Palinuro ha comentado en un par de ocasiones el espinoso asunto de la Ley Sinde y el malogrado intento del Gobierno de regular la protección de la propiedad intelectual de forma que ésta no esté a merced de los piratas informáticos que hacen suculentos negocios con los derechos ajenos, al tiempo que se tiran el pliego de ser luchadores por la libertad de expresión, la de información, la de mercado y, aunque no lo digan, la de expolio. Una de ellas el pasado 21 de diciembre, con el post titulado La descarga de la brigada ligera y la otra al día siguiente con otra entrada llamada Sindeología. En esta última decía Palinuro que: Legislar sobre internet tiene muchos inconvenientes y uno de ellos es que el legislador no sabe lo que dice. Para convencerse basta con examinar las habilidades de los diputados como internautas. No todos tienen blog y muchos de los que lo tienen más valdría que no lo tuvieran. Los hay que no leen el correo electrónico y de las redes sociales no se hable. Cabe dudar de que calibren de lo que hablan quienes desconocen el funcionamiento mismo y el alcance de aquello sobre lo que hablan.
El Gobierno y el PSOE han actuado deplorablemente en todo el asunto, han perdido una votación crucial y han dejado en el desamparo a mucha gente que no lo merece. Pero de ahí a sostener que no tenían razón, que no hay que reprimir la piratería ni proteger la propiedad intelectual, media un abismo de mala fe encubierta de libertarismo. El Gobierno debe tomarse su tiempo, afinar algo más y proponer un proyecto de ley específico sobre el asunto, no un parche metido de matute en otra ley. Para ello conviene que haga lo que dice la ministra González-Sinde, seguir debatiendo y asesorándose. Así que es bueno que recabe opiniones pero debe tener cuidado porque si el legislador no tiene mucha idea de lo que habla, los opinión makers, que van de enterados todavía pueden tener menos e incluso decir verdaderas tonterías.
Tómese un artículo públicado ayer por Josep Ramoneda, columnista de El País, titulado La "Ley Sinde" como síntoma. Es imposible acumular en tan corto espacio periodístico mayor cantidad de dislates, injusticias y simples bobadas.
Sostiene Ramoneda que: "El Gobierno se vio impelido a redactar esta norma por las presiones de siempre: de la industria cultural, del grupo de artistas abajo firmantes que son amigos de la paz y de Zapatero, pero sobre todo de ellos mismos, de las agresivas prácticas (según generoso eufemismo del embajador de Estados Unidos) de la SGAE y, como han revelado Wikileaks y González Sinde, del propio Gobierno americano y de algunos vecinos europeos". No hay duda de que el Gobierno actuó rematadamente mal, se pasó de listo, no supo negociar y se puso de alfombra de los gringos. Pero el articulista no puede ignorar que su iniciativa responde a la exigencia legítima de un verdadero montón de artistas, creadores, escritores como él mismo y gentes en oficios aledaños que están siendo objeto de un expolio sistemático y a los que hay que proteger. Sólo le ha faltado a Ramoneda hablar de los "artistas de la ceja" y de los "titiriteros".
El viejo modelo está anticuado. Llega el nuevo: "Durante la fase anterior del capitalismo, la industria cultural ha funcionado a partir del esquema siguiente: un autor vende los derechos de su obra a un productor que después la venda a un distribuidor y este al consumidor, formándose en este proceso el precio del producto, del que las distintas partes se benefician. En la economía de la contribución este esquema está periclitado". Eso de la "fase anterior" es sorprendente, aunque tiene un pasar, pero en lo tocante a la "economía de la contribución" o yo no entiendo el concepto o no lo entiende él. Esta idea hace referencia a la posibilidad de extender el software libre, mancomunar esfuerzos de investigación, generar foros automáticos y bases de información compartidas, montar nuevas formas de acción y creación colectivas en el estilo wiki, en fin, inet 2.0. Pero no tiene nada que ver con los derechos de los creadores a la propiedad de su trabajo. A lo mejor el esquema que dibuja está en efecto "periclitado", pero no será por obra de la "economía de la contribución".
Afirma Ramoneda que: "Es evidente que hay que asegurar las formas de retribución de los creadores y de los productores, aunque también habrá que encontrar las fórmulas para que los herederos de un artista no vivan setenta años del cuento". Lo que es pasmoso salvo que esté dispuesto a encontrar fórmulas igualmente ingeniosas para evitar que vivan "del cuento" los herederos de los ricos, de los terratenientes, de los accionistas de las empresas , de los rentistas, los propietarios de minas de diamantes y los simples ladrones, estafadores y narcotraficantes En otras palabras, ¿puede explicar el articulista por qué le parece bien que la propiedad intelectual tenga una protección a término (que, además, juzga excesivo) y la no intelectual la tenga eterna?
Dice asimismo Ramoneda que: "Y, por la presión de los que viven mal el cambio de modelo, se ha dejado las cautelas por el camino, convirtiendo, en la práctica, el cierre de una web en una decisión administrativa", lo que ya es mala uva o producto de hablar de la Ley sin haberla leído. No es cierto lo de la decisión administrativa, ni lo será por mucho que los piratas y sus amigos lo repitan. La Disposición final (no adicional, como escribe Ramoneda) segunda de la Ley dice: "La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes". Estará bien o mal, será mejor o peor, más o menos objetable, pero hay decisión judicial previa y decir lo contrario es faltar a la verdad.
Termina Ramoneda con una nota melodramática, alarmante en los tiempos que corren: "Y desde luego el camino no es criminalizar a los niños y a los jóvenes que entran al mundo por esta ventana". ¿Quién le ha dicho tal cosa a este hombre? ¿De dónde ha sacado esa peregrina idea de criminalizar a niños y jóvenes cuando lo que la nonnata "ley" pretendía era cerrar páginas de descargas, habitualmente negocios, precisamente para evitar esa criminalización de la que habla el articulista con tanto conocimiento de lo que dice como el legislador de lo que rechaza?
(La imagen es una foto de ottoreuss2, bajo licencia de Creative Commons).
