Los catalanes tienen la culpa de todo

También de que Rajoy sea un inepto y no consiga gobernar ni aprobar los presupuestos, ni normalizar la situación en Cataluña. El B155 está desatado y sus razonamientos no pueden ser más peregrinos. Según El País la causa de la parálisis de la legislatura es la crisis catalana. Es una pura inversión de la relación causal. La causa de la paralización de la legislatura y la ineptitud del gobierno no es la "crisis catalana"; esta no es la causa de aquellas parálisis e ineptitud, sino su efecto. 

La legislatura está paralizada por una especie de acuerdo entre truhanes. El gobierno está en minoría, pero gobierna por decreto ley, sin hacerlo a traves del parlamento y con un acuerdo implícito de la oposición que renuncia a ponerlo en un brete o incluso a derribarlo mediante una moción de censura a cambio de que por su parte no haga nada. La ineptitud del gobierno corre paralela con la irrelevancia del Parlamento y el activismo de unos jueces, movilizados por gobernante que no sabe cómo salir del atolladero en que se ha metido él solo.

Los prosupuestos no están bloqueados por el PNV sino por el 155. Lo que bloquea todo y todo lo paraliza es el 155. En la situación actual empieza a cundir la idea de que los indepes catalanes posterguen la investidura del presidente para que M. Rajoy se vea obligado a levantar el 155 antes de que aquella se produzca y a los efectos de que el PNV acepte discutir del presupuesto y lo desbloquee. 

Sería un cálculo razonable si el B155 actuara por criterios democráticos y humanos. Pero no es el caso. Si los catalanes no hacen lo que el gobierno quiere, seguirá el 155 y, mientras siga el 155, no habrá presupuestos de 2018. Se prorrogarán los de 2017 con general descalabro. 

Al final, los catalanes van a tener también la culpa de que un gobierno que no sabe gobernar no pueda gobernar y se vea obligado a convocar elecciones por su incapacidad.

Se levanta la veda

Es edificante ver a Rajoy buscando apoyos. Así se entretiene y no se deja importunar con el chapoteo de la Gürtel. Estos no son los felices tiempos de la mayoría absoluta, cuando los presupuestos se mandaban a sus señorías por un ukase en forma de whatsap. Ahora hay que hacer pasillos y pedir favores.

Dice Rajoy que está hablando con todo el mundo. A saber qué entiende el personaje por "todo el mundo". Comprende, parece, a los nacionalistas vascos. Y surge la pregunta de si comprenderá también a los catalanes. Es posible que la oferta se haga por haber caído el gobierno en la cuenta de la política del palo (persecución judicial) y la zanahoria (privilegios, prebendas económicas) que corresponde a la vieja táctica de comprar a quien no se puede vencer. De darse esa oferta, serán los nacionalistas independentistas quienes tendrán en cierto modo una cuestión política y moral que dilucidar.

Ignoro asimismo si ese "hablar con todos" incluye a Podemos o si el diálogo con estos se limitará a las intervenciones en el pleno de debate sobre la ley. Podemos pedirá devolver los presupuestos y lo mismo anuncia que hará el PSOE, razón por la cual es muy posible que Rajoy lo haya excluido ya del "todo el mundo" que, como se ve, es bastante reducido. Al final el PP, C's y el PNV sacarán adelante los presupuestos. Los presupuestos de la derecha. Con el techo de gasto de la derecha, son negociar. Porque la izquierda en general y el PSOE en particular, no pintan nada. 

El método en la locura

Una junta emanada de un golpe de mano, carente de legitimidad y hasta quizá de legalidad, está empeñada en proseguir su desvarío atribuyéndose competencias que no puede tener. Su funcionalidad es provisional y está vinculada a la convocatoria de un congreso extraordinario. Aunque el último CF le haya concedido a las escondidas "plena competencia", será plena competencia para cumplir su mandato, no para incumplirlo.

La junta no es quién para embarcar al partido en una labor de reflexión teórica. Sí lo es para convocar el congreso cuanto antes y, mientras tanto, cuidarse de que al error garrafal de abstenerse no se añada el de quedar relegado a la irrelevancia más absoluta. Es obvio que quienes han encabezado esta revuelta de la élite en el PSOE no calibran las consecuencias de sus actos. Pero va siendo hora de que lo hagan. Esa bravata de que el PSOE será "verdadera", "dura" oposición es otro disparate. El PSOE anuncia una enmienda a la totalidad de la Ley de Presupuestos. Cree enseñar así los dientes. Es decir, no negocia nada. Ahora bien, los presupuestos son una ley ordinaria y el gobierno solo necesita mayoría simple, que puede pactar con los nacionalistas vascos. Estos pedirán a cambio mejoras para su tierra y no cuestionarán el efecto de los presupuestos sobre el resto del Estado. Y el PSOE se tragará los presupuestos del PP sin modificar una coma. El asunto no es trivial porque se trata de saber quién aguantará el hachazo de los 5.500 (u 8.000, según Bruselas) millones de € de recortes. Una vez que entregaron el gobierno al PP los socialistas descubren que su capacidad de presión es menor que la del PNV. Para evitar esta penosa experiencia solo les queda ofrecer su abstención de nuevo o incluso su voto a favor, mediando una negociación. Pero ¿cómo se va a negociar con el partido al que se prometió dura oposición sin levantar el espectro de la "gran coalición"? Conseguir que 85 diputados valgan menos que seis es una hazaña, ojalá que irrepetible.

