El robo del siglo y del país. Y en más de un sentido.
Es una convicción generalizada: los que venían a gestionar bien, con sentido común, sin gastar más de lo que tenemos, a acabar con el paro en dos años, han destruido, han esquilmado el país. Han descapitalizado todos los servicios públicos, reducido los salarios a la miseria, recortado o suprimido todo tipo de subsidios, arruinado la I+D y expoliado el fondo de reserva de la seguridad social. Y han creado una deuda pública billonaria que habrán de pagar las generaciones futuras.
Un crimen. Perpetrado por una mezcla de incompetencia y corrupción y, la verdad, no se sabe cuál será mayor. Porque sinvergüenzas son un rato largo (mil imputados, se dice pronto), pero estúpidos, aun más. Basta con oírlos hablar, empezando por el presidente de los sobresueldos, que no sabe ni en qué año vive.
Un crimen palmario, público, evidente, trufado de verdaderas afrentas a la dignidad (y los bolsillos) de la ciudadanía, como los rescates bancarios o el hecho de que Urdangarin y Rato anden por ahí mientras Junqueras y otros están en la cárcel. Paladino, notorio, humillante. Tanto que ya está saltando a los medios internacionales como lo que es, un gobierno de una asociación de presuntos delincuentes (vulgo mafia) .
Claro que no es la resonancia internacional de la corrupción lo que preocupa al gobierno. Si es capaz de censurar y manipular la información interior, más podrá hacerlo con la exterior. Lo que le preocupa es la solidez del apoyo judicial a su política represiva en Cataluña. Represiva y provocadora pues, valiéndose del 155, busca impedir el normal desarrollo de la política institucional catalana a base de torpedear el cumplimiento del resultado de las elecciones del 21D, como se le exige en la UE. Lo que le preocupa es hasta qué punto en Europa se aceptará la excusa judicial para sancionar un estado de excepción que ni hay modo de justificar ni tiene expectativa alguna de viabilidad. En qué medida Europa no relacionará el conocimiento de la corrupción en España, la falta de independencia judicial que denuncian el Consejo de Europa y la Comisión Europa con un procedimiento judicial que tiene caracteres de "justicia política", incluso inquisitoriales.
Si de lo que se trata es de hacer, como dice el abogado de Junqueras, una causa general contra el independentismo, conviene que los estrategas de la derecha piensen en la eventualidad de tener que ampliar la causa a los más de dos millones de votantes de partidos independentistas.
Para encontrar una cortina de humo capaz de ocultar la catástrofe que han organizado a fuer de incompetentes y ladrones van a necesitar algo más que partir el país que heredaron de sus padres.
