Evo Morales y las realidades de la vida.

Cualquiera que haya leído la nueva Constitución boliviana, un texto larguísimo, minucioso, muy avanzado en derechos humanos, especialmente de los indígenas para los que se prevé prácticamente una estructura estatal dentro del Estado, incluida su propia administración de justicia, sabe que está concebida como un verdadero documento de emancipación de los autóctonos a los que hasta la fecha se ha explotado, oprimido, aniquilado y, desde luego, ignorado. En concreto, el artículo 30, II, 15 dice textualmente que los nativos tienen el derecho "a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan". Lindas palabrejas que, a la primera de cambio, parece que no van a cumplirse porque, como siempre, por encima de los derechos humanos de los indígenas están los intereses de Bolivia como Estado o lo que el que manda entiende que son los intereses de Bolivia.

La zona en que anda haciendo prospecciones petrolíferas Petroandina, un consorcio en el que hay capital de los cinco Estados del antiguo Pacto Andino, tiene mucho valor medioambiental y hay alguna ONG soliviantando a los indígenas para que pidan que se les aplique la Constitución a fin de oponerse al proyecto. El presidente Morales, no obstante, lo apoya por considerarlo necesario para el desarrollo de Bolivia, preguntándose de qué iba a vivir el país si no es del petróleo pero sin preguntarse, según parece, de qué habrá vivido hasta la fecha y, sobre todo, de qué hayan vivido los indígenas, razón por la cual tira contra las ONG que luchan porque se apliquen los derechos de estos indigenas.

En la crítica del Presidente a las ONG suena el argumentario típicamente imperialista: muchas son chiriguitos para que vivan unos cuantos listos a costa de los pobres; muchas acceden a subvenciones públicas y viven de ellas porque se constituyeron para eso; otras se inventan los problemas para justificar su existencia; en general su actividad deja mucho que desear. Argumentos todos ellos del campo neoliberal que no suenan nada bien en boca de quien dice luchar contra él. Es bueno, aunque no muy original, que el señor Morales descubra que hay algunas, quizá bastantes, ONG que no cumplen con su tarea o que se emplean para lo contrario de aquella. Pero no todas y mucho menos cuando defienden los derechos de los pueblos indígenas y muchísimo menos aun cuando los incitan a ejercerlos en el marco de la Constitución más avanzada del mundo en ese campo.

Porque ahí es donde el señor Morales descubre y demuestra con su acción que una cosa es proclamar los derechos de los indígenas y otra hacerlos valer.

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons).

Intento de magnicidio.

¿Así que unos mercenarios querían acribillar a tiros al señor Morales y otros altos dignatarios bolivianos? No me extraña. Eso de atentar y asesinar presidentes del Gobierno y Jefes de Estado, sobre todo si son de izquierda, no es raro en el continente, si bien tampoco tan común. El caso de Allende viene en seguida a la memoria, pero no hay muchos más. Claro que tampoco ha habido muchos más dirigentes de izquierda. En los Estados Unidos sí que no es cosa insólita. Los presidentes Lincoln, Garfield y Kennedy podrían dar buena prueba de ello o el señor Reagan, al que casi se llevan por delante. De ellos Lincoln y Kennedy eran todo lo más de izquierda que puede llegar a ser un presidente gringo. En fin, que si hubiera un atentado contra el señor Obama, extrañaría tan poco como el del señor Morales. Puede que menos. Hay muchos orates en los EEUU que creen que un negro en el gobierno de la Nación es un insulto o un sacrilegio, y están armados. A veces los atentados los organiza un gobierno de la región. Por ejemplo, según parece, mercenarios y agentes más o menos a sueldo de los EEUU han atentado varias veces contra el señor Fidel Castro. El magnicidio no es algo tan sorprendente en América y, desde luego, es muy grato saber que, en este caso, ha fracasado y el presidente Evo Morales sigue vivo.

Por cierto, los españoles no somos los más adecuados para tratar con condescendencia esto de los magnicidios en tierra ajena, como si los indígenas de allende los mares fueran más proclives al atentado a fuer de incivilizados. El propio Reino de España muestra una de las tasas de magnicidos más altas del mundo En poco más de un siglo, entre 1870 y 1973 murieron en España en atentado cinco presidentes del Gobierno: el General Prim, don Antonio Cánovas, don José Canalejas, don Eduardo Dato y don Luis Carrero Blanco. Y, si no es por los dioses justicieros, en 1995 hubiera muerto de parecida forma don José María Aznar que aún no era presidente del Gobierno pero le faltaban meses para serlo. Por cierto, ninguno era de izquierda propiamente hablando. Todo un record.

(La imagen es una foto de Alain Bachellier, bajo licencia de Creative Commons).

Bien por Evo Morales.

Habiendo conseguido su objetivo de que el Parlamento boliviano apruebe la ley reguladora de los próximos comicios generales en diciembre, el señor Evo Morales ha puesto fin a la huelga de hambre que inició con otros seguidores suyos el jueves pasado. La ley aprobada ha sido resultado de una transacción final en la que el oficialismo ha hecho algunas concesiones en cuanto a la cantidad de escaños reservados a los indígenas, el voto de los bolivianos residentes en el extranjero y la elaboración del padrón; pero ha salido adelante. Y lo ha hecho gracias a la actitud del primer mandatario cuyas formas y estilo rompen las convenciones de los sistemas políticos occidentales. Que el presidente de la República comprometa su salud y su vida con una medida de gobierno demuestra que tiene una alta idea moral de la política que lo engrandece a él y dignifica su acción. Compárese al señor Morales con el señor Fujimori y dígase qué lugar ocupa cada uno en la escala de valores que el mundo dice respetar.

Viendo las imágenes del señor Morales en huelga de hambre me vinieron a la memoria las del Mahatma Gandhi en igual tesitura en varias ocasiones y por motivos más o menos similares. Los dos, el Mahatma Gandhi y el indio Morales, son guías espirituales de sus pueblos y los dos merecen el reconocimiento de quienes creemos que la política es actividad al servicio de nobles ideales y del bien común.

(La imagen es una foto de Periódico La Democracia, bajo licencia de Creative Commons).

Problemas palpitantes.

El contenido de la Revista de Estudios Políticos (nº 143, Madrid, enero-marzo de 2009) trae bastante variedad temática aunque parte importante de su contenido se destine a estudios de países latinoamericanos (en concreto, Bolivia, Nicaragua y Colombia).

