Buena entrevista a Oriol Junqueras en Ara. Es insólitamente pronto para valorar cuestiones objetivas de su gestión o de la del anterior porque aún no ha empezado. Pero tienen su importancia dos puntos que intrigan, uno del pasado y otro del futuro. En cuanto al pasado, se trata de recoger información sobre lo que sucedió los primeros días de enero de este año durante las frenéticas negociaciones de Junts pel Sí y la CUP. Junqueras da pistas y cuenta cómo trató los asuntos con Mas, qué se contaron respectivamente y cuál fue su actitud. Esto, añadido a la información que trae hoy elMón.cat de que fue la dimisión de Baños el catalizador del acuerdo contribuye a que nos hagamos una idea ajustada de lo que pasó y cuál fue la reacción de la CUP.
La otra cuestión de interés tratada en el entrevista es la del plazo de 18 meses para la independencia. En algunas ocasiones Junqueras y otros han señalado que se trata de un término aproximado. Es obvio. Si, como dice Espinoza, toda determinación es una negación, la fijación de un plazo perentorio para un proceso en el que está todo por hacer, por inventar, incluso el camino que debe recorrerse y hasta el vehículo en el que se hará, resultaría absurdo. El gobierno catalán tiene ante sí una tarea endemoniada como es poner en pie las estructuras de un Estado nuevo, republicano, en el seno de una Monarquía que tratará de torpedear el empeño por todos los medios y sin darle pretexto para emplear los coactivos o violentos. Algo muy difícil.
Hay un concepto constitucional en la República Federal de Alemania que aquí no se aplica: la Bundestreue o "lealtad federal". Y aquí no se aplica porque no existe. Obviamente, el gobierno central estará vigilando con los cien ojos del gigante Argos todos los pasos y medidas del nuevo gobierno catalán y, si este transgrede en algo la ley, lo llevará a los tribunales. Pero se hace difícil imaginar a qué medios pueda recurrir para obstaculizar o impedir que el gobierno catalán ponga en marcha sus estructuras de Estado (entre otras cosas, porque podrá darles nombres variados e imaginativos), pues no cabe invocar el concepto de Bundestreue.
La cuestión se planteará (ya apuntó en la entrevista que Monica Terribas hizo a Puigdemont) en el instante en que la Generalitat pida a los ciudadanos catalanes que no paguen sus impuestos a la Hacienda española sino a la catalana. Ese será el momento crucial, el determinante, el que pondrá fuera de la legalidad a los ciudadanos catalanes que obedezcan las indicaciones de su gobiernno. El arranque mismo de la independencia.
En el fondo, con todos sus trémolos simbólicos, el punto explícito de la soberanía es la recaudación de impuestos. La feliz separación entre la Iglesia y el Estado que se consagró en Francia en 1905 (y que ya nos gustaría tener en España) comenzó a fraguarse siglos antes (XIII/XIV) en el conflicto entre el Rey Felipe IV, llamado "el Hermoso" y el Papa Bonifacio VIII a propósito de a quién debía pagar impuestos el clero francés, si al Papa o al Rey. Si para resolver ese conflicto del todo en Francia se tardaron 600 años, parece irrelevante que los catalanes lo hagan en 18 meses o en 16 o en 24.
