Desobediencia

El verbo amagar tiene una curiosa dualidad de sentido en castellano y catalán. En castellano significa más o menos amenazar; en catalán,  ocultar. El titular de El País podría leerse como que los secesionistas ocultan la desobediencia, aunque para eso sobraría la preposición "con".

En todo caso, el asunto va de desobediencia. La aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia no lo sería; su implementación proponiendo la investidura de Puigdemont a distancia, sí. 

Y aquí es donde el independentismo debe decidir: o desobedece ahora proponiendo la investidura de Puigdemont o aplaza la desobediencia a que cargue con ella un govern efectivo. Mientras esté en vigor el 155 prácticamente toda acción de este será de desobediencia. El gobierno central ya ha hecho saber que el 155 no tiene límite de tiempo. Ni de nada. Véase el trance del PNV: dijeron no aprobar los presupuestos si no se retiraba el 155; luego pasaron a aprobarlos mediando solo una promesa de retirada. Al final, ni promesa queda. En realidad, ningún gobierno independentista puede llevar adelante su mandato en el marco legal español, haya o no 155. Eso es lo que quiere decir que el conflicto es político. 

Y si de respetar escrupulosamente la legalidad se trata nombrando a un candidato "limpio", el nombre de Carles Riera se ajusta al perfil. A ello se añadiría un reconocimiento de legitimidad con el nombramiento in pectore de Carles Puigdemont en el extranjero. 

El problema de los jueces para mantener en la cárcel a los presos políticos es que no encuentran la violencia que necesitan para acusarlos de rebelión; el de los indepes para sacarlos: aceptar una legalidad autonómica que incluye la existencia de presos políticos. Mientras haya presos políticos no se podrá hablar de normalidad.

El problema son los presos y exiliados políticos. El problema es la judicialización del procés que, en sí misma, es un llamamiento a la desobediencia civil.. 

La normalidad solo podrá darse con el desestimiento de la acción represiva del independentismo en todos los órdenes y el inicio de negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat en la forma y con los fines que acuerden.

Estado de desobediencia

Amenazas, amenazas, amenazas. El gobierno amenaza a la Generalitat con inhabilitaciones y otras penas (con confiscaciones patrimoniales incluso). El Fiscal general (o sea, el gobierno), amenaza con detener a los alcaldes indepes que no comparezcan a declarar. La policía (de nuevo el gobierno) amenaza a los ciudadanos con multarlos, por lo menos, si hacen campaña por el referéndum. Los medios de comunicación (otra vez el gobierno; todo en España es el gobierno) amenazan a los independentistas con campañas de difamación. Correos (el gobierno) con no tramitar los envíos indepes. La compañía de electricidad (más gobierno) con cortarles el suministro. Los jueces (gobierno, claro) amenazan a los justiciables catalanes si no desobedecen a sus autoridades legítimas. Lo que faltaba por ver era a jueces exigiendo no la obediencia, sino la desobediencia. Es extraño que los curas no amenacen también con la excomunión, quizá porque los curas catalanes simpaticen con la causa indepe. 

Cataluña vive en el sobresalto de una amenaza permanente. Desde el president hasta el último pagès se juegan todo tipo de procesos y represalias. Y no de forma esporádica, sino  de forma permanente y continua. Están prohibidos los actos públicos, las reuniones, las asambleas y cualquier tipo de actividad colectiva que sirva para cometer el nuevo delito que el PP se ha inventado de apología del referéndum. Están prohibidas las manifestaciones orales o escritas de apoyo al referéndum ilegal, que es ilegal porque así lo quieren quienes lo formularon. Es decir, está prohibida la libertad de expresión y hasta la invocación de esta. El PP ha recuperado los delitos de opinión como en los mejores tiempos del caudillo. Cualquier acto, por inocuo que parezca, estará prohibido si se orienta a promover el referéndum. Prohibido bajo todo tipo de amenazas. Como la derecha ya no puede echar mano de los militares, lo hace con los jueces y, una vez que estos parecen resistirse porque  se han rebelado, con la Fiscalía.

El problema con las amenazas es que, si no se cumplen, pierden su eficacia. Y tal es la situación en que se encuentra un gobierno que recurre a ellas, pero no puede materializarlas porque el alcance del  movimiento independentista y la vigilancia exterior no lo permiten. Puigdemont, al alimón con Junqueras, ha inaugurado la prohibida campaña por el referéndum ante más de ocho mil personas en un espacio público, sin que la policía haya dado cumplimiento a las amenazas de sus cargos políticos. Esa ha sido la señal de salida. De aquí al 1/10 se sucederán más actos públicos de todo tipo, todos ellos consistentemente declarados ilegales, pero que ninguna ley en vigor, ni la Constitución pueden ya evitar.

