excusas dicharacheras, propias de su temperamento real de verdulera de zarzuela, que lo borda.

No, señora, usted no debe dimitir por dos nombramientos; usted debe dimitir porque es usted la quintaesencia de la corrupción de Madrid. Véalo:

I.- Debe usted su cargo de presidenta al más bochornoso episodio de corrupción que ha dado la Comunidad Autónoma, el llamado Tamayazo. Sostiene usted haber salido limpia de él, pero eso es falso: la fiscalía, por entonces, como ahora, genuflexa ante el gobierno, no investigó nada y una comisión parlamentaria concluyó que no había nada irregular en el tal Tamayazo. Esa comisión estaba presidida por Granados, el rana y, por tanto, es otra corrupción más por la que debe usted dimitir.

II.- Se ha mantenido en el cargo ganando elecciones financiadas de modo presuntamente ilegal a través de esa fundación FUNDESCAM de la que usted ha querido desvincularse sin conseguirlo, que se nutría sobre todo de las aportaciones de sus grandes amigos los empresarios supuestamente corruptos, estilo Díaz Ferrán o Arturo Fernández, uno ya en el talego y el otro en trámites.

III.- Está usted relacionada, quiera o no, con una trama de espionaje entre sus delfines del gobierno, en la que unos de estos, los más presuntamente sinvergüenzas, utilizaban recursos públicos de todo tipo para espiar los secretos de otros, publicarlos y hacerles así la vida imposible. A esta corruptela de neorrealismo italiano la llamaban la gestapillo.

IV.- Toda su gestión es estructuralmente corrupta. Usted lo disfraza con sus necedades doctrinales de carácter neoliberal sobre las excelencias de la privatización y los inconvenientes de los servicios públicos a los que usted descapitaliza, arruina y difama al extremo de insultar a los trabajadores y funcionarios acusándolos de comportamientos que solo demuestran que usted gobierna sin tener ni idea de la realidad que gobierna, como cuando reprocha a los profesores de la educación pública unos horarios de trabajo de los que ignora usted todo.

V.- Asegura usted no haber sabido nada del lodazal de corrupción, robo, expolio y rapiña que ha sido su gobierno en todos sus órdenes, pero son abundantes los testimonios de quienes denunciaron los hechos y le hicieron llegar varias veces cumplida información de lo que estaba pasando en su jurisdicción sin que usted acusara jamás recibo, se dignara recibir a los denunciantes o iniciara medida alguna no ya para poner fin al expolio general, sino para investigarlo. Obviamente, no podía porque estaba usted tan pillada en la podredumbre como las ranas de su charca.

VI.- Dice usted que no tiene que dimitir porque no se ha llevado usted un duro y no ha favorecido a sus amigos. En cuanto al duro, supongo que no, ya que es usted acaudalada, aunque en el colmo de la más delirante y estúpida demagogia llegara usted a afirmar que le costaba llegar a fin de mes. Mentira que, por cierto, le copió su archienemigo Rajoy, a quien también priva mucho insultar a la gente de escasos medios.

 

VII.- Lo de los amigos es otra cosa: lo único que ha hecho en su gobierno ha sido favorecer a sus amigos y castigar a los adversarios o simplemente indiferentes. Ha negado usted subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo dirigidas por gentes con las que no simpatizaba y las ha acumulado sobre las asociaciones afines y amigas. Ha negado usted licencias de televisión y radio a empresas indiferentes o neutras para concedérselas a las de sus amigos, especialmente si se trataba de esa vergüenza pública llamada Losantos, a su vez financiado en negro por otras instancias de su propio partido. Licencias, dineros y favores que han repartido ustedes, especialmente usted, como maná del cielo a cambio de constituir una corte de aduladores, propagandistas, censores y embusteros a su servicio que, por supuesto, han podido enriquecerse gracias a usted. El ejemplo más obvio, Telemadrid, en donde usted ha empleado los dineros públicos para instalar pesebres de oro para sus incondicionales, estilo Tertsch, que cobraba una pasta al minuto, o el insoportable Sánchez Dragó con un espacio de risa que no veía nadie pero del que sacaba pingües ganancias.

