Jueces políticos

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Acostumbran a decir los juristas que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y es patente. En especial cuando la justicia salta por la ventana para mezclarse directamente en la brega política, faltando así a su cometido. El nuevo episodio Pimpinela de Copenhague ha sido otro golpe devastador para el prestigio del Poder Judicial por tierras del infiel. Las explicaciones del juez Llarena sobre su pasividad o contraactivismo judicial han levantado una polifonía de voces de expertos en el país, horrorizadas de que el más alto tribunal actúe como brazo del príncipe.

En fin, de eso va el articulejo cuya versión castellana sigue:

La justicia política no es justicia.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos aspiraba a una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este órgano ha calificado su aspiración con un cero. Si el humillante suspenso se debe a que ignora el inglés y el francés, las dos lenguas oficiales en la UE o a otras carencias es indiferente. Ese suspenso es como la navaja de Occam y demuestra que en el extranjero no sirve el enchufismo, el caciquismo y la fidelidad canina al tirano de turno para conseguir nombramientos como en España. Hay que demostrar capacidad en competencia limpia con otros aspirantes. No basta con ser amigo de Rajoy, militante del PP y estar dispuesto a lo que sea para servir al amo.

¿Qué interés tiene el gobierno en que Pérez de los Cobos ocupe un puesto para el que no vale? El de seguir contando con un juez obediente y de partido en un órgano en el que probablemente hayan de verse en apelación las decisiones que los tribunales españoles tomen en la causa general contra el independentismo montada por orden de ese mismo gobierno. Es el estilo de esta derecha franquista: utilizar a los jueces para su política partidista como antes empleaba a los militares. De ahí que manipule sistemáticamente el poder judicial, que proponga jueces de su partido y trate colocarlos siempre en sitios clave para que favorezcan su política partidista, incluso la supuestamente delictiva.

Pérez de los Cobos ya había aspirado el año pasado a esta plaza con el apoyo firme del gobierno, pero el Supremo anuló la propuesta porque llevaba una trampa (un ilegal límite de edad) que favorecía a su candidato y perjudicaba a los otros. Esto no hubiera sido óbice para que de los Cobos se calzara el nombramiento. El hombre está acostumbrado a hacer trampas y mentir para alcanzar sus objetivos. Cuando su nombramiento al Constitucional pasó por el Congreso, “olvidó” declarar que había sido militante del PP. Es decir, omitió la verdad con intención engañosa. O sea, mintió.

Así llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantía de que este Tribunal haría lo que quisiera el gobierno. Durante todo su mandato. Solo en su discurso de despedida se atrevió a decir este juez pepero que el TC había aceptado los criterios del gobierno como propios y tratado asuntos políticos que no le competían. Es decir, venía a reconocer que podía haber prevaricado al servicio del poder político. De ahí que, muy contento con la manifiesta catalanofobia de este juez de familia y educación franquistas (su padre fue militante de Fuerza Nueva), el gobierno volviera a apoyarlo para TEDH con el merecido resultado que ha conseguido.

Dictadura y prevaricación como forma de gobierno en España. La coyunda entre los gobernantes y el TC se repite ahora con el Tribunal Supremo porque en la lucha contra el independentismo catalán vale todo, incluso la conversión del seudoestado de derecho en una dictadura real.

No pudiendo aplastar el independentismo catalán por medios militares como les pide el cuerpo a los franquistas del gobierno, este ha movido a sus jueces para abrir una causa general contra el movimiento catalán, resucitar los “delitos de opinión”, restablecer el espíritu inquisitorial y perseguir a las personas no por posibles delitos sino por sus opiniones políticas. Los dos Jordis, Junqueras y Forn están en la cárcel por sus ideas y creencias de forma que, si se retractaran, el gran inquisidor, Llarena, los pondría en libertad en un acto que, no por beneficioso para los injustamente tratados, resulta menos injusto por tratarse de la pura arbitrariedad personal del juez, que sigue las órdenes del comportamiento dictatorial del gobierno a cuyo servicio está.