Interesante es observar que la autoridad y legitimidad de este gobierno de Rajoy  y este partido socialista en la oposición son inexistentes. Un partido, supuesta asociación de malhechores, con más de 700 diputados imputados no está en la mejor posición moral para enfrentarse con éxito  a la Satiagraha gandiana en contra la dominación española. Cada día que pasa, un nuevo escándalo de corrupción hunde aun más su ya inexistente crédito. Ayer se anunció que aquel devoto pájaro que pretendía salvar a las mujeres de la "esclavitud" del aborto prohibiéndolo en nombre de la dignidad femenina, Ruiz Gallardón es imputado por haberse llevado presuntamente los millones a puñados en el caso Lezo. A dios rogando y con el mazo robando. El otro partido dinástico lleva una temporada en el dique seco de la oposición pero, en donde ha podido, como en Andalucía, también ha metido la mano. Y estos dos partidos en tan reñida competencia, tienen que aliarse para conseguir un objetivo (eliminar el "problema catalán") que ni entienden, ni están en posición de acometer. Por último, lo que está viéndose claramente desde la recrudescencia del independentismo catalán es que la izquierda española específicamente considerada en su multicolor variedad de pretensiones (socialistas, podemistas, confluyentes, comunes, anticapis, izquierdaunidas, etc), es incapaz de encontrar una voz propia respecto a aquel y se limita a secundar vergonzosamente las medidas represivas del gobierno.

Se hundirá con él.

El dos de octubre toda esta gente se encontrará en el sumidero de la historia entre un país que emerge en la desobediencia y otro que se hunde en la obediencia a un poder tiránico y vociferante que, al final, resultó ser un tigre de papel.

La marcha hacia el fascismo

Hace unos días, el ministro del Interior, heredero del insólito Fernández Díaz, acusaba a los nacionalistas de utilizar las instituciones con fines partidistas. Teniendo en cuenta que este ministro es militante del PP y juez al mismo tiempo, que fue alcalde de Sevilla, también del PP, su queja solo puede entenderse como una típica proyección neurótica porque emplear las instituciones públicas con fines partidista es justamente lo que hace él y, en escala mucho mayor su partido.

¡Y qué partido! Él mismo está imputado en dos procesos penales; en sus filas cuenta con unos 900 militantes y cargos públicos asimismo imputados penalmente y sostiene un gobierno del que han dimitido ya dos ministros (Mato y Soria) por corrupción declarada y tiene otros dos reprobados por sus prácticas antidemocráticas. Además, su presidente, presunto cobrador de cuantiosos sobresueldos procedentes de la caja B, acaba de declarar como testigo en uno de los procesos por corrupción de la Gürtel y, aunque su declaración se ha atenido al modelo de la infanta Cristina (no sé nada, no me acuerdo, no me consta, eso lo llevaba mi marido), es posible que haya cometido perjurio por cuanto negó en sede judicial tener conocimiento alguno de los aspectos económicos de su gestión como director de campaña electoral del PP siendo así que hay pruebas fehacientes de que conocía perfectamente estos aspectos y hasta los explicaba en ruedas de prensa.

Este partido, presunta asociación de malhechores, con el presidente de los sobresueldos ha destruido el escaso Estado de derecho que había en España. Para la comisión de sus fechorías, para ocultarla y, para causar perjuicio a sus adversarios ideológicos se ha servido de todas las instituciones del Estado, las ha instrumentalizado y las ha pervertido hasta el extremo de que ninguna de ellas tiene autoridad alguna como no sea imponiéndola a palos.

La instrumentalización más escandalosa es la del Tribunal Constitucional, presidido durante años por un exmilitante del PP que ocultó está condición ante la comisión del Senado que había de nombrarlo. En cualquier lugar este escamoteo sería motivo de cese fulminante. Aquí, ni se menciona. Este presidente y una mayoría de componentes de este órgano político que se hace pasar por tribunal ha venido actuando al servicio del gobierno del PP. No contento con esto, el gobierno de la derecha, con su mayoría parlamentaria absoluta en la legislatura anterior, impuso una reforma del reglamento del Tribunal que lo convierte en agente ejecutor de sus propias sentencias al servicio del gobierno. Los componentes de este pintoresco órgano, por mayoría (cuando menos, hubo tres votos en contra de carácter crítico) aceptaron convertirse en algo tan contrario al espíritu mismo del derecho y la justicia como juez y parte. Incluso más, dada su sumisión al poder político, en el fondo, lo que esta reforma consigue en convertir al gobierno en el dueño absoluto del Tribunal Constitucional. Cualquier parecido con un Estado de derecho es una quimera.

