Es bueno esto de llamar a las cosas por su nombre. El de banda es sumamente apropiado para un partido que, además de contar con 900 personas imputadas en sus filas, él mismo está imputado penalmente como partido por considerarlo los jueces una asociación de presuntos malhechores. Una banda, evidentemente. Pero una banda que gobierna, que hace y deshace leyes, interfiere en la acción de la justicia, utiliza las instituciones a su servicio, se hace propaganda a través de los medios de comunicación públicos y compra los privados.
Esta banda tiene ahora dos frentes abiertos: el de la corrupción y la financiación ilegal del partido y el de las operaciones de guerra sucia del ministerio del Interior en contra de los adversarios del PP, los independentistas catalanes y los de Podemos.
En el frente de la corrupción es poco lo que queda por decir y mucho probablemente por ver. El desfile por los juzgados de los tesoreros y dirigentes del PP, colaboradores de Aznar es una especie de metáfora de una ristra de chorizos. Gentes de orden, desde luego, patriotas, antiabortistas, fieles a la Iglesia que no sabían que en su partido había una caja B., se robaba a espuertas y, con el sobrante, se financiaban campañas electorales que terminaban en apabullantes mayorías absolutas.
Esa constelación de casos vergonzosos, la Gürtel, la Púnica, Lezo, etc es el resumen de una época de latrocinio neoliberal generalizado. Y su demostración es tan indignante como palpable. Los 60.000 millones de euros de dineros públicos que se ha llevado la banca coinciden con los 60.000 millones que el gobierno ha sustraído del Fondo de las pensiones. Obvio: el gobierno ha empleado el dinero de los pensionistas en beneficiar a la banca (lo del "rescate" es un eufemismo). No menos obvio: ahora no hay dinero para pagar la extra de los jubilados.
Ese es el resultado de la banda. Lo llaman "crisis".
El segundo frente es el de la supuesta guerra sucia del ministerio del Interior contra Cataluña. La comisión parlamentaria que investiga este nauseabundo asunto (incluida la creación de una presunta policía política) pide visionar el documental sobre las cloacas de Interior. Se trata de desbloquear esa Comisión y dar publicidad a unos comportamientos de las autoridades que, según parece, vulneran la ley, son un delito y algo absolutamente contrario al Estado de derecho, que queda reducido a la nada cuando quien delinque es el encargado de hacer cumplir la ley.
