(Continúa la serie
sobre la vejez, que empezó con
Molon Labe.)
Es muy frecuente que, allí donde jóvenes o adultos maduros discuten con gente mayor, traten de zanjar las diferencias hablando de los años, de que el adversario chochea o está gagá. Esta generalización, como todas, tiene su punto cierto: con la edad suelen darse manifestaciones diversas de pérdida de facultades mentales que, de modo precipitado, abusivo y por lo común insultante, se resumen como senilidad. Es un abuso que solo podría admitirse si quien invoca la condición posee pruebas empíricas de que se da en el caso invocado. De no ser así, no pasa de ser un exceso, un insulto, parecido al que emplean a veces los viejos tachando a los jóvenes de ilusos, precipitados o inexpertos, si bien esta actitud no es tan injusta ni denigrante.
En realidad, el trato a la vejez en la sociedad, habiendo mejorado mucho desde las costumbres nómadas de sacrificar a los ancianos que ya no podían desplazarse o eran un estorbo, sigue siendo cruel y, a veces, inhumano. El gran fallo del Estado del bienestar, suelen decir muchos responsables políticos, es el aumento de la esperanza de vida. En otros téminos más llanos, dichos por la señora Lagarde, baranda del FMI, que los viejos viven demasiado y son muy caros. Con igual carga de desvergüenza y estupidez, una alto cargo del gobierno del PP se preguntaba en público
si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema. Obviamente, aunque esta señora no lo crea, eso dependerá de qué sentido se dé al término "sentido".
Se trata de una actitud muy extendida, producto de los prejuicios y de la ceguera pues parece partir del principio de que quien considera a los viejos un estorbo o bocas inútiles, no lo será a su vez, llegado su momento. Todas las formas de discriminación son crueles, inhumanas y estúpidas. Pero la discriminación por razón de la edad es la más estúpida de todas. En efecto, el blanco que discrimina al negro, el machista que lo hace con la mujer, etc., saben que, salvo milagro, nunca serán víctimas de esa discriminación mientras que quien maltrata a un anciano es un imbécil que piensa que él no lo será.
Porque de discriminación se trata. Y aceptada y legal. ¿Cómo? ¿Acaso no prohíbe la Constitución toda discriminación por cualesquiera razones? Sí, cierto. ¿Y no incluyen estas la edad? También cierto. Pero no lo es menos que existe algo también legal que se llama la jubilación forzosa, allí en donde se da. Y ¿acaso no es la jubilación forzosa una discriminación por razón de edad para quienes, estando en posesión de sus facultades físicas y mentales, quieran seguir trabajando? Evidentemente lo es. Transcurridos determinados años -algo de lo que la persona directamente interesada no es responsable- el individuo en ciertas situaciones (en la función pública, por ejemplo) se ve obligado a retirarse, quiera o no y a cambiar el conjunto de sus existencia en contra de su voluntad. Es una obvia discriminación por razón de edad y carece de toda justificación.
Por supuesto, no se está diciendo aquí que la jubilación deba desaparecer o alargarse. Se está diciendo solamente que, llegada la edad determinada, se jubile quien quiera hacerlo y quien no quiera, pueda seguir en su quehacer como sucede de hecho en las profesiones liberales. Que nadie pueda obligar a otro a trabajar más allá de la fecha límite, pero que nadie tampoco pueda obligar a otro a dejar de trabajar si no quiere y está en condiciones físicas y mentales de hacerlo.
Ahora que se eliminan muchas formas de discriminación tradicionales, emboscadas en los pliegues más profundos de los prejuicios y estereotipos sociales, sigue dándose una discriminación odiosa e imbécil. Odiosa porque afecta negativamente a una colectividad de personas que tiene una capacidad de respuesta y rechazo muy limitada e imbécil porque la sociedad prescinde de sectores enteros de gentes que poseen la sabiduría, la experiencia y, cuando así lo quieren, la capacidad para ser útiles a la colectividad.
Esto tiene que cambiar. Los ancianos, los jubilados son un potencial político numérico considerable en nuestra sociedad. Pero, por el sistemático abandono, la ignorancia y el desinterés de los demás sectores, no disponen de la influencia que les corresponde. Si los más de ocho millones de jubilados que hay en España se organizaran políticamente, tendrían un potencial tremendo. En una época en que los discursos políticos apuntan al "empoderamiento" (o sea, en castellano, la "habilitación") de los sectores más perjudicados, proceder así con los jubilados, sin duda, cambiaría el panorama español. Por ejemplo, consiguiendo que, quienes toman decisiones sobre la cuantía, duración y circunstancias de las pensiones en el sistema público, no sean los pájaros de mediana edad que creen que con ellos no va a rezar.
Dada la base de solidaridad intergeneracional del sistema público de jubilaciones en España, es obvio para todos -excepto para quienes quieren reventarlo a fin de favorecer los muy dudosos planes privados de los bancos- que las pensiones no son mercedes o gracias que el Estado otorga a los jubilados sino que estos se las han ganado como un derecho a lo largo de su vida activa. Los jubilados son los únicos que carecen de opción a defender sus derechos.
Y el asunto es, además, más grave cuando se recuerda que, en condiciones de crisis como las actuales, en una infinidad de casos, las pensiones no solo sirven para mantener a los jubilados sino también a sus familiares en el paro o a los dependientes a su cargo y eso sin contar que también mueven demanda que tira de la economía.
Los viejos no son bocas inútiles sino que deben ser bocas que hablen y, si es necesario, que muerdan. Por eso seguiremos con la serie sobre la vejez.
(La imagen es una foto de
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