Déjese la junta de monsergas ideológicas y convoque ese congreso extraordinario de modo urgente. Celébrense las primarias. Haya un nuevo líder elegido en competencia con otros en virtud de su programa, del suyo propio, no del que le confeccione un comité de sabios. Y devuélvase al PSOE la compostura y dignidad que ha perdido.

El programa máximo acaba siendo el mínimo

La campanada viene del interior de la CUP. Parecen ser los militantes de Poble Lliure quienes cuestionan la negativa a los presupuestos de la Generalitat y plantean reformas radicales en los procedimientos de la organización asamblearia. No es una opinión "del exterior", fácilmente neutralizable precisamente por ser "del exterior". Es una parte de la CUP, tan carne y sangre de la CUP como los demás plurales integrantes.

Antes de seguir, un aviso: carece de sentido minusvalorar estos debates en la CUP por cualesquiera vías. Son fundamentales, tanto para la organización-movimiento como para Cataluña y el conjunto del Estado; son esenciales y las personas directa e indirectamente afectadas se lo toman muy en serio. Nos los tomamos muy en serio.

La petición de Poble Lliure, basada en la proporción 29/26/3, es que sus votos se contabilicen en el conjunto cuando son contrarios a la mayoría. Es una petición democrática. Es lo que hacen los tribunales de justicia: llegado el caso, se hacen públicos los votos particulares de los magistrados que no coinciden con la mayoría. Las decisiones colectivas democráticas no deben simular la unanimidad, y menos en una organización asamblearia. Dado que esa decisión se materializa en los votos de los diez diputados de la CUP, no es justo que voten los diez en bloque como si aquella se hubiera adoptado por unanimidad. Si la CUP tiene un argumento fundamentado mejor que este, debiera exponerlo.

Por lo demás, el comentarista no duda de la complejidad de la situación. Según parece el mismo Poble Lliure que hubiera votado favor de los presupuestos, exige a cambio del govern de la Generalitat la fulminante adopción de decisiones que, a no dudarlo, provocarían una confrontación con el Estado. Un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) exacerbaría el conflicto con el Estado. No digo que sea impropio o inadecuado. Poble Lliure critica a la CUP haber precipitado una decisión que ha tensionado la organización sin que esta estuviera preparada para ello. La obervación valdría también en este supuesto, esto es, si una RUI no tensionaría la sociedad catalana sin que esta esté preparada para ello.

Según mis noticias el gobierno catalán trabaja con la perspectiva de instar a una Declaración parlamentaria Unilateral de Independencia (DUI) en su debido momento. La cuestión es la siguiente: ¿por qué abreviar los plazos, endurecer las formas y entrar en zona de turbulencia? ¿No se confía en el gobierno de Junts pel Sí? ¿Por qué no?En la respuesta a esta pregunta quizá estén las claves de lo que está pasando. Y lo que está pasando es grave para el proceso.

El esperpento sigue.

"Es un fin de ciclo y mandato de esperpento hispánico", decía Palinuro hace unos días en un post titulado Final del esperpento. A la vista del debate de ayer sobre los presupuestos generales del Estado para 2016, tiene uno la impresión de que Palinuro se quedó corto. Este final de legislatura es sencillamente inenarrable, tanto por lo que sucede en el escenario del Congreso como por lo que pasa fuera de él, en la calle, en los medios. El epitafio lo puso el diputado de ICV, Joan Coscubiela, haciendo honor a su fama de orador contundente: "Esta legislatura termina como empezó: con un gobierno mintiendo a los ciudadanos". Y riéndose de ellos, añadimos.

El responsable último de esos presupuestos no ocupó la tribuna para defenderlos. La oposición lo acusó de cobardía por no hacerlo. Cobardía o cerrazón y desprecio enconado por la obligación de los gobernantes de informar de sus decisiones; o simple gandulería. Tales son los datos del personaje y cualquiera puede ser válido. Desde el punto de vista de la cortesía parlamentaria es inadmisible que alguien se empeñe en aprobar unos presupuestos con unas elecciones a escasos meses en las que es muy posible que no revalide el cargo. Resulta así que, quien ocupe su puesto ahora tendrá que perder el tiempo cambiando las cuentas que, entre otras cosas, son un desastre y no sirven para nada porque se han redactado pensando en ganar las elecciones a toda costa. Más que unos presupuestos, son un programa electoral, cosa reconocida por el ministro Montoro, que ofreció ayer uno de esos espectáculos de soberbia, arrogancia y matonismo parlamentario que tan bien se le dan.

Sánchez que fijó como único interlocutor al presidente del gobierno, sentado en su escaño y no al ministro interviniente, a quien ninguneó, dictaminó que Rajoy solo busca adherirse al cargo. Eso es obvio: prolonga las elecciones al máximo y pretende ganarlas haciendo y diciendo lo que sea y mintiendo, como siempre. Porque no habló en la cámara pero sí se despachó largando a gusto en lo pasillos, para la prensa y despejando ya de una vez la incógnita sobre la reforma de la Constitución. La propuesta del PP para esta cuestión esencial es "no". No habrá reformas. Las propuestas esgrimidas por los otros partidos que tratan de contener la secesión catalana quedan así temblequeantes por cerrada falta de quórum.

Es lógico que se aferre al cargo. A la vista tiene en el caso de Esperanza Aguirre los malos tragos que pueden pasarse cuando ya no te ampara el manto de armiño. Ahí anda la buena señora tratando de organizar otro tamayazo en el Ayuntamiento de Madrid para desviar la atención de su responsabilidad (toda) en el expolio de 105 millones de euros a cuenta de un proyecto megalómano, la Ciudad de la Justicia, en el que parecen haberse cometido todo tipo de atropellos y puede que hasta delitos. 105 millones de los contribuyentes empleados en sostener una cohorte de enchufados, en pagar por informes ficticios o en edificar para abandonar acto seguido. 105 millones en una comunidad que recorta en educación, sanidad, investigacion. Y, detrás de este, todos los dislates que hizo la señora durante su mandato en donde intervenía la Gürtel, la Púnica o los especialistas freelancer en esquilmar el erario. Su pasado persigue a Aguirre y acabará por aplastarla. Ese es el ejemplo en el que se mira Rajoy: tiene que ganar porque, si no lo hace, todos los dispendios y desastres de Aguirre parecerán un comportamiento franciscano en comparación con lo que han hcho él y su partido en cuatro años de gobierno con mayoría absoluta

Porque la cuestión es, ¿cómo se atreve un gobierno fracasado en todos los órdenes, con un partido comido hasta el tuétano por la corrupción, a presentar presupuestos algunos? Queda claro, además que, como le acusó la oposición, deja España hecha unos zorros. Quienes se pasaron toda la legislatura hablando de la "herencia de Zapatero", dejan ahora otra peor. Y en todos los campos. Sánchez acusó a Rajoy de haber roto el pacto de Toledo para las pensiones, de haber dividido socialmente el país, de haber esquilmado la seguidad social y de haber provocado un fraccionamiento territorial cuya dimensión se verá el próximo 27 de septiembre y que incluye la posibilidad de una declaración unilateral de independencia en Cataluña.

En resumen, un desastre absoluto que no pueden maquillar la mentiras del gobierno, las fábulas del ministro de Hacienda, los trémolos de la legión de esbirros en los medios. Nadie cree el discurso de la recuperación porque todo el mundo tiene la experiencia directa contraria: el paro no remite, la deuda es agobiante, la productividad no remonta ni ninguna de las magnitudes favorables. Solo aumentan las desfavorables. Y eso lo han conseguido los artífices de "deja que caiga España, que ya la levantaremos nosotros" por su absoluta incompetencia. Del valor de sus ideas testimonia la propuesta insinuada por Montoro de resolver el problema de las pensiones financiándolas por la vía de los impuestos. Dicho por el mismo que promete bajarlos. A esta pavorosa incongruencia mental debe añadirse su cerrada ideología neoliberal, corrompida por las prácticas del capitalismo de amiguetes, su naconalcatolicismo obtuso y su más ajado nacionalismo español basado en la catalanofobia.

Todo eso se ya por descontado. La cuestión es si Sánchez y el PSOE serán capaces de enmendar tanto yerro y tanto destrozo. La izquierda concurre a las elecciones dividida y, por tanto, como ya se ha dicho hasta la saciedad, cortejando la derrota. Un asunto este que tampoco estará claro hasta ver qué sucede en las elecciones catalanas que obligarán a reacomodarse a todo el sistema político español, entre otras cosas porque se comprobará probablemente que Cataluña está libre de él y tiene el suyo propio.

A partir del 28 de septiembre, si la derecha gana de nuevo las elecciones en España toda la izquierda española, la socialdemócrata, la "verdadera" o "transformadora", la innovadora, toda ella, debiera pedir el finiquito.

Mentir para gobernar y gobernar para mentir.

El 29 de marzo pasado la gente se manifestó contra el gobierno. El 30 de marzo el gobierno se manifestó contra la gente. Aquella lo hizo a través de una huelga general que todo el mundo (incluida la prensa extranjera) consideró un éxito, excepto los medios de la derecha que la calificaron de fracaso. El gobierno lo hizo a través de unos presupuestos aprobados en un consejo de ministros que todo el mundo considera injustos excepto los dichos medios de la derecha que los reputan justos y acertados.

Lo que más irritación ha causado y más ha llamado la atención de los presupuestos ha sido la amnistía fiscal a los defraudadores. No solamente porque es impresentable desde un punto de vista ético pues demuestra la complacencia del gobierno con los ricos hasta cuando delinquen, sino porque contradice lo que Rajoy había dicho unos meses atrás, esto es, que una amnistía fiscal era algo inadmisible. Es la comprobación de una mentira. Una mentira que se dijo con el objetivo de llegar al gobierno. Y no es la única. Lo primero que hizo el gobierno de la derecha al ganar las elecciones fue subir los impuestos, cosa que también dijo Rajoy que no se haría unos meses antes. Y esas son las más gruesas. Toda la acción de gobierno del PP hasta la fecha está trufada de mentiras que se dijeron antes de las elecciones para acceder al poder.

Lo interesante aquí no es saber qué explicación dará la derecha de sus mentiras puesto que no dará ninguna. La derecha asume de principio que su acción pública esté basada en la mentira. Su única preocupación es demostrar que tal es el caso de los demás, especialmente la izquierda, el PSOE. Hacer política es mentir, ya se sabe. En la izquierda, sin embargo, tal cosa no se acepta y eso es lo que exaspera a Esperanza Aguirre y por lo que está empeñada en esa curiosa cruzada de demostrar la falsedad de la idea de la superioridad moral del la izquierda. Tarea inútil. No lo conseguirá en tanto ella admita (y lo practique; basta con recordar el tamayazo) que la acción política está basada en la mentira. No es el caso de la izquierda que, efectivamente, tiene una superioridad moral, la que va de la verdad a la mentira.

Lo interesante es, supongo, escuchar qué razones aducen los "analistas", los tertulianos de la derecha para demostrar qué justo y benéfico es amnistiar a los defraudadores cuatro meses después de haber sostenido que amnistiar defraudadores es algo que sólo puede concebir el más lerdo, corrupto y radical de los socialismos. De toda formas es tarea ociosa. La derecha parte de la idea de que le corresponde el gobierno de la España católica y reaccionaria eterna por derecho divino y para acceder a él, se puede y hasta se debe mentir, pues el fin justifica los medios. En cuanto a los tertulianos dirán lo que haya que decir para cobrar. Ya puede el personal escandalizarse. A los mentirosos les da igual pues han conseguido lo que querían: el poder.

Con el poder las mentiras se convierten en verdades. ¿Para qué se mentía? Para llegar al gobierno. ¿Para qué se quería llegar al gobierno? Para seguir mintiendo. En cuanto se instaló en La Moncloa, Rajoy explicó que sus reformas y recortes eran para detener la sangría de la pérdida de empleo en un primer momento y revertir la tendencia posteriormente. Lo que se ha producido y eso era evidente desde el principio ha sido una aceleración del desempleo. Esta indiferencia de la derecha frente a la mentira le es inherente. Todos recuerdan cómo Rajoy afeaba a Zapatero haber roto el pacto antiterrorista. Pocos que, cuando Zapatero lo propuso (pues la idea fue suya), el mismo Rajoy, ministro entonces del interior, dijo que era un "conejo que se sacaba Zapatero de la chistera"; unos días antes de copiarle la idea. Lo mismo con la amnistía fiscal, una "ocurrencia" de Zapatero hasta que él se la ha plagiado.

El uso del gobierno para mentir a la ciudadanía es lo habitual en la derecha. El ejemplo paradigmático son los tres días posteriores al 11-M cuando el gobierno del PP se empeñó en engañar al mundo entero atribuyendo el atentado a ETA. Nada de extraño, pues, que se haya empleado a fondo en la calificación de la huelga general del 29 de marzo. Tanto el gobierno como sus muchos medios hablan de derrota de los sindicatos siendo así que todos han visto que la jornada de huelga general fue un éxito. Ahora la pregunta es: si el gobierno miente al dar cuenta de algo que es público y notorio y han contemplado los ciudadanos, ¿que no hará cuando la atención pública no se concentre en él?

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público.).

Las invenciones de Montoro.

No hay nada nuevo bajo el sol. El ministro Montoro, guardián del tesoro, amenaza con perseguir penalmente a los gobernantes manirrotos o despilfarradores y no estaba mirando a nadie en concreto. La oposición le ha recordado que el desgobierno ya cuenta con varias figuras delictivas en el código penal. "Pero es que", dirá Montoro, hombre tenaz, "yo voy a tipificar un nuevo delito: el del gobernante que gasta más de lo que tiene y se endeuda."

Pues tampoco es nuevo. Es una resurrección de los viejos juicios de residencia, especialmente aplicados a los virreyes y funcionarios de las Indias, pero también en la península. El cargo que cumplía su mandato era "residenciado" y sometido a investigación por su sucesor. Es fácil imaginar cómo acababan aquellas residencias. Como puede pasar ahora cuando el gobierno sea de un color y la comunidad autónoma de otro.

Pero hay más, ¿no está Montoro resucitando la prisión por deudas, abolida en el mundo civilizado desde primeros del siglo XIX? Excepto, quizá, en algunos sitios hoy día para los casos de omisión del deber de alimentos en los divorciados. Si es así como vamos a hacer frente a los nuevos tiempos, lo llevamos claro.

(La imagen es una foto de Partido Popular de Cataluña, bajo licencia de Creative Commons).

Del diario de un león de las Cortes.

En la base de los leones de las Cortes se lee: ""Fundidos con los cañones tomados al enemigo en la guerra de África de 1860".

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Ayer hubo casi un anticlímax en el hemiciclo. Los dos partidos mayoritarios por una vez de acuerdo para reformar la Constitución, seguros de su victoria, no pactaron la reforma con nadie más y provocaron escenas de celos y resentimiento entre los pequeños, sobre todo los nacionalistas, acostumbrados a ser decisivos y reducidos ahora a la función de claque. Los grandes se ponen raramente de acuerdo pero, cuando lo hacen, la arman. Por su prepotencia han conseguido convertir una reforma que tiene más valor simbólico que real (pues se hace para reforzar el crédito de España) y hubiera sido relativamente sencilla, en una cuestión de Estado. De paso han sublevado un amplio sector de la opinión pública, el situado a la izquierda, presumible electorado del PSOE. Han proporcionado la imagen perfecta de la pinza y, más aun, de la coincidencia general de ambos partidos como las dos columnas sobre las que descansa el sistema político al que se acusa de parecerse al de la Restauración, con el turnismo entre los dos partidos dinásticos, leones de la guardia palatina.

También hubo momentos de humanidad y ternura que venían a demostrar que los diputados son como nosotros, los felinos de bronce, y que tienen sentimientos que ayer se mostraron con un gran aplauso cuando apareció Uxue Barcos, que llevaba seis meses ausente para tratarse un cáncer de mama. Fue un placer verla pasar tan resuelta como siempre y prácticamente recuperada. Nosotros también rugimos nuestras felicitaciones a la diputada con todo fervor.

La irritación de los pequeños adquirió a veces encendidos niveles retóricos. El grupo catalanista se abstuvo el entender que se había roto el "consenso constitucional". En todos los años que llevo en las Cortes no he visto a ese mozo llamado "consenso constitucional". No sé cómo va a romperse. Mi olfato leonino me dice que los catalanistas ven que el tope del déficit reza con ellos y que viene a recortarles competencias en concreto la de endeudarse. Pero los tonos más dramáticos proceden de la izquierda que toca a difunto por el Estado del bienestar y afea a los partidos mayoritarios que se allanen al dictado europeo, especialmente alemán y secuestren la voluntad popular. ¡Los herederos de los héroes de la guerra del África en 1860 humillados ante el espectro de los mercados! Porque ese es el espectro que verdaderamente recorre Europa y no el del comunismo.

Y los mercados dicen que si el Banco Central Europeo tiene que seguir comprando deuda española, España debe dar garantías constitucionales de controlar el déficit, esto es, reformar la Constitución, que es lo que ha hecho. Los partidarios de la reforma "express" dicen que así envían un mensaje claro y firme a los mercados de que el país es cumplidor de sus compromisos. Mi naturaleza de rey de la selva me hace desconfiar de estos procedimientos institucionales, artificiales, librescos. Las reformas de la Constitución, las leyes, esos "mensajes" que van y vienen de Trichtet al gobierno y del gobierno a Trichet son gestos vacíos en un mundo de títulos y números, a espaldas de la vida.

La vida es lo que tuve ayer ante mí y tengo hoy, fuera del hemiciclo, la acampada de indignados protestando por la reforma constitucional sin referéndum a la que se ha unido la de los abuelos de la guerra del sesenta y ocho. No hace falta ser león para entender que sus reivindicaciones no son atendibles por la forma ni (en muchos casos) por el contenido. Es más, au actitud se presta al juicio equívoco de que están coartando la acción de los representantes del pueblo soberano, presionando sobre el parlamento y alegando un seguimiento popular que no hay modo de calcular mientras los indignados no presenten sus opciones a votación popular.

Y sin embargo, por toda la experiencia que llevo acumulada en ciento cincuenta años de servicio ininterrumpido a la patria, creo poder decir que este movimiento de los indignados, DRY, 15-M, ahora los jubilados no es nada parecido a lo que se haya podido ver hasta hoy. Es verdad que muchas de las reivindicaciones de los indignados son desesperadamente imprecisas, genéricas y sin una idea aceptable acerca de cómo puedan conseguirse. Pero en otros aspectos organizativos, de permanencia, han resultado ser unos linces. El movimiento está consolidado horizontalmente no a la vieja usanza sino a través de la red, lo que le da una flexibilidad, rapidez de acción y adopción de decisiones que no se puede combatir con métodos pasados. Es un movimiento de nuevo tipo con el que las instituciones no tienen otro remedio que negociar porque, por su estricto pacifismo y su capacidad para hacerse eco de las preocupaciones de la gente goza de un amplio apoyo popular que las autoridades no pueden ignorar.

Dicen muchos indignados y desencantados del PSOE que, con esta última decisión de impedir el referéndum este partido ha acabado de cavar su propia fosa en las próximas elecciones generales del 20-N. Es posible, pero también lo es que los votos que el PSOE pierda por su izquierda (que tampoco son muchos porque esa izquierda ya vota otros partidos) los gane por la derecha al demostrar que es capaz de tomar medidas duras, impopulares en pro de la estabilidad del país; un voto de centro que sigue temiendo más los excesos del PP que los defectos del PSOE.

(La imagen es una foto de micora, bajo licencia de Creative Commons).

Nervios en el hemiciclo.

Hoy se toma en consideración en el pleno del Congreso el proyecto de reforma del artículo 135 de la Constitución Española (CE) que incluye un tope al déficit, en mitad de un intenso debate político y social sobre el que debe de estar todo dicho: que no tenemos que aceptar límite alguno; que ya lo aceptamos con Maastricht; que la reforma es el fin del Estado del bienestar; que no lo es si el límite es flexible y permite maniobrar en las coyunturas; que somos más papistas que el papa y los únicos en aceptar el Diktat del límite; que antes lo han hecho los alemanes; que no es preciso reformar la CE para eso; que sí porque una ley orgánica no es suficiente; que son los alemanes quienes nos lo han impuesto; que no, que es el canto del cisne de Zapatero en perfil de estadista sacrificado; que no hay derecho a hacer esta reforma con un Parlamento prácticamente en funciones; que es imposible esperar, dada la gravedad y urgencia de la situación; que, pues el asunto es tan grave, hay que someterlo a referéndum; que no es necesario porque la CE no lo hace obligatorio en este tipo de reforma.

Estos dilemas están todos más o menos cerrados excepto el último, que queda abierto: el referéndum será obligado si lo pide el diez por ciento de los diputados (35) o de los senadores (26). Aquí es donde en el día de hoy van a concentrarse todas las miradas, todos los gestos, todos los cañones dialécticos, las peticiones que relampaguean por la red y las manifas de indignados y otros extraparlamentarios. Se abre una etapa de nervios para sus señorías.

Desde el momento en que los socialistas catalanes hacen piña con el gobierno, la posibilidad de que en el Senado se alcancen los 26 senadores es remotísima. Aunque voten a favor los nacionalistas vascos junto a los catalanistas y el grupo mixto, la petición reuniría 19 votos a falta de siete y, dado que ningún senador del PSOE o del PP ha anunciado su voto por el referéndum, éste puede descartarse en el Senado.

La tensión está en el Congreso sobre todo porque los catalanistas de CiU han anunciado que votarán por el referéndum. Produce perplejidad ver a la derecha nacionalista catalana, que está aplicando recortes sociales en el Principado a hachazo limpioobstaculizando el límite al déficit. Salvo que se recuerde lo que decía Palinuro ayer de que, a veces, el voto estratégico consiste en votar a favor de algo sabiendo de antemano que no va a salir para quedar bien con la galería. Es más frecuente de lo que parece. Siempre se ha dicho que el referéndum de la OTAN en 1986 se hubiera ganado por unanimidad si la pregunta hubiera sido: ¿quiere usted que España se quede en la OTAN con su voto en contra?

Suponiendo que a los catalanistas de derechas se unan todos los demás grupos parlamentarios que no sean los dos mayoritarios (a reserva de lo que digan los de PNV, especialistas en tensar la cuerda a la búsqueda de alguna negociación bilateral), la cantidad de votos por el referéndum sería de 27 (21, si el PNV se desmarca). Como quiera que dos diputados socialistas han anunciado ya que romperán la disciplina de voto y pedirán el referéndum, la cantidad podría ascender a 29. Faltarían seis votos díscolos más, presumiblemente del PSOE. Situación muy tensa. Será de ver cómo zumbarán los oídos de algunos diputados de la izquierda del PSOE que tendrán que librar la vieja batalla del parlamentario entre seguir las directrices de su conciencia o las de su partido. Francamente, no es para arrendarles la ganancia. Pero ¿quién dijo que apretar un botón será siempre tarea grata?

Parte de la opinión pública está soliviantada: habrá peticiones firmadas por decenas de miles, declaraciones, manifas y acampadas, movilizaciones sindicales. La causa es clara: ¡que hable el pueblo! También ayer Palinuro decía que el pueblo es soberano. Pero tiene dos modos de ejercer esa soberanía que no conviene confundir. El modo primero, como una decisión excepcional, un acto primigenio, un ejercicio del poder constituyente para el que no necesita permiso, dado que se trata de la lógica revolucionaria. Pero no parece que sea esta la pretensión. Así que, a lo que se ve, se quiere el modo segundo que implica que el pueblo se pronuncie en el marco de las reglas establecidas para ello. Y da la casualidad de que las reglas establecidas para ello confieren la competencia para decidir al Parlamento con los requisitos numéricos más arriba considerados. Puede decirse que eso no es así y que, siendo el pueblo soberano, él mismo decide cómo se hace lo que quiere hacer y que, en este caso, el Parlamento debe obedecer el mandato de su soberano a favor del referéndum.

Decía un experimentado politólogo que a la hora de dejar que el pueblo decida, primero hay que decidir quién es el pueblo. Podemos entender que el pueblo sean dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil manifestantes indignados y cien, doscientas mil firmas, así como numerosos publicistas de peso cualitativo pero no cuantitativo. Lo mismo habrá que decir de las cuatrocientas mil firmas que reunió Rajoy en cierta ocasión para fastidiar a los catalanistas o los centenares de miles de gente que los curas sacan a la calle en contra del aborto, del preservativo, de la educación para la ciudadanía, por no hablar de los publicistas de la otra orilla que incluyen obispos y cardenales. Me temo que esto no se puede sostener porque se arma un lío.

Según la teoría liberal de la representación los 350 diputados representan a la nación (o naciones, no vamos a pegarnos ahora por eso), al pueblo soberano en su conjunto. De hecho, los han votado casi veintiséis millones de personas, cantidad respetable, y deciden en nombre de aquel de forma que, mientras no haya otra cosa, cuando ellos deciden, decide el pueblo soberano. Dicen los indignados que que no, que no, que no nos representan pero me parece que sí, que sí, que sí nos representan mientras quienes lo nieguen se limiten a corearlo en las manifas. Si mi mandatario no me representa le revoco el mandato, pero eso es en derecho privado. En la política es más difícil de hacer, sobre todo si ni siquiera existe la figura de la revocación. ¿Se pueden encontrar formas de poner fin a una representación que no nos representa además de corearlo por las calles? A lo mejor. Pero hay que encontrarlas.

Resumiendo, nervios, con todas las miradas puestas en los posibles seis diputados de la izquierda socialista (con los que ya se habrán hecho cientos de quinielas) que pudieran romper la disciplina de voto e ir contra su partido. Y sabiendo que, si piden referéndum y lo hay, seguramente lo perderán.

¿Requiem por el Estado del bienestar?

Ayer hubo un terremoto físico de intensidad 5,9 en la escala Richter en Washington que obligó a desalojar el Pentágono y un terromoto político en España de intensidad por determinar en próximas fechas pero, desde luego, muy alta. Zapatero propuso reformar la Constituciòn Española (CE) para imponer un tope de déficit y, claro, Rajoy se apuntó el primero. La izquierda que Público llama "minoritaria" saltó como un resorte reclamando un referéndum, cosa obligada si lo solicita un 10 por ciento de diputados o senadores, cantidad no pequeña y, probablemente, imposible de alcanzar en las circunstancias actuales.

Razones para reformar la Constitución hay varias y gruesas: proponer un referéndum entre monarquía o república, cambiar el sistema electoral, meter mano al Senado reformando la organización de las Comunidades Autónomas o reconocer el derecho de autodeterminación, pero ninguna de ellas pasaría del estado de nebulosa de borrador de preanteproyecto. Sólo una vez, en 1992, hubo una reforma menor del artículo 13, 2 para recibir la normativa comunitaria en cuanto al sufragio pasivo de los extranjeros residentes. De reformar algo más nadie quería oír hablar en la Carrera de San Jerónimo.

Hasta ayer en que, de pronto, se propone una reforma en un asunto distinto que sale con todas las probabilidades de ganar porque tiene el apoyo entusiasta de los dos partidos mayoritarios y, por tanto, más de los dos tercios y, desde luego de los tres quintos que puedan necesitarse, según casos.

Simplificando mucho, el recurso al déficit es el elemento distintivo del keynesianismo y, por ende, del Estado del bienestar. La acusación que se le hacía era que disparaba el gasto público más allá de la ley de Wagner, era el motor de la inflación y, a largo plazo, fórmula segura de quiebra. Por eso decía Keynes que, a largo plazo, "todos calvos". Si se impone un límite al déficit, es decir, al gasto, se le corta una de las dos piernas al keynesianismo que podría seguir a la pata coja incidiendo en los ingresos mediante una política fiscal progresiva. Pero esa pierna tambén se le cortó hace años, desde que la ofensiva neoliberal decretó que lo único que cabía hacer con los impuestos era bajarlos, cosa que aceptó todo el mundo, incluido Zapatero a quien, ignoro por qué, bajar los impuestos le parecía de izquierda. Con las dos piernas amputadas, el Estado del bienestar ha recurrido a la venta del sector público para ir tapando déficit. Pero ya no queda casi nada por vender. El Estado del bienestar ha dejado de caminar y tiene un problema grave de financiación del que quiere salir suicidándose.

No es el lugar de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí es de justicia reconocer que Keynes no tiene la culpa. El recurso al déficit para salir de la recesión se concebía como medida coyuntural. Pasadas las recesiones, los Estados debían enjugar los déficit, no consolidarlos. Han sido los políticos los que se han saltado esa regla de oro por razones que los teóricos de la decisión racional han explicado hasta aburrir. La izquierda aumentando el gasto social lo que Palinuro aplaude siempre que haya con qué pagarlo. La derecha haciéndolo para proyectos suntuarios o armamento o renunciando deliberadamente a los ingresos fiscales, que viene a ser lo mismo, con el claro objetivo de provocar lo que ahora dice que quiere evitar, esto es, la quiebra del Estado del bienestar.

En efecto, no es cosa de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí porqué: porque gracias a la globalización, el mundo vive la dictadura del capital que es lo único que verdaderamente se ha internacionalizado, al extremo de poner de rodillas Estados enteros; y no sólo Grecia; también los Estados Unidos, ejemplo típico de país que lleva decenios viviendo por encima de sus posibilidades. Y los países europeos soportamos una doble globalización, la mundial y la nuestra. Sobre todo en la zona euro en la que el capital cuenta con un poder político de primera magnitud, Alemania, el país que perdió la guerra pero ganó la paz. Ha uncido a su carro a Francia para dar más legitimidad a su dictado (obsesionado con el control de la inflación), que tiene tanta mayor fuerza cuanto que predica con el ejemplo, pues ha incluido el techo de déficit y el presupuesto equilibrado en los arts. 109, 115 y 143d de la Ley Fundamental.

El límite constitucional del déficit es materia políticamente explosiva, como se prueba por el hecho que los Estados Unidos, que fueron los que empezaron la idea allá por los años treinta, no lo han conseguido. Al contrario, en 1986 y en 2002 fracasaron sendas propuestas de reforma de este tipo (por un voto en el Senado en ambos casos), dejando al país hacer el ridículo reciente de tener que aumentar por ley el tope de gasto so pena de suspensión de pagos.

En España pasa lo mismo y la izquierda se lanza a la petición de referéndum. Siendo realistas, Palinuro se lo pensaría dos veces. Este referéndum (¿cómo no va el pueblo a pronunciarse sobre un asunto de tanta importancia?) puede hacer revivir a parte de esa izquierda las nostalgias del de la OTAN en 1986. Las comparaciones son odiosas. La izquierda puede estar ahora tan dividida como entonces. Probablemente muchos socialistas votarían hoy también "no". Pero la derecha, que en 1986 se abstuvo o, incluso, subrepticiamente votó "no", esta vez votará "sí" sin dudarlo. Resultado más probable: la izquierda "minoritaria" o "transformadora", con los añadidos de los críticos del PSOE, perderá otro referéndum sin que se cumpla la el viejo anhelo de IU (y PCE) de dar la vuelta a la tortilla dentro de la familia. El PSOE quedará debilitado pero seguirá siendo mayoritario en la izquierda porque el grueso de su electorado, por muy crítico que sea, no votará a IU, como se ha visto el pasado 22 de mayo.

El referéndum puede pedirse por congruencia con una conciencia democrática. En el caso de que ganara el "no", España tendría que salir de la zona euro. Hipótesis no muy necesitada de consideración porque, aunque el referéndum se convocara que no parece sea el caso, ese "no" es altamente improbable. Si sale el "sí" la izquierda quedaría muy tocada. Y es que, guste o no, no hay alternativa si se quiere mantener al país en la zona euro o, en el extremo, en la UE, ya que la obligación de límite y equilibrio presupuestario está en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea(art. 114).

Siendo así las cosas entiendo más práctico para la izquierda, especialmente en el PSOE, ya que no es probable que la otra izquierda ceje en la pretensión referendaria, tomar posiciones en tres terrenos: a) hay límites y límites; esto es, habría que imponer el límite al que se nos obliga (porque de hecho es una obligación y una obvia merma de soberanía) pero estableciendo provisiones que permitan flexibilizarlo de un año para otro y, por tanto, suavizar su carácter restrictivo. Es práctica aceptada ya que todo límite, si es muy bajo, tiene que tener un margen de flexibilidad; b) volver a la progresividad fiscal e incidir en la política de ingresos, recaudando más para financiar un Estado del bienestar que es de justicia elemental y ya no se puede costear con cargo al déficit. Si yo fuera político, especialmente socialdemócrata, se me caería la cara de vergüenza escuchando a los ricos (primero Warren Buffet en los Estados Unidos y luego los millonetis franceses) diciendo que quieren pagar más impuestos. A lo mejor este espíritu de solidaridad y justicia social redistributiva se contagia también a los ricos españoles, aunque aquí bastará con que digan que quieren pagar algún impuesto; c) forzar una provisión constitucional de igual rango de protección del Estado del bienestar como un derecho. O, mejor dicho, refozar la que ya existe.

Salvo error u omisión por mi parte esas son las tres líneas de la acción socialdemócrata de urgencia en las actuales circunstancias y a la espera de consolidar un modelo de cambio del sistema productivo muy anunciado y nunca realizado, hasta el extremo de que son los ricos los que salen en defensa del Estado del bienestar. O algo falla o ha llegado el momento de que la socialdemocracia europea comprenda que tiene que ofrecer una salida de garantía del Estado del bienestar para toda la Unión.

Al Gobierno le salen las cuentas.

Dicen en el Gobierno que los presupuestos generales del Estado que se aprobaron ayer en el Congreso son los de la austeridad y los que nos permitirán salir de la crisis. Dice la oposición del PP que los mismos presupuestos son los del despilfarro y los que no solamente no permitirán que salgamos de la crisis sino que nos hundirán más en ella. ¿En dónde se encontrará la verdad? Como suele suceder (aunque no siempre) en algún punto intermedio. En algún punto intermedio pero que, guste o no, estará más cerca de la posición del Gobierno que de la de la oposición por la muy convincente razón de que, no disponiendo de mayoría absoluta que le permitiera hacer mangas capirotes con las cuentas públicas, el Gobierno se ha visto obligado a modular sus propuestas, tratando de conseguir el mayor consenso y apoyo parlamentarios posibles. Que no lo haya conseguido del todo, que no le haya salido con IU o CiU, por ejemplo, al igual que con ECR, no es porque no lo haya intentado sino porque otras consideraciones no lo han hecho posible. Pero, en puridad de los términos, aunque las concesiones gubernativas a estos grupos no hayan sido suficientes para asegurar su voto, se han dado. CiU y ERC, por ejemplo, no pueden ir por ahí diciendo (y, de hecho, no lo hacen) que los presupuestos olviden a Cataluña. Al final el acuerdo ha sido con el PNV y con CC, pero el intento ha sido con todos los grupos de la cámara. Y eso hace que estos presupuestos no sean exactamente los que el PSOE hubiera querido y no son por tanto producto de una imposición.

Aquí es donde se ve con claridad las ventajas que presenta el hecho (que otras veces, se interpreta mal, cuando se piensa erróneamente en términos de estabilidad parlamentaria, confundiéndola con rodillo en las votaciones) de que no haya mayoría absoluta parlamentaria y que el Gobierno esté obligado a negociar y pactar todas sus medidas. Hay mucha gente que dice que esa es una muestra de la debilidad del Gobierno del señor Zapatero y de cómo está vendido a los intereses particulares de estos u otros nacionalistas. Son los mismos que, caso de que el PSOE tuviera mayoría absoluta, dirían que el Gobierno aplasta a las demás opiniones y funciona de modo totalitario. A Zapatero le ocurre como a Felipe González: hay un porcentaje de la población que lo odia visceralmente y para la cual, haga lo que haga, lo hará mal. Claro que no es odio a Zapatero o a Felipe como personas sino, en el fondo, a lo que representan: una izquierda socialdemócrata moderada, posibilista pero (y esto es lo que más duele) que gana elecciones y cambia la realidad social.

Las otras cuentas que han salido al Gobierno y se aprobarán en breve, luego de infinitos sobresaltos, zancadillas, equivocaciones propias, provocaciones ajenas, engaños y demagogias, ha sido el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. Quien repase los momentos anteriores de este trayecto y recuerde el ruido y la furia con que ciertas posiciones se produjeron en el pasado, cuando se acusaba a Zapatero de haberse vendido a los catalanistas y a los catalanistas de querere chulear a España, se admirará del silencio de tranquilo remanso pastoril con que hemos llegado al final de este absurdo drama movido por la más irresponsable de las oposiciones al grito de "¡se rompe España!". Alguien debiera comerse esas repugnantes palabras con hiel y vinagre. Y es, en verdad, lo que está pasando. Especialmente en el PP, en donde comprueban que la unidad de acción frente a las propuestas de reparto financiero autonómico brilla por su ausencia. Es cierto que el plan final es aprobado gracias a los votos de los dos partidos navarros cuyo interés directo en el asunto es nulo. Pero también lo es que la bronca oposición del inicio se ha disuelto como un azucarillo en agua y que tan partidarias del modelo propuesto son algunas CCAA del partido popular como otras del PSOE.

Así que enhorabuena al Gobierno por culminar una ímproba tarea.

Y mañana volveremos a hablar de la corrupción que no cesa :'-(.

(La imagen es una foto de ferran pestaña, bajo licencia de Creative Commons).