El fascista Facu Díaz

Acabo de ser objeto de un intento de insulto de Facu Díaz, ese que va de progre en las filas de IU y ahora Unidos Podemos. Como le parece que vomito "basura anticomunista" en twitter, me ataca con el dibujo que ilustra el post con las intenciones que son evidentes.

Convienen algunos matices, para que se sepa qué gente es esta de IU y Podemos y lo que nos aguarda si consiguen algo de poder.

1) Según este tipo, y muchos como él, no se puede ser anticomunista. Suelen decir que se trata de anticomunismo "visceral". No sé qué será el comunismo para esta gente (no lo saben ni ellos) pero está claro que, en su juicio, el anticomunismo no es una opción política sino una especie de enfermedad. Mira por donde, ya están aquí los sucesores del psiquiatra fascista Vallejo Nájera, para quien el comunismo era una enfermedad. Para estos, es el anticomunismo. Lo que es igual es el fascismo del "razonamiento".

2) En cuanto al intento de insulto, su base fascista es obvia. Nuestra sociedad prohíbe toda discriminación por razón de sexo, raza, color, etc. Ninguno de estos progres cursis osará maltratar o intentar reírse de alguien porque sea de color o discapacitado, o de una minoría sexual. Pero se lanzan a degüello con los viejos y los mayores en general. Eso aún no tiene la censura social que merece y estos salvajes creen que pueden desahogarse. Sin embargo, la discriminación es la misma porque se trata de insultar a alguien por algo de lo que no es responsable, como es su edad.

3) Además de fascista, el amigo es un estúpido por dos razones: a) Anguita, a quien él venera, es viejo. b) A él también le tocará.

NB: según parece, este tipo no es de Podemos, sino de IU. Como trabaja en el BOE de Podemos, Público, lo tomé por uno de ellos. No merece la pena rectificar del todo, dado que no hay diferencias entre Podemos e IU que ya se han unido. Basta con un leve retoque.

Alegato sobre las pensiones

He aquí un conflicto que puede parecer gremial, sectorial y que, sin embargo, interesa al conjunto de la sociedad. El ministerio de Empleo obliga a los escritores, pintores, dibujantes, músicos, etc, a todos los creadores y otros profesionales a devolver sus pensiones porque, según la ley vigente, la percepción de estas es incompatible con la realización de actividades creativas remuneradas cuando su cuantía supere el SMI, de 9.172,80 euros al año.

Esto es un disparate que no hay por donde cogerlo porque, si se entorpece la labor creativa, no solo pierden los autores (a algunos de los cuales quieren multarlos con cientos de miles de euros), que no pueden escribir, ni pintar, sino que pierde la sociedad en su conjunto. Y no solo porque se la prive de unos productos que enriquecen el espíritu sino que pierde en un sentido mucho más material y prosaico, como se verá de inmediato.

Toda la cuestión de la jubilación y las pensiones es un conjunto de injusticias y atropellos. Para empezar la misma institución de la jubilación forzosa, en donde se dé, básicamente los funcionarios y empleados públicos, pero no solo ellos, debe desaparecer. Lo lógico, lo razonable, es que la jubilación sea voluntaria. Esto es, que haya un tope de edad (el que se fije, 65, 67 años) a partir del cual nadie pueda impedir que si alguien quiere jubilarse lo haga, pero nadie tampoco pueda obligar a otro a jubilarse si no quiere y sigue siendo válido para el trabajo.

Por si no lo habían pensado ustedes, la jubilación obligatoria es una discriminación. Denle las vueltas que quieran: es una discriminación tan odiosa como la de género, raza, religión etc., y tanto más indignante cuanto que en unas actividades se da y en otras, no. Es una discriminación porque supone hacer víctima a una persona de algo de lo que no es responsable: su edad. Y, como toda discriminación debiera estar prohibida. El día que los jubilados tomen conciencia de este hecho y se organicen, conseguirán la abolición de esta vergüenza. Por eso hay ya por ahí salvajes de la cepa neoliberal que pretenden suprimir el derecho de sufragio de las clases pasivas. El fascismo está siempre al acecho.