VIII.- Debe usted dimitir porque su comportamiento con el pueblo llano al que dice representar, sean civiles o no, es altanero, faltón, insultante, agresivo y malintencionado.

Debe usted dimitir porque, aparte de sus nombramientos, es usted una persona sin escrúpulos y sin principios, ejemplar destacado de esta ópera bufa de corrupción, granujería, desvergüenza y robo en que usted y su partido han convertido la política de este país, en la que tiene un papel destacado entre los Aznar, los Rajoy o las Cospedal, aunque no haya usted cobrado sobresueldos en negro como, al parecer, han hecho los otros.

Deje de echarle morro, aunque tiene usted un rato largo, y dimita de una vez. Por corrupta.

El caso Pujol.

Hay algo dramático en esta peripecia de Pujol ya en la parte final de su biografía. ¡Cuánta razón tenían los griegos cuando insistían en que nunca se diga de alguien que fue feliz hasta que haya muerto! No está claro que el ex-presidente de la Generalitat se sienta personalmente infeliz. Pero sí parece que por tal lo tendrá la opinión pública y la memoria colectiva en los tiempos venideros. La experiencia dice que en muchas ocasiones lo que más se recuerda de las gentes es lo que hicieron mal y no lo que hicieron bien. Pujol pudo serlo todo y, hasta cierto punto, lo fue. Algún libro lo llamaba El Virrey. Pero defraudó la confianza depositada en él y su figura se vino abajo. Actualización de una especie de Más dura será la caída.

A primera vista podría parecer injusto, ya que no está bien que un fallo destruya la obra de una vida. El problema es que es un fallo, sí, pero continuado, un fallo de treinta años, sostenido, ocultado, compartido con la familia con arreglo a un programa, un plan deliberado. Ahí reside lo malo del asunto: en ser un posible delito continuado; prescrito total o parcialmente o no es aquí irrelevante. Y aunque no hubiere delito, Pujol defraudó la buena fe de sus conciudadanos de modo deliberado, permanente, con ánimo doloso. Es un caso de doble vida, como la de esos personajes de las novelas de Simenon u otros relatos policiacos, de gentes que son una cosa por el día y otra por la noche; Molt honorable a la luz del sol y defraudador a la de la luna. Esa dualidad del médico Pujol caracterizó su vida oculta y dado que comenzó hace treinta años, con la herencia de un curioso abuelo, es obvio que la inició por su cuenta y, quizá, la de su mujer, e incorporó luego a sus hijos, según fueron creciendo. Un roman fleuve, unos Thiebaut, Rougon-Macquart, Brudenbrooks en catalán catalanista.

Muy literario. Y terrible. Pujol representó durante más de veinte años el Estado en Cataluña. Era el pequeño pero todopoderoso Pujol. David hecho Goliat por la voluntad democrática nacional de los catalanes. Por eso tocó a rebato envuelto en la senyera e invocó los sagrados derechos de Cataluña cuando los aviesos poderes centrales quisieron hurgar en sus tejemanejes en Banca Catalana. Sus compatriotas lo siguieron. Los centrales se achantaron, temerosos de ver un San Jordi alanceando el dragón español. O quizá cómplices, volvemos sobre esto más abajo.

Pujol era  todo, hasta tenía estatuas y su confesión ha provocado una conmoción quizá análoga a la que provocara en su día la caída del coloso de Constantino o de Ramsés II, aunque de este no tengo claro si cayó. Un terremoto que ha afectado a los dos sistemas políticos, el catalán y el español. El impacto en el catalán se echa de ver en el enfrentamiento por la comparecencia parlamentaria del Molt Ex-Honorable: ERC, PP, Ciutadans y las CUP quieren que sea ipso facto, CiU, PSC-PSOE y, creo, EU, admiten aplazamiento. Los primeros amenazan con una comisión de investigación. En el fondo, hay un intento de dirimir el asunto en clave catalana, provocando un cambio en las relaciones del sistema de partidos y permitiendo un sorpasso de CiU por ERC, al convertir el fraude pujoliano en política deliberada del nacionalismo burgués; un intento de hegemonizar el soberanismo bajo la teoría de que los nacionalistas burgueses no conocen más patria que el dinero. Todos recuerdan ahora las mordaces pero crípticas referencias de Pasqual Maragall al "problema del 3 por ciento" que resultó ser, según se dice, del 5 por ciento. Mordida precio fijo. Pero, ¿serán capaces de admitir que todos tienen responsabilidad cuando menos por negligencia sino por incumplimiento de taxativos deberes legales y morales de denunciar las corruptelas? Aplazamos la respuesta a la que se produzca en España.