Y no solo el Tribunal Constitucional. El gobierno está utilizando el conjunto de la judicatura, literalmente repleta de jueces del PP y del Opus (que vienen a ser lo mismo) para sus fines partidistas, cuenta habida de que ya no es posible emplear el ejército, que es lo que verdaderamente quiere. Así, interfiere en los procedimientos, recusa jueces, impone otros de su cuerda ideológica y así resulta que, cuando el Tribunal Supremo anuncia que estudiará una prueba de la Gürtel que podría anular el conjunto del proceso, todo el mundo sabe que, de producirse tamaña barbaridad, se debería como siempre, a las presiones de los gobernantes.

De lo que estos están haciendo con todas las instancias administrativas y los medios de comunicación no merece la pena hablar. Todas y todos al servicio incondicional de un partido corrupto y cleptocrático que, en su desesperado intento de impedir por la fuerza un referéndum de autodeterminación en Cataluña de cuya convocatoria, paradójicamente, es uno de los principales responsables, ha llevado al país al punto de ruptura inevitable.

Si el gobierno es corrupto, los jueces partidistas, la administración prevaricadora y los medios lacayos del poder político, el resumen final e inevitable será el fascismo. El proceso de fascistización de que hablaba Poulantzas se agiliza notablemente en España, en donde nadie de la derecha ha condenado todavía (y mucho menos ha hecho algo en contra) el legado de un régimen franquista genocida y delincuente. Sus herederos al día de hoy en el gobierno practican la misma política arbitraria, represiva, tiránica que su modelo y por eso no lo condenan, porque carecen de la talla moral necesaria para repudiar aquel régimen asesino y sus consecuencias al día de hoy.

¿Y la izquierda? A la vista está que está tratando de escurrir el bulto, ignorar el avance del fascismo en la vergonzosa esperanza de que, cuando este cometa más fechorías de las que ya está cometiendo no caiga sobre ella parte de la represión. Es una izquierda cobarde y sumisa, incapaz de hacer frente al avance del fascismo porque, al tratarse del modo de afrontar la reivindicación independentista catalana, en el fondo, coincide con la derecha. Proferirá unos gemidos cuando la represión alcance niveles intolerables para pasar luego a esos politiqueos de alianzas y desalianzas de parlamentos y gobiernos, como si el problema más grave que tiene España hoy, tanto en lo político como en lo económico y lo moral, no fuera Cataluña.

Para su vergüenza, los acontecimientos están poniendo en evidencia la miseria moral e intelectual de estas izquierdas que de tales no tienen nada. Puigdemont ya ha anunciado que no aceptará decisión alguna de cualesquiera autoridades españolas inhabilitándolo y ha puesto el problema en sus dimensiones reales: la legitimidad democrática frente a la arbitrariedad disfrazada delegalidad.

Y la izquierda callada o, lo que es peor, dando la razón a los represores neofranquistas por puro miedo.

De la legitimidad democrática, pasamos al principio de desobediencia civil, base misma de la democracia frente a la tiranía de la mayoría y el mismo Puigdemont advierte de que está dispuesto a ir a la cárcel por defender el referéndum. Que no le quepa duda a la izquierda: con él irán muchos, catalanes y no catalanes, que defendemos el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Para entonces, de la izquierda española no van a quedar ni las raspas.

La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo

                                                                                                             

El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.

La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.

No saben qué hacer

Mi artículo de hoy en elMón.cat. Para el título ("el problema lo tienen ellos") me he servido de una declaración realizada por el concejal de la CUP, Joan Com, detenido ayer en Vic y trasladado en un furgón policial a Madrid, a declarar ante la Audiencia Nacional en un oscuro proceso que se le sigue por algunas manifestaciones de carácter independentista.

Con ello se ponen ya todos los medios para escenificar una historia de persecuciones y ridículos judiciales. Una historia que recuerda aquellas escenas de independentistas vascos trasladados en furgones también a la Audiencia Ncional, con la muy substancial diferencia de que los independentistas catalanes son pacíficos y articulan su reivindicación democráticamente, a través del ejemplo y la desobediencia no violenta. 