Pero hay más. El trato que dispensa el Estado, el ministerio de Empleo, a los jubilados es indignante y probablemente ilegal. Aparte de la evidente injusticia de que la pensión sea incompatible con el rendimiento del trabajo personal pero no con el cobro de mil tipos de rentas como bonos, dividendos, alquileres, etc., se da la circunstancia de que el Estado carece de título para establecer estos limites y regulaciones porque la pensión no es una gracia que los poderes otorgan porque sí, ni siquiera es un salario sujeto a normativas de incompatibilidades. La pensión es un derecho subjetivo de la persona que lo deriva del hecho de haber estado cotizando durante su vida laboral. Nadie puede negarle a un jubilado el derecho a cobrar lo que es suyo ni ponerle condiciones que le sean lesivas.

Y todavía más. Este cúmulo de injusticias y arbitrariedades no solamente perjudica a los jubilados sino al conjunto de la sociedad y directamente en su bolsillo. Échese una ojeada a la pirámide de población en España en el año en curso. Puede verse que, con los índices de natalidad prevalentes hace 25/30 años y dado el sistema de pensiones a base de cotizaciones, en otros 25/30 años no podrán pagarse las pensiones de las clases pasivas que, de hecho, ya está costando mucho pagar hoy y sin contar con el latrocinio a que el gobierno de Mr. Sobresueldos ha sometido la hucha de las pensiones, vaciándolas para sufragar gastos diversos, entre ellos, según parece, los cuidados a su padre dependiente. 

A la vista de la situación, el puro sentido común manda suprimir el carácter forzoso de la jubilación y, en todo caso, permitir que el cobro de esta sea compatible con cualquier actividad lícita remunerada sin límite. Cuanta más riqueza se genere en los grupos más altos de edad, más alivio habrá para los bolsillos de los castigados cotizantes actuales. Y ello sin contar con el hecho, aun más dramático de que, con el desarrollo de la crisis, crece la cantidad de población activa pero parada que sobrevive gracias a las pensiones de los abuelos. Si ahora se las quitan o se las reducen, la situación puede llegar a ser desesperada. 

He aquí una de las diversas tareas de urgencia que el Parlamento de mayoría demócrata y con sensibilidad social (no de los de "que se jodan") tiene que acometer. Es una de las prioridades. Evitadnos la vergüenza de que gentes como Landero o Javier Reverte o Forges tengan que pagar cientos de miles de euros de multa por deleitarnos la vida.

Sobre la vejez II.- Las bocas inútiles.

(Continúa la serie sobre la vejez, que empezó con Molon Labe.)

Hay que proponer una segunda Ley de Godwin. Si la clásica dice que "a medida que se alarga un debate online, la probabilidad de una comparación con los nazis o con Hitler tiende a 1", la nueva diría: "a medida que se alarga un debate online en el que haya algún viejo la posibilidad de que se le llame senil tiende a 1". La primera fórmula se usa para explicar cuándo una discusión ha alcanzado un momento en que es inútil proseguirla. Lo  mismo pasa con la segunda.

 

Es muy frecuente que, allí donde jóvenes o adultos maduros discuten con gente mayor, traten de zanjar las diferencias hablando de los años, de que el adversario chochea o está gagá. Esta generalización, como todas, tiene su punto cierto: con la edad suelen darse manifestaciones diversas de pérdida de facultades mentales que, de modo precipitado, abusivo y por lo común insultante, se resumen como senilidad. Es un abuso que solo podría admitirse si quien invoca la condición posee pruebas empíricas de que se da en el caso invocado. De no ser así, no pasa de ser un exceso, un insulto, parecido al que emplean a veces los viejos tachando a los jóvenes de ilusos, precipitados o inexpertos, si bien esta actitud no es tan injusta ni denigrante.

