Admitido, es tedioso volver siempre con la murga de Palinuro de que el problema principal en España es Cataluña, la independencia de Cataluña. Pero hay que hacerlo para explicar por qué ayer, tras la aprobación del proceso legislativo de desconexión en el Parlamento catalán en borrascosa sesión, los líderes españoles se lanzaron sobre los móviles en febriles consultas. Llevan años sin hacer nada, sin calibrar la importancia del movimiento independentista, prácticamente sin enterarse de él y ahora, cuando se les cae el cielo sobre la cabeza, pierden esta presos de los nervios. Lo de la independencia iba en serio.
Rajoy afirma que el gobierno velará por el cumplimiento de la ley. El consejo de ministros recurrirá el acto el viernes formalmente ante el Tribunal Constitucional para que prohiba estas declaraciones, decisiones, planes parlamentarios que, por lo demás, ya había prohibido el noviembre pasado. Es decir para que impida una segunda desobediencia que es resultado de la primera. Sánchez se pone incondicionalmente al lado del gobierno en su tarea de vigilar el cumplimiento de la ley, afirmando que se trata de una cuestión de Estado. Pero, a fuer de socialista, el mismo Sánchez insta a Rajoy a presentar alguna "solución política" al problema. Algo así como pedirle a una nutria que toque el violín. Los otros dos dirigentes, Rivera e Iglesias también estuvieron al habla, pero no conozco que hayan hecho declaraciones sobre sus actitudes. La de Rivera es fácil de imaginar; no tanto la de Iglesias.
No quisieron o no pudieron enterarse en su momento, carecen de planes previstos para esta situación en la que un órgano del Estado, pues la Generalitat es un órgano del Estado, se enfrenta a este institucionalmente. No, no tienen planes (salvo los que se van descubriendo de la guerra sucia del ministerio del Interior contra el independentismo) y no saben qué hacer. Los unionistas catalanes, tampoco. Todos insisten en que ha de respetarse escrupulosamente la ley, dando por supuesto que se trata de un problema de ley.
Y no lo es. Es una crisis constitucional y plantea un problema de legitimidad, que es de otra naturaleza. Se puede, sin duda, tratarlo como un problema jurídico de derecho positivo y proceder por la vía de la represión que es, probablemente, lo que tiene en la cabeza la derecha. El problema con la represión es que se sabe en dónde empieza, pero no en dónde acaba. Y no quiero poner ejemplos. También puede enfocarse como un problema político, de legitimidad, y proceder por la vía de la negociación, que quizá sea lo que tenga en la mente Pedro Sánchez cuando pide una "solución política".
Pero, para buscar una solución política, primero hay que armar un gobierno que la proponga y la negocie y, justamente de eso se carece en España y quizá se carezca durante meses. Es decir, en España hay un interregno, una situación de sede vacante en la que no se sabe con arreglo a qué principios se tomarán las decisiones, si se toma alguna. Mientras tanto, la hoja de ruta independentista sigue impertérrita su curso. Y si los partidos nacionales españoles quieren hacerle frente, tendrán que constituir gobierno a toda velocidad y no podrán permitirse terceras elecciones porque hay unos plazos próximos de carácter estratégico. Es de suponer que, con la decisión de desconexión aprobada, la Diada de este año supere las de años anteriores y sea una abrumadora prueba de apoyo popular al independentismo. Esto es un pueblo y no lo que dicen los de Podemos que quieren "construir". El 12 de septiembre debiera haber algún gobierno en España capaz de reaccionar a lo que, sin duda, será un desafío tremendo. Puigdemont ha fijado el 28 de septiembre como fecha para debatir la cuestión de confianza planteada y a ella se presentará con los laureles del triunfador indiscutible. A partir de ahí, se inicia el proceso de constitución de la República Catalana.
El once de septiembre tiene que haber gobierno. Si no es así es posible que en las siguiente elecciones los indepes catalanes ya ni acudan por considerarse desconectados de hecho. Y ese gobierno no puede ser del PP porque, como es evidente, no tiene el apoyo parlamentario suficiente. Deben explorarse las alternativas, que las hay, siempre de gobiernos de coalición encabezados por el PSOE. En primer lugar, la combinación que Palinuro defiende: PSOE-Podemos-Indepes catalanes y apoyo de PNV. Si este sigue siendo imposible, la segunda fórmula es PSOE-Podemos-C's. Es la opción que defiende un nuevo manifiesto de personalidades, intelectuales y artistas, grosso modo de izquierdas. Llama mucho la atención la exclusión de los nacionalistas, siendo así que todos ellos (PNV, Junts pel Sí) instan a la formación de un gobierno de izquierda.
Lo más lógico sería que Rajoy se retirara y Sánchez pudiera intentar su mano, si no se atreve con los nacionalistas, hágalo con Podemos y C's, para lo cual conviene que estos dos últimos dejen de mirarse como gallos en el mismo corral. Lo más lógico es que formen un gobierno capaz de negociar y no se arriesguen a unas terceras elecciones ya que si estas posibilitan un gobierno (cosa nada segura) quizá tenga que tratar no con un país sino con dos.
