Mi artículo de hoy en elMón.cat. Para el título ("el problema lo tienen ellos") me he servido de una declaración realizada por el concejal de la CUP, Joan Com, detenido ayer en Vic y trasladado en un furgón policial a Madrid, a declarar ante la Audiencia Nacional en un oscuro proceso que se le sigue por algunas manifestaciones de carácter independentista.
Con ello se ponen ya todos los medios para escenificar una historia de persecuciones y ridículos judiciales. Una historia que recuerda aquellas escenas de independentistas vascos trasladados en furgones también a la Audiencia Ncional, con la muy substancial diferencia de que los independentistas catalanes son pacíficos y articulan su reivindicación democráticamente, a través del ejemplo y la desobediencia no violenta.
Efectivamente, como dice Joan Coma, el problema lo tienen ellos, lo tiene el Estado a causa de un gobierno tan autoritario como incompetente.
A continuación, la versión castellana del artículo.
El problema lo tienen ellos
El núcleo del discurso de Felipe
VI en Nochebuena, el menos visto de la historia de estos mensajes, fue que la
democracia descansa sobre el cumplimiento de la ley. En su cortedad mental, el
monarca no alcanza a ver que está repitiendo como un loro las palabras de
Rajoy, el representante de la derecha neofranquista más cerril. O quizá sí y le
parezca muy bien poner la corona al servicio de la perpetuación de una teoría y
una práctica autoritarias y antidemocráticas.
Porque, como sabe todo el mundo,
excepto el puñado franquistas gobernantes, la democracia no surge de la ley sino
de la voluntad del pueblo de la que, a su vez surge la ley. Si lo contrario
fuera verdad, en España seguiría gobernando Franco, aunque fuese desde el más
allá. En cierto modo, es lo que está pasando.
El discurso real apenas velaba su
contenido amenazador para quienes no acaten esos postulados autoritarios. Muy
especialmente, los independentistas catalanes a cuyas pretensiones contesta
siempre el nacionalismo español con la obligación de acatar la ley. Una ley
inicua e injusta en el caso de Cataluña, sometida a la tiranía de una mayoría
española fundada en una Constitución, utilizada como arma de parte y que, en el
fondo, nadie respeta.
Cuarenta y ocho horas después de
las amenazas televisadas del Borbón, comienza la actividad represiva del
Estado. La policía detiene al concejal independentista Joan Coma y lo traslada
en un furgón a la Audiencia Nacional. Este hecho tiene un enorme valor
simbólico. Cuando ETA mataba, el Estado aseguraba que, de haber paz, podría
hablarse de todo. Entre tanto, la imagen de los telediarios era el traslado de
independentistas vascos en furgón a la Audiencia Nacional de Madrid. En
Cataluña nadie ha disparado un tiro, pero tampoco se puede hablar de nada. Ya se
ha puesto en marcha la lanzadera de furgones de independentistas camino de la
Audiencia Nacional de Madrid sin que haya habido más atisbo de diálogo que la
campaña de propaganda del gobierno de estar dispuesto a él siempre que los
demás claudiquen.
Detrás de Joan Coma vendrán
otros, a no dudarlo y, dado el arraigo del independentismo en Cataluña los
represores van a tener que sustituir los furgones por trenes. Esperemos que no
de mercancías.
Coma afirma en un vídeo que son
ellos, los represores, el Estado, el nacionalismo español, quienes tienen un
problema. Es cierto, y con el agravante de que lo ignoran y, además, no pueden
hacer nada distinto porque por su talante franquista y su falta de legitimidad
(tanto del gobierno como de la oposición) carecen de margen de maniobra. Es
verdad que el contencioso catalán podría resolverse mediante una simple
negociación y un referéndum pactado, pero el nacionalismo español no negocia
porque no sabe, no quiere y no puede. No sabe porque no lo ha hecho nunca; no
quiere porque está movido por una catalanofobia profunda; y no puede porque la
oligarquía teme quedarse sin Estado al que seguir expoliando.
Por eso son ellos quienes tienen
un problema ya que están condenados a poner en marcha las medidas que acaban
con la escasa autoridad de régimen de la tercera restauración que quieren
defender. La Corona –bien claro lo ha dejado la intervención real- descansa en
un bloque de poder dinástico formado por dos partidos de turnismo, uno de
derechas y otro más de derechas, como siempre en España. La Constitución –que
nunca ha sido un texto en vigor salvo para prohibir, reprimir y oprimir- carece
de autoridad, reducida a la función de una hoja de parra para disimular las
actividades antidemocráticas del poder central. El Tribunal Constitucional,
intérprete de aquella, no es otra cosa que la correa de trasmisión de las
arbitrariedades del gobierno a cuyo servicio se encuentra. El Parlamento, con
una abrumadora mayoría del nacionalismo español es otro bloque al servicio de
la perpetuación de la España de Franco, cuya ley quiere el monarca que acate
todo el mundo.
El problema lo tienen ellos, sin
duda, por encerrarse en un círculo vicioso de acción/represión. No va a haber
furgones policiales ni trenes bastantes para trasladar a miles de independentistas
a la Audiencia Nacional de Madrid, remedo del Tribunal de Orden Público de
Franco.
