Independencia a término

Buena entrevista a Oriol Junqueras en Ara. Es insólitamente pronto para valorar cuestiones objetivas de su gestión o de la del anterior porque aún no ha empezado. Pero tienen su importancia dos puntos que intrigan, uno del pasado y otro del futuro. En cuanto al pasado, se trata de recoger información sobre lo que sucedió los primeros días de enero de este año durante las frenéticas negociaciones de Junts pel Sí y la CUP. Junqueras da pistas y cuenta cómo trató los asuntos con Mas, qué se contaron respectivamente y cuál fue su actitud. Esto, añadido a la información que trae hoy elMón.cat de que fue la dimisión de Baños el catalizador del acuerdo contribuye a que nos hagamos una idea ajustada de lo que pasó y cuál fue la reacción de la CUP.

La otra cuestión de interés tratada en el entrevista es la del plazo de 18 meses para la independencia. En algunas ocasiones Junqueras y otros han señalado que se trata de un término aproximado. Es obvio. Si, como dice Espinoza, toda determinación es una negación, la fijación de un plazo perentorio para un proceso en el que está todo por hacer, por inventar, incluso el camino que debe recorrerse y hasta el vehículo en el que se hará, resultaría absurdo. El gobierno catalán tiene ante sí una tarea endemoniada como es poner en pie las estructuras de un Estado nuevo, republicano, en el seno de una Monarquía que tratará de torpedear el empeño por todos los medios y sin darle pretexto para emplear los coactivos o violentos. Algo muy difícil. 

Hay un concepto constitucional en la República Federal de Alemania que aquí no se aplica: la Bundestreue o "lealtad federal". Y aquí no se aplica porque no existe. Obviamente, el gobierno central estará vigilando con los cien ojos del gigante Argos todos los pasos y medidas del nuevo gobierno catalán y, si este transgrede en algo la ley, lo llevará a los tribunales. Pero se hace difícil imaginar a qué medios pueda recurrir para obstaculizar o impedir que el gobierno catalán ponga en marcha sus estructuras de Estado (entre otras cosas, porque podrá darles nombres variados e imaginativos), pues no cabe invocar el concepto de Bundestreue. 

La cuestión se planteará (ya apuntó en la entrevista que Monica Terribas hizo  a Puigdemont) en el instante en que la Generalitat pida a los ciudadanos catalanes que no paguen sus impuestos a la Hacienda española sino a la catalana. Ese será el momento crucial, el determinante, el que pondrá fuera de la legalidad a los ciudadanos catalanes que obedezcan las indicaciones de su gobiernno. El  arranque mismo de la independencia.

En el fondo, con todos sus trémolos simbólicos, el punto explícito de la soberanía es la recaudación de impuestos. La feliz separación entre la Iglesia y el Estado que se consagró  en Francia en 1905 (y que ya nos gustaría tener en España) comenzó a fraguarse siglos antes (XIII/XIV) en el conflicto entre el Rey Felipe IV, llamado "el Hermoso" y el Papa Bonifacio VIII a propósito de a quién debía pagar impuestos el clero francés, si al Papa o al Rey. Si para resolver ese conflicto del todo en Francia se tardaron 600 años, parece irrelevante que los catalanes lo hagan en 18 meses o en 16 o en 24.

Hacienda y la familia.

Algunos maliciosos leen el título como "Hacienda y la famiglia". No, no. Es la familia de siempre. El informe que por fin ha entregado al juez la Agencia Tributaria, dirigida por don Santiago Menéndez Menéndez, ha sido redactado por don Ricardo Menéndez Menéndez, su hermano y asesor del ministro Montoro, como demuestra fehacientemente "El Plural". Los hermanos Menéndez Menéndez redactan los informes al alimón. Vieja costumbre española. Los hermanos Álvarez Quintero o Manuel y Antonio Machado dan prueba de ella. Este es el informe de Menéndez Menéndez y Menéndez Menéndez.

Este último acto de la ópera bufa de la temporada en Madrid ha sido muy agitado y veloz: petición del juez, tumulto en Hacienda, silencio en el gobierno, amenaza de reprobación de Sánchez y, ¡hale, hop! un curioso informe que primero se filtra a la prensa y luego le llega al juez chinchoso, empeñado en ver delito en donde no hay sino caridad y amor de Dios. Los medios, escandalizándose con la comparación entre el PP y Cáritas. En verdad, gente superficial, sin conocimiento real de las cosas. El juez, a juicio del informe, tampoco se entera. No es Hacienda quien empareja un partido con Cáritas. Es la propia Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos la que reserva a estos el tratamiento fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo.

Sancho Panza, que no pasa por fino jurista, pero sí por hombre de juicio diría: "¿que el PP es una Entidad sin ánimo de lucro? No, si no haceos miel y os comerán las moscas". Para muchos mozos, mas de los que van a las romerías, el PP es un negocio. Para otros, más acomodados en la corte, un espléndido modus vivendi.

Pero eso son sanchopanzadas. En su informe que, por cierto, no tiene desperdicio, Hacienda esboza una actitud de rechazo a lo que considera intrusismo judicial y se queja varias veces de que el juez le indique en qué base de cálculo hacer los suyos porque tiene una idea preconcebida en la cabeza. Este es el meollo de esta cuestión. Ciertamente que el juez tiene una idea, la de que aquí puede haberse cometido un delito y pide los cálculos precisos para ver si cabe probar tal cosa. Eso es tan evidente que avergüenza recordarlo. ¿En dónde está el problema? Sencillamente, en que Hacienda sostiene que no ha habido delito. Pero, ¿cómo sabemos si ha habido delito? Interpretando la ley. Y ¿a quién corresponde interpretar la ley, al juez o a la Agencia Tributaria? ¿Quién se extralimita aquí? Evidentemente, la familia Menéndez.