Alfonso Egea de Haro (¿Cómo votan los europarlamentarios españoles?) responde de modo convincente a esta pregunta a la que sólo se contestaba antes por aproximación por falta de estudios que dieran una respuesta satisfactoria. Los estudios anteriores han señalado que los europarlamentarios votan teniendo más en cuenta la posición de su grupo parlamentario que sus intereses nacionales (p. 12). Los partidos nacionales tienen escasa influencia en el Parlamento europeo (15). El estudio considera el comportamiento de los europarlamentarios españoles en cuatro de las seis legislaturas del PE y analiza 12.509 votos nominales (p. 17). Aplica el método de escalamiento óptimo NOMINATE, desarrollado por Poole y Rosenthal (p. 18). El análisis se complementa con un modelo bayesiano que permite indicar no sólo la posición del legislador sino el intervalo de confianza en la estimación y excluye las razones por las que los diputados votan de un modo u otro (p. 25). Esta combinación permite caracterizar el debate político europeo como unidimensional en el caso español en cuanto al eje izquierda-derecha sin que ello suponga que se cancelen las diferencias que también se dan entre los representatntes de los partidos regionalistas y los de ámbito nacional (p. 28)

El de Cristina Ares Castro-Conde (La regionalizacion à la française: el alcance del derecho a la experimentación) es un interesante trabajo que investiga en un tema que siempre despierta mucho interés en Europa, esto es, ¿hasta dónde se han contagiado los franceses de la moda descentralizadora europea? En Francia no se reconoce a las minorías nacionales y sólo el Estado central tiene potestad legislativa y reglamentaria y hasta le ejecución de muchos reglamentos corresponde a la administración períferica y no a las administraciones regionales. Pero evoluciones siguientes como el Estatuto de Córcega, nacido del proceso de Matignon (2000-2008) y la Ley Constitucional de veintiocho de marzo de 2003 que reforma la Constitución añadiendo al artículo 1º la frase "la organización (de Francia) es descentralizada" y numera las regiones en el nuevo artículo 72 permiten ver un proceso de regionalizacón que se inició a mediados de los años cincuenta con veintiuna regiones "de programa", de naturaleza "funcional" (o sea, no democrática) (p. 35). Estas regiones empezaron a cambiar de naturaleza con el Acto I de la descentralización tras la victoria de Mitterrand y con las llamadas "leyes Deferre" (p. 39). El II Acto de descentralización corresponde a Jean-Pierre Raffarin que daría lugar a la mencionada ley de veintiocho de marzo y la Ley Orgánica sobre experimentación de las colectividades territoriales de primero de agosto de 2003, con otras normas legislativas descentralizadoras (p. 40) Los rasgos fundamentales de la descentralización à la française son: 1) se opera según un modelo uniforme diseñado por las instancias centrales; 2) se acompaña de un proceso de desconcentración de la Admonistración central; c) beneficia a todas las colectividades territoriales y crea conflictos entre ellas pues no las jerarquiza (p. 41). Hay 25 regiones en Francia, 21 metropolitanas y cuatro de ultramar (ROM) y se añade Córcega por ley de trece de mayo de 1991. La estructura ejecutiva y legislativa de las regiones es muy parecida a la de los departamentos y con gran importancia política pero muy escasas disponibilidades presupuestarias (p. 45). A pesar de ello hay esperanzas en la ley de veintiocho de marzo de 2003 que establece el "derecho de experimentación" de la regiones que les permite derogar a título experimental y plazo fijo leyes o reglamentos que incidan en sus competencias (p. 47). Lo analiza en el caso de Alsacia en donde sigue en vigor el Concordato de 1801 entre el Vaticano y el Imperio de Napoleón que luego los alemanes no abolieron a partir de 1870, como sí lo estaba en el resto de Francia. El particularismo alsaciano se muestra a partir de la ley de 1905 de separación entre la Iglesia y el Estado y se extiende a lo laboral, administrativo, la seguridad social, el estatuto de asociaciones, etc (p. 49) Este elemento de experimentación introduce un elemento territorial distinto en Francia para adaptarse a Europa pero no cambia mucho la descentralización administrativa en otra política (p. 52)

El estudio de Franco Gamboa Rocabado ( Las razones del fracaso: la Asamblea Constituyente en Bolivia como democracia bloqueada) consiste en un análisis de los debates en la Asamblea Constituyente de Bolivia en los que el autor ha estado presente entre agosto de 2006 y agosto de 2007 (p. 64), lo que da como resultado una especie de crónica de los sucedido en la Asamblea redactada a veces en términos retóricos y hasta confusos. La Asamblea tenía una abundante mayoría del MAS y una segunda mayoría de oposición, el Poder Democrático y Social (Podemos) en difíciles condiciones numéricas. No había una línea ideológica clara sino que el MAS impuso su criterio de: a) descolonización (p. 66), la nueva conciencia y un nuevo sistema político entre el Estado y la sociedad civil (p. 67) La Asamblea se escindió enseguida entre quienes querían imponer la mayoría absoluta (MAS) y Podemos que trataba de conseguir una mayoría superior para asegurarse minorías de veto. A la hora de valorar las distintas posiciones articuladas en la Asamblea hay párrafos realmente difíciles de entender. Por ejemplo: "Con las audiencias públicas y los encuentros territoriales, los asambleístas siempre estuvieron al borde de satisfacer una Constitución plagada de ilimitadas aspiraciones que, finalmente, representaban una desvirtuación permanente y un horizonte social con demasiada sobrecarga de las capacidades constitucionales donde nadie sabía si los nuevos artículos iba realmente a ser útiles." (p. 77). Compara las visiones del Estado que aportan el MAS, el Patriotismo Insurgente (un aliado del MAS) Y Podemos (p. 79-81). Analiza hasta la contabilidad de la Asamblea y desglosa la aportación española; analiza igualmente a los medios de comunicación y llega a una conclusión negativa de contenido más poético que científico: "Los tristes resultados de la Asamblea nos recuerdan a un laberinto de la soledad, pues los constituyentes lograron que como bolivianos nos encerráramos en nosotros mismos, exacerbando nuestra diferencias y haciendo mucho más profunda la conciencia de todo lo que nos separa, aísle o bloquea para reencontrarnos. La Asamblea construyó un páramo que aumentó nuestra soledad donde no pudimos buscar a nuestros compatriotas, ya sea por el temos acontemplarnos en ellos, o por penoso sentimiento defensivo de nuestras cobardías (p. 98). La prosa está bien, pero no estoy seguro de que sea la REP el lugar más adecuado para recogerla.

