En las cárceles. No va a haber sitio en las cárceles para enchironar a los independentistas cuando los tribunales españoles, obedeciendo el mandato del gobierno, empiecen a condenarlos a docenas. Esa es la marcha que lleva el asunto de la investigación a Mas, Rigau, Ortega y Homs, y el posible encausamiento de otro puñado de dirigentes democráticamente electos por mayorías dispuestas a respaldarlos en la calle. Falta absoluta de entendimiento, de negociación, de diálogo.
En los años de plomo solía enunciarse la teoría general de que carecía de sentido y era rotundamente repudiable todo recurso a la violencia. Una vez se depusieran las armas se vería que en una democracia como la española cabe hablar de todo pacíficamente. Era mentira por partida doble: en primer lugar, hay muchos que no quieren el cese de la violencia y tratan de impedirlo como sea. En segundo término, tampoco es cierto que sin violencia, en democracia, quepa hablar de todo. Hay temas prohibidos, por ejemplo, el de las mbiciones de liberación de los pueblos.
El proceso independentista catalán plantea una contradicción entre la legitimidad y la legalidad, entre una aspiración política y una represión judicial. Frente a la legítima aspiración política del derecho de la nación catalana a la autodeterminación, el Estado y, desde luego, el gobierno del PP, contraponen el estricto cumplimiento de la ley. Esta, sin embargo, es injusta en el trato a Cataluña, a la que obliga a someterse a la tiranía de la mayoría. Pero, además, su misma invocación también es injusta, incluso inicua. La ley que el gobierno invoca para aplicar en Cataluña es la que él mismo ha venido cambiando unilateralmente y gracias a su mayoría absoluta hasta ahora cuando le ha dado la gana, lo cual le resta toda legitimidad. La última muestra, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para convertir a este en un órgano más político de lo que ya es, prácticamente, un brazo ejecutor de la política del gobierno. Se exige así que los independentistas catalanes se ajusten a una ley que es la ley del embudo.
Estamos a las puertas de una escalada del conflicto. En Cataluña, el gobierno anuncia ya una actitud de desobediencia a las instituciones españolas. En Madrid no hay gobierno sino un grupo de amigos en rebeldía frente al control del Parlamento, en realidad, un gobierno tiránico cuya actitud frente a Cataluña ha sido siempre, y sigue siéndolo, de cerrada hostilidad. Este callejón sin salida a que ha condenado al país la ineptitud de un gobierno de la derecha, desprestigiado por su arbitrariedad y por su corrupción, acabará propiciando un intervención directa o indirecta de las instituciones europeas y, quizá, de la comunidad internacional.
A este respecto es sumamente de lamentar que el PSOE, el eje mismo de la izquierda, haya hecho suya la visión autoritaria y antidemocrática de la derecha. No solamente es una dejación de los principios, sino algo inútil porque, como demuestra la historia, es imposible contener los anhelos de libertad de un pueblo.