El impacto en el sistema español también ha sido considerable y, por si hubiera duda, ya se ha encargado el ministro Montoro de patear los higadillos del ex-president, hablando de posibles delitos. La cuestión es la misma que en Cataluña: si todos, o  muchos y en posiciones de poder, sabían; si de Madrid partió la orden de investigar Banca Catalana y de Madrid también la de abortarla en tiempos de González; si Rajoy era conocedor desde el año 2000 ¿cómo nadie hizo nada? ¿Cómo el fiscal Villarejo, hoy en Podemos, no actuó? Los españoles, ¿temían que Pujol incendiara la marca cataláunica o, como se insinuaba más arriba, tenían un pacto de silencio con la corrupción pujoliana? Podría parecer una exageración pero, si se tiene en cuenta la firme voluntad de los dos partidos dinásticos y la mayoría de los medios de comunicación de sofocar todo debate público sobre el comportamiento de la Casa Real, no se verá como tal. Y menos si comprobamos su compromiso de blindar todas las instituciones en nombre de la estabilidad, desde los órganos cuya composición determinan (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, etc), hasta sus propias organizaciones partidistas y sus comportamientos ilegales. Hoy por ti, mañana por mí. Cataluña no se toca. Y menos CiU, catalanes bien criados que siempre apoyan al partido de turno que esté en mayoría relativa, aunque a cambio de substanciosos bocados y de hacer la vista gorda. Business as usual en un sistema político caracterizado por la corrupción.

Pero el escándalo Pujol ha estallado en un momento en que los business son todo menos usual. Rumores hay de que el ex-president ha confesado forzado y bajo amenaza, como también de que Juan Carlos I dimitió obligadamente. Que ahora aproveche para divorciarse de su señora es algo que solo interesa a los cotillas de la Corte. Obligar a cantar a Pujol, se dice, se hace con ánimo de torpedear el proceso soberanista: la independencia es una cosa de ladrones, asunto de pelas. Pujol es el nacionalismo; Pujol es un sirvengüenza; luego el nacionalismo es cosa de sinvergüenzas. Mas se apresuró a definir la conducta de Pujol como de ámbito estrictamente privado. Al quite salió la inevitable Cospedal afirmando lo contrario: Pujol es Cataluña y Catalunya ens roba. No lo diría jamás en catalán, pero porque le falta salero. Cierto, el fraude pujoliano no es privado porque lo cometió como cargo público y el más alto de la Comunidad. Pero de esto los conservadores no pueden hacer causa porque ellos llevan veinte años haciendo prácticamente lo mismo y, por cierto, de forma más descentralizada que el jacobino Pujol, pues han repartido los beneficios para los que se habían asociado entre diversas comunidades autónomas, municipios, relevantes cargos del partido, cargos públicos en general y hasta gobernantes.

Concedido, no obstante, este argumento es inválido porque reitera un y tú más. No, el argumento es que el caso Pujol, que afecta, desde luego, a la Generalitat como institución y a CiU como coalición partidista, no afecta al proceso soberanista en sí. Aquellas pueden haber organizado una red para delinquir, por lo demás como, se dice, ha hecho el PP allí en donde gobierna, pero eso no tiene nada que ver con un resurgir del sentimiento independentista que viene de una movilización de la sociedad civil, precisamente la más interesada en acabar con la corrupción política imperante. En Cataluña y en España.