Salvador Martí i Puig (Mutaciones orgánicas, adaptación y desistitucionalización partidaria: el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1980-2006) es otro trabajo de tipo discursivo y narrativo, básicamente descriptivo. En las elecciones de 2006, Daniel Ortega, del FSLN ganó las elecciones presidenciales luego de dieciséis años en la oposición, desde que el FSLN ocupara el poder por las armas en 1978 hasta que perdió las elecciones en 1990. Desde entonces lo que ha hecho ha sido adaptarse a la nueva situación en un proceso que el autor divide en dos etapas: a) 1990-95, cuando se da la gran batalla en el interior del partido y b) de 1996 a 2006, con un partido transformado a un conjunto de redes formales e informales (p. 103). El punto de partida fue el Partido Estado que surgió de la fusión entre Estado y Partido de 1980 a 1990 con tres pies: la Dirección Nacional (DN), el partido y las organizaciones de masas, en típica estructura de partido de vanguardia (p. 106). Califica el autor al sandinismo como un "partido selectivo de fieles" (Duverger). Cuando se pierden las elecciones se abre un debate interno entre "renovdores" y "principistas" y un Congreso extraordinario en 1994 que acaba con la escisión formal de Sergio Ramírez que abandona el partido en 1995 para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) (p. 115). De 1996 a 2006 el FSLN se impuso como articulación personalista en torno a Daniel Ortega (p. 117) que concentró en su mano todo el poder (p. 119) y disolvió la DN (p. 122). La campaña electoral abandonó color y señas típicas del Frente Sandinista de Liberación Nacional de siempre, con lo que éste ganó las elecciones, se adaptó con éxito a las condiciones sociales actuales pero lo hizo a costa de tal mutación que ya queda poco del actor que lideró una insurrección popular bajo premisa de un cambio revolucionario en 1979 o del que en 1990 cedió el poder en unas elecciones libres (p. 125) que no sé si es una conclusión que vaya a causar sorpresa en los círculos de estudiosos que saben que todos los partidos en todos los sistemas políticos son entes esencialmente proteicos y más aguzadamente en lapsos de casi treinta años (1978 - 2006). ¿Qué tienen que ver los partidos políticos italianos de hoy con los de hace treinta años? Incluso si vamos a sistemas de partidos que parecen más estables, lo cierto es que, bajo apariencias de continuidad orgánica, se ocultan cambios radicales de partidos: entre el Partido Laborista de siempre y el Partido Laborista que gana las elecciones con Tony Blair en 1997 había pocas coincidencias, aun siendo las mismas siglas y el mismo partido.

Albert Noguera Fernández (¿Independencia o control? Los derechos sociales y los esfuerzos del Ejecutivo por el control de la Corte Constitucional de Colombia) parte de una pregunta también retórica ya que él está convencido de la respuesta: independencia de la Corte que el Ejecutivo trata de mermar sin conseguirlo hasta la fecha; aunque quizá lo consiga ahora ya que el Presidente tiene pendiente de nominación a dos magistrados de la Corte Constitucional (CC) de la terna que le corresponde. A raíz de la Constitución de 1991, la CC colombiana se ha erigido en gran defensora de los derechos sociales, que están constitucionalizados pero no gozan del mismo nivel de los civiles y políticos a los que la Constitución considera "fundamentales" (p. 136). Ha sido la jurisprudencia de la CC la que ha impuesto el tratamiento de los derechos sociales como si fueran fundamentales. La Constitución sostiene el principio de aplicación directa de los derechos por cuatro tipos de acciones: a) tutela; b) cumplimiento; c) acciones colectivas; d) acción de inconstitucionalidad (p. 138). La CC ha obligado a reconocer la "fundamentalidad", "progresividad" y eficacia frente a terceros de los derechos sociales, lo que habla mucho del activismo de la Corte. La doctrina moderna quiere que la dignidad de la persona descanse sobre cuatro principios: a) no interferencia en la libertad; b) participación en el ejercicio del poder; c) prestación de servicios; y d) reconocimiento de la identidad cultural, sexual, nacional. Pero en Colombia el c) y el d) no están reconocidos como fundamentales en la Constitución. Lo ha hecho la CC que ha asentado dos facetas: 1) interpretación extensiva de sus competencias en materia de constitucionalidad de las leyes; y 2) una interpretación progresista de la Constitcuión que ha supuesto una frecuente intervención del CC en la política económica el Estado. Se cita un fallo en el que el CC resolvió a favor del recurrente en función del "derecho innominado al mínimo vital", un derecho que no está en la Constitución pero que se desprende de otros derechos fundamentales que sí están como el derecho a la vida y a la dignidad (p. 149). Es un razonamiento que recuerda el de implicit powers del Tribunal Supremo de los EEUU. Este procedimiento de violación de "derecho innominado" se ha seguido cientos de veces (p. 150). También es importante que la CC haya reconocido la progresividad y prohibido la regresividad de los derechos sociales (p. 152). Igualmente ha abierto la posibilidad de la eficacia de los derechos frente a terceros, a partir de los momentos en que la CC tuteló derechos sociales que se hacían valer frente a empresas privadas que prestaban servicios públicos (p. 157). Un frente muy prometedor en todos los Estados del bienestar a los que se ataca por la vía de las crecientes privatizaciones.

