El verbo amagar tiene una curiosa dualidad de sentido en castellano y catalán. En castellano significa más o menos amenazar; en catalán, ocultar. El titular de El País podría leerse como que los secesionistas ocultan la desobediencia, aunque para eso sobraría la preposición "con".
En todo caso, el asunto va de desobediencia. La aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia no lo sería; su implementación proponiendo la investidura de Puigdemont a distancia, sí.
Y aquí es donde el independentismo debe decidir: o desobedece ahora proponiendo la investidura de Puigdemont o aplaza la desobediencia a que cargue con ella un govern efectivo. Mientras esté en vigor el 155 prácticamente toda acción de este será de desobediencia. El gobierno central ya ha hecho saber que el 155 no tiene límite de tiempo. Ni de nada. Véase el trance del PNV: dijeron no aprobar los presupuestos si no se retiraba el 155; luego pasaron a aprobarlos mediando solo una promesa de retirada. Al final, ni promesa queda. En realidad, ningún gobierno independentista puede llevar adelante su mandato en el marco legal español, haya o no 155. Eso es lo que quiere decir que el conflicto es político.
Y si de respetar escrupulosamente la legalidad se trata nombrando a un candidato "limpio", el nombre de Carles Riera se ajusta al perfil. A ello se añadiría un reconocimiento de legitimidad con el nombramiento in pectore de Carles Puigdemont en el extranjero.
El problema de los jueces para mantener en la cárcel a los presos políticos es que no encuentran la violencia que necesitan para acusarlos de rebelión; el de los indepes para sacarlos: aceptar una legalidad autonómica que incluye la existencia de presos políticos. Mientras haya presos políticos no se podrá hablar de normalidad.
El problema son los presos y exiliados políticos. El problema es la judicialización del procés que, en sí misma, es un llamamiento a la desobediencia civil..
La normalidad solo podrá darse con el desestimiento de la acción represiva del independentismo en todos los órdenes y el inicio de negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat en la forma y con los fines que acuerden.