El próximo 11 de septiembre habrá una nueva manifestación de fuerza de esa movilización popular, transversal, interclasista y hasta interétnica. Las gentes que vayan a las "V" de la Diada en Cataluña y en el extranjero, y se supone que serán muchas, no son cómplices de Pujol. Son sus víctimas. Y por partida doble pues les ha robado el dinero y ha querido robarles la causa. 

Justo esto, el haber sido capaz de encontrar una causa que aglutine mayorías, da su fuerza al nacionalismo independentista porque le proporciona aquello que en la política, como en la guerra, tiene la mayor importancia: la iniciativa. Frente a él, el nacionalismo español carece de iniciativa, actúa a la defensiva y sin más recurso que la coerción y la amenaza de la violencia.

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Ayer me hicieron una entrevista para un digital anglosajón sobre asuntos españoles, llamado The Local. Spain's News in English titulada Catalonia could be the shock Spain needs. Obviamente, está en inglés, pero está muy bien hecha, muy profesional, y dice substancialmente lo que pienso. Es un poco tarde pero mañana la traduzco y la cuelgo en Palinuro.

España una, cincuenta y una y dos ciudades.

Jaime Ferri Durá (Dir.) (2013) Política y gobierno en el Estado autonómico. Valencia: Tirant lo Blanch, 463 págs.

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Entre los numerosos misterios que encierra España, considerada como el “enigma histórico” de Sánchez Albornoz, no es el menor el de su articulación territorial. Guste o no guste a los españoles, la historia de nuestro país es un continuo tejer y destejer de formas organizativas para encuadrar a sus habitantes en ámbitos político-administrativos que den sentido a sus vidas, las faciliten y hagan del país en su conjunto algo más próspero y mejor. La prueba de que, hasta la fecha, tal cosa no se ha conseguido es que hace casi cuarenta años inauguramos una nueva planta y esta aparece sometida a fuertes tensiones que amenazan con romperla.

Si alguien cree que tal amenaza proviene exclusivamente de los nacionalismos independentistas más o menos periféricos, solo se quedará con media canción. La otra media la entonan formas no nacionalistas y no independentistas de entender la organización y convivencia territorial del Estado. En efecto, es dudoso que las tendencias centrífugas hayan causado mayor daño a la legitimidad del Estado autonómico que el hecho de que este se haya desplegado en todas sus potencialidades y haya llevado a una exacerbación de los particularismos localistas y la práctica irrefrenable del caciquismo, ambos responsables de que el apoyo popular a la fórmula autonómica actual en España no sea muy alto. Sin duda, la corrupción, como uno de los fenómenos de la época, es difícil de entender, analizar y combatir pero de lo que no hay duda es de que es responsable de la caída del prestigio de las CCAA. Es difícil contener la indignación cuando se ve cómo una cuadrilla de verdaderos forajidos lleva más de veinte años robando a los valencianos (y a todos los españoles), esquilmando las arcas públicas y enriqueciendo a unos políticos/mangantes del PP y sus adláteres y compinches en el proceloso mundo de la delincuencia organizada gracias a las llamadas "instituciones de autogobierno".

Sin duda es injusto generalizar y no es cierto que todas las CCAA autónomas se hayan administrado con el mismo grado de corrupción y presunta criminalidad que Valencia que más parece un reinado de la Camorra o la Cosa Nostra. Pero lo cierto es que el ejemplo valenciano, aunque con menor intensidad, se ha extendido a otras comunidades como Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia o Baleares. Desde luego,  ello no es consecuencia de las estructuras autonómicas mismas pero, por supuesto, estas ayudan.

Así que, aunque el libro en comentario es un trabajo objetivo, académico, riguroso, imparcial del funcionamiento del Estado español en cuanto Estado de las autonomías, leyéndolo, no solo se aprende mucho sobre los caracteres de nuestro Estado en cuanto a su base territorial sino sobre los motivos por los cuales aparece parasitado por presuntas organizaciones de malhechores que persiguen el enriquecimiento ilícito de estos y la destrucción de la base estatal.