Aunque Pablo Simón Cosano (La desigualdad y el valor de un voto. El malapportionment de las Cámaras Bajas en perspectiva comparada) publique su trabajo como nota me parece de mayor enjundia que alguno de los artículos que ocupan la parte noble del número. El tema que Simón aborda es de gran interés y casi ignorado en la investigación, en concreto, lo que llama el malapportionment en la formación de distritos electorales. El autor emplea el término inglés porque debe de pensar que no hay otro equivalente en español siendo así que por lo que se me alcanza, es el significado de "desproporción" o "desproporcional", desde el momento en que se trata de una incorrecta adjudicación de escaños (malapportionment) a un distrito electoral pero que es incorrecta porque no guarda la adecuada proporción con otras, esto es, que es desproporcionada. Toma el ejemplo de Samuels y Snyder, único caso de estudio de este tipo de desproporcionalidad y advierte que según los dos estudiosos esa desproprción beneficia a los distritos menos poblados, más rurales y, por lo tanto, más conservadores (p. 172). La desproporcionalidad probablemente es un resultado querido. La desigualdad, dice Simón, tiene un carácter territorial por cuanto si hay desigualdad en algún sitio lo más probable es que esté territorializada (p. 173). Determina que la variable dependiente sea el nivel de desproporción que calcula con una fórmula que agrega las diferencias entre votos y votantes en todos los distritos dividida por dos. Después supone que, si hay una sobrerrepresentación en favor de las regiones más pobres y despobladas, habrá una relación directa entre el nivel de desproporción y el índice de Gini (p. 177) por razones obvias. A los efectos de ver los impactos de las transiciones en los modelos de desproporción considera las tres posibilidades del análisis de Huntington: reemplazo, traspaso y transformación y para ver cómo funciona, elabora un modelo de regresión lineal múltiple con variable dependiente en el nivel de desproporción mientras que las variables independendientes son el tamaño del país, África, Asia, América Latina, el federalismo, la democratización, los distritos nominales, el doble nivel de elección y halla los valores para un modelo 1º que es reproducción del de Samuels y Snyder, un modelo 2º que es el de Samuels y Snyder al que se le han quitado las variables territoriales y el 3º que es el anterior pero con el índice de Gini (que en la ilustración de la revista está me parece, en la columna errónea) (p. 180). Y efectivamente hay una relación muy significativa y explicativa entre el índice de Gini y el nivel de desproporcionalidad. Las elites en España diseñaron un sistema electoral sesgado para conseguir ventajas en las elecciones o, cuando menos, asegurarse una cuota de representación. Para ello dieron más representación a las áreas más despobladas que son a las vez las más rurales y conservadoras, confiando en consolidar su victoria (p. 186). Sólo como sugerencia colateral: ¿desde cuándo venimos suponiendo que las áreas más aisladas y despobladas, las más rurales, son las más conservadoras sin preguntarnos si eso sigue siendo cierto hoy, en la era de las comunicaciones en tiempo real en todo el planeta? Cuestión de investigar.

El referéndum de Bolivia.

El 19 de diciembre de 2007 subí un comentario sobre el proyecto de Constitución que acababa de aprobar el Parlamento boliviano titulado Las dos Bolivias así que ahora puedo ahorrarme reiterarlo y vale con que resuma diciendo que la Constitución que ayer se aprobó en referéndum en el país andino es una de las las más avanzadas y radicales del mundo, si no la que más, amén de las más luengas, prolijas y normativas. Desconfío del exceso de normatividad y regulación. Normalmente oculta la intención de dejar que la letra sepulte a la letra y nada cambie en la realidad. En este caso puede ser muestra de un intento genuino de hacer justicia a la mayoría de la población boliviana, descendiente de aborígenes y tradicionalmente explotada y preterida. Esa será cuestión que zanje el tiempo. Pero habrá dificultades.

El texto consagra la oficialidad del español y treinta y seis lenguas indígenas en sus correspondientes territorios. Más lenguas que en Europa. Se me hace difícil ver cómo funcionará la administración del Estado en esta Babel. El de las lenguas es uno de los rasgos sobresalientes de las dificultades del nuevo ordenamiento constitucional. En lo básico éste consagra una descentralización territorial considerable con otra de carácter lingüístico-cultural pues reconoce los ordenamientos jurídicos indígenas consuetudinarios en el general boliviano manteniendo la autonomía de los primeros e integrándolos en la jerarquía de la administración de justicia hasta llegar al Tribunal Constitucional que estará compuesto paritariamente por magistrados de la administración ordinaria y los de la jurisdicción indígena campesina. Traza, pues, la Constitución un mosaico complicado de relaciones territoriales y culturales que se parece a la planta actual de Bélgica pero más enrevesada.

En todo caso, es la Constitución más progresista en la actualidad. Su parte declarativa en materia de derechos casi parece salida de un laboratorio del pensamiento más avanzado pues reconoce los de los indígenas, los discapacitados, etc y se amplía de los políticos, económicos y sociales a los culturales y medioambientales. Asimismo reconoce derechos colectivos a las comunidades indígenas.

En la entrada del 19 de diciembre de 2007 señalaba que una Constitución tan avanzada debería ser aprobada con sustanciosa mayoría. Desde entonces, como se sabe, Bolivia ha vivido momentos tumultuosos, con amenaza incluso de secesión de los departamentos orientales, los ricos en los que se concentra la oligarquía pero, al final, el referéndum se ha celebrado y, en el momento de redactar estas líneas, los sondeos dan una victoria del 60 por ciento en todo el país lo que probablemente quiere decir que será mayor en los departamentos occidentales de mayoría indígena que en los orientales. Lógico, además, si se tiene en cuenta que, con la Constitución también se ha aprobado una medida histórica que reduce la extensión máxima de los latifundios de las actuales 10.000 Ha. a 5.000, cosa que no gusta nada en la oligarquía.

Es decir, de hecho, la Constitución divide al país en dos y no es un buen comienzo. Pero ¿quién ha dicho que las causas justas tengan comienzos fáciles?

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, con licencia de Creative Commons).

Legitimidad contra legitimidad.

El referéndum revocatorio del domingo pasado ha dejado a Bolivia en parecida situación de enfrentamiento en que se encontraba. Es cierto que el mandato del señor Morales ha quedado legitimado y reforzado con más de un sesenta por ciento de apoyo popular. Pero también lo es que algunos de sus opositores, los prefectos de los departamentos que han aprobado estatutos de autonomía con fines secesionistas, también han salido reforzados y en algún caso como en el del prefecto de Santa Cruz, con más del setenta por ciento de los sufragios. Y aunque uno tiene siempre tendencia a interpretar la distinta "calidad" de los votos, el hecho cierto es que hubo votación, que fue libre y pacífica y que el resultado fue el que fue.

