Prefiero esta expresión antes que la manida referencia al lampedusismo de esta propuesta de reforma. Sí, la expresión que revitalizó Torcuato Fernández Miranda al inicio de la Transición. Porque esta iniciativa de poner en marcha una reforma de la Constitución vigente es como una máquina del tiempo. Nos lleva hacia atrás. Y a cometer los mismos errores que en la Transición.
En efecto, el primero de todos fue aceptar que unas Cortes elegidas como ordinarias, se autodesignaran constituyentes, sin un mandato popular expreso en ese sentido. La Constitución fue obra de un cuerpo legislativo no constituyente sino constituido y de acuerdo, parcialmente, con una legislación que él mismo derogaría. El poder constituyente de aquellas Cortes era el franquismo y así puede verse en la edición príncipe de la Constitución, que luce el escudo franquista. La situación es muy parecida. Unas cortes elegidas el pasado 26 de junio en unas elecciones generales ordinarias se autodeclaran constituyentes por cuanto encaran la reforma de una Constitución que, según ella misma admite y regula, puede ser total sin que ninguno de los partidos llevara este propósito en su programa. Es decir, como las Cortes de la transición, abordan una acción para la que están legitimadas, desde luego, pero para la que no tienen un mandato expreso del pueblo. Ese en el que, según se dice, reside la soberanía.
El debate puede iniciarse, máxime si, como según parece, ya han acordado sus límites los dos partidos dinásticos. No servirá para gran cosa, salvo para tener entretenidos a los medios y los auditorios con cuestiones bizantinas y soslayar los problemas reales e inmediatos, el primero de los cuales es la llamada cuestión catalana. Desde el momento en que el referéndum y la autodeterminación quedarán excluidos, los independentistas perderán interés en la quisicosa y proseguirán con su hoja de ruta, cuya realización hará saltar por los aires la reforma por irrelevante. También fuera, según parece, queda la conservación de la Monarquía frente a la reivindicación republicana. Otra exclusión que también afecta a Cataluña porque el independentismo es republicano. Y de tocar el estado de privilegio de la Iglesia católica, de Estado dentro del Estado, ni se mencionará.
La reforma de la Constitución es hoy necesidad sentida por todos los partidos, incluido el PP, cuya respuesta a la iniciativa reformista fue siempre negativa, a pesar de tratarse de un texto que un buen puñado de sus fundadores rechazó en la votación originaria. Se quiere una reforma cosmética, que no afecte a los cimientos de la Constitución, que se limite a tocar aspectos parciales como el Senado, el régimen autonómico, quizá el sistema electoral, el título relativo a derechos y algunas cosas más.
Sin embargo, la actual crisis institucional parece exigir una reforma de mayor calado porque lo que está en cuestión, precisamente, son los fundamentos de la Constitución. Sería mucho más práctico y honrado con los ciudadanos disolver estas Cortes y convocar elecciones constituyentes, a las cuales los partidos presentaran sus programas específicos de reforma constitucional. De modo que ningún partido ni propuesta se vea sometida a la trampa saducea de rechazar una reforma por la que sin embargo aboga.
Esa convocatoria cogería al PSOE en el marasmo. Pero podría recomponerse rápidamente si la izquierda fuera capaz de ponerse de acuerdo en un programa electoral que incluyera la plurinacionalidad del Estado y la forma de ponerla en práctica, empezando por la realización de un referéndum contra la cual no hay razones válidas. Si, además, vamos al referéndum sobre República/Monarquía y la situación de la Iglesia, miel sobre hojuelas.