En el comienzo de la obra, una especie de introducción general sobre el modo en que el Estado autonómico se ha gestado y engordado, Jaime Ferri (“la construcción del sistema autonómico”) sostiene que está sometido a una “espiral centrífuga inacabable” (p. 22, 40). Traza la historia más reciente de la formación de España como Estado deteniéndose en las peculiaridades de Cataluña y el País Vasco y considera la articulación del Estado autonómico desde la Constitución hasta la malhadada LOAPA. Claro que eran otros tiempos. No estoy muy seguro de que el Constitucional actual hubiera actuado con aquella ley como lo hizo el otro. Sigue con acierto los avatares políticos de los últimos años, mezclando la política nacional con los de los sucesivos gobiernos, el “Plan Ibarretexe” (p. 54) y la reforma del Estatuto catalán de la que advinieron estos lodos (para otros amanecer radiante) de la exacerbación del independentismo catalán. La conclusión entre irónica y prudente del autor es que, después de treinta años, el balance del Estado autonómico está “abierto”, algo que le parece “más positivo que negativo” (p. 60), lo que tampoco suena precisamente a parabienes.

Esther del Campo García (“territorio y poder en perspectiva comparada”) plantea un buen cuadro descriptivo sobre los modelos o tipos ideales de organización territorial de los Estados, divididos en unitarios y compuestos y estos en autonómicos y federales (p. 70) con todas las cautelas pues, como siempre con los tipos ideales, los reales suelen ser más confusos y algo chapuceros. Así, España viene a ser un “federalismo encubierto” (p. 77). He perdido ya la cuenta de los eufemismos de los expertos para calificar España de Estado federal sin llamarla federal. No hay duda de que la descentralización territorial estuvo muy de moda a fines del siglo pasado. Que siga siendo algo de interés general en plena vorágine de la globalización es asunto distinto. Para Del Campo, resignada, entiendo, a la esencial indefinición española,”lo que importa son los procesos” (p. 87). Algo así como cuando te dicen que lo importante no es ganar sino participar.

Eliseo López Sánchez, Joaquín Sánchez Cano y Álvaro Aznar Forniés (“las instituciones autonómicas y su funcionamiento”), parecen ser jóvenes promesas de la politología española y, como tales, ha debido corresponderles el típicamente académico honor de habérselas con lo más árido: la descripción del entramado institucional de las CCAA, verdadera selva laberíntica, entre cuyos oscuros parajes pueden perderse los más aguerridos expertos. Territorios exentos en los que medran personajes e intereses locales que dan a la organización autonómica española ese aspecto un poco absurdo de intentar calzar en un molde racionalista rígido la imprevisible proliferación de las castas caciquiles con las más pintorescos mangantes. Traten de encontrar parangón en la Europa cartesiana a personajes como Baltar o Fabra. Los autores lo hacen muy bien, y el resultado resulta lo suficientemente sistemático, metódico e indigesto para cumplir con creces la evidente finalidad del libro de ser un manual; con distintos registros, pero un manual. Solo recomendaría para alcanzar el objetivo plenamente que, en una segura reedición del texto, los autores presten alguna atención al poder judicial autonómico y no lo dejen tan solo en el legislativo y ejecutivo.

Juan Carlos Cuevas Lanchares, un autor con otro tipo de preocupaciones, menos en un terreno institucional y más en otro ideológico o teorético, acomete el análisis de los “hechos diferenciales”. Es una buena idea y el resultado del esfuerzo, prometedor. Los “hechos diferenciales” son como el pedigrí de las partes componentes de esta realidad proteica que es España. Pero su afanosa generalización lleva al concepto a un terreno casi caricaturesco. Los tales “hechos diferenciales” se han generalizado por impulso de la idea del “café para todos” de la segunda ola autonomista. España viene así a ser un agregado de diecisiete “hechos diferenciales” y dos barruntos de tal cosa en las ciudades de Ceuta y Melilla. Hasta Madrid cuenta con el “hecho diferencial” de carecer de “hecho diferencial” (p. 175), lo que viene a ser como una plasmación autonómica de la paradoja musiliana de la identidad del hombre sin atributos. Llegadas aquí las cosas está claro que convendría ponerse de acuerdo sobre el alcance semántico del concepto de “hecho diferencial” para que no parezca solamente un intento de aguar las expectativas de Cataluña, País Vasco y, si acaso, Galicia ya que, en último término, “hechos diferenciales” los hay en cada villorrio. ¿O cree alguien que es lo mismo un leonés de la Maragatería que un segoviano? ¿Un madrileño de Móstoles que otro de La Moraleja?