 

En realidad, el trato a la vejez en la sociedad, habiendo mejorado mucho desde las costumbres nómadas de sacrificar a los ancianos que ya no podían desplazarse o eran un estorbo, sigue siendo cruel y, a veces, inhumano. El gran fallo del Estado del bienestar, suelen decir muchos responsables políticos, es el aumento de la esperanza de vida. En otros téminos más llanos, dichos por la señora Lagarde, baranda del FMI, que los viejos viven demasiado y son muy caros. Con igual carga de desvergüenza y estupidez, una alto cargo del gobierno del PP se preguntaba en público si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema. Obviamente, aunque esta señora no lo crea, eso dependerá de qué sentido se dé al término "sentido".

 

Se trata de una actitud muy extendida, producto de los prejuicios y de la ceguera pues parece partir del principio de que quien considera a los viejos un estorbo o bocas inútiles, no lo será a su vez, llegado su momento. Todas las formas de discriminación son crueles, inhumanas y estúpidas. Pero la discriminación por razón de la edad es la más estúpida de todas. En efecto, el blanco que discrimina al negro, el machista que lo hace con la mujer, etc., saben que, salvo milagro, nunca serán víctimas de esa discriminación mientras que quien maltrata a un anciano es un imbécil que piensa que él no lo será.

 

Porque de discriminación se trata. Y aceptada y legal. ¿Cómo? ¿Acaso no prohíbe la Constitución toda discriminación por cualesquiera razones? Sí, cierto. ¿Y no incluyen estas la edad? También cierto. Pero no lo es menos que existe algo también legal que se llama la jubilación forzosa, allí en donde se da. Y ¿acaso no es la jubilación forzosa una discriminación por razón de edad para quienes, estando en posesión de sus facultades físicas y mentales, quieran seguir trabajando? Evidentemente lo es. Transcurridos determinados años -algo de lo que la persona directamente interesada no es responsable- el individuo en ciertas situaciones (en la función pública, por ejemplo) se ve obligado a retirarse, quiera o no y a cambiar el conjunto de sus existencia en contra de su voluntad. Es una obvia discriminación por razón de edad y carece de toda justificación.

 

Por supuesto, no se está diciendo aquí que la jubilación deba desaparecer o alargarse. Se está diciendo solamente que, llegada la edad determinada, se jubile quien quiera hacerlo y quien no quiera, pueda seguir en su quehacer como sucede de hecho en las profesiones liberales. Que nadie pueda obligar a otro a trabajar más allá de la fecha límite, pero que nadie tampoco pueda obligar a otro a dejar de trabajar si no quiere y está en condiciones físicas y mentales de hacerlo.

 

Ahora que se eliminan muchas formas de discriminación tradicionales, emboscadas en los pliegues más profundos de los prejuicios y estereotipos sociales, sigue dándose una discriminación odiosa e imbécil. Odiosa porque afecta negativamente a una colectividad de personas que tiene una capacidad de respuesta y rechazo muy limitada e imbécil porque la sociedad prescinde de sectores enteros de gentes que poseen la sabiduría, la experiencia y, cuando así lo quieren, la capacidad para ser útiles a la colectividad.

 

Esto tiene que cambiar. Los ancianos, los jubilados son un potencial político numérico considerable en nuestra sociedad. Pero, por el sistemático abandono, la ignorancia y el desinterés de los demás sectores, no disponen de la influencia que les corresponde. Si los más de ocho millones de jubilados que hay en España se organizaran políticamente, tendrían un potencial tremendo. En una época en que los discursos políticos apuntan al "empoderamiento" (o sea, en castellano, la "habilitación") de los sectores más perjudicados, proceder así con los jubilados, sin duda, cambiaría el panorama español. Por ejemplo, consiguiendo que, quienes toman decisiones sobre la cuantía, duración y circunstancias de las pensiones en el sistema público, no sean los pájaros de mediana edad que creen que con ellos no va a rezar.

 

Dada la base de solidaridad intergeneracional del sistema público de jubilaciones en España, es obvio para todos -excepto para quienes quieren reventarlo a fin de favorecer los muy dudosos planes privados de los bancos- que las pensiones no son mercedes o gracias que el Estado otorga a los jubilados sino que estos se las han ganado como un derecho a lo largo de su vida activa. Los jubilados son los únicos que carecen de opción a defender sus derechos.

 

Y el asunto es, además, más grave cuando se recuerda que, en condiciones de crisis como las actuales, en una infinidad de casos, las pensiones no solo sirven para mantener a los jubilados sino también a sus familiares en el paro o a los dependientes a su cargo y eso sin contar que también mueven demanda que tira de la economía. 

 

Los viejos no son bocas inútiles sino que deben ser bocas que hablen y, si es necesario, que muerdan. Por eso seguiremos con la serie sobre la vejez.

 

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, con licencia Creative Commons).

Machismo.

Bueno, vamos a ver. Esas cuarenta y seis mujeres asesinadas -la cuota sangrienta de una violencia que tiene muchisimas más víctimas- son, o deben ser, un aldabonazo en la conciencia de la colectividad. Sumadas a las cuarenta y tantas o cincuenta y tantas del año anterior y el anterior, obligan a una reflexión a fondo sobre las causas. No podemos admitir que una determinada cantidad de hombres mate a sus parejas con la misma inevitabilidad con que a partir de ciertos grados, hierve el agua.

No podemos tratar de disfrazarlo u ocultarlo con circunloquios tan falsos como cursis. Esa violencia en el entorno doméstico con que la inenarrable ministra de Sanidad pretendió, como buena cipaya de género, escamotear el comportamiento asesino del machismo, carece de toda dignidad intelectual; como ella misma.

Tampoco podemos obstinarnos en abordarlo como una problema legal. Es preciso, sí, legislar para prevenirlo y castigarlo. Legislar más y mejor. Pero no basta con legislar. Debe abordarse con un enfoque integral, haciendo intervenir todos los factores posibles. Empezando por la educación, tanto en la escuela como en la familia y la que se transmite a través de los medios.Si el ministro Wert, otro fenómeno de la España Hurraca, sostiene que la separación por sexos en la enseñanza no es necesariamente causa de discriminación en favor o contra de nadie, juega al sofisma ya que la separación, sobre ser causa, es ya efecto de la discriminación. La separación es, obviamente, discriminación.

El enfoque integral implica la revisión permanente de una infinidad de prácticas sociales por insignificantes que puedan parecer. Es un proceso también educativo, pero del conjunto de la sociedad, a lo largo de toda la vida, no solo en la escuela. Es la aplicación de la perspectiva de género, que debiera ser universal e incuestionable porque se trata de devolver a la mitad de nosotros la dignidad que hace siglos viene negándosele. Cuando un cura italiano dice que la culpa de la violencia machista es de las mujeres por ir por ahí provocando cada vez más, u otro clérigo en Canarias achaca asimismo a la desenvoltura de los chavales la pederastia del clero, la estupefacción general apenas oculta el hecho de que se trata de manifestaciones de un sentir latente muy generalizado en la sociedad patriarcal.

Lo mismo pasa con las burlas sobre la corrección política. La prensa está llena de individuos que presumen de incorrección política a título de rebeldía, como esos lacayos del poder que dicen estar contra todo poder cuando no mandan los suyos. Suelen ser los aficionados a contar chistes verdes, generalmente denigratorios hacia las mujeres, en esas sobremesas densamente estúpidas de machos ahítos que son el orgullo de la estirpe hispana de Braulios larrianos.

Más en concreto, es preciso disipar cualquier ambigüedad, conformismo y enfrentarse a toda agresión de género, se dé como se dé. Hace unos días leí un estupendo artículo de Lorena Aguilar Aguilar en Caos en la red titulado No es piropo, es acoso callejero en donde se consideraba la costumbre del piropo una forma de agresión de género. Aunque es un poco blando para mi gusto, pues parece sugerir que si la agresión fuera "de verdad" piropo, sería admisible, me sentí identificado de inmediato con él. Hace veinte años se me ocurrió decir por la radio en Onda Cero que el piropo era una manifestación de machismo y se me vino encima una avalancha de críticas de todo tipo con los manidos argumentos en defensa de esa forma de violencia: es un arte, tampoco es para tanto, a las mujeres les gusta, es inevitable, es un reconocimiento de la belleza, es ingenio popular, etc., etc. Todas falacias de manual, generalmente esgrimidas por los mismos que justifican de modo parecido la tortura y muerte de los toros en las corridas. Hay también toques patrióticos: el piropo, amig@s es muy español. Cierto, cierto, menuda desgracia. No me consta traducción aceptable del término en otras lenguas como el francés, el alemán o el inglés. Lo más cercano parece ser cumplido, también existente en español, prueba de que no es piropo. Además de otras cosas, el piropo es una grosería.

Los asesinatos de mujeres están ya en potencia en los últimos rincones y pliegues de nuestra cultura, desde los piropos a la instrumentalización del cuerpo femenino en la publicidad, hasta en el lenguaje. Y no se diga nada de la religión. De todas las religiones. ¿Cómo no va a ser feminicida una cultura cuya religión empieza por decir que la culpa del pecado original la tiene la mujer, Eva?

Y una última consideración de rabiosa actualidad. Son los nuestros tiempos de penuria, de empobrecimiento, de desempleo, inseguridad, injusticia, atropellos. La inmensa mayoría de la población pasa penalidades. Hombres y mujeres. Pero las mujeres padecen una desgracia añadida: a su regreso a casa, su pareja puede asesinarlas. No falla: las mujeres siempre llevan la peor parte. Y, si son negras, ya ni hablamos.

Estampas del verano. Wert podría llamarse Unwert.

Más o menos como el protagonista de El Ángel azul se llamaba profesor Unrath o profesor basura. De igual modo el supuesto "valor" del apellido del ministro español es, en realidad, un desvalor y, desde luego, para todos sus administrados, una desgracia. Una desgracia que, gracias al espíritu sectario, prepotente y cerril de este hombre, esté volviendo lo más reaccionario y siniestro del nacionalcatolicismo a España.

La iglesia no descansa, no da jamás una posición por perdida, siempre está al acecho para recuperar lo que las luces y la razón le hayan arrebatado, no perdona nunca deuda alguna y recurre a los más insólitos medios para imponer su dominación, por ejemplo, halagar la infantil vanidad de este petulante al que hace creer que es el salvador de las esencias religiosas del buen pueblo español, a punto de echarse a perder merced al relativismo izquierdista, que todo lo emponzoña.

Wert es el correveidile de la iglesia y el opus en el intento de restaurar la sombría influencia de la iglesia en todos los aspectos de la vida social y, por supuesto, la garantía de que la iglesia seguirá acaparando dinero de la colectividad por los más diversos conceptos porque, en el fondo, de lo que se trata siempre es de eso, del dinero, lo único que verdaderamente interesa a los curas.

Gracias a Unwert, un gobierno ultraliberal, capaz de retirar la magra subvención a decenas de miles de parados, mantendrá los dineros destinados a las corridas de toros, espectáculo de crueldad degradante que este desalmado considera un "patrimonio cultural de España". Gracias también a él, la iglesia conservará todos sus privilegios en la educación y podrá adoctrinar a sus futuros monaguillos con cargo al erario público en la esperanza de que le salgan tan meapilas como el propio ministro.

Ahora pretende este mantener las subvenciones públicas a los centros religiosos privados concertados incluso cuando sean escuelas segregadas que discriminan por razón de sexo y a pesar de la oposición del Tribunal Supremo. En efecto, cuando está en juego la pasta, la iglesia no para en barras y, si hay que desautorizar al Tribunal Supremo, se le desautoriza. Todo antes que perder el cepillo.

Ya la misma enseñanza privada concertada es un abuso y un atropello mediante la cual los curas consiguen que la colectividad financie sus centros de adoctrinamiento. Debieran estar prohibidos por mor de la igualdad, pero eso es una utopía en un país en el que hasta la socialdemocracia acepta la tiranía y el expolio eclesiásticos. Pero que se trate igual también a los centros privados del Opus que practican la segregación raya en la burla intolerable.

Sin embargo será posible gracias a los inapreciables servicios de este amanuense del clero. Cuando el Supremo falló que los colegios del Opus que segregan no debían recibir fondos públicos (corre peligro la pasta) salió de inmediato el esforzado paladín de los curas recurriendo a su habitual panoplia de falsedades para zafarse de cumplir la sentencia del alto tribunal. Sostenía Unwert que la Convención de la UNESCO de 1961 sobre la lucha contra la discriminación en la enseñanza advierte que la segregada por razón de sexo no tiene por qué ser discriminatoria y que España era firmante de dicha Convención. Se callaba ladinamente que el texto literal de la citada Convención, en su artículo 2 expresamente dice que, para que ese supuesto se dé, es preciso que "el Estado las admita" (esto, es, las enseñanzas segregadas), lo que no es el caso en España. Alguien ha debido advertir al ministro de que se posición será muy beata y bienquista por los curas, pero es insostenible con la misma Convención en la mano que él cita para justificar lo injustificable.

Como el primer intento de falsear los datos no ha cuajado, la sentencia del Supremo es muy ajustada a derecho y, por lo tanto, los del Opus pueden quedarse sin los dineros públicos que el ministro está deseando entregarles, lo que propone ahora es cambiar la ley en la que toma pie el supremo para negar subvnciones a los centros que segregan. De esa forma se elimina el obstáculo que impone la citada Convención, las sentencias del Tribunal Supremo serán papel mojado y los setenta centros discriminadores que hay en España, podrán seguir discriminando y cobrando de fondos públicos. ¡Todo sea por la pasta!

Se trata de un ejemplo de manual de la ley del embudo que emplea esta derecha neofranquista para imponer sus principios oscurantistas y expoliadores: todos deben respetar la ley a toda costa excepto la propia derecha que, cuando aquella le molesta, como sucedía con la Ley de RTVE o, ahora, la Ley Orgánica de Educación (LOE), simplemente, la cambia.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Las mujeres y sus asesinos.

En lo que va de año han muerto seis mujeres en España asesinadas por sus parejas o exparejas. Habrá pocos problemas sociales de los que más se hable, a los que más atención se preste tanto en las instituciones como en los medios, a los que se dedique mayor cantidad de recursos, que provoquen más repulsa social y sobre los que se hagan más campañas de eso que se llama "concienciación". Y aun así, seis mujeres asesinadas en un mes son triste testimonio de que esta peste no cede.

No cede porque anida en lo más profundo de las culturas humanas, todas ellas patriarcales. No es un problema español, ni europeo, ni cristiano. La violencia de género en la China es una verdadera lacra y en los países musulmanes no solamente no es delito sino que es virtud. Esa violencia se encuentra en la base misma de la civilización y erradicarla va a costar mucho. Hasta hace poco también en Occidente se la glorificaba como prueba el vicioso concepto del "crimen pasional" que contaba con todo tipo de atenuantes y hasta gozaba de simpatía social... siempre que el crimen lo cometiera el hombre; si era la mujer la cosa tomaba otro cariz. En el hombre imperaba ese noble sentimiento que todo lo explica y justifica, el amor, que lo lleva a matar lo que ama, según reza el famoso verso de Oscar Wilde en la Balada de la cárcel de Reading.

La matanza tiene caracteres globales (¿hace falta recordar los feminicidios de Centroamérica, los asesinatos de Ciudad Juárez, los crímenes del Congo?) y por tanto resulta ridículo plantearla en términos de opciones confesionales, locales, de secta o partido. Decir, como dicen los obispos españoles, que la violencia de género es más frecuente en las parejas de hecho que en los matrimonios canónicos es ser verdaderamente sectario. La violencia es de género y se da por igual en todos los matrimonios, religiones, clases, razas o cualquier otra determinación que no sea la esencial aquí: el sexo.