El Presidente señor Morales ha formulado unas declaraciones conciliadoras e integradoras, hablando de continuar adelante con su proyecto. Pero ésta será la siguiente batalla en la política del país ya que por "proyecto" el Presidente parece seguir pensando en esa Constitución que hizo aprobar en diciembre pasado sin las mayorías previstas y tenía pendiente de ratificación mediante referéndum. En gran medida, el movimiento opositor de la oligarquía vino dado por el contenido indigenista y socialista (que fue objeto de análisis en Palinuro, en Las dos Bolivias) de dicha Constitución y el movimiento autonomista se disparó a la vista de aquel referéndum de ratificación que ahora, según parece, no se celebrará.

Es como si el resultado del referéndum revocatorio consistiera en decir al presidente señor Morales que puede seguir adelante con su proyecto de transformación política de Bolivia siempre que lo haga en diálogo con la oposición. Claro que en un país con posiciones tan radicalizadas como en Bolivia, esto es más fácil de decir que de hacer. De entrada significa que sería preciso acordar con la oposición una reforma de la Constitución que acomodara a las fuerzas opositoras, con lo que podría decirse que Bolivia es el único país en que se ha procedido a reformar la Constitución antes de que entre en vigor.

(La imagen es una foto de Alain Bachellier, bajo licencia de Creative Commons).

En la cuerda floja.

Ya es portentoso que no haya pasado nada todavía en Bolivia y que el referéndum revocatorio de hoy domingo pueda celebrarse tranquilamente dentro de lo que cabe, que no es mucho con todo lo que agitan el cotarro los departamentos separatistas. Estos habían empezado por no aceptar la solución propuesta por el señor Morales de zanjar el enfrentamiento mediante un referéndum. En su lugar proponían celebrar elecciones anticipadas a la presidencia de la República y a las Prefecturas de los departamentos con el compromiso de todos los titulares de los cargos (incluido el señor Morales) de no presentarse a reelección. Era una forma elegante de librarse de él. La propuesta no prosperó y los prefectos autonomistas acordaron someterse democráticamente a los resultados del referéndum al tiempo que en el país había insistentes rumores de golpe de Estado civil o militar.

Aún no hace un mes que una magistrada de la Corte Constitucional pedía que se aplazase el reférendum hasta que el alto tribunal se pronunciase sobre su constitucionalidad en un enésimo intento de boicotearlo.

En principio parecía que las reglas estaban claras: el referéndum se entendería ganado por aquel cargo público que cosechase una cantidad de votos "noes" inferior a la de votos "síes" que obtuvo en las elecciones pasadas de 2005, regla que daba ventaja al señor Morales, que obtuvo un 53,7% del voto, en detrimento de los prefectos separatistas que, en el mejor de los casos, no pasaron del 47%. Sin embargo, ahora se ha sabido de una diferencia de interpretación de la norma que puede poner en peligro la eficacia de la consulta y enfrenta al Parlamento con la Junta Electoral Nacional; para ésta, la victoria en el caso del Presidente/Vicepresidente se mantiene en el 53,7% pero, en el caso de los Gobernadores, sólo se entenderán depuestos si el voto "no" es más del 51%. Una nueva discrepancia que puede producir la pintoresca situación de que, a ojos del Parlamento (y del señor Morales) algún prefecto haya perdido el referéndum mientras que a ojos de la Junta Electoral Nacional (y del interesado) no haya sido así. Como la ley del Referéndum Revocatorio prevé que, de quedar vacante alguna Prefectura será el señor Morales quien nombre al sustituto, varios departamentos quizá se encuentren con dos prefectos en una situación de dualidad de poderes difícil de manejar y que puede proporcionar el pretexto para desencadenar ese golpe de Estado que hace unos días denunciaba el señor Morales y que hace meses viene fraguando la oligarquía terrateniente con la ayuda más o menos encubierta de los Estados Unidos.

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons).

Medio Evo.

El domingo se sublevó el cuarto departamento díscolo de Bolivia, que aprobó con un 80% del voto emitido válido (abstención, entre un 30% y un 60%) un estatuto de autonomía en la la línea de los de Santa Cruz, Beni y Pando, que dejan en manos de las autoridades departamentales la gestión de los recursos locales. Para el próximo otoño tiene referéndum previsto en el mismo sentido el departamento de Cochabamba con lo que el país se habrá dividido en dos: los departamentos ricos, los de la oligarquía y las grandes empresas, que quieren separarse del Gobierno central y los departamentos ordinarios, más pobres y de mayoría indígena que lo respaldan.

El gobierno del señor Evo Morales ha declarado ilegales los referéndums citados, pero no parece haber estado en situación de impedirlos. Es de esperar que el Gobierno español sea más eficaz a la hora de frenar la "consulta" (más eufemismos, quiérese decir "referéndum") del señor Ibarretxe que tiene muchos parecidos con las de los departamentos frondeurs de Bolivia: zona rica que quiere separarse de la chusma indígena si bien aquí coadyuva una izquierda local señoritinga. Con su proyecto de Constitución atascado (puede verse un análisis del proyecto en mi post Las dos Bolivias) y en una situación difícil, el señor Evo Morales ha convocado un referéndum sobre su continuidad en el cargo de Presidente de la República para el próximo 10 de agosto. Está seguro de ganarlo y así será pues sólo cabe la revocación si el "no" supera el 54% de la votación "sí" en la pasada elección presidencial. Los prefectos de los cuatro departamentos secesionistas ya han anunciado que ellos se descuelgan de la consulta que consideran tan ilegítima como el proyecto de Constitución indigenista.

Es posible que el presidente Morales tenga razón y que la gran mayoría respalde su gestión así como su revolución indigenista de izquierda. La idea que subyace a esta propuesta es la de la democracia como puro agregado de voluntades individuales. Sin embargo, guste o no, los sistemas democráticos son poliárquicos y en ellos, además de la voluntad del electorado (el juego de la mayoría y la minoría) opera la de otras instancias, empresas, corporaciones, asociaciones, iglesias, sindicatos, etc que interfieren en el funcionamiento de la democracia plebiscitaria y muchas veces de modo muy eficaz, por ejemplo, descapitalizando el país, como sucedió en Francia cuando Mr. Mitterrand ganó las elecciones (o, sea, obtuvo la mayoría) en 1981, aplicó una política económica keynesiana para salir de la crisis y el capital, asustado, emigró a otras latitudes más bonancibles.