Francisco Javier Loscos Fernández, (“los sistemas de financiación”), un reconocido experto en la materia, sintetiza en más de ochenta densas páginas la intendencia de este complejo armatoste del Estado autonómico. Es una exposición sistemática que, de nuevo como en el caso del capítulo sobre las instituciones, cumple de sobra la función propedéutica del conjunto del libro con un rigor y una prolijidad que pueden ser algo áridos; es decir, ideal como texto. Porque el alumno puede encontrar aquí todas las claves y fórmulas de los diversos modelos de financiación del mencionado laberinto académico. Hasta accede a los cálculos y fórmulas matemáticas de los regímenes de concierto o convenio (p. 240), que esos sí que son “hechos diferenciales”, como suspiran, llenos de envidia, los nacionalistas catalanes. El autor, quien tiene una visión optimista del tema y considera positiva por lo fexible (a la fuerza ahorcan; esta idea de “flexibilidad” quizá sea la más repetida en el libro) entiende que la financiación del Estado autonómico ha ido construyéndose pari passu con el propio Estado y en su exposición se guía por los principios que, en teoría, han de regir el proceso: suficiencia, autonomía y solidaridad (p. 255) Principios que la obstinada y díscola realidad política se empeña en ahormar aquí y allí cuando le parece y que, salvo si el gobierno central está en manos de una mayoría absoluta incuestionable, seguirá haciéndolo. No en balde el autor vuelve una y otra vez –para tratar de ignorarlo- sobre el hecho de que el reparto al 50% de los ingresos fiscales principales (IRPF e IVA) entre el Estado y las CCAA dé una pobre imagen de la respectiva responsabilidad política de las administraciones a la hora del feed-back de la opinión pública sobre las necesidades de financiación.

Luis Pérez Rodríguez, Eva Martín Coppola y Pedro Pablo Martín Parral, de nuevo otras tres promesas politológicas se atreven con un capitulo también medular en este asunto: las políticas públicas en materia de sanidad, educación y algunas cuestiones de la seguridad social como la dependencia (p. 294). En realidad, el capítulo viene a ser como un complemento parcial del de Loscos pues mientras este estudia los ingresos, nuestros autores lo hacen con los gastos, si bien no todos, ya que se limitan a los aspectos más típicos del Estado del bienestar, obviando transportes, infraestructuras, etc. Considerando que España es un “Estado autonómico del bienestar”, la cuestión que mejor resume su exposición es la pregunta final: “¿qué ocurrirá con el Estado autonómico a raíz de los actuales recortes del Estado de bienestar?” (p. 306) Pues dependerá de quién gane las próximas elecciones generales y de por cuánto las gane.

Paloma Román Marugán, (“los sistemas de partidos de las Comunidades Autónomas”), aporta su reconocida competencia y ya larga experiencia al análisis de uno de los aspectos a veces más intrincados y sorprendentes de nuestro tema: los partidos. Román enmarca las diecisiete CCAA y dos ciudades dentro del contexto de un hipotético sistema estatal que ya en sí mismo, presenta caracteres difíciles, como el hecho de que la autora admita que, al clasificarlo, tanto quepa considerarlo como “multipartidismo moderado” o “bipartidismo” (p. 317), con lo cual ya va el lector preparándose para cuando llegue el plato fuerte, esto es, la clasificación de los 19 sistemas de partidos de España, tarea de la que Román Marugán sale airosa confeccionando un muy ilustrativo cuadro de los sistemas autonómicos (p. 329), siguiendo los criterios de Sartori y en donde, en muchos casos, decidir si el sistema de partidos de tu comunidad es bipartidismo o multipartidismo depende de que en él actúen fuerzas como la Unión del Pueblo Leonés, el Partido Riojano o la Agrupación Herreña.