El proceso de emancipación de las mujeres es, lógicamente, imparable. Es verdad que discurre con mucha lentitud porque se enfrenta a intereses adquiridos, convicciones muy profundas, complejos de todo tipo, normas morales, tradiciones, leyes, costumbres, sistemas filosóficos y hasta estructuras lingüísticas; pero discurre, avanza. Y, al avanzar, socava la posición dominante de los varones, sus privilegios, sus derechos innatos a ser los amos de aquellas a quienes dicen amar. El género en conjunto siente la amenaza y el individuo en concreto cree que se realiza en sus carnes cuando (como ha sido el caso en uno de los dos últimos asesinatos) el objeto de su amor, o sea su esclava, le dice que quiere divorciarse. Se vuelve tan loco que, en muchos casos, además de asesinar a su pareja, trata de suicidarse.

Es que eso del amor justificalotodo es un cuento. Porque los hombres no solo matan a las mujeres una a una en ejercicio de su peculiar sentido del amor, también las asesinan por decenas en ejercicio de su peculiar sentido del negocio, por ejemplo en México. No es la relación; es la conciencia que los hombres tienen de las mujeres como instrumentos para la realización de sus superiores fines. Cambiar esa conciencia va a costar más que convencer a la humanidad de que la tierra gira en torno al sol. Y, por supuesto, en primera línea de quienes se opusieron entonces a la teoría heliocéntrica están los mismos que ahora van en contra de ese cambio de conciencia: los curas.

Así que, resumiendo, menos bromas con el feminismo que es una concepción justificadísima que todos debiéramos compartir. Cada vez que escucho expresiones como femininazismo u oigo advertencias sobre las denuncias falsas como venganza femenina o quejas por los privilegios de las mujeres a través de las cuotas o escandalizadas críticas de ruptura del principio de igualdad ante la ley a propósito de la discriminación positiva, pienso que el machismo no es un punto en el espacio sino una actitud continua con gradaciones que empieza cuestionando la legitimidad del feminismo y termina asesinando a las mujeres.

(La imagen es una foto de United Nations, bajo licencia de Creative Commons).

El Estado es ilegal.

Palinuro rinde tributo de admiración a Gabrielle Giffords, representante demócrata por Arizona en el Congreso de los EEUU, a pique de pagar con la vida la defensa pacífica de sus ideales. Y a las demás víctimas del tiroteo de ayer en Tucson. Y aprovecha la ocasión para señalar que esos actos detestables son en buena medida resultado de un lenguaje incendiario, vitriólico y muy violento en el debate público, cosa que se experimenta todos los días en Norteamérica y en España.

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El nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno para acabar con todas las formas de discriminación promete ser el pimpampum del final de la legislatura. Doble contra sencillo a que algún genio del PP dice que es una cortina de humo. El resto de los comentaristas de la derecha, muy militantes, sacará lo más potente de la bateria libertaria, con aroma a cuartel y sacristía, para zumbar al Gobierno y su partido por su obsesión totalitaria. Nada que decir; ya lo harán esos mártires que, como Javier Vizcaíno, visitan el campo de batalla o se desayunan con varios venenos, como José María Izquierdo y eso todos los días. Loor a ellos.

Esta ley es muy necesaria, desarrolla la Constitución y trata de erradicar la odiosa cuanto generalizada práctica de la discriminación. Por eso y porque está en fase de consultas Palinuro osa hacer algunas propuestas para mejorarla desde el comienzo porque de lo que se trata es de que, por una vez, a la hora de legislar para la sociedad, el Estado lo haga también para sí mismo y se aplique el cuento. Porque, en este caso concreto, el mayor discriminador que hay en la sociedad es el mismo Estado. Se trata, pues, de sumar y no de restar; de conseguir que el Estado deje de ser ilegal en el sentido de que sistemáticamente actúa al margen o por encima de la ley, lo cual es lo más contrario al Estado de derecho que quepa imaginar. Pondré cuatro ejemplos.

