Los equilibrios inestables

La sentencia del Tribunal Constitucional, que ha tardado cinco años (notorio el diferente ritmo de los procesos, según se trate de cosas del PP o del independentismo catalán), está haciendo polvo los inverosímiles equilibrios que va trabajándose el gobierno, cada vez más acorralado en todos los frentes, especialmente el judicial.

La anulación del decreto-ley, un asunto meramente formal, dice Hernando, revela que algo hicieron mal. Lo reconoce, aunque tiene disculpas por la dificultad del momento. Lo llama "errores" pero el TC viene a decir que se atentaba contra el deber constitucional de contribuir todos al mantenimiento de lo público según varios nobles principios, entre ellos el de la progresividad. Y aquí se consagraba la regresividad. No son errores. Son medidas inconstitucionales. Adoptadas por un gobierno que se pasa la vida esgrimiendo la Constitución contra el independentismo catalán, como si fuera una maza. 

Además de reconocer un error, el portavoz afirma que la dimisión de Montoro está en las manos de Montoro. Ciertamente la de todos los Montoros y los Monbueyes y las Monvacas del mundo y la de todo quisque. El que no dimite es porque no quiere. Incluso los despedidos a puntapiés, pues siempre pudieron dimitir antes. Lo que se quiere decir con esta esquinada fórmula es que el gobierno no ratifica su confianza en Montoro y no vería con malos ojos que causara baja voluntaria. Al fin y al cabo, el hombre ya cumplió su objetivo, que era amnistiar a los suyos y mantener sus identidades en secreto, ignoro en virtud de qué atribuciones que podrían ser hasta la aplicación de la Ley sobre Secretos Oficiales.

El problema del gobierno, ahora es cómo hacer frente a la creciente presión para que se publique la lista de los beneficiarios de esa amnistía inconstitucional que el Tribunal Constitucional ha constitucionalizado en beneficio de los dafraudadores porque ancha es Castilla.

Misterios de la lógica

El Tribunal Constitucional (TC) anula el decreto ley por el que se aprobó la amnistía fiscal de Montoro en 2012. No anula la amnistía fiscal, como dice El País. Antes al contrario. La consolida, mantiene y legitima con unos razonamientos de una lógica perversa que da por bueno aquello mismo que reprocha y rechaza. Y, al tardar cinco años en dictarla la hace ya prácticamente invulnerable.

De esa lógica se deriva también la que aplica el periódico, al entender que, aunque la sentencia carezca de efectos prácticos, supone un "duro varapalo" al Ejecutivo de Rajoy. La carencia de efectos prácticos tiene doble lectura. En primer lugar, es falsa. Claro que tiene efectos prácticos y muy positivos para los evasores, que son a quienes el PP pretendía beneficiara desde el principio : los de blindarlos más si cabe. En segundo lugar, si no hay efectos prácticos de reversibilidad, que es de lo que trata, es decir, de devolver la pasta, el Ejecutivo, este Ejecutivo, no se dará por vapuleado. Al fin y al cabo, piensan ¿en dónde está mejor el dinero que en el bolsillo de quienes lo roban? 

Al contrario, Montoro y su gente cantan victoria (¿cómo puede hablarse siquiera de dimitir, hombre?) y reducen ya el alcance de la sentencia a una cuestión meramente procedimental: inadecuación de la norma; el contenido (la amnistía) se avala. Cierto, es lo que dice la prensa que dice el TC: el decreto-ley  no es la norma adecuada. Los de Montoro, encantados de aceptar la anulación que viene a justificar la amnistía. Pero eso no es cierto. Según cuenta el periódico, el TC valora el fondo del asunto y lo hace muy negativamente, enmarcándolo en una figura casi incomprensible: la de un gobierno que incita por ley al incumplimiento de un deber y hasta la posible comisión de delitos. Desde luego, un decreto-ley no es el instrumento más adecuado para amparar el fraude. Pero esto plantea la intrigante cuestión de cuál sea el instrumento adecuado para que el gobierno incite al incumplimiento de la ley. Porque eso es lo que ha hecho y sigue haciendo con la amnistía y del modo más descarado. Unos pagamos impuestos. Otros, los amigos del PP y ellos mismos, no. Pura lógica.

Y estos son los que van por ahí diciendo a todo el mundo que hay que cumplir la ley y atribuyéndose competencia a sí mismos -es decir, a los que la incumplen- la tarea de aplicarla. Más pura lógica.