Argimiro Rojo Salgado y Enrique José Varela Álvarez (“la buena gobernanza del Estado autonómico: un largo camino por recorrer”) hacen casi un enunciado programático de su capítulo al señalar de entrada que queda trecho. Tiene mérito abordar la cuestión valiéndose de un concepto cuya equivocidad es tan evidente que tiene uno la sospecha de que hasta el título es redundante por cuanto no son pocos quienes atribuyen al término “gobernanza” ya de por sí una connotación positiva de forma que no habría “mala gobernanza”. En todo caso, valiéndose de una acepción instrumental a la que los autores llegan por agregación (p. 344), concluyen que las relaciones intergubernamentales del Estado autonómico son esenciales para su gobernanza pero que esta presenta déficit considerables (p. 356). Y tanto. En la medida en que por gobernanza entendamos una amplísima panoplia que va desde administrar bien los regadíos hasta acuñar una identidad colectiva como región, nacionalidad o nación lo más obvio es que el Estado autonómico tiene que recuperar la cultura de la negociación y el consenso (p. 359), cosa nada fácil en un mundo exterior lleno de señuelos a favor de la centrifugación como se ve por el hecho de los autores hablen de un “más allá del Estado-Nación” en el contexto de la globalización (p. 364). En efecto, un largo camino por recorrer hasta contestar a la pregunta que formulan al final: “¿es posible la buena gobernanza autonómica?”, a la que no responden con un “sí” o un “no”, sino con un “depende” (p. 369).

Argimiro Rojo, que hace doblete, redacta un interesante e innovador capítulo sobre “la acción exterior de las regiones: el caso de las Comunidades Autónomas” en el que resalta que dicha acción exterior, un tema siempre delicado, parece ya estar “institucionalizada” (p. 381) y no solamente por la aportación de las regiones a la Unión Europea que la tiene más o menos prevista (p. 388) sino porque dicha aportación será un elemento positivo en pro de la “buena gobernanza europea”, cosa que aun se verá más, según Rojo, a medida que Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado ponga orden en este mundo para que la acción exterior de las CCAA sea una “realidad reconocida, consolidada y normalizada” (p. 399).

Javier Gómez de Agüero López, (“las relaciones institucionales de las Comunidades Autónomas”) presenta un trabajo minucioso sobre un aspecto esencial, cambiante, difícil y muy problemático, el de la multiplicidad y variedad de relaciones de todo tipo entre las CCAA, entre las CCAA y la administración del Estado y entre aquellas y la Unión Europea sobre todo a través del Comité de las Regiones, pero no solo de este. Estas relaciones vienen siendo hasta la fecha un campo de vectores cruzados de todo tipo, a través de la cooperación multilateral (conferencias sectoriales), la cooperación bilateral (comisiones bilaterales de cooperación, convenios de colaboración) o la conferencia de presidentes, que viene a ser la instancia decisiva, una especie de “consejo europeo” a escala peninsular (p. 410). En cualquier caso, lo que el capítulo deja en claro es que el principal defecto de un sistema que no cumple con las expectativas es la falta de un órgano adecuado de coordinación de este abigarrado conjunto de relaciones en distintos planos. Debiera serlo el Senado pero, como bien se sabe, no lo es. En su ausencia debiera serlo la Conferencia de presidentes; pero tampoco lo consigue con lo que, al final, quienes vienen a rellenar esta laguna son los partidos políticos (p. 422), cosa poco avisada por cuanto estos, por su naturaleza y sus condiciones no debieran ser puntales de sistema alguno que pretenda estabilidad y continuidad.