Efectivamente, como dice Joan Coma, el problema lo tienen ellos, lo tiene el Estado a causa de un gobierno tan autoritario como incompetente.

A continuación, la versión castellana del artículo.

El problema lo tienen ellos

                                                                                                                             

El núcleo del discurso de Felipe VI en Nochebuena, el menos visto de la historia de estos mensajes, fue que la democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. En su cortedad mental, el monarca no alcanza a ver que está repitiendo como un loro las palabras de Rajoy, el representante de la derecha neofranquista más cerril. O quizá sí y le parezca muy bien poner la corona al servicio de la perpetuación de una teoría y una práctica autoritarias y antidemocráticas.

Porque, como sabe todo el mundo, excepto el puñado franquistas gobernantes, la democracia no surge de la ley sino de la voluntad del pueblo de la que, a su vez surge la ley. Si lo contrario fuera verdad, en España seguiría gobernando Franco, aunque fuese desde el más allá. En cierto modo, es lo que está pasando.

El discurso real apenas velaba su contenido amenazador para quienes no acaten esos postulados autoritarios. Muy especialmente, los independentistas catalanes a cuyas pretensiones contesta siempre el nacionalismo español con la obligación de acatar la ley. Una ley inicua e injusta en el caso de Cataluña, sometida a la tiranía de una mayoría española fundada en una Constitución, utilizada como arma de parte y que, en el fondo, nadie respeta.

Cuarenta y ocho horas después de las amenazas televisadas del Borbón, comienza la actividad represiva del Estado. La policía detiene al concejal independentista Joan Coma y lo traslada en un furgón a la Audiencia Nacional. Este hecho tiene un enorme valor simbólico. Cuando ETA mataba, el Estado aseguraba que, de haber paz, podría hablarse de todo. Entre tanto, la imagen de los telediarios era el traslado de independentistas vascos en furgón a la Audiencia Nacional de Madrid. En Cataluña nadie ha disparado un tiro, pero tampoco se puede hablar de nada. Ya se ha puesto en marcha la lanzadera de furgones de independentistas camino de la Audiencia Nacional de Madrid sin que haya habido más atisbo de diálogo que la campaña de propaganda del gobierno de estar dispuesto a él siempre que los demás claudiquen.

Detrás de Joan Coma vendrán otros, a no dudarlo y, dado el arraigo del independentismo en Cataluña los represores van a tener que sustituir los furgones por trenes. Esperemos que no de mercancías.

Coma afirma en un vídeo que son ellos, los represores, el Estado, el nacionalismo español, quienes tienen un problema. Es cierto, y con el agravante de que lo ignoran y, además, no pueden hacer nada distinto porque por su talante franquista y su falta de legitimidad (tanto del gobierno como de la oposición) carecen de margen de maniobra. Es verdad que el contencioso catalán podría resolverse mediante una simple negociación y un referéndum pactado, pero el nacionalismo español no negocia porque no sabe, no quiere y no puede. No sabe porque no lo ha hecho nunca; no quiere porque está movido por una catalanofobia profunda; y no puede porque la oligarquía teme quedarse sin Estado al que seguir expoliando.

Por eso son ellos quienes tienen un problema ya que están condenados a poner en marcha las medidas que acaban con la escasa autoridad de régimen de la tercera restauración que quieren defender. La Corona –bien claro lo ha dejado la intervención real- descansa en un bloque de poder dinástico formado por dos partidos de turnismo, uno de derechas y otro más de derechas, como siempre en España. La Constitución –que nunca ha sido un texto en vigor salvo para prohibir, reprimir y oprimir- carece de autoridad, reducida a la función de una hoja de parra para disimular las actividades antidemocráticas del poder central. El Tribunal Constitucional, intérprete de aquella, no es otra cosa que la correa de trasmisión de las arbitrariedades del gobierno a cuyo servicio se encuentra. El Parlamento, con una abrumadora mayoría del nacionalismo español es otro bloque al servicio de la perpetuación de la España de Franco, cuya ley quiere el monarca que acate todo el mundo.

El problema lo tienen ellos, sin duda, por encerrarse en un círculo vicioso de acción/represión. No va a haber furgones policiales ni trenes bastantes para trasladar a miles de independentistas a la Audiencia Nacional de Madrid, remedo del Tribunal de Orden Público de Franco. 

La desobediencia catalana

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy. 