Me da la impresión de que al señor Morales le falta respaldo y fuerza para llevar adelante su proyecto de una revolución dual, izquierdista a la par que indigenista, que no ha calibrado bien sus fuerzas frente a las de la oligarquía criolla y sus seguidores ni tampoco la presión que distintas instancias internacionales (desde los Estados Unidos a la Unión Europea) pueden ejercer sobre su empobrecido país. Tengo para mí que al final el señor Morales habrá de llegar a un consenso, a un acuerdo pactado con las oligarquías de los departamentos secesionistas. Dicho de otra forma, tendrá que arrumbar su programa máximo y sustituirlo por su programa mínimo, si lo tiene. Los programas máximos piden la unanimidad. Cuando sólo se tiene una mayoría del 54% hay que ir a las medias tintas.

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons).

Paralelismos España-Bolivia.

En los dos referéndums autonómicos que se celebraron ayer en los departamentos rebeldes de Beni y Pando en Bolivia se esperan resultados de más del 80% de síes a los estatutos de autonomía que el Gobierno central del señor Evo Morales considera ilegales. Con estos y el de Santa Cruz, que celebró su referendum el pasado cuatro de mayo también con mayoría abrumadora a favor del sí, y el que celebre el departamento de Tarija el próximo 21 de junio ya seráuna parte importante del país, la más rica y la que tiene menor presencia indígena, la que emprenderá una senda de desvinculación del Gobierno central en defensa de sus intereses que son, en lo esencial, los de las oligarquías terratenientes amenazados por la posible aprobación en referéndum del proyecto de Constitución indigenista que ampara la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria en favor de los campesinos más pobres, esto es, el programa político del Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Morales.

Los paralelismos con la situación del País Vasco saltan a la vista. Los departamentos rebeldes han tomado explícitamente el modelo español de los estatutos de autonomía con el ánimo de ir más allá de la mera autonomía. Igual que el señor Ibarretxe ha tomado el ejemplo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el ánimo de ir más allá del Estado Libre Asociado. Los departamentos bolivianos rebeldes son la zona más rica del país; igual que el País Vasco es una de las zonas más ricas de España. Las consultas autonómicas bolivianas son ilegales, al decir del Gobierno central; lo mismo sucede con la propuesta de consulta del señor Ibarretxe. Las consultas deSanta Cruz, Beni y Pando dejan mucho que desear por el indiscriminado uso de la violencia que en ellas se ha hecho; igual que el señorIbarretxe pretende celebrar su consulta en plena actividad de la organización terrorista ETA tras haber dicho que no lo haría así .

Las diferencias residen en los respectivos gobiernos centrales. El de España tiene la auctoritas y, llegado el caso, la potestas para impedir la consulta ilegal del señor Ibarretxe mientras que en el caso de Bolivia no están claras la una ni la otra. En principio debía de tener la auctoritas dado que es un Gobierno legítimo pero el modo de aprobar el proyecto de constitución indigenista el pasado 30 de noviembre en Oruro por 164 votos a favor de 255 diputados constituyentes (menos de los 2/3 requeridos) y un sinfín de irregularidades le han restado mucha lagitimidad. En cuanto a la potestas del Gobierno central, ello se verá si la situación llega al extremo de que el Estado haya de emplear el weberiano "monopolio legítimo de laviolencia".

Digresión oportuna. En el preámbulo de la norma que convoca a consulta a la ciudadanía vasca (y de cuyas preguntas ya nos ocupamos aquí en un post titulado El parto de los montes) se pretende soslayar el problema de legalidad afirmando que la "consulta" no está sometida a la Constitución ni a la ley del (detestable) Estado español porque no es un referéndum sino eso, una "consulta". Pasmoso ¿verdad? Esto no es un atraco aunque pueda parecerlo, sino un préstamo acelerado y ejecutivo, podría decir con la misma razón el que asalta un banco. Y el mal nacido que tira a su esposa por la ventana podrá decir que le daba clases de vuelo sin motor. El descubrimiento de Ibarretxe pasará a los manuales del derecho penal y consiste en permitir que el presunto delincuente sea el que determine si su acto se ajusta o no a un tipo delictivo. Cada vez está más claro que esto del nacionalismo es cosa de meninges, ¿verdad?

(La imagen es una foto de Galería de Jessie Reeder, bajo licencia de Creative Commons).

Blogorismos.

DISTINTO Y DISTANTE.

Dicen sus hijos que el señor Calvo-Sotelo falleció de pronto e inesperadamente. Me da que era lo que cabía esperar de su forma de ser. No lo conocí personalmente, pero he leído sus libros la Memoria viva de la transición y Pláticas de familia. Me falta Papeles de un cesante. Además, he leído bastante sobre él y escuchado numerosas anécdotas contadas por gentes que lo trataron. Todos coinciden en señalar que su cualidad más llamativa era la discreción, aunque parezca un contrasentido. Tocaba el piano, pero no presumía de ello. Tenía un curioso sentido del humor con un toque de ironía. Y abundante campo para ejercerlo pues llegó a presidente del Gobierno literalmente en medio de una intentona militar, casi como en una puja, a ver quién se hacía con el Gobierno, si los chusqueros o el civil de carrera. El asunto tenía un aura como a julio de 1936, con otro Calvo-Sotelo, su tío (que suele haber un Calvo-Sotelo en el Gobierno de españa; ahora mismo hay una ministra), apodado "el protomártir" durante la Dictadura.

El señor Calvo-Sotelo, grande de España, la presidió brevemente. Pero dejó hecho algo que todo el mundo sabía que había que hacer pero nadie lo reconocía abiertamente: meter a España de cabeza en la OTAN. Se daba perfecta cuenta de que aquel ingreso era tan impopular que el Presidente que lo hiciera perdería las elecciones siguientes. Por eso, caballero como era, cedió la candidatura a la presidencia del Gobierno al señor Landelino Lavilla, cuya ambición era tan desmedida que no veía que iba a un batacazo electoral. Se lo dio y renunció al acta de diputado con lo que el señor Calvo-Sotelo, que iba segundo por Madrid y no había salido, pudo recuperar su escaño una vez pasado el burel de las elecciones. A esta suerte muy vistosa y elegante llaman chicuelina

(La imagen es una foto de20Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

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BOLIVIA. LOS RICOS SE VAN.