Antonio Garrido (“las reformas estatutarias”), aunque hace un sucinto repaso histórico para situarnos en el marco diacrónico de los mecanismos de reformas de los estatutos, no se interesa tanto por dichos mecanismos como por sus resultados prácticos y, en concreto, se centra en el análisis de lo que llama la “tercera ola” de reformas y los estatutos de segunda generación (entre 2004 y 2011) (p. 429). El símil de la “tercera ola” tiene prosapia ensayística, aunque algún relativista, conociendo el país y sus paisanos, pueda apostar que quizá se alcance la “novena ola” que hunde su aciaga fama en lo más profundo del romanticismo. Corona el autor su capítulo con unas atinadas observaciones respecto a los contenidos y similitudes de los estatutos de la tercera ola, claramente articulados en torno a las tres grandes cuestiones que afectan al Estado autonómico: los derechos, las competencias y la financiación (p. 444). Con harta sabiduría concede atención solo de pasada a los temas identitarios, cuya relevancia a estos efectos de difundir conocimientos por medio de la enseñanza es relativa y quizá encuentren mejor acomodo en aquello de los “hechos diferenciales”.

En fin, buen repaso, muy actualizado, al Estado autonómico por lo que este vale.

Las nuevas taifas

Con la falta de sinceridad y honestidad intelectual que lo caracteriza, Rajoy ha intentado culpar de la crisis a todo el mundo menos a él mismo y su desgobierno. Ha culpado a Zapatero, a la coyuntura internacional, al Banco Central Europeo y ahora lleva una temporada cargando contra la Comunidades Autónomas, a las que culpa de un déficit desbocado y a las que pretende disciplinar de modo cuartelario.

El discurso antiautonómico concita aplauso muy generalizado. En principio, la derecha está en contra de toda descentralización, en la que dice ver un primer paso hacia la desmembración de España. En la izquierda hay un sector jacobino importante que vincula la descentralización española a la tradición austracista, ruinosa para nuestro país y le gustaría ver aplicado el centralismo napoleónico. Por tanto, tirar contra las CCAA es siempre muy rentable y gana muchas simpatías.

Incluidas las extranjeras que sin entender gran cosa de la idiosincrasia española sí perciben que el gobierno central no controla del todo las díscolas autonomías y traduce ese temor en desconfianza acerca de la descentralización.

El régimen autonómico se implantó en su día -es algo trillado a fuer de sabido- para dar satisfacción a las persistentes demandas de autogobierno de Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, Galicia, sin crear agravios comparativos a base de la teoría del "café para todos". Como era de suponer, no funcionó y ha dado lugar a una situación de victimismo nacionalista permanente y un cuestionamiento perpetuo de la planta territorial del Estado.

Pero eso no es ahora lo esencial. Prima facie tiene razón Cosme Modolell quien, en su magnífico blog, Notas diversas tiene una entrada del 12 de julio de 2012, titulada El problema es el nacionalismo, no las autonomías que expone muy bien la situación. Lo malo es que esta situación es muy complicada y resbaladiza. Claro que el nacionalismo tiene una considerable parte de culpa en el desbarajuste español por su falta de lealtad a un proyecto colectivo. Pero eso afecta a todos los nacionalismos, en primer lugar, al español, que es el más insoportable, insolidario y fraccionador.

Además, nos pongamos como nos pongamos, con o sin nacionalismo, la descentralización en España presenta de siempre una peligrosa tendencia al fraccionalismo de los reinos Taifas. Y en esto, los adalides son precisamente las derechas cuyo comportamiento al frente de las CCAA que administran es prepotente, disparatado, despilfarrador, enchufista, clientelar, caciquil y muchas veces corrupto. ¿Pues no es cierto que las mismas CCAA que gobernaba el PP son las que ocultaron a los gobiernos españoles (el del PSOE y el del PP) la cuantía real de sus déficit? ¿No es cierto que Camps se condujo como un sátrapa en su territorio y esquilmó la Comunidad Valenciana y arruinó a sus habitantes? ¿No lo es que Esperanza Aguirre cree que Madrid es su feudo y el de sus amigos y parientes, no da explicaciones de sus actos, hace lo que le viene en gana, gobierna con absoluta opacidad y, encima, se permite dirigir acerbas críticas al modelo autonómico español?

Montoro se ha encontrado una sublevación de las CCAA a sus planes de austeridad. Desde luego que la resurrección de las sempiternas taifas es un desastre. Pero más desastre es pretender gobernarlas a golpe de fusta, decreto, Gleichschalgtung hitleriana y, encima, con absoluta incompetencia.

(La imagen es una foto de Miguel MTN en el public domain).