Palinuro rinde tributo de admiración a Gabrielle Giffords, representante demócrata por Arizona en el Congreso de los EEUU, a pique de pagar con la vida la defensa pacífica de sus ideales. Y a las demás víctimas del tiroteo de ayer en Tucson. Y aprovecha la ocasión para señalar que esos actos detestables son en buena medida resultado de un lenguaje incendiario, vitriólico y muy violento en el debate público, cosa que se experimenta todos los días en Norteamérica y en España.
El nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno para acabar con todas las formas de discriminación promete ser el pimpampum del final de la legislatura. Doble contra sencillo a que algún genio del PP dice que es una cortina de humo. El resto de los comentaristas de la derecha, muy militantes, sacará lo más potente de la bateria libertaria, con aroma a cuartel y sacristía, para zumbar al Gobierno y su partido por su obsesión totalitaria. Nada que decir; ya lo harán esos mártires que, como Javier Vizcaíno, visitan el campo de batalla o se desayunan con varios venenos, como José María Izquierdo y eso todos los días. Loor a ellos.
Esta ley es muy necesaria, desarrolla la Constitución y trata de erradicar la odiosa cuanto generalizada práctica de la discriminación. Por eso y porque está en fase de consultas Palinuro osa hacer algunas propuestas para mejorarla desde el comienzo porque de lo que se trata es de que, por una vez, a la hora de legislar para la sociedad, el Estado lo haga también para sí mismo y se aplique el cuento. Porque, en este caso concreto, el mayor discriminador que hay en la sociedad es el mismo Estado. Se trata, pues, de sumar y no de restar; de conseguir que el Estado deje de ser ilegal en el sentido de que sistemáticamente actúa al margen o por encima de la ley, lo cual es lo más contrario al Estado de derecho que quepa imaginar. Pondré cuatro ejemplos.
Ejemplo primero: los monopolios. Todos los Estados de derecho conocen algún tipo de legislación contra los monopolios y/o las prácticas monopolistas. Sin embargo el mismo Estado se permite tener monopolios. En España llegó a haber una empresa semipública, CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A.) que llevaba el delito en el propio título. Televisiones, trenes, tabacos, loterías, etc, etc son muy diversos los productos y servicios que han sido objeto de monopolio estatal en uno u otro momento. Si el monopolio está prohibido y el Estado lo practica, el Estado está fuera de ley y no lo devuelve a ella invocar razón de Estado alguna. Es, además, un caso de discriminación flagrante a su favor y en contra del libre mercado. No estoy diciendo que deba privatizarse todo sino sólo que, si hay una ley antimonopolio, el Estado debe ser el primero en someterse a ella o derogarla. Otra cosa es discriminación.
Ejemplo segundo: la discriminación propiamente dicha. El proyecto de ley ataca todas las formas de discriminación, incluida la que lo es por razón de la edad. Efectivamente, aunque más admitida que las otras, no es menos injusta porque se trata de perjudicar a alguien en razón de una circunstancia de la que no es responsable. Igual que no se es responsable de ser extranjero, negro, mujer, inválido, tampoco de ser joven o viejo o de mediana edad. En los EEUU no se puede tomar una decisión negativa laboral en función de la edad; ni siquiera se puede preguntar ésta. Aquí sería de agradecer lo mismo. Y que también se lo aplicara el Estado cuyo ministerio de Educación, por ejemplo, discrimina en todas las ofertas contractuales en función de la edad. Sin contar con que ese Estado administra una institución discriminatoria como es la jubilación, obligatoria para una porción de la población trabajadora. La jubilación debiera ser siempre voluntaria (supeditada a la aptitud al puesto de trabajo) en el límite máximo y obligatoria en el mínimo. Esto es, debe haber una edad (quizá entre 60 y 65 años) a partir de la cual el trabajador pueda retirarse si quiere con plenos derechos y nadie pueda obligarlo a seguir trabajando. Los que no quieran, que sigan. Sería bueno que la nueva ley eliminara la discriminación por edad que practica el Estado.
Ejemplo tercero: los privilegios. Todo privilegio es una discriminación. En la hora en que se recortan los salarios de todos los trabajadores, no sólo de los funcionarios, en que descienden los ingresos de las familias, en que millones de personas sobreviven con un salario mínimo que es de los más bajos de Europa, sólo por encima de Montenegro, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia en la zona euro, es impresentable que los representantes políticos de la más variada condición cobren sueldos doce o catorce veces el salario mínimo, además de gajes, bicocas y beneficios. Ya sé que esto suena algo demagógico pero entre la demagogia y la sensibilidad la línea es tenue. Y lo mismo pasa con las pensiones: cuando se anda rateando con las de la gente no es de recibo que los cargos públicos, la "clase política", tenga unas condiciones de retiro escandalosas. Es decir, tanto en salario real como en diferido, el Estado practica una notable discriminación en relación con la población en su conjunto; su personal, en buena medida el que hace la ley, se sitúa por encima de ella porque goza de privilegios.
Ejemplo cuarto: la Corona. La razón misma de ser de la Monarquía es la discriminación por razón de nacimiento. La Corona está por encima de la ley. Las razones para justificar este absurdo son otros tantos absurdos.
Estaría bien que la nueva ley contra la discriminación tomara medidas eficaces para acabar con la discriminación que practica el Estado. Así éste volvería a estar dentro de la ley, a ser legal, a ser un Estado de derecho y no uno de privilegios. Si alguien puede hacer algo así es el PSOE. ¿O tampoco?
(La imagen es una foto de Richard Loyal French, bajo licencia de Creative Commons).