El gobierno ya no está "en funciones". Ahora funciona, aunque, ante el panorama, seguramente añorará aquella interinidad que le permitía no hacer nada. Lo primero que afronta es la cuestión catalana. Sáenz de Santamaría está a la cabeza de una task force que debe resolverla. A su modo, claro, reprimiendo. La derecha no admite el carácter político del conflicto y lo reduce a una cuestión de orden público. Por eso refuerza la dirección del aparato represivo del Estado. Teniendo luego en cuenta la tradición española de acabar encomendando el orden público a las fuerzas armadas no extrañará que gente tan tradicionalista haya puesto al frente de estas a a la aguerrida dueña de La Mancha, tan capaz de mandar divisiones como de cerrar ambulatorios. 

La versión castellana, a continuación:

Velocidad de crucero

La confrontación España-Cataluña va cogiendo momento. La manifestación del pasado día 12 no fue solo un acto de apoyo a las personas, cargos públicos e instituciones procesados, sino también uno de reafirmación de una voluntad colectiva de llevar adelante el proceso independentista. Una voluntad de no acatamiento, ayer, hoy y mañana.

La actitud del gobierno central no varía un ápice. Lo suyo es el recurso al palo y la zanahoria. Aunque, como siempre con la derecha, el palo es bien visible, pero la zanahoria no acaba de materializarse. El palo es una batería preparada para responder por vía represiva, judicial y penitenciaria si llega el caso a las iniciativas independentistas. Porque el gobierno sostiene, contra toda evidencia, que la cuestión catalana es una cuestión de orden público. Y para eso están los policías, los jueces y las cárceles. La justificación es que la ley ha de cumplirse y es obligación del gobierno hacerla cumplir. Si la ley es injusta o tiránica No hace al caso. No más preguntas y menos sobre la ley. Circulen.

La zanahoria es un ente de ficción. Hasta ahora se ha limitado a una solicitud expresa de Rajoy a Puigdemont para que asista a la Conferencia de presidentes autonómicos, constándole ya la negativa del catalán. El argumento es: “no se pierde nada asistiendo”, típico de la indolencia mental del personaje y que retrata la importancia real del conciliábulo. No es seguro que Rajoy entienda la respuesta de Puigdemont cumpliendo su palabra de no asistir porque eso de cumplir la palabra dada carece de sentido para él.

La inasistencia no es exactamente un desacato, pero sí va a herir el orgullo del nacionalismo español que no puede imponer su idea de España por ordeno y mando. No es un desacato, pero sí sitúa al presidente al frente de la mencionada voluntad colectiva.

Con la toma de posesión de Rajoy y el apoyo entre bambalinas del PSOE dio comienzo la cuenta atrás para una escalada de la confrontación con Cataluña. La última, ficticia, zanahoria fue la de la Conferencia en cuestión, que, por lo demás, tampoco pintará mucho sin los catalanes. Ahora vienen los palos. Y vienen cubriendo la línea del cielo, como los apaches a asediar el fuerte catalán. Hay cientos de procedimiento judiciales abiertos en distintas instancias locales en toda Cataluña, por los más diversos motivos, una bandera u otra, un retrato, unas declaraciones, una ordenanza municipal, etc. Todo es susceptible de convertirse en un acto de desobediencia punible. En Cataluña el PP tiene un solo ayuntamiento por lo que es de esperar el ejemplo de los otros se extienda y multiplique. ¿Cree el gobierno que tiene la administración de justicia en situación de hacer frente a eso?

Los tiempos se aceleran. La maquinaria represiva del Estado, es segura, intimidatoria, pero muy lenta. Antes de resolver los mencionados cientos de causas pendientes, ya se le echan encima varios cientos más si, como propone Ómnium Cultural, los ayuntamientos abren el próximo sacrosanto día 6 de diciembre y atienden a la gente. Algo que podría justificarse con la famosa “libertad de horarios” de los neoliberales. Los juzgados, inundados de nuevo.

Y mañana puede ser otra decisión de desobediencia en cualquier otro ámbito o con otra resonancia, pero seguida por una sociedad muy movilizada. Es la iniciativa política. El que la ejerce determina el día, la hora, el sitio, la forma de la confrontación y lleva las de ganar. El adversario que solo está a la defensiva, a base de represión, lleva las de perder.

Esa permanente confrontación del independentismo catalán con el nacionalismo español, además de dar seguridad sobre el curso de la hoja de ruta, contribuye a mantener la hegemonía del independentismo, la que ya hay en el Parlamento, también en la calle. Eso mantendrá a raya las aventuras del bloque En Comú Podem, obligándolo a tomar partido por una de las dos partes del conflicto sin configurarse él como tercera.

Los ataques del nacionalismo español van orientados contra JxS y la CUP. La otra izquierda, oposición en Cataluña y también en Madrid, no cuenta en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, el protagonismo y la solidez del independentismo no deja lugar lógico alguno a un soberanismo no independentista y que, por no contagiarse, tampoco parece ser republicano.

La incapacidad para el diálogo del nacionalismo español se ve en la decisión de encomendar los tratos con Cataluña a la vicepresidenta del gobierno que nombrará de inmediato un gabinete de expertos y asesores y agentes del CNI. Entienden así la política, en cónclaves y secreteos. Sin embargo, está claro que tratándose de un problema de choque de legitimidades los foros más adecuados son los respectivos parlamentos.

No va a haber sitio

En las cárceles. No va a haber sitio en las cárceles para enchironar a los independentistas cuando los tribunales españoles, obedeciendo el mandato del gobierno, empiecen a condenarlos a docenas. Esa es la marcha que lleva el asunto de la investigación a Mas, Rigau, Ortega y Homs, y el posible encausamiento de otro puñado de dirigentes democráticamente electos por mayorías dispuestas a respaldarlos en la calle. Falta absoluta de entendimiento, de negociación, de diálogo.

En los años de plomo solía enunciarse la teoría general de que carecía de sentido y era rotundamente repudiable todo recurso a la violencia. Una vez se depusieran las armas se vería que en una democracia como la española cabe hablar de todo pacíficamente. Era mentira por partida doble: en primer lugar, hay muchos que no quieren el cese de la violencia y tratan de impedirlo como sea. En segundo término, tampoco es cierto que sin violencia, en democracia, quepa hablar de todo. Hay temas prohibidos, por ejemplo, el de las mbiciones de liberación de los pueblos.

El proceso independentista catalán plantea una contradicción entre la legitimidad y la legalidad, entre una aspiración política y una represión judicial. Frente a la legítima aspiración política del derecho de la nación catalana a la autodeterminación, el Estado y, desde luego, el gobierno del PP, contraponen el estricto cumplimiento de la ley. Esta, sin embargo, es injusta en el trato a Cataluña, a la que obliga a someterse a la tiranía de la mayoría. Pero, además, su misma invocación también es injusta, incluso inicua. La ley que el gobierno invoca para aplicar en Cataluña es la que él mismo ha venido cambiando unilateralmente y gracias a su mayoría absoluta hasta ahora cuando le ha dado la gana, lo cual le resta toda legitimidad. La última muestra, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para convertir a este en un órgano más político de lo que ya es, prácticamente, un brazo ejecutor de la política del gobierno. Se exige así que los independentistas catalanes se ajusten a una ley que es la ley del embudo.

Estamos a las puertas de una escalada del conflicto. En Cataluña, el gobierno anuncia ya una actitud de desobediencia a las instituciones españolas. En Madrid no hay gobierno sino un grupo de amigos en rebeldía frente al control del Parlamento, en realidad, un gobierno tiránico cuya actitud frente a Cataluña ha sido siempre, y sigue siéndolo, de cerrada hostilidad. Este callejón sin salida a que ha condenado al país la ineptitud de un gobierno de la derecha, desprestigiado por su arbitrariedad y por su corrupción, acabará propiciando un intervención directa o indirecta de las instituciones europeas y, quizá, de la comunidad internacional. 

A este respecto es sumamente de lamentar que el PSOE, el eje mismo de la izquierda, haya hecho suya la visión autoritaria y antidemocrática de la derecha. No solamente es una dejación de los principios, sino algo inútil porque, como demuestra la historia, es imposible contener los anhelos de libertad de un pueblo.  

Horizonte de desobediencia.

Aquí mi columna de elMón.cat en la versión catalana. Es imposible hablar ni dialogar con quien se niega a hacerlo, quien no se mueve, no hace propuesta alguna, no admite la existencia del otro, ni le reconoce legitimidad, ni siquiera respeta su derecho a la existencia. Es imposible entenderse con quien no quiere entender ni encontrar un terreno común y solo está dispuesto a emplear la fuerza.

Esta es la versión en español.

Horizonte desobediencia.

                                                                                                    

La política fluye, como un río que no cesa. Rebasada la declaración de Mas ante el TSJC, con amplio respaldo institucional y popular y fuerte proyección internacional, entramos en un tramo nuevo: constitución del Parlamento catalán y aplicación de la hoja de ruta hacia la independencia bajo la amenaza del procesamiento del presidente de la Generalitat. En el horizonte, la posible condena a Mas y la también posible desobediencia de las instituciones catalanas.