Ejemplo primero: los monopolios. Todos los Estados de derecho conocen algún tipo de legislación contra los monopolios y/o las prácticas monopolistas. Sin embargo el mismo Estado se permite tener monopolios. En España llegó a haber una empresa semipública, CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A.) que llevaba el delito en el propio título. Televisiones, trenes, tabacos, loterías, etc, etc son muy diversos los productos y servicios que han sido objeto de monopolio estatal en uno u otro momento. Si el monopolio está prohibido y el Estado lo practica, el Estado está fuera de ley y no lo devuelve a ella invocar razón de Estado alguna. Es, además, un caso de discriminación flagrante a su favor y en contra del libre mercado. No estoy diciendo que deba privatizarse todo sino sólo que, si hay una ley antimonopolio, el Estado debe ser el primero en someterse a ella o derogarla. Otra cosa es discriminación.

Ejemplo segundo: la discriminación propiamente dicha. El proyecto de ley ataca todas las formas de discriminación, incluida la que lo es por razón de la edad. Efectivamente, aunque más admitida que las otras, no es menos injusta porque se trata de perjudicar a alguien en razón de una circunstancia de la que no es responsable. Igual que no se es responsable de ser extranjero, negro, mujer, inválido, tampoco de ser joven o viejo o de mediana edad. En los EEUU no se puede tomar una decisión negativa laboral en función de la edad; ni siquiera se puede preguntar ésta. Aquí sería de agradecer lo mismo. Y que también se lo aplicara el Estado cuyo ministerio de Educación, por ejemplo, discrimina en todas las ofertas contractuales en función de la edad. Sin contar con que ese Estado administra una institución discriminatoria como es la jubilación, obligatoria para una porción de la población trabajadora. La jubilación debiera ser siempre voluntaria (supeditada a la aptitud al puesto de trabajo) en el límite máximo y obligatoria en el mínimo. Esto es, debe haber una edad (quizá entre 60 y 65 años) a partir de la cual el trabajador pueda retirarse si quiere con plenos derechos y nadie pueda obligarlo a seguir trabajando. Los que no quieran, que sigan. Sería bueno que la nueva ley eliminara la discriminación por edad que practica el Estado.

Ejemplo tercero: los privilegios. Todo privilegio es una discriminación. En la hora en que se recortan los salarios de todos los trabajadores, no sólo de los funcionarios, en que descienden los ingresos de las familias, en que millones de personas sobreviven con un salario mínimo que es de los más bajos de Europa, sólo por encima de Montenegro, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia en la zona euro, es impresentable que los representantes políticos de la más variada condición cobren sueldos doce o catorce veces el salario mínimo, además de gajes, bicocas y beneficios. Ya sé que esto suena algo demagógico pero entre la demagogia y la sensibilidad la línea es tenue. Y lo mismo pasa con las pensiones: cuando se anda rateando con las de la gente no es de recibo que los cargos públicos, la "clase política", tenga unas condiciones de retiro escandalosas. Es decir, tanto en salario real como en diferido, el Estado practica una notable discriminación en relación con la población en su conjunto; su personal, en buena medida el que hace la ley, se sitúa por encima de ella porque goza de privilegios.

Ejemplo cuarto: la Corona. La razón misma de ser de la Monarquía es la discriminación por razón de nacimiento. La Corona está por encima de la ley. Las razones para justificar este absurdo son otros tantos absurdos.

Estaría bien que la nueva ley contra la discriminación tomara medidas eficaces para acabar con la discriminación que practica el Estado. Así éste volvería a estar dentro de la ley, a ser legal, a ser un Estado de derecho y no uno de privilegios. Si alguien puede hacer algo así es el PSOE. ¿O tampoco?

(La imagen es una foto de Richard Loyal French, bajo licencia de Creative Commons).