Con su acostumbrado garbo y contundencia en el decir, el compañero Guerra ha instado a recurrir sin más al artículo 155 CE. No a pensar en la posibilidad de hacerlo sino a aplicarlo directamente, suponiendo que ello equivale a la suspensión de la autonomía catalana. Es mucho suponer porque el tal artículo no quiere decir nada al limitarse a prever que el Estado impartirá las órdenes oportunas para que las CCAA que se aparten de la legalidad o el bien común se retracten. Pero eso no le importa a Guerra. Lo suyo no es proponer algo viable desde el punto de vista de la legalidad sino dar un puñetazo sobre la mesa, cerrar el debate de una vez por todas. Es un gesto autoritario y un desaire al independentismo catalán, cada vez más crecido precisamente a cuenta de estas intemperancias.
No hay gran diferencia entre el ultimátum de Guerra y los desprecios de la vicepresidenta del gobierno al considerar que la independencia es una “matraca” y que hay que acabar ya con ese “rollo”. La paciencia de la nación española frente a la catalana es brevísima, tanto en la versión nacional-católica del gobierno como en la liberal-doceañista de la oposición. Ya está bien, hombre. Aquí no hay más nación que la española y las demás son “matracas” que deben suspenderse sin miramientos.
El PSOE ha iniciado su nueva andadura propugnando una problemática plurinacionalidad de contenido necesariamente impreciso. Pero, por impreciso que sea, no es compatible con la práctica de suspender una autonomía de entrada, aquella, además, con un perfil más acusadamente nacional y en cuya virtud se ha incorporado el concepto y se propone reformar la Constitución.
La Comisión Ejecutiva ha desautorizado la bravata de Guerra por considerarla “cruenta”. Curioso adjetivo que da una pista de los derroteros mentales de quienes se enfrentan al problema desde el nacionalismo español. Por supuesto, el desautorizado habrá montado en cólera, comprobando así cuánto han perdido él y los suyos con el resultado de las primarias.
Sin duda es una ventaja que el PSOE, aun respaldando la acción del gobierno en lo que considera que son asuntos de Estado (básicamente Cataluña), trate de diferenciarse y de aportar soluciones alternativas a la estrategia del choque de trenes del PP. Y eso requiere “soluciones imaginativas”, como sugiere Enric Juliana, muy preocupado porque la negativa cerrada y la represión hagan aumentar el porcentaje de apoyo a la independencia entre la población.
Sin embargo, llama mucho la atención el sorprendente propósito de recurrir a la comunidad internacional en caso de que el gobierno aplique el artículo de marras. La “comunidad internacional” es un enunciado tan impreciso como el de la “plurinacionalidad”. En primer lugar, es necesario saber ante qué instancia concreta se presentará el caso: la ONU, la UE, el TIJ y, en segundo, quién en concreto lo presenta, con qué competencia y qué perspectivas.
Desde el punto de vista político, la “externalización” del artículo 155 viene a coincidir con la política de internacionalización del conflicto que lleva a cabo la Generalitat, de forma que el PSOE incurre en una curiosa contradicción: apoya al gobierno en su política represiva, de negación del referéndum e internacionalización del conflicto y, por otro lado, la promueve él mismo.
No obstante, estas contradicciones no son graves. Al contrario, son de esperar cuando quienes llevan años ignorando un problema, descubren de pronto que tiene dimensiones capaces de poner en riesgo su supervivencia. Interviene entonces el instinto de conservación. Y el instinto de conservación es ciego. Lo sensato no es evitar las contradicciones sino atinar con la solución justa e “imaginativa”.
Y esta es muy sencilla. El NYT trae un editorial dictado por el pragmatismo yanqui en el que se pronuncia por la celebración del referéndum y recomienda votar “no”. Más o menos, lo mismo que propugna Podemos. Y, como no será fácil descubrir lazos entre el NYT y la formación morada, será cosa de concluir que la celebración del referéndum catalán no es algo absurdo, ni demoníaco, ni ilegítimo, sino una posibilidad razonable. No se entiende por qué no la hace suya el PSOE cuando es perfectamente compatible con alguno de los sentidos de la plurinacionalidad.
Si la objeción es exclusivamente referida a la legalidad, basta recordar que “allá van leyes do quieren reyes”. Para que algo sea legal, basta con que el legislador lo haga legal. El legislador no puede convertir lo ilegítimo en legítimo, pero sí lo ilegal en legal. Está para eso.