El juez del Supremo, Llarena, rechaza la petición fiscal de una orden de detención contra Puigdemont en Copenhague argumentando que no puede dictarla porque eso iría en beneficio del acusado que, según él fabula, quiere que lo detengan en Dinamarca para ser investido presidente por voto delegado cuando la investidura es ilegal.

Pero estos no son razonamientos de un juez, sino de un gobernante. Un juez tiene que aplicar la ley y no hacerlo o no según conveniencias políticas que no son asunto suyo. Por eso Llarena no actúa propiamente como juez (a pesar de las ineptas logomaquias de sus autos) sino como auxiliar a las órdenes políticas del gobierno. Es este el que no quiere investido a Puigdemont, legítimo presidente de la Generalitat. El juez lo que hace es cumplir las órdenes del gobierno o quizá orientarlo en su política de imposición nacionalcatólica española pero en ningún caso administrar justicia.

Porque la justicia de Peralvillo, propia de España (primero se ejecuta al reo y luego se le instruye la causa) jamás podrá ser justicia. Este es el momento en que los dos Jordis, Junqueras y Forn siguen en la cárcel por voluntad del gobierno y complacencia de los jueces que, como en Peralvillo, llevan unos meses inventándose los delitos para acabar haciendo un remedo de causa judicial antiindependentista.

Y esa es la intención con el legítimo presidente de la Generalitat: perseguirlo, detenerlo, esposarlo, humillarlo y exhibirlo en público, como un trofeo tan anticatalán como los cuatro millones de firmas “contra Catalunya” que Rajoy y los suyos consiguieron en contra del Estatuto de 2006 y con el que abrieron el camino a la independencia catalana.

Jueces y delincuentes.

Todo el mundo conoce la teoría del Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley que impera suprema, y hay una estricta separación de poderes. Todo el mundo conoce también la práctica del Estado de derecho hoy en España. Hay gente por encima de la ley y, si es necesario, se cambia esta a capricho del gobernante. Porque no existe separación sino fusión de poderes. El gobierno controla el Parlamento por el simple mecanismo de la mayoría absoluta. Controla igualmente gran parte del poder judicial si bien no con un mecanismo tan simple sino con uno más complicado que articula muy diversas piezas: la tendencia conservadora mayoritaria en la judicatura es la esencial. La perpetuación de las pautas manipuladoras heredadas del franquismo y que no se depuraron durante la transición viene a continuación. El uso partidista de los mecanismos institucionales de la administración de Justicia, práctica compartida en parte con el PSOE, pero en la que el PP es consumado maestro. España no es un Estado de derecho porque los poderes no están separados ni se respeta el imperio de la ley. El gobierno tiene el Parlamento a sus órdenes y buena parte del Poder Judicial a su servicio.

Pero si lo primero puede enmendarse cambiando la mayoría parlamentaria mediante unas elecciones, lo segundo es mucho más difícil porque los jueces no son electos, tienen regímenes especiales que suelen incluir la inamovilidad y sus renovaciones dependen de plazos muy diversos que controlan los partidos políticos, cosa que, al menos el PP, hace siempre que puede y le interesa. Basta recordar cómo consiguió bloquear durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional para perpetuar una mayoría conservadora que no reflejaba la correlación real de fuerzas políticas. Esto es, si los yerros legislativos pueden remediarse con relativa facilidad, no así los judiciales, los de la administración de Justicia.

Y, sin embargo, esta, la Justicia, es el punto central, el meollo del Estado de derecho y de la democracia. Si el meollo, el núcleo, está podrido, todo lo estará. Y es el caso.

La noticia de que dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, el caso del PP, son personas estrechamente vinculadas por todo tipo de lazos al partido no debiera ni llegar a los periódicos porque los afectados tendrían que haber anunciado ipso facto su voluntad de inhibirse si les correspondía actuar en ese caso concreto. Las pruebas de que Enrique López está tan contaminado como si le hubiera caído un bidón de chapapote las desgrana El Plural Enrique López: de ariete del PP contra leyes socialistas y ‘enchufado’ en el Poder Judicial a juez en el caso Gürtel. Es imposible entender cómo alguien con un átomo de sentido común pueda admitir que una persona así pueda juzgar la Gürtel. Y hasta cabe sostener que ningún otro asunto: un individuo multado por conducir ebrio y sin casco es un peligro público. No un juez. En cuanto a la otra magistrada, Concepción Espejel, aparece adornada por similares atributos de cercanía, simpatía, empatía e intimidad con los jefes del partido cuyos supuestos delitos deberá juzgar. Algo increíble, ciertamente.

