Mi artículo en elMón.cat de hoy, diumenge. El gobierno español no parece tener ya otro propósito que frenar como sea al catalán. Iba a decir que incluso recurriendo al juego sucio, como si esto fuera algo extraño cuando el juego sucio ha sido el habitual en este gobierno de neofranquistas apoyado por un partido corrupto más banda de presuntos ladrones que otra cosa.
Juego sucio el que intentó hacer con Puigdemont, tratando de que no fuera a recibir a Renzi, el primer ministro italiano cuando vino a Reus con motivo del accidente de Freginals. Y juego sucio el que intenta la fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando imputa un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic por unas afirmaciones en el consistorio (y por tanto, en ejercicio de sus competencias), apoyando la declaración de independencia del Parlamento catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamando a no obedecer las órdenes de las autoridades españolas. Es un movimiento represivo típico de la derecha más reaccionaria que busca siempre golpear en la parte que cree más débil, en las personas individuales, su libertad o su economía. Basta recordar las bestiales cantidades con que los psicópatas del ministerio del Interior criminalizan las protestas callejeras a través de la infame Ley Mordaza para darse cuenta de que es lo mismo.
Si tan valientes son los fiscales y los tribunales españoles, que imputen y procesen al Parlamento catalán o, cuando menos, a los diputados que votaron a favor de la declaración de independencia. Pero no será el caso: seguirán con las personas y una vez más, fracasarán y harán el ridículo, como siempre, cuando el ejemplo de ese concejal de Vic se extienda a todos los electos de la CUP y a todos los cargos representativos independentistas catalanes.
Va a tener que procesar por sediciosa a la mitad de Cataluña.
Hace falta ser estúpido,
El artículo en castellano:
Un pueblo de sedicios@s
Un incidente diplomático esta semana revela la idea que el gobierno central se hace de sus relaciones con el de la Generalitat, sus verdaderas intenciones y su indisimulada hostilidad hacia él. El episodio, como siempre, deja en ridículo al gobierno de España, su ministerio de Exteriores, en manos de un verdadero incompetente y la representación del Estado en Cataluña. Con motivo del accidente de Freginals, el primer ministro italiano, Renzi, aterrizó en viaje privado en Reus. Vaya por delante que, con ello, ya hizo más de lo que suelen hacer los políticos del PP cuando ocurre este tipo de desgracias que no solamente no acuden al lugar de los hechos, sino que pueden irse a un spa.
Y no solamente no van ellos, sino que tratan de impedir que vayan los demás. El gobierno avisó a su delegada en Cataluña para que recibiera a Renzi en Reus, pero no hizo lo propio con el presidente de la Generalitat. Como quiera que este fuera informado a tiempo, acudió al aeropuerto, en contra del deseo de La Moncloa. Esta dijo después que Puigdemont había hecho un “uso político” de la visita de Renzi. Al margen de la estupidez que implica calificar de “políticos” los usos de un político, como si fueran algo vergonzoso o impropio, el hecho es que, si la visita era privada en sentido estricto, la primera que no pintaba nada allí era la delegada del gobierno.
Y la prueba es que, al darse cuenta de que la presencia de Puigdemont la eclipsaba, se esfumó rezongando su disconformidad. El ridículo quedaba servido: el gobierno del Estado no manda en Cataluña y, cuando manda algo, se desmanda y tiene que remandarse a sí mismo. Pero su intención es obvia: imponerse sobre el de la Generalitat, arrinconarlo, no dejarle tomar decisiones en su propio ámbito de competencias. Porque si la visita de Renzi era privada y no de Estado, la reacción ante ella no es cosa que al gobierno central sino al de la Generalitat.
Este episodio ilustra una clara tendencia de acción/reacción muy curiosa. En este momento tienen que interaccionar un gobierno catalán legítimo, en pleno uso de sus competencias y recién estrenado con mayoría parlamentaria absoluta y un gobierno central en funciones, sin mayoría parlamentaria ni expectativa de conseguirla, deslegitimado, incapaz y que, a mayor abundamiento, se ha declarado fuera de la ley al negarse a acatar las decisiones del Parlamento. Un gobierno que no sirve para nada salvo para poner palos en las ruedas del catalán y tampoco con mucho éxito.
Uno de estos palos ya lo ha puesto, con su habitual inepcia, la fiscalía del Estado y la judicatura española que, en sospechosa coincidencia con las orientaciones políticas del gobierno, ha imputado un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic. La acusación es que el concejal apoyó la declaración de independencia del Parlament catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamó a desobedecer las decisiones de las autoridades españolas.
Es de suponer que tanto el fiscal como el juez de la Audiencia Nacional actuarán con profesionalidad y con suficiente base jurídica. Les ampara el principio de presunción de legalidad en sus actuaciones. Lo que no les ampara es el principio de la lógica y, cuando las actuaciones jurídicas no coinciden con las reglas de la lógica la que suele salir mal parada es la justicia. Porque, a todos los efectos, si apoyar una declaración de independencia del Parlamento es un acto de sedición, a quien correspondería imputar y procesar sería a ese mismo Parlamento o, cuando menos, a los diputados que votaron a su favor. Esto sería lo lógico y lo que haría –y siempre se muestra favorable a hacerlo- el diputado Albiol. A su juicio, el Parlamento y el gobierno de la Generalitat han ido más allá de sus atribuciones y han incurrido en un abuso de poder. Por ello, suele aconsejar el combativo exalcalde de Badalona, habrá que suspender la autonomía catalana.
Pero eso, obviamente, son palabras mayores que no corresponde pronunciar al fiscal ni a un juez de la Audiencia Nacional, sino que ya intervienen instancias más altas, como el Tribunal Constitucional, el gobierno del Estado o, incluso, el propio Congreso de los Diputados. Palabras mayores que no se atreven a pronunciar porque saben que eso llevaría el proceso a un peligroso punto de ruptura de consecuencias imprevisibles.
Por ello actúan más pegados a la tierra y, siguiendo una inveterada tendencia a la represión de la derecha militante, tratan de sofocar actitudes colectivas, movimientos de opinión, tendencias sociales compartidas atemorizando a las personas concretas, denunciándolas, llevándolas ante los tribunales. Así pretenden siempre yugular los movimientos reivindicativos, aunque para ello tengan que ignorar derechos como la libertad de expresión y convertir en delitos las opiniones políticas, como en tiempos del franquismo. Al juez de la Audiencia Nacional que ha imputado al concejal, antiguo policía, le sonará esta melodía.
El problema, por supuesto, es si los comportamientos investigados se generalizan y los actos (o no actos) individuales, objeto de acusación como presunta sedición se repiten en situaciones parecidas. Si los cientos de cargos electos de la CUP hacen suyas las palabras del regidor de Vic, los tribunales ¿van a procesarlos a todos? Y si, como es fácil de barruntar, el presunto comportamiento sedicioso y el apoyo a la declaración de independencia se extienden a miles de concejales y cargos electos de ERC y CDC ¿qué harán las autoridades? ¿Una causa general contra el independentismo catalán? Si la gente de la calle también se solidariza y firma y apoya la declaración de independencia, ¿también van a procesarla? ¿Van a tratar de sediciosa a la mitad de la población?
Hay un conocido y viejo dicho que reza “hágase la justicia y perezca el mundo” pero la verdad es que cuando verdaderamente perece el mundo es cuando se hace la injusticia.