El TC ha anulado el decreto-ley. Ahí me los anuléis todos, dirán los defraudadores. Pero no la amnistía, que campa por sus (pocos) respetos. Ha anulado la causa eficiente, pero no la causa material ni la final que, como siempre, era no pagar a Hacienda. 

La flaca memoria

El PSOE festejó en días pasados el décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Verdad es que con otras finalidades menos ceremoniales, pero lo hizo. También proclamó en sede parlamentaria su paternidad de la llamada Ley de la Memoria Histórica, pero acto seguido, se negó a recibir a dos víctimas del franquismo y a excluir de la amnistía en la Ley de Amnistía a los torturadores franquistas.

El PSOE tendría que estar repleto de mastines dispuestos a aplicar a rajatabla la Ley de la Memoria Histórica. No es así. Se limitan a preguntar por su aplicación sin mucha insistencia. Al fin y al cabo, esa Ley de Memoria Histórica socialista, con todo y ser lo único que se ha hecho en España en pro de las víctimas del franquismo, no era más que una confesión de mala conciencia: los socialistas estuvieron en el poder ininterrumpidamente durante más 14 años, 12 de ellos con mayoría absoluta y no movieron un dedo para hacer justicia a las víctimas del franquismo.

En realidad, todos los partidos del Parlamento tendrían que estar aplicando la Ley de la Memoria. La derecha, también. Es la forma de conseguir crear un terreno común de entendimiento  que no puede basarse en un pasado con el que el país (los dos países que son España, las Españas) aún no se ha reconciliado. Ese pasado que reaparece siempre que los dirigentes de la derecha dicen que hay que mirar al futuro.

Un país en el que sigue habiendo unas 100.000 personas asesinadas en fosas anónimas no puede construir nada. El suelo se mueve bajo sus pies.

El dinero, los vivos y los muertos.



I.

En el "Exódo" se narran diez plagas de Egipto. El Faraón cedió a la décima y dejó marchar al pueblo elegido. No fue necesario enviar la undécima que ya tenía Dios preparada y que, con las debidas actualizaciones, podría caer esta noche. Imagínese que mañana el mundo despertara para descubrir que el dinero, todo el dinero, todos los apuntes contables, balances, valores, cuentas, hubieran desaparecido. ¿Que pasaría? Probablemente en cosa de horas la sociedad volvería al estado hobbesiano de naturaleza. Todos contra todos y ley del más fuerte. Bueno, tampoco hace falta imaginarlo. Tenemos algún ejemplo histórico. Eso es lo que estuvo a punto de suceder en la República de Weimar entre 1921 y 1923, cuando el papel moneda dejó de tener valor y fue necesario sustituirlo por otro respaldado no por oro sino por el propio suelo alemán, en una hipoteca nacional que impuso la República. A la hiperinflación achacan muchos el ascenso del nazismo y otros esa especie de obsesión antiinflacionaria alemana que preside toda la arquitectura financiera de la eurozona, le función del Banco Central Europeo y las políticas de austeridad a rajatabla.

Es el dinero, misterio entre los misterios. Sin él, el mundo no funciona porque es el único medio universalmente aceptado para realizar las transacciones, el único medio que permite comparar valores distintos, tan distintos que no admiten ninguna otra comparación. Y esos valores ¿cómo se miden? En dinero, precisamente. Parece absurdo que el valor de lo que se equipara lo determine el que equipara y no las partes, pero es como funciona el sistema. Bastante mal, por cierto, pero su defensa suele ser que no hay otro mejor. El dinero está en la base de todos los comportamientos. Cuando abunda, todo lo esconde, lo confunde. Las bocas que se abren se tapan con dinero y nadie protesta. Cuando escasea o falta, todo se explica. Las bocas y los ojos se abren y comienza a evidenciarse que el problema no es que no haya dinero sino que está mal distribuido.
 

Entran aquí en escena los papas y los reyes, las figuras más aficionadas a soltar sermones sobre la necesidad de redistribuir la riqueza por unas u otras siempre muy excelsas razones. Pasada la palabrería, la gente percibe de modo inmediato que la mala distribución de la riqueza se debe al funcionamiento de un mecanismo inherente al dinero, el de acumulación. El dinero, el valor, son relaciones, no substancias. El capital tiende a acumularse o a perecer. Si está condenado a hundirse en una crisis indefectiblemente o se regenera después de cada crisis mediante mecanismos de destrucción creativa, como decía Schumpeter, son futuribles. De momento está y está en crisis, lo cual obliga a tomar medidas económicas y políticas drásticas que se amparan en reformas jurídicas capaces de garantizar la supervivencia del sistema si en la aplicación de aquellas pasa por turