La respuesta a la manifestación multitudinaria de la Diada en reivindicación de la autodeterminación de Cataluña ha sido veloz e inmediata como el maullido del gato cuando le pisan el rabo. Altas instancias políticas y judiciales han recordado a los nacionalistas catalanes el necesario cumplimiento de la ley. Un referéndum será ilegal, aunque se llame consulta. La declarará ilegal el Tribunal Constitucional. Y el gobierno está para cumplir y hacer cumplir la ley. Es el razonamiento de su presidente, reiterado por la vicepresidenta. En un país en donde esto sucediera, sería inmpecable. Pero no hay nada de eso. El gobierno cumple la ley cuando le conviene; cuando no, la cambia a su capricho, valiéndose de su obediente mayoría absoluta parlamentaria. Lo cual equivale a no cumplirla. Asimismo, es muy selectivo a la hora de obligar al cumplimiento. Los alcaldes o los cachorros de las Nuevas Generaciones pueden incumplir la normativa sobre simbología del franquismo y no pasa nada. Pero ojo a los catalanes. Estos, a cumplir la ley al pie de la letra. La ley que dictamos nosotros y cambiamos cuando nos place. Es escasa la autoridad del gobierno para hablar del cumplimiento de la ley.
A reforzarla viene el Fiscal General del Estado, cuyo discurso es el mismo que el del gobierno que lo designó. Y pone sobre la mesa el instrumento para actuar: el código penal. A una iniciativa política se responde por la vía judicial. Mediando una decisión de un tribunal que ordene un comportamiento de modo público, la negativa a seguirlo será delito de desobediencia y, agravándose las circunstancias, de sedición. Y la Fiscalía actuará.
La vicepresidenta del gobierno eleva la cuestión al ámbito constitucional. Acepta que no solamente sea un problema de legalidad sino de constitucionalidad y recuerda que la propia Constitución establece su vía de reforma. Esta requiere siempre unas mayorías que los catalanes nacionalistas no podrán alcanzar jamás porque son una minoría estructural del conjunto del Estado. Indicar a los catalanes que hay una vía mediante la reforma constitucional, cuando los dos partidos dinásticos nacionales son contrarios al derecho de autodeterminación es pura mala fe.
Invocar el cumplimiento de la ley como una amenaza entra dentro de la naturaleza coercitiva de aquella. Hacerlo en el contexto de un conflicto político en materia de derechos es otra cosa. La asociación de jueces conservadores "Francisco de Vitoria", ya ha cuantificado cuántos años puede pasar a la sombra Artur Mas, quince por lo bajo. A los delitos de desobediencia y sedición, los magistrados añaden el posible de prevaricación. La amenaza trae viejas memorias. No sería la primera vez que se viera a un presidente de la Generalitat entre rejas. Ya lo estuvo Lluís Companys, a quien Franco fusiló en 1940 en una prueba evidente de lo mucho que la derecha nacionalcatólica ama a los catalanes.
Un acontecimiento de voluntad popular con cientos de miles de participantes, portada en los grandes periódicos internacionales, obtiene una rotunda respuesta: quince años de cárcel. Es obvio, sin embargo, que esa respuesta no es el fin de la cuestión. Esta se mantendrá viva y acudirá a medios de expresión que agudizarán el conflicto. Muchos independentistas reclaman el recurso a la desobediencia civil en caso de que el Estado impida la votación del 9 de noviembre. Hasta la monja Teresa Forcades. Y aquí asoma la oreja una vieja controversia sobre si es delito o no la desobediencia civil. La memoria de Martin Luther King obliga a ser cautos en la respuesta. El propio Mas, que no las tiene todas consigo, asegura que la consulta se hará, si bien ignora en qué condiciones. Sobre todo, las suyas personales.
Hay muy escasa respuesta en el lado español. Pedro Sánchez insta a Rajoy y Mas a sentarse y dialogar, sabedor de que el presidente del gobierno no tiene la menor intencion de hacerlo porque prefiere la represión a la que supone se sumará Sánchez, tan poco partidario de la autodeterminación de los catalanes como él mismo. Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, que yo sepa, no han dicho nada sobre la Diada. Ni lo dirán porque es asunto en el que no se sienten cómodas.
Así que, después de la pica en Flandes de la Diada, los soberanistas conservan la iniciativa política.