Pero, se dirá, el caso ha correspondido a estos magistrados por razón del azar, siempre imparcial, del reparto de trabajo. Ignacio Escolar explica, sin embargo, cómo fue la propia Espejel la que, al parecer, manipuló dicho reparto para asegurarse de que correspondiera donde a ella le interesara. Lo hace en un artículo titulado Humor negro en la Audiencia Nacional en el que asimismo completa el cuadro de las razones por las que Enrique Martínez es más militante del PP que verdaderamente un magistrado.

Es obvia la absoluta falta de respeto a las formas en el funcionamiento de la justicia. Esa Fiscalía que no vio delito en la Infanta ni en media docena más de presuntos delincuentes, lo ha visto a la velocidad del rayo ahora como consecuencia de un hecho acaecido en 2011 en una capilla de la Complutense. Como si hubiera actuado la máquina del tiempo. Si el proceso de instrumentalización de la administración de justicia ha llegado a este extremo, no arriendo la ganancia a Artur Mas, que puede encontrarse inhabilitado en un par de semanas o quizá algo peor.

Pero lo de los dos magistrados chapapoteados por su presunta proximidad personal y material a quienes deben juzgar es, sin duda, lo más grave y lo más inaceptable. Bárcenas recusará a la presidenta Espejel por manifiesta amistad con Cospedal. Algo absolutamente lógico. Nadie en su sano juicio puede permitir que lo juzgue un amigo íntimo (Concha) de la parte contraria.

A su vez, el PSOE también anuncia que recusará a los dos magistrados presuntamente vinculados al PP, como parte en el proceso que es. Obvio también. Esta farsa no puede ni comenzar. Y no basta con recurrir. El PSOE debe anunciar que no aceptará desestimación alguna, sino que seguirá recurriendo y, si la vía se agotara, llevará el asunto a dónde haga falta, a Europa o a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque esta intención es un atentado contra el fundamento mismo del Estado de derecho, la independencia judicial. Ningún Estado puede llamarse civilizado si los jueces están sometidos a la arbitrariedad del poder político y le sirven de escudo y tapadera.

Algunos piensan que soy un pesado con la petición de una moción de censura al gobierno. Tengo mis razones. Sánchez ya es el candidato indiscutido a la presidencia del gobierno. Tiene el poder y tiene la autoridad. Pero también tiene la responsabilidad. Y esta lo obliga a considerar que los seis meses hasta las generales de noviembre van a ser un infierno. La derecha, como siempre, no acepta el resultado adverso de las elecciones y, desalojada del poder, ahora no tiene nada que hacer (ni expoliar) salvo entorpecer todo lo posible los gobiernos de izquierda, azuzando la malsana pasión de estos por las broncas internas. Escándalos reales, inventados, retorcidos, manipulados, puras invenciones, insultos en los medios, agresiones en la calle. Tiempo libre para incordiar.

El gobierno y su partido tampoco tienen nada que hacer, pues no hay tiempo material para ello, pero sí para incordiar y encizañar. La manipulación de los procedimientos judiciales, las malas prácticas procesales, las trampas, van a caer en cascada para torcer cuanto se pueda el curso de la justicia. El recurso a la represión va a intensificarse y el uso de la vía penal para enfrentarse a cuestiones puramente políticas, como el proceso soberanista catalán, también.

Tienen mucho tiempo libre, infinidad de medios y no necesitan cuidarse del frente parlamentario en donde reina el rodillo de la mayoría absoluta. Por eso, lo más oportuno que puede hacer Sánchez es abrir ese frente al gobierno para obligarlo a atenderlo, lo que mermará sus fuerzas en los otros. Es su obligación, además, oponerse. La moción se perderá, por supuesto, en la votación parlamentaria, pero se ganará en la calle, en términos de conocimiento y popularidad de un candidato que recién se estrena pero trae un programa alternativo. La moción de censura le da tiempo ilimitado para exponerlo. Y eso es lo que la gente está esperando: un programa alternativo, viable y claro que todo el mundo entienda frente a las magias potagias y el hocus pocus de una imaginaria recuperación que Rajoy se saca de la chistera entre corrupción y corrupción.

Es la ocasión de dar un relieve particular al programa electoral, género francamente desprestigiado. La solemnidad del lugar de la exposición debiera ser el símbolo del propósito de cumplirlo. Un conjunto de medidas de derogación de todo lo injustamente legislado por decreto y rodillo, de devolución a la gente de los derechos recortados o suprimidos, de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática con un plan de reactivación económica con aumento de la productividad sin merma de rentas salariales o servicios públicos.

Tener al gobierno del Estado y la oposición parlamentaria debatiendo sobre asuntos de interés general a cinco meses de unas elecciones legislativas que pueden resultar en un cambio de mayorías no es una ocurrencia ni una aventura de inexperto, sino algo que cualquier colectividad haría para prepararse en caso de un hipotético cambio. Ello sin contar con que, en realidad, tal debate no se ha hecho nunca en la legislatura, pues los del Estado de la nación se han dedicado a otros asuntos.

La moción de censura es una obligación democrática. La única razón para no plantearla, cabe intuir, es que, en el curso del debate sea preciso hablar de la cuestión catalana, cosa nada del gusto de los partidos españoles cuando otean elecciones. No haya cuidado. Mas señaló una vía en esa entrevista de Iñaki Gabilondo que Palinuro comentó ayer en Mas se explica. Me atrevería a sugerir a los socialistas que siguieran su ejemplo: aguarden a ver qué resultado dan las elecciones del 27 de septiembre y, en función de esos resultados, hagan ustedes sus propuestas. Mientras tanto, piénsenlas porque todos nos jugamos mucho.

En fin, hagan lo que quieran pero no es absurdo elevar un tanto el nivel del debate a las cuestiones de interés general. No seamos solo objeto de la atención y pasmo de Europa por el hecho de que dos magistrados presuntamente afines a un partido se apresten a juzgar a dicho partido en un procedimiento penal.

La justicia del príncipe nunca será Justicia.

La terquedad catalana.

No parecen enterarse. O no quieren darse por enterados. Los nacionalistas catalanes siguen erre que erre queriendo separarse. Y los nacionalistas españoles eñe que eñe, poniéndoles coto, límites, barreras que los otros se obstinan en sortear o saltarse limpiamente. No se enteran de que no pueden organizar referéndums en su tierra; ni consultas. No pueden llamarse a sí mismos "nación" si con eso pretenden ladinos "efectos juridicos". O deportivos. No pueden tener una selección nacional de fútbol, pero sí un Museo Nacional de Arte de Cataluña y una Orquesta Nacional de Cataluña. La cultura, al parecer, no tiene "efectos jurídicos". No pueden organizar su sistema educativo como quieran. No pueden hablar en catalán en el congreso. No pueden tener representaciones exteriores de fuste. Pasado el Ebro, no son catalanes, sino españoles. Allende los Pirineos, también. Eso dicen sus documentos de identidad.

Ahora, si son jueces, tampoco pueden redactar proyectos de Constitución de entes imaginarios como una República Catalana. El juez Vidal queda fuera de la carrera por eso. No dudo de que la decisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estará impecablemente ajustada a derecho. Si no lo estuviere, ya se lo harán ver.

Al margen de estas cuestiones, que se ventilarán sin duda en su momento, el asunto tiene unas implicaciones políticas de largo alcance. La decisión del órgano de vigilancia de los jueces ha sido contundente y veloz y contrasta con la lentitud e incluso dejadez en otros casos. Pero, sobre todo, es obvio que se trata de algo ideológico. ¿Qué pasaría si, en vez de llamarlo "proyecto" de Constitución, Vidal lo hubiera llamado "Utopia de Catalunya Lliure"? ¿En dónde están los límites que hacen de una obra del espíritu una creación literaria o un documento para la comisión de una delito? Aceptar esto nos lleva peligrosamente cerca del juicio de intenciones.

Dicen los guardianes del orden que se trata de un proyecto ideológico partidista. Y los jueces no pueden pertenecer a partidos. Ideológico es seguro; partidista, falso. El popio Vidal ha señalado en repetidas ocasiones que tras su iniciativa no hay partido alguno. Añadase a ello que la medida tomada contra él lo ha sido por un órgano que ve bien que el presidente del Tribunal Constitucional haya militado activamente en el partido del gobierno. En el caso de Vidal no hay partido y lo de la ideología no es algo que los jueces tengan prohibido, según se colige de que estén organizados en tres asociaciones profesionales separadas por razones ideológicas. Resumen aparente, si eres juez y tienes un problema ideológico, solo te pasa algo si eres catalán.

La indiferencia, desconocimiento e irresponsabilidad con que el nacionalismo español -especialmente enraizado en la judicatura- se enfrenta a la cuestión catalana, que es la cuestión española, son asombrosos.

El gobierno, contra los jueces.

Y van tres. Primero fue Garzón, condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial por su forma de instruir el caso Gürtel. Luego fue el turno del juez Silva, igualmente inhabilitado por su forma de instruir el caso Bankia. Ahora le toca al juez Ruz por el caso Gürtel de nuevo y el de Bárcenas. No se le reprocha ilicitud alguna, pero se le aparta de hecho del caso con un pretexto puramente formal, legalista, contra todo sentido de funcionamiento racional de la administración de justicia y envuelto en explicaciones torticeras y engañosas. Mañana puede ser el juez Castro, instructor del caso Urdangarin y según lo que decida en cuanto a la infanta Cristina.

Ocuparse de los casos en los que el gobierno y su partido tienen un interés directo es una línea de peligro para los jueces. Aunque no para todos sino solamente para los independientes que proceden según criterio propio y no según órdenes de arriba o intereses extrajudiciales. Aquellos otros que exoneran a acusados a quienes tienen que volver a encausar, los que tratan a los corruptos con miramientos y privilegios, dan carpetazo a las causas o favorecen los indultos de los condenados, no padecen problema ni persecución ninguna.

La injerencia del poder político en la justicia es escandalosa. No solamente visible en el modo en que el gobierno y su partido ha poblado de militantes y simpatizantes puestos claves de la magistratura, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial sino en la forma beligerante en que arremeten contra los jueces incómodos e independientes. Se les busca las vueltas como sea, aprovechando las circunstancias que sean y, entre tanto, se los vapulea en los medios a cargo de tertulianos afines o también militantes, generalmente pagados con dineros públicos.

Todo el mundo sabe que no se respeta la independencia judicial y que el gobierno y su partido presionan a los jueces y los persiguen cuando no se doblegan. De los fiscales no es preciso ni hablar. Es lógico que se sepa porque es exactamente el fin deseado por el gobierno: que se sepa. Si un juez se pone escrupuloso, investiga en serio la corrupción y señala a los responsables en el gobierno y en el partido y al partido mismo como tal, se sabe que, probablemente, tenga los días contados como juez. Los escarmientos tienen un efecto paralizador sobre la voluntad del resto de la judicatura de cumplir con su deber de independencia. Para ello deben ser públicos y debe saberse, cuando menos intuirse, quién los ha impuesto. Basta con la sospecha: si te enfrentas al Príncipe, este, como Herodías, pedirá tu cabeza, juececillo.

Al mismo tiempo, el gobierno, su partido y su aparato de propaganda hablan sin parar de respeto a la ley, a la labor judicial, a la exquisita separación de poderes, a la legalidad escrupulosa de la acción del gobierno, a la transparencia, al principio de inocencia y al resto de piezas que componen ese delicado equilibrio del Estado democrático de derecho. Lo de social, que incluye la aclamada Constitución vigente, lo dejo fuera por pertenecer al reino de la fábula.

La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes  dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se  obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.

Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!

Salvar a la Infanta y hundir la Monarquía.

Corren todos, cortesanos y obsequiosos, a proteger a la infanta Cristina. Los ciega el servilismo, disfrazado de preocupación por la salud del Estado. Y van en tropel, probos funcionarios, ilustres abogados, fiscales, ministros, el presidente del gobierno y el augusto padre de la imputada. Este último podría quedar exonerado en vista de su condición paterna. Tengo para mí que un rey no puede anteponer el interés de su familia al de la justicia y el Estado. O quizá no deba. Pero el Pater familias es una institución sacrosanta y la paternidad, una condición inconmensurable. La biológica, desde luego, porque, como se ve en lo que hace el padre de la Constitución, Roca Junyent, la metafórica es de otra naturaleza, mucho más elástica.

Pero los demás, ¿qué pintan acorralando, acogotando al juez Castro? Es un espectáculo bochornoso. Creen estos consocios que el interés de la Infanta es superior al del Estado y dan por supuesto que todos pensamos como ellos. Invocan la razón de Estado, se sienten importantes y no reparan en el absurdo de una razón que se somete a la suerte procesal de una imputada por el hecho de ser de sangre real. Demuestran que para ellos en España hay dos justicias: la del príncipe y la del pueblo. "No, no", dicen escandalizados, "al revés. Queremos que la Infanta tenga las mismas garantías que un ciudadano común y no se la penalice por ser quien es". Dejemos de lado la inepcia del argumento, al parecer del fiscal Horrach. O no es penalizar (en el sentido de penalizar en exceso) o el "ser quien es" es irrelevante. ¿O quiere decir Horrach que no se la puede penalizar (en el sentido de penalizar con justicia) precisamente por ser quien es? El problema no es quién sea, sino qué ha hecho. A eso se atiene, como debe, el juez Castro y nadie tiene derecho a enmendarle la plana. Se le puede recusar en persona o recurrir sus decisiones; pero no se puede interferir, decirle lo que tiene que hacer; no cabe glosar o interpretar sus preguntas ni imponerle cómo debe decidir. Eso es ir contra la independencia del poder judicial.

Si fueran menos obtusos se darían cuenta de que, procesalmente hablando, la verdadera garantía de la infanta Cristina es el juez Castro que le da la oportunidad de explicarse en público, para que brille esa inocencia de la que tan convencido está el presidente del gobierno. Y hasta ha tenido el gentil detalle (que no todos le han aplaudido) de no grabar en vídeo la declaración sino solamente en audio. La feroz presión en torno al instructor (que llega, incluso, a sembrar rumores, claramente conminatorios, sobre su posible substitución) solo demuestra el temor, por decirlo suavemente de que la interesada no sea inocente. Y, entonces, ¿qué?

Entonces a ver cómo se evita que la Infanta arrastre en su caída la institución monárquica, ya muy tocada del ala por múltiples razones, unas conocidas y otras atisbadas y protegidas por los restos del acuerdo del establecimiento de dejar al margen la Corona. Precisamente por eso, argumenta el bloque pro-infanta, es preciso evitar que se la procese, dado que es inocente, como bien sabemos de antemano. Y ello sin contar con que no cabe aplicarle el procedimiento redentorista que emplea el gobierno cuando los condenados también son de su querencia pero plebeyos: se los indulta. ¡Ah! Es impensable verse obligados a indultar a la Infanta.

¿No se dan cuenta de que la segunda opción es más dañina aun para la Corona? Liberada la Infanta mediante cualquier artimaña procesal de alguno de los cerebros que en este momento trabajan a contrarreloj por dar con ella, la opinión pública la declarará unánimente culpable. Las dos opciones son destructivas de la institución, pónganse vuecencias como se pongan. Pero la primera tiene algún elemento más a su favor: la Infanta da la cara, la Monarquía da la cara y cumple la ley que impone a todos los demás.  Seguiría siendo cierto aquello del Rey abajo, ninguno.

¡Qué cosas tiene este Palinuro! Claro, es republicano. 

(La imagen es del muro de FB de Mi vida es ser un mamón o del partido que ustedes quieran. @mividaesserunmamon

La delgada línea negra.

Esta es una entrada de reconocimiento y agradecimiento a jueces como Alaya, Castro, Garzón, Gómez Bermúdez, Pedraz, Ruz, Silva y muchos otros de menor renombre pero similares merecimientos.

La última de defensa del Estado de derecho en España son sus jueces. Sin duda, la administración de Justicia tiene baja valoración en la opinión ciudadana, según los sondeos, y eso afecta a jueces y magistrados, lo cual no es enteramente justo. En la medida en que la "administración de Justicia" tiene una entidad material, su principal defecto es la lentitud, achacable a la escasez de recursos, algo de lo que los profesionales no son responsables porque es cosa de los políticos. En la medida en que la entidad quiere ser institucional, por ejemplo, cuando se habla del Poder Judicial, su rasgo es que no existe. No hay un lugar concreto en el que esté residenciado el poder judicial, compuesto por unos miembros que sean mancomunadamente responsables de las decisiones colectivas, como el gobierno y el parlamento. No hay decisiones colectivas del poder judicial. El poder judicial son sus jueces. Cada uno de ellos al actuar es el poder judicial en su plenitud, sin perjuicio del sistema de recursos.

Por eso es tan importante la fibra moral, la personalidad de los jueces individualmente considerados. Y los justiciables tenemos derecho a decir qué jueces queremos, con cuáles simpatizamos. Para Palinuro son dignos de aplauso y agradecimiento los mencionados más arriba, tanto los nominalmente citados como los que no, porque tienen un rasgo en común, su independencia, su rigor y su entrega desinteresada a la causa de la Justicia. Otros ciudadanos preferirán, quizá, otro tipo de juzgadores. Están en su derecho. Lo pertinente es exponer los respectivos méritos ante la ciudadanía para su información.

Los jueces citados al principio son ciudadanos, funcionarios públicos por cierto, cuya importancia para el funcionamiento del Estado de derecho está en agudo contraste con sus recatadas vidas, sus biografías anodinas, la fragilidad material de sus condiciones de existencia, lo modesto de sus ingresos. Son ciudadanos normales que, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, están sometidos a presiones de todo orden, tan atroces que el resto seguramente no alcanzamos a imaginar. La delgada línea negra formada por los jueces, la última defensa de nuestras libertades públicas, nuestros derechos y garantías, se enfrenta a un formidable aparato con todos los poderes legales e ilegales, materiales e ideológicos, empeñado en doblegarlos, ponerlos a su servicio y conseguir así una "justicia" a la medida de sus intereses políticos, religiosos, económicos. Y se enfrentan solos, valiéndose únicamente de su integridad, su valor, su conciencia cívica; y apoyados por los ciudadanos que queremos jueces justos.

Ese aparato desencadenado en contra de unos jueces independientes en una contienda muy desigual tiene a su vez muchos frentes. La primera oposición la encuentran aquellos -y en términos duros, casi descalificatorios- en el ministerio fiscal y, más en concreto, en la fiscalía anticorrupción que -dependientes como son del gobierno- dan la impresión de actuar como defensas de los imputados o acusados siempre que estos tengan relación directa o indirecta con los poderes públicos, desde los presidentes autonómicos hasta los miembros de la Casa Real.

¿Para qué hablar del gobierno? Sus miembros y presidente repiten la jaculatoria del "respeto a las decisiones judiciales" pero no lo profesan sino todo lo contrario. Su interferencia en la administración de Justicia es permanente. Un ejemplo especialmente detestable: la política de indultos del gobierno del PP es una vergüenza. Indultar es siempre torcer la acción de la Justicia (aunque a veces sean los propios tribunales quienes, por alguna razón, recomienden el indulto a la par que condenan) pero hacerlo de modo reiterado, siempre para los delitos de los allegados política o económicamente y hacerlo de formas que suscitan dudas sobre su legalidad es venir a constituirse en un contrapoder de la justicia. 

Más presiones. El frente mediático es especialmente feroz. Aquí no se guardan ni las apariencias de respeto a la judicatura. Los medios impresos con portadas alucinantes, los audiovisuales, las tertulias en donde se dicen cosas atroces sobre los jueces, viralizadas luego a través de las redes sociales son un martilleo constante, muchas veces injurioso y, en ocasiones, frisando la calumnia. No han sido extraños los casos de jueces que se han visto obligados a pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Y más. Los partidos, singularmente el del gobierno por ser el que reúne mayor cantidad de escándalos, imputados, procesos, (pero sin ignorar a algunos otros, aunque sea en proporción menor, como el PSOE o CiU) llegan a extremos de verdadera hostilidad. La sistemática destrucción de pruebas del PP (registro de entradas, discos duros, papeles, correos electrónicos, etc) define qué se entiende en él por colaboración con la justicia. El símil perfecto lo dio hace unos días Rajoy con su necedad habitual: el PP colabora con la justicia cuando el juez, harto de que no le envíen los documentos que reclama, manda la policía judicial a registrar la sede del partido. La práctica de este de constituirse en acusación en los procedimientos que le afectan directamente con el propósito de reventarlos desde dentro (razón por la cual el juez ha tenido que expulsarlo) es otra acabada muestra de colaboración con la justicia.

Y la suprema: el dinero. El dinero en la época de la codicia universal. Todos estos procedimientos son bailes de millones, de cientos, de miles de millones, estafados, evadidos, malversados, indebidamente apropiados, blanqueados, invertidos en opciones opacas, a nombre de testaferros, refugiados en paraísos fiscales. Una asombrosa recua de financieros ladrones, empresarios piratas, políticos comisionistas y sobrecogedores, clérigos logreros, delincuentes de guante blanco y de guante marrón, todos ellos presuntos desde luego, protagonizan una commedia dell'arte de la corrupción tradicionalmente española. Hoy elevada a la enésima potencia por las burbujas financieras en la época de las nuevas tecnologías y la coronación del edificio bajo la forma de una jefatura del Estado, una Corona, que no solamente no está por encima de toda sospecha sino que lo está por debajo de todas ellas. Pues bien, frente a esa degradación de la estima colectiva que amenaza con pulverizar lo poco de Nación que queda a España, solo tenemos esa frágil pero dura línea negra. Nuestra última frontera.

En un país en el que un tesorero, de esos de manguitos y visera, acumula cincuenta millones de euros en una cuenta en Suiza, ¿cuánto pueden algunos empresarios o delincuentes ofrecer a estos jueces por archivar un caso, dejar prescribir un delito, ignorar una prueba? ¿Cuánto a unos funcionarios que cobran unas pagas en nóminas públicas por cuyo monto anual muchos de esos personajes no se levantarían de la cama? Bastantes políticos se venden. Tenemos casos para todos los gustos y todas las cuantías, según el volumen del negocio, desde unos miles de euros en comisiones a millones. ¿Por qué no los jueces? Téngase en cuenta que, además, ya vienen baqueteados, con las costillas brumadas por los medios y su honor pisoteado por auténticos sayones. ¿Por qué no van a razonar como, probablemente, les insinúe el egoísmo en sus horas bajas? ¿Qué necesidad tienen de pasar ese calvario (y, quizá, hacérselo pasar a sus familias) cuando podrían quitarse de líos y disfrutar de una saneada rentita producida por alguna generosa dádiva de uno de esos millonarios delincuentes?

Pues no lo hacen. Y siguen. En esos juececillos que van y vienen afanosos entre focos y micrófonos con sus trajes prêt à porter arrugados y sus corbatas descolocadas, frente a la impecable e implacable elegancia de los mangantes, está nuestra última esperanza de no sentirnos irremediablemente avergonzados de ser españoles. 

Gracias, señorías. Ustedes sí hacen honor al nombre.