Todo el mundo sabe que este gobierno, por debajo de toda sospecha, y sostenido por el partido más corrupto de la historia de España, no tiene vergüenza. Esa feliz carencia permite a su presidente presentarse en Cataluña con un cesto de promesas iguales a los abalorios con los que los conquistadores engañaban a los indios y les robaban el oro. Lo mismo. Pero los catalanes no son indios y todo el mundo tiene calada a esta tropa de embusteros compulsivos. Precisamente ayer mismo publicaban Puigdemont y Junqueras -que parecen haberse convertido en pareja literaria, al estilo de los hermanos Goncourt- una artículo en El Periódico, Cataluña, Estado por el progreso en el que, por debajo de la ambigüedad del título, dejan claro que la historia de las promesas del Estado en Cataluña es una de incumplimiento tan sistemático que parece una tomadura de pelo. Sostienen que Rajoy solo sería creíble si ofreciera una cláusula contra el incumplimiento. Y lo mismo decía la portavoz del gobierno, Neus Munté. Además de las promesas de abalorios y espejuelos, los gobernantes traen un mensaje envenenado que, como siempre, corre a cargo de la ratita hacendosa, quien aprovechó el tiempo en Barcelona para adoctrinar a sus periodistas unionistas en los medios. El mensaje: separaos de la CUP, que son unos radicales y hablaremos de todo. Obvio. La táctica imperial de siempre: dividir a quienes protestan. Sobre esto, mi artículo de elMón.cat de hoy. Si el bloque independentista cede, será el fin del referéndum y el comienzo de la venganza del nacionalismo español que Puigdemont vaticinaba hace unos días.
Aquí, la versión castellana del artículo:
Pase lo que pase
A veces, los diálogos son esquinados, no directos y muy poco platónicos. Han sido años de desencuentros, de enfrentamientos entre un gobierno anticatalán en España y uno independentista en Cataluña que han llevado al conjunto del Estado a una situación límite. Ahora, cuando las famosas 46 reclamaciones de Puigdemont fueron rechazadas por Rajoy y la hoja de ruta lleva 2/3 de andadura hacia el referéndum y la posible independencia, una carta conjunta de Puigdemont y Junqueras en El País, que gane el diálogo, que las urnas decidan, con apariencia de ultimátum, pide al gobierno central un referéndum pactado como el escocés y avisa de que, en cualquier caso, el referéndum se celebrará, sí o sí.
El gobierno español no respondió, aunque su vicepresidenta reiteró que no habría referéndum de modo alguno y, para lo demás, disposición al diálogo. El principal partido de la oposición, PSOE, por boca de su comisión gestora provisional pide a La Moncloa que se negocien 45 de las 46 reclamaciones y el referéndum quede fuera. Ese parece, pues, ser el punto de encuentro del nacionalismo español frente al catalán, presidido por un saber convencional mesetario muy arraigado: los catalanes amenazan, pero, si se les ofrecen unas cuantas inversiones –de esas que el Estado lleva negándoles sistemáticamente desde hace años o incumpliendo en sus promesas (que es lo mismo)- se apaciguan y se avienen a razones.
Avenirse a razones, en Román paladino es que se olviden del referéndum y la independencia y que acepten los abalorios que la autoridad central aporta.
Con ese espíritu se persona Rajoy en Barcelona. El mismo Rajoy que pidió –y consiguió- cuatro millones de firmas “contra Cataluña”, el que se negó a todo diálogo con el independentismo, el que reformó el Tribunal Constitucional para usarlo como una porra contra el proceso, el que azuzó a la fiscalía para procesar a los dirigentes y representantes populares catalanes. Nada de eso importa, piensa el hombre, porque trae un cesto cargado de millones para invertir en infraestructuras negados durante años y los catalanes, como siempre, volverán a aceptar vagas promesas a cambio de abandonar la vía independentista.
Complementariamente, la vicepresidenta del gobierno y el aparato mediático de propaganda a sus órdenes trata de dividir el bloque independentista. Su idea es contentar a los sectores moderados (identificados con el PdCat y el empresariado catalán) con sus sempiternas promesas y enfrentarlos con el ala más radical del independentismo, la CUP. Argumenta que es una minoría radical perjudicial para Cataluña y no menciona que, radical o no radical, sin el apoyo de la CUP, el gobierno independentista tiene las horas contadas. Y de eso se trata: de derribar ese gobierno y forzar unas nuevas elecciones que terminarían con la hoja de ruta.
Es una operación de compraventa en la que, como siempre, la compra será todo y la venta, nada.
Rajoy ha declamado su política de aparente generosidad ante un auditorio bastante entregado, aunque semivacío, sin asistencia de ningún miembro del gobierno catalán, en justa correspondencia a los desaires que los catalanes reciben cuando van a Madrid. Varios empresarios y correligionarios ideológicos y algunos curiosos interesados del ámbito municipal. Los independentistas le han dejado tiempo para leer un artículo publicado en El periódico, Catalunya, Estado por el progreso, en el que aclaran la ambigüedad del título. Su punto central, sostenido luego por Neus Munté, portavoz del govern, es que las promesas de inversiones ya no engañan a nadie, que carecen de credibilidad y, por tanto, ya no son suficientes para detener la hoja de ruta, que es su único objetivo. Añaden los autores que, en tanto la situación siga siendo la que es, atenderán a las promesas de inversiones del gobierno español, siempre injustamente postergadas o negadas. Reiteran que pase lo que pase (una nueva ambigüedad que enlaza con el título), serán responsables en la administración de los recursos que reciban. Son consideraciones fundamentalmente dirigidas al empresariado catalán, inquieto por el efecto del choque de trenes en las cuentas de resultados. Pero dejan abierta una duda que puede tener consecuencias explosivas: ¿y si esta vez las promesas se cumplen y el gobierno central acepta la cláusula “anticumplimiento” que pide Munté? ¿Se desactiva el proceso? ¿Qué hay del referéndum?
Es cuestión que afecta directamente al apoyo de la CUP al gobierno de la Generalitat. A primera vista este tiene una difícil tarea: navegar un curso propio entre la Escila de vender el referéndum por un cesto de promesas de inversiones del gobierno central y la Caribdis de realizar el referéndum a toda costa que exige la CUP y abre un periodo de incertidumbre alimentado por las apenas veladas amenazas de Rajoy.
La CUP no es solamente un aliado incómodo. También es una buena ayuda para seguir negociando con el gobierno central el referéndum, al que no afectará en absoluto que, además, por fin, ese gobierno cumpla sus compromisos anteriores con Cataluña.
Algo debe quedar claro: si el gobierno central consigue enfrentar a la CUP con JxS a cuenta de las promesas y el referéndum, no habrá referéndum, las promesas quedarán como siempre en nada y los procesados seguirán siendo procesados.
Y se cumplirá el vaticinio de Puigdemont de la venganza del Estado.