Y algunos no tan ricos. Hoy se celebra el llamado "referéndum de autonomía" en la provincia de Santa Cruz, referéndum que el Gobierno boliviano de Evo Morales considera ilegal pero que no parece en condiciones de impedir. Y es el primero de los que vienen detrás para las otras provincias "secesionistas", Tarija, Beni, Pando, Chicahuasca y Cochabamba, entre las que hay ricas y pobres. Pero todos los prefectos son de derechas y todos relacionados con la oligarquía terrateniente, las "n" familias, o siendo parte de ellas. O bien gentes que ya llevan eso del separatismo metido en los huesos, como el dirigente de una organización cívica separatista cruceña, el croata Branco Marinkovic.

Desde que Evo Morales accedió a la presidencia de la República el país andino está amenazado de partición y en una situación pintoresca: las provincias "separatistas" no reconocen la Constitución indigenista que el señor Morales ha sacado adelante, el señor Morales no reconoce la autoridad de las provincias para convocar referéndums y las provincias no parece reconocer la autoridad del señor Morales.

Los oligarcas quieren la independencia, pero sostienen que sólo pretenden la autonomía a la usanza española. Algo lleno de enseñanzas para todo el mundo.

(La imagen es una foto deSzeke, bajo licencia de Creative Commons).

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TIRAD SOBRE EL PIANISTA .

Pide el PSOE consenso al PP para una reforma de la Constitución de 1978 limitada a la sucesión en el Trono de España y al Senado. No me va mucho en ello pues, como republicano, lo que quiero es que no haya Monarquía y no que, habiéndola, la línea sucesoria sea una u otra. No obstante como se trata de eliminar una muestra de discriminación por razón de sexo la apoyo y la apoyo con tanta vehemencia que solicito que sea con efectos retroactivos y se reponga en su derecho a la infanta doña Elena. Que ya está bien.

Por lo demás, sugiero al Gobierno que en lugar de pedir consenso para una reforma doble lo pida para dos reformas y que separe los asuntos porque tengo para mí que sera facil alcanzar un acuerdo sobre la sucesión al trono y no lo será en modo alguno alcanzarlo respecto al Senado al que, estamos todos de acuerdo, habrá que reformar a fondo. La cuestión es y ¿por qué no abolirlo? La II República fue unicameral y algunas de las democracias más avanzadas del planeta, como los páises nórdicos, también lo son, habiendo abolido las cámaras altas a mediados de los años cincuenta.

A favor de la abolición hablan multitud de razones empezando por el hecho de que la cámara es inútil. En contra, el de que España es un país tan descentralizado que casi parece federal y el bicameralismo es rasgo constitutivo de todo Estado federal. Sin embargo las Islas Comores (aunque no sean buen ejemplo por la cantidad de golpes de Estado que han tenido) son un Estado federal y unicameral.

(La imagen es una foto de Lademocracia.es, bajo licencia de Creative Commons).

Las dos Bolivias.

En algún momento del próximo año de 2008 los bolivianos habrán de votar en referéndum sobre el texto de la nueva Constitución con la que el presidente Evo Morales pretende "refundar" el país. Ayer, en un editorial agorero, titulado Ingobernable Bolivia y subtitulado "Evo Morales pretende aprobar su Constitución ignorando las reglas del juego democrático", El País vapuleaba de lo lindo al señor Morales por falta de talante democrático, preveía trifulcas territoriales de todo tipo, y no daba un ochavo por la estabilidad del país del altiplano.

Desde luego, la historia de Bolivia no anima al optimismo. Con casi tantos golpes y contragolpes de Estado (cerca de 200) como años de independencia y una cantidad de constituciones que no cabe fijar de seguro (ya que siempre hay la duda de si algunas de ellas son Constituciones por derecho propio o reformas de otras anteriores) pero que no bajarán de quince, contando con ésta, la experiencia aconseja aproximarse a la situación boliviana con extremada prudencia.

Prima facie tiende uno a coincidir con El País cuando señala que no aguarda buen futuro a un proyecto constitucional que se ha aprobado soslayando los cauces democráticos. Y quizá tenga razón también el periódico al decir que no dará buen resultado un texto que no ha sido consensuado con la oposición y que prácticamente divide al país en dos mitades. Es posible. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que el presidente Morales -como el señor Chávez en Venezuela- ganó limpiamente unas elecciones democráticas con más del 52% del voto y que la oposición se ha caracterizado por una sistemática actitud obstrucionista, como ha venido haciendo en Venezuela en donde, como aquí, en Bolivia, en el colmo del disparate, decidió ausentarse de las instituciones y dejar todo el territorio libre a los bolivarianos. Encuentro francamente difícil consensuar nada con quienes se niegan sistemáticamente a conversar y pretenden imponer sus puntos de vista aun siendo minoritarios.

Por lo demás el realismo muestra que así es como se han hecho habitualmente las cosas en la historia. Las oligarquías que impusieron órdenes constitucionales durante el siglo XIX y buena parte del XX en Europa jamás consensuaron nada. Un caso como el de la transición española es una rara avis y ya se ve cómo se acumulan las presiones en pro de su reforma.

Todos estos problemas (que son, por supuesto, muy preocupantes y deben hacer reflexionar al señor Morales y al MAS acerca del peligro de deriva autoritaria que tienen) podrán soslayarse y hasta darse por buenos si se celebra cuanto antes un referéndum constituyente limpio y democrático que haga salir de dudas respecto a lo que quiere la población boliviana: sí o no a esta Constitución que se le propone. El problema añadido que le veo es que, al tratarse de un texto tan detallado, complicado, avanzado y hasta radical, quizá no sea moralmente suficiente una mayoría inferior al 60%. Por descontado, si los que proponen el proyecto pierden, se habrá acabado la historia.

Porque lo primero que hay que hacer antes de seguir hablando de Bolivia y de lo que allí se cuece es leer el proyecto citado. Me ha llevado dos días hacerlo porque son cuatrocientos once prolijos artículos (uno de ellos, el 398, en dos redacciones alternativas), nueve disposiciones transitorias, una abrogatoria, una derogatoria y una final; pero no haya cuidado, que no me vengaré comentándola en detalle.

Aunque lo merece. Es, desde luego, una de las constituciones más largas y pormenorizadas del mundo y presenta los defectos e inconvenientes de esta minuciosidad, esto es, confusión, reiteraciones, incongruencias y ultranormativismo. Pero también es una de las constituciones más avanzadas, si no la más y un buen ejemplo de un intento de articular en términos jurídicos las preocupaciones más progresistas de la humanidad al día de hoy y tras la experiencia negativa de los desaparecidos países del socialismo de planificación centralizada.

Tiene una declaración de derechos (más de un cuarto del conjunto) muy completa, que incluye los fundamentales, llamados "fundamentalísimos" (por cierto, el castellano del texto es bastante bueno), los civiles y políticos tradicionales, los sociales y económicos, los culturales y mediambientales; y los regula asimismo con mención de algunos de sus titulares específicos: minorías, minusválidos, mujeres. El artículo 30 reconoce los derechos de las "naciones y pueblos indígenas", con lo que zanja de un plumazo la enojosa cuestión de los derechos colectivos.

En cuanto a las garantías de los derechos (que es lo que importa), el artículo 110 los declara directamente aplicables como derecho positivo y, luego, se arbitra un sistema de recursos ("acciones") muy completo en el que se comprenden el de "libertad" (art. 126 y sigs.), el de amparo constitucional (arts. 129 y 130), el de protección de privacidad (131), el de "acción de inconstitucionalidad" (arts. 132 y 133), abierto a todos y con efectos frente a todos (que no sé si el legislador sabe en dónde se mete), y el de "acción de cumplimiento" (135). En definitiva, una Constitución sumamente garantista.

No estoy seguro de que el sistema de amparo establecido sea operativo y menos lo estoy de que el amplio reconocimiento de derechos -que incluye el derecho al trabajo en pie de igualdad con los demás- pueda ser eficaz cuando, por otro lado, se reconoce y ampara la libertad de empresa (incompatible con la seguridad en el empleo) y, al tiempo se reconoce que el Estado hará políticas que tiendan a combatir el paro. Si se combate el paro es porque se admite su existencia en clara violación de ese derecho al trabajo.

La Constitución establece una forma de organización territorial descentralizada con competencias exclusivas de las entidades territoriales subestatales, incluida competencia legislativa departamental en asuntos propios. Una descentralización, con todo, muy inferior a la que hay en España por cuanto las competencias exclusivas del Estado son mayores y la cláusula residual opera a favor del estado central.

Hay asimismo una abundante regulación de la organización económica y de las funciones del Estado en la economía qu, en aplicación de la experiencia del hundimiento del "socialismo real", trata de cohonestar todas las formas de organización económica, la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa (art. 307), somete la propiedad privada a la consabida función social, pero declara que los recursos naturales, esto es "los minerales, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento" (art. 348) son "propiedad y dominio directo e imprescriptible del pueblo boliviano" que el Estado administrará en función del interés colectivo, otorgando derechos de propiedad privada y colectiva sobre la tierra u otros recursos naturales (art. 349), lo que constituye el núcleo de la prevista reforma agraria. Ya la Constitución de 1967 decía no reconocer el latifundio (art. 167) pero en esta hay una manifiesta voluntad de acabar con él.

Supongo que es todo lo más a que cabe llevar hoy día la apropiación colectiva de los recursos naturales y la soberanía sobre ellos. Habrá que ver cómo funciona una economía así organizada en el mercado globalizado actual en el que los grandes inversores piden garantías que este articulado no ofrece. Un interesante experimento en el caso de que el proyecto sea aprobado en el próximo referéndum.

Pero no es este el aspecto más novedoso de la Constitución, sino el profundo reconocimiento que ésta hace de la realidad multiétnica y plurinacional de Bolivia. Aquí sí que se está pisando un territorio nuevo y muy problemático. Hasta el punto de que da la impresión de que el texto consagra un país doble, de un lado, la Bolivia administrada por la minoría criolla de habla española y cultura europea y de otro la mayoría amerindia de diversidad de lenguas y cultura precolombina. Esa dualidad se articula sobre todo en tres terrenos:

El lingüístico-cultural. La Constitución declara oficiales la lengua castellana y "todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenes originario campesinos que son el aymará, araona, baure, bésiro..." (art. 5) y así hasta treinta y seis. Más que en la Unión Europea. El art. 6 introduce algo de racionalidad estableciendo que solo el castellano sea oficial en todas partes y el resto, según en dónde se hable y las decisiones de la gente. Aun así, cuesta imaginar cómo se entenderá la administración con administrados en treinta y seis lenguas.

El jurisdiccional. Junto a la jurisdicción ordinaria (arts. 191 y sigs.) y otra "agroambiental" (art. 187), el texto consagra una "jurisdicción indígena originaria campesina" que se aplicará según sus "principios, valores culturales, normas y procedimientos propios" (art. 191) y que conocerá de "todo tipo de relaciones jurídicas" (art. 192). Hasta ahora, las constituciones anteriores (1967, Ley de 2004) venían haciendo unos reconocimientos vagarosos de los derechos culturales de los pueblos indígenas y de su competencia para la "solución alternativa de conflictos" en sus comunidades, dentro de la Constitución y la ley. Este proyecto es un salto cualitativo de importancia puesto que viene a equiparar la jurisdicción ordinaria criolla con la de los pueblos originarios. Es difícil ver cómo funcionará esta pluralidad de jurisdicciones. Que no será fácil lo prevé el legislador que establece que el Tribunal Constitucional estará compuesto por magistradas y magistrados con "representación paritaria entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino" (art. 198, I). Eso sí que es revolucionario.

El de representación política y organización del poder. El art. 290 reconoce una "autonomía indígena originaria campesina" como expresión "del derecho al autogobierno como el ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas..." que habrán de articularse con las divisiones territoriales ordinarias en la medida en que las poblaciones amerindias manifiesten el deseo de hacerlo.

Sin duda, el intento del proyecto de Constitución es integrar en un solo país, un solo Estado a las dos comunidades, la minoría criolla y la mayoría amerindia a base de realzar el estatuto jurídico-político de ésta hasta una posición de práctica igualdad en estos terrenos, es decir, el jurídico y el político. Lo que se arbitra con disposiciones de carácter económico que tratan de garantizar que aquella igualdad jurídico-política (esto es, formal) lo sea también en términos reales, materiales.

Si el proyecto es aprobado en el próximo referéndum y se guardan las formas democráticas como es debido, será, quizá, uno de los más interesantes y prometedores experimentos de la izquierda contemporánea.

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