Es gravísimo que la Generalitat se plantee desobedecer la ley, dice la vicepresidenta del gobierno central. Tanto, añade su jefe el presidente, que, si la desobediencia se da, puede llegarse a la suspensión de la autonomía, vía artículo 155 de la CE. Entre tanto Manos Limpias seguramente pedirá la ilegalización de todos y cada uno de los votantes independentistas por sediciosos. 

El terreno de juego está perfectamente marcado. Nadie hay por encima de la ley, dice el gobierno. Ni él mismo, por la sencilla razón de que, cuando la ley no le gusta, la cambia porque sí. Igualmente es obligado obedecer las decisiones de los tribunales, compuestos por magistrados con carné del partido y que aplican la “justicia” del gobierno, la que complace al Rey pues por eso se administra en su nombre. El discurso del principal partido de la oposición es el mismo: hay que obedecer la ley del embudo y acatar la justicia de Peralvillo. 

El frente español está cerrado. España es un Estado de derecho y aquí no se mueve nadie ni se cambia nada. Con esta Constitución hemos tenido cuarenta años de paz, tantos como los que generosamente nos dio el Caudillo de emocionado recuerdo y así seguiremos otros cuarenta, viendo desfilar la cabra de la legión. 

El nacionalismo español ignora el abc de la política, su condición dinámica, fluida, líquida. La política, como la vida, es cambio y si uno no lo anticipa, no se prepara para él, no propone nada para encauzarlo en su propio (y legítimo) beneficio, para hacerlo fructífero y constructivo, esa cambio inevitable lo dejará de lado o lo arrollará. Lo que no se mueve, se pudre. Lo que no avanza, muere. Quien no prevé, perece. La política es iniciativa, proyecto, plan, todo lo que tiene el independentismo catalán y de lo que carece el nacionalismo español. La única reacción de este es una falta de acción y respuesta, elevada a epítome de la cazurra astucia de ese prodigio de incompetencia que reside en La Moncloa, para quien, la mejor decisión es no tomar decisión alguna. Con lo cual son los otros quienes las toman por ti y no te dejan ni el recurso a la socorrida mentira para tapar las vergüenzas de tu ineptitud.

Cuando se cansan de insultar y amenazar, los propagandistas del nacionalismo español , sobre todo los intelectuales que pasan el resto del tiempo desaparecidos en sus covachas, se ponen comprensivos y lamentan cómo el independentismo ha fracturado la sociedad catalana. El panorama es terrible: las familias están enfrentadas y los ciudadanos son sombras esquizofrénicas que vagan por las calles preguntándose angustiados por su identidad. Es difícil tomarse en serio esta basura pero no está de más recoger algo de su enseñanza porque si algo está fragmentado y fraccionado aquí es precisamente el nacionalismo español. Cualquiera que vea la sociedad catalana sin prejuicios observa una amplísima movilización popular fuertemente aglutinada con unidad de propósitos y, por supuesto, las naturales desavenencias en todo empeño complejo y colectivo. Ese mismo observador no puede ignorar que en el resto del Estado, la situación es la inversa: reina la atonía, la inacción, el desconcierto, el enfrentamiento y la irreconciliabilidad de proyectos que solo se remedia en la actitud reactiva frente al riesgo cierto de la secesión.

Que el PP y el PSOE hagan causa común frente a Cataluña demuestra por enésima vez que el problema español no tiene arreglo. Entre el nacionalcatolicismo reaccionario, oscurantista, oligárquico, represivo e intolerante de la derecha española, tan franquista hoy como siempre, y el sedicente nacionalismo liberal, tolerante, progresista, de las supuestas izquierdas, incapaces de formular proyecto alguno de reforma en serio, hay acuerdo básico en lo referente a los llamados “nacionalismos periféricos”. Ese acuerdo básico de los nacionalistas españoles, cuya incapacidad para reconocer su situación los lleva a proclamar el oxímoron de un nacionalismo no nacionalista. Queda claro así por tanto que se trata de último acto de esta tragicomedia llamada España en la que la idea de la modernidad, la tolerancia, la democracia y el respeto los derechos de un liberalismo enclenque, secularmente subalterno frente al reaccionarismo tridentino español. Una sociedad sumisa, fracturada, insolidaria, de súbditos claudicantes ante la oligarquía mesetaria y caciquil de siempre.

Esta España no tiene nada que ofrecer a unos pueblos que, por razones que no hacen al caso pero están en la mente de todos, tienen la suerte de contar con proyectos propios, con iniciativas políticas de renovación y regeneración. 

Esta España no deja otro camino que la desobediencia.

La majestad de la ley.

La respuesta a la manifestación multitudinaria de la Diada en reivindicación de la autodeterminación de Cataluña ha sido veloz e inmediata como el maullido del gato cuando le pisan el rabo. Altas instancias políticas y judiciales han recordado a los nacionalistas catalanes el necesario cumplimiento de la ley. Un referéndum será ilegal, aunque se llame consulta. La declarará ilegal el Tribunal Constitucional. Y el gobierno está para cumplir y hacer cumplir la ley. Es el razonamiento de su presidente, reiterado por la vicepresidenta. En un país en donde esto sucediera, sería inmpecable. Pero no hay nada de eso. El gobierno cumple la ley cuando le conviene; cuando no, la cambia a su capricho, valiéndose de su obediente mayoría absoluta parlamentaria. Lo cual equivale a no cumplirla. Asimismo, es muy selectivo a la hora de obligar al cumplimiento. Los alcaldes o los cachorros de las Nuevas Generaciones pueden incumplir la normativa sobre simbología del franquismo y no pasa nada. Pero ojo a los catalanes. Estos, a cumplir la ley al pie de la letra. La ley que dictamos nosotros y cambiamos cuando nos place. Es escasa la autoridad del gobierno para hablar del cumplimiento de la ley.

A reforzarla viene el Fiscal General del Estado, cuyo discurso es el mismo que el del gobierno que lo designó. Y pone sobre la mesa el instrumento para actuar: el código penal. A una iniciativa política se responde por la vía judicial. Mediando una decisión de un tribunal que ordene un comportamiento de modo público, la negativa a seguirlo será delito de desobediencia y, agravándose las circunstancias, de sedición. Y la Fiscalía actuará.

La vicepresidenta del gobierno eleva la cuestión al ámbito constitucional. Acepta que no solamente sea un problema de legalidad sino de constitucionalidad y recuerda que la propia Constitución establece su vía de reforma. Esta requiere siempre unas mayorías que los catalanes nacionalistas no podrán alcanzar jamás porque son una minoría estructural del conjunto del Estado. Indicar a los catalanes que hay una vía mediante la reforma constitucional, cuando los dos partidos dinásticos nacionales son contrarios al derecho de autodeterminación es pura mala fe.

Invocar el cumplimiento de la ley como una amenaza entra dentro de la naturaleza coercitiva de aquella. Hacerlo en el contexto de un conflicto político en materia de derechos es otra cosa. La asociación de jueces conservadores "Francisco de Vitoria", ya ha cuantificado cuántos años puede pasar a la sombra Artur Mas, quince por lo bajo. A los delitos de desobediencia y sedición, los magistrados añaden el posible de prevaricación. La amenaza trae viejas memorias. No sería la primera vez que se viera a un presidente de la Generalitat entre rejas. Ya lo estuvo Lluís Companys, a quien Franco fusiló en 1940 en una prueba evidente de lo mucho que la derecha nacionalcatólica ama a los catalanes.

Un acontecimiento de voluntad popular con cientos de miles de participantes, portada en los grandes periódicos internacionales, obtiene una rotunda respuesta: quince años de cárcel. Es obvio, sin embargo, que esa respuesta no es el fin de la cuestión. Esta se mantendrá viva y acudirá a medios de expresión que agudizarán el conflicto. Muchos independentistas reclaman el recurso a la desobediencia civil en caso de que el Estado impida la votación del 9 de noviembre. Hasta la monja Teresa Forcades. Y aquí asoma la oreja una vieja controversia sobre si es delito o no la desobediencia civil. La memoria de Martin Luther King obliga a ser cautos en la respuesta. El propio Mas, que no las tiene todas consigo, asegura que la consulta se hará, si bien ignora en qué condiciones. Sobre todo, las suyas personales.

Hay muy escasa respuesta en el lado español. Pedro Sánchez insta a Rajoy y Mas a sentarse y dialogar, sabedor de que el presidente del gobierno no tiene la menor intencion de hacerlo porque prefiere la represión a la que supone se sumará Sánchez, tan poco partidario de la autodeterminación de los catalanes como él mismo. Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, que yo sepa, no han dicho nada sobre la Diada. Ni lo dirán porque es asunto en el que no se sienten cómodas.

Así que, después de la pica en Flandes de la Diada, los soberanistas conservan la iniciativa política.