He aquí un conflicto que puede parecer gremial, sectorial y que, sin embargo, interesa al conjunto de la sociedad. El ministerio de Empleo obliga a los escritores, pintores, dibujantes, músicos, etc, a todos los creadores y otros profesionales a devolver sus pensiones porque, según la ley vigente, la percepción de estas es incompatible con la realización de actividades creativas remuneradas cuando su cuantía supere el SMI, de 9.172,80 euros al año.
Esto es un disparate que no hay por donde cogerlo porque, si se entorpece la labor creativa, no solo pierden los autores (a algunos de los cuales quieren multarlos con cientos de miles de euros), que no pueden escribir, ni pintar, sino que pierde la sociedad en su conjunto. Y no solo porque se la prive de unos productos que enriquecen el espíritu sino que pierde en un sentido mucho más material y prosaico, como se verá de inmediato.
Toda la cuestión de la jubilación y las pensiones es un conjunto de injusticias y atropellos. Para empezar la misma institución de la jubilación forzosa, en donde se dé, básicamente los funcionarios y empleados públicos, pero no solo ellos, debe desaparecer. Lo lógico, lo razonable, es que la jubilación sea voluntaria. Esto es, que haya un tope de edad (el que se fije, 65, 67 años) a partir del cual nadie pueda impedir que si alguien quiere jubilarse lo haga, pero nadie tampoco pueda obligar a otro a jubilarse si no quiere y sigue siendo válido para el trabajo.
Por si no lo habían pensado ustedes, la jubilación obligatoria es una discriminación. Denle las vueltas que quieran: es una discriminación tan odiosa como la de género, raza, religión etc., y tanto más indignante cuanto que en unas actividades se da y en otras, no. Es una discriminación porque supone hacer víctima a una persona de algo de lo que no es responsable: su edad. Y, como toda discriminación debiera estar prohibida. El día que los jubilados tomen conciencia de este hecho y se organicen, conseguirán la abolición de esta vergüenza. Por eso hay ya por ahí salvajes de la cepa neoliberal que pretenden suprimir el derecho de sufragio de las clases pasivas. El fascismo está siempre al acecho.
Pero hay más. El trato que dispensa el Estado, el ministerio de Empleo, a los jubilados es indignante y probablemente ilegal. Aparte de la evidente injusticia de que la pensión sea incompatible con el rendimiento del trabajo personal pero no con el cobro de mil tipos de rentas como bonos, dividendos, alquileres, etc., se da la circunstancia de que el Estado carece de título para establecer estos limites y regulaciones porque la pensión no es una gracia que los poderes otorgan porque sí, ni siquiera es un salario sujeto a normativas de incompatibilidades. La pensión es un derecho subjetivo de la persona que lo deriva del hecho de haber estado cotizando durante su vida laboral. Nadie puede negarle a un jubilado el derecho a cobrar lo que es suyo ni ponerle condiciones que le sean lesivas.
Y todavía más. Este cúmulo de injusticias y arbitrariedades no solamente perjudica a los jubilados sino al conjunto de la sociedad y directamente en su bolsillo. Échese una ojeada a la pirámide de población en España en el año en curso. Puede verse que, con los índices de natalidad prevalentes hace 25/30 años y dado el sistema de pensiones a base de cotizaciones, en otros 25/30 años no podrán pagarse las pensiones de las clases pasivas que, de hecho, ya está costando mucho pagar hoy y sin contar con el latrocinio a que el gobierno de Mr. Sobresueldos ha sometido la hucha de las pensiones, vaciándolas para sufragar gastos diversos, entre ellos, según parece, los cuidados a su padre dependiente.
A la vista de la situación, el puro sentido común manda suprimir el carácter forzoso de la jubilación y, en todo caso, permitir que el cobro de esta sea compatible con cualquier actividad lícita remunerada sin límite. Cuanta más riqueza se genere en los grupos más altos de edad, más alivio habrá para los bolsillos de los castigados cotizantes actuales. Y ello sin contar con el hecho, aun más dramático de que, con el desarrollo de la crisis, crece la cantidad de población activa pero parada que sobrevive gracias a las pensiones de los abuelos. Si ahora se las quitan o se las reducen, la situación puede llegar a ser desesperada.
He aquí una de las diversas tareas de urgencia que el Parlamento de mayoría demócrata y con sensibilidad social (no de los de "que se jodan") tiene que acometer. Es una de las prioridades. Evitadnos la vergüenza de que gentes como Landero o Javier Reverte o Forges tengan que pagar cientos de miles de euros de multa por deleitarnos la vida.