Dicen los Menéndez que no puede haber delito en la exención de los donativos porque estos cuadran con la ley. Pero, para hacerlo, deberían haberse dedicado al cumplimiento de los fines específicos de la organización y lo que el juez cuestiona, precisamente, es eso. Si no, no acusaría al partido de haberse lucrado con el producto de un delito. Tómese un ejemplo de gastos que hasta ahora nadie ha negado, ni el presidente del gobierno en sede parlamentaria: el de los sobresueldos. ¿Cómo encajan estos sobresueldos en B en los fines propios del partido, asimilados a los de las Entidades sin ánimo de lucro? Y sigamos inquiriendo con todo derecho: ¿Quiénes cobraban los sobresueldos? ¿Por qué motivo? ¿En qué cuantía? ¿Cuánto duraban? ¿Quién tomaba la decisión? ¿Qué órgano visaba, inspeccionaba o controlaba?

 

Ojo, que la familia se altera.

¡Desperta, testaferro!

La Lista Falciani tiene pinta de ser el sumidero por el que se van a ir los últimos restos de la autoestima colectiva. Y la indignación subirá varios enteros. Es lástima que no cotice en bolsa. Pero es visible, palpable. Por eso quienes poseen esta preciada información -hasta ahora bajo secreto en poder del ministro de Hacienda- están dosificándola para aumentar la tensión y el suspense. Dejan caer un par de sonoros nombres y cuelgan el cartel de continuará, como en las antiguas tiras de los periódicos.

El difunto señor Botín, al parecer, tenía unos 2.000 millones de euros a buen recaudo. Habiéndonos acostumbrado a apalear miles de millones ajenos o propios, pero enajenados por arte de birlibirloque, nadie observa que se trata de una fortuna. O al infeliz de Palinuro se lo parece. Sobre todo comparándola con sueldos de 500, 600, 1000 euros mensuales brutos. Un mileurista necesitaría trabajar 166.666 años para reunirla. Eso es igualdad. No hace falta recordar la relación entre el tiempo y el dinero. El tiempo es oro. Unos no tienen nada. Tienen que comprar su vida a base de venderla porque venden su tiempo. Los otros, los que lo compran, tampoco tienen más tiempo que el común de los mortales, como acaba de demostrar fehacientemente el señor Botín. Pero ese es otro asunto.

El mismo Botín que, hace poco, besaba caballeroso la mano de la presidenta de Andalucía,  manejaba esas ingentes sumas a través de testaferros, o sea, gente que gestiona dinero ajeno en circunstancias irregulares. Siempre me he preguntado cómo evitarán los ricos las traiciones de los testaferros. Pero lo hacen. Obviamente, si algún testaferro defrauda a su mandante, a nadie le interesa divulgar la noticia. Aun así los testaferros son sumisos, están atados por cadenas de oro. No se les puede gritar ¡desperta testaferro!, como los almogávares gritaban ¡desperta ferro! cuando se sentían traicionados y eran capaces de cualquier cosa.

Capaces de cualquier cosa no parecen los testaferros pero sí quienes están encargados de velar por la ley y su recto cumplimiento. Cada vez que se manifiesta el ministro de Hacienda da la impresión de amenazar a unos, avisar a otros y repartir dones y favores entre los demás. Eso es posible porque, a diferencia de otros lugares civilizados, los datos fiscales de los ciudadanos en España son secretos. Se pretextó el terrorismo para hacerlo así. El terrorismo pasó, pero los datos siguen siendo secretos. Y posibilitan que el ministro salga haciendo algo parecido a un uso indebido de información privilegiada.

Dos declaraciones suyas muestran que España es un país peculiar. De un lado sostiene el ministro que la lista Falciani es un asunto antiguo y, de otro, que es solamente el "aperitivo" de lo que hay en Hacienda. Es antiguo, ciertamente, pero el propio Montoro lo es en un ministerio en el que lleva más de tres años con la lista sobre la mesa. Lo del aperitivo, aparte de una metáfora de cafetería, suena a baladronada. También de cafetería.

Lo que tiene que hacer el ministro es publicar la lista de defraudadores. Y dejarse de amenazar a la gente de una forma innecesaria y estúpida. Si he leído bien, insta a Podemos a que presente declaraciones de todos sus dirigentes. Es absurdo. Eso tiene que hacerlo Podemos, No podemos y todo el mundo. Incluido el señor Montoro. Todos. Luego, corresponde al señor Montoro investigar si se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero carece de sentido advertirlo antes. Es como si la autoridad competente nos comunicara que tenemos que cumplir la ley. No hace falta. La ley ha de cumplirse incluso aunque se desconozca. ¿A santo de qué prevenir de la necesidad del cumplimiento? Pues para intimidar.

En esto de la caja común, las fortunas volanderas, los fraudes domésticos, los latrocinios desmesurados de mangantes que apandaban aquí e iban a depositar sus ahorros en nido suizo, toma fuerza el discurso de Podemos de la Patria que todo el mundo detecta como nuevo y difícil de refutar por vergüenza torera. La Patria no es la bandera, ni el himno, ni la monarquía, la religión, la lengua o el territorio. La patria son los cuartos y en dónde se tengan.

La cuestión es que existe libertad de circulación de capitales y el patriotismo de sus propietarios los lleva a apacentarlos en predios más ricos que aquel del que surgieron. Querer restringir esa libertad apelando al patriotismo puede ser una forma de acicatearla. Y, en definitiva, el dinero que se va, legal o ilegalmente, es dinero que no se invierte aquí.