lunes, 27 de enero de 2014

Salvar a la Infanta y hundir la Monarquía.

Corren todos, cortesanos y obsequiosos, a proteger a la infanta Cristina. Los ciega el servilismo, disfrazado de preocupación por la salud del Estado. Y van en tropel, probos funcionarios, ilustres abogados, fiscales, ministros, el presidente del gobierno y el augusto padre de la imputada. Este último podría quedar exonerado en vista de su condición paterna. Tengo para mí que un rey no puede anteponer el interés de su familia al de la justicia y el Estado. O quizá no deba. Pero el Pater familias es una institución sacrosanta y la paternidad, una condición inconmensurable. La biológica, desde luego, porque, como se ve en lo que hace el padre de la Constitución, Roca Junyent, la metafórica es de otra naturaleza, mucho más elástica.

Pero los demás, ¿qué pintan acorralando, acogotando al juez Castro? Es un espectáculo bochornoso. Creen estos consocios que el interés de la Infanta es superior al del Estado y dan por supuesto que todos pensamos como ellos. Invocan la razón de Estado, se sienten importantes y no reparan en el absurdo de una razón que se somete a la suerte procesal de una imputada por el hecho de ser de sangre real. Demuestran que para ellos en España hay dos justicias: la del príncipe y la del pueblo. "No, no", dicen escandalizados, "al revés. Queremos que la Infanta tenga las mismas garantías que un ciudadano común y no se la penalice por ser quien es". Dejemos de lado la inepcia del argumento, al parecer del fiscal Horrach. O no es penalizar (en el sentido de penalizar en exceso) o el "ser quien es" es irrelevante. ¿O quiere decir Horrach que no se la puede penalizar (en el sentido de penalizar con justicia) precisamente por ser quien es? El problema no es quién sea, sino qué ha hecho. A eso se atiene, como debe, el juez Castro y nadie tiene derecho a enmendarle la plana. Se le puede recusar en persona o recurrir sus decisiones; pero no se puede interferir, decirle lo que tiene que hacer; no cabe glosar o interpretar sus preguntas ni imponerle cómo debe decidir. Eso es ir contra la independencia del poder judicial.

Si fueran menos obtusos se darían cuenta de que, procesalmente hablando, la verdadera garantía de la infanta Cristina es el juez Castro que le da la oportunidad de explicarse en público, para que brille esa inocencia de la que tan convencido está el presidente del gobierno. Y hasta ha tenido el gentil detalle (que no todos le han aplaudido) de no grabar en vídeo la declaración sino solamente en audio. La feroz presión en torno al instructor (que llega, incluso, a sembrar rumores, claramente conminatorios, sobre su posible substitución) solo demuestra el temor, por decirlo suavemente de que la interesada no sea inocente. Y, entonces, ¿qué?

Entonces a ver cómo se evita que la Infanta arrastre en su caída la institución monárquica, ya muy tocada del ala por múltiples razones, unas conocidas y otras atisbadas y protegidas por los restos del acuerdo del establecimiento de dejar al margen la Corona. Precisamente por eso, argumenta el bloque pro-infanta, es preciso evitar que se la procese, dado que es inocente, como bien sabemos de antemano. Y ello sin contar con que no cabe aplicarle el procedimiento redentorista que emplea el gobierno cuando los condenados también son de su querencia pero plebeyos: se los indulta. ¡Ah! Es impensable verse obligados a indultar a la Infanta.

¿No se dan cuenta de que la segunda opción es más dañina aun para la Corona? Liberada la Infanta mediante cualquier artimaña procesal de alguno de los cerebros que en este momento trabajan a contrarreloj por dar con ella, la opinión pública la declarará unánimente culpable. Las dos opciones son destructivas de la institución, pónganse vuecencias como se pongan. Pero la primera tiene algún elemento más a su favor: la Infanta da la cara, la Monarquía da la cara y cumple la ley que impone a todos los demás.  Seguiría siendo cierto aquello del Rey abajo, ninguno.

¡Qué cosas tiene este Palinuro! Claro, es republicano.