Han dejado a los del Tribunal Constitucional de guardia y retén, por si los catalanes se desmandan, mientras ellos, los políticos, siguen a lo suyo, esto es, a cobrar jugosos salarios por no hacer nada salvo pelearse en la barra del bar (a 3 € el cubata) y mentir cuanto pueden. Y, claro, lo primero que han hecho los catalanes ha sido desmandarse. El Parlamento admite a trámite las conclusiones de la Comisión de Estudio de la Desconexión, ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional. Ya estamos en plena desobediencia institucional. De esto va mi artículo de ElMón.cat de esta semana, En peu de desconnexió.
Lo decía ayer muy claramente el presidente de la citada comisión, Lluís Llach: "estamos aquí para hacer la independencia de una puñetera vez". A la vuelta del verano, habrá legislación catalana de desconexión con España. A ver qué cómo actúan entre tanto estos prodigios de políticos españoles. Desde hace años Palinuro viene diciendo que el principal problema de España es Cataluña que, en realidad, es un problema español. Ni caso. En España la gente sigue creyendo que los problemas se resuelven a base de negarlos o ignorar su existencia.
Así se han quedado sin país los españoles.
La versión castellana:
En pie de desconexión
Está nervioso el Tribunal Constitucional. Sigue con suma atención la evolución de los hechos en el Parlamento de Cataluña. Debe estar presto a intervenir. No puede tolerar que la cámara se salte una prohibición suya de desarrollar el propósito legislativo de la desconexión.
Alcanzadas las conclusiones de la Comisión de Estudios del Parlamento, el alto tribunal ha dictado una providencia ordenando que no se les dé traslado al pleno de la cámara. Y justamente parece que el pleno de la cámara se apresta a hacer lo contrario, esto es, no solamente recibir las conclusiones sino acelerar su consideración mediante la correspondiente reforma del orden del día.
Solo este propósito provoca un encendido debate en el Parlamento. Parece evidente, sin embargo que, si la cámara decide tomar en consideración las conclusiones, es porque piensa aplicarlas y desarrollar la legislación de desconexión.
Y ahí es donde llega el momento de la desobediencia que estaba implícito antes o después en la hoja de ruta. Ahí es donde el propósito del presidente Puigdemont de ir “de la ley a la ley” sufre su primer revés. Según la ley vigente, las decisiones del Tribunal Constitucional se acatan y se cumplen. Si hay un incumplimiento de la ley, la dinámica entra en un cauce imprevisible.
La cuestión cruda es si el gobierno central, el poder ejecutivo, puede obligar al cumplimiento de la ley en todo el territorio bajo su jurisdicción. Cabe recordar que tal no fue el caso en la votación del 9N de 2014. Entonces se dijo que, al ser la convocatoria un asunto de voluntarios, no tenía carácter legal ni institucional y, por tanto, el gobierno no estaba obligado a intervenir. Precisamente por eso se instó después al procesamiento de cuatro responsables políticos, Mas, Rigau, Ortega y Homs, por haber cometido ilegalidad en abuso de sus funciones. Es contradictorio, pero se salvó la cara de la autoridad del Estado. Esta se ejerce post festum.
Ahora no se trata de una convocatoria que el gobierno pueda desautorizar como una “consulta verbenera”, sino de una decisión de un órgano institucional en uso (o abuso) de sus competencias. Teniendo en cuenta además que, desde el punto de vista jurídico-político, este órgano, el Parlamento de Cataluña, es también un órgano del Estado, como lo es Generalitat. Es decir, un órgano del Estado tiene que desautorizar a otro e impedirle el ejercicio de sus competencias.
Dado el curso de confrontación adoptado por el Parlamento de Cataluña, es claro que el gobierno de España debe tener una respuesta preparada y no le queda más remedio que salir del letargo y tomar la iniciativa con alguna decisión.
Pero, ¿cuál? El gobierno está en funciones. Según esto no tiene, o no debiera tener, plena capacidad de acción pues “en funciones” se entiende para asuntos de trámite. En los asuntos de calado político, no puede tomar decisiones, máxime cuando, además, y por propia iniciativa, ha decidido no someterse al control del Parlamento. Ya lo hizo con el salido del 20 de diciembre y lo hace ahora con el del 26 de junio. Se dirá que un gobierno en funciones tendrá un margen mayor de maniobra y más flexibilidad, por no estar sometido a control parlamentario. Pero es precisamente esa situación de irresponsabilidad la que suscita alarma ya que puede dar lugar a conflictos que luego no sea posible resolver.
Si, además, tomamos en cuenta que la ejecutoria del gobierno de Rajoy en relación a Cataluña es terrorífica, se convendrá en que, libre de trabas (antes tampoco tenía muchas, pero ahora no tiene ninguna) tenderá a actuar con la catalanofobia que lo ha caracterizado siempre.
¿Supone esto que el Parlamento catalán debe aceptar la decisión del Tribunal Constitucional y suspender la tramitación de la desconexión? En absoluto. Supone que los parlamentarios seguirán los dictados de sus conciencias y lo harán con suficiente conocimiento de causa. Vengan como vengan los hechos, el Parlamento Catalán actuará de conformidad con la voluntad expresa en los programas de los partidos que forman Junts pel Sí y su aliada parlamentaria, la CUP.
El resultado es que el gobierno español y las Cortes –sin comunicación entre sí- se encontrarán con un conflicto constitucional. Pueden tratar de resolverlo por la vía de la represión o la de la negociación.
Y, la verdad, no sé cuál es más desastrosa para el Estado en las circunstancias actuales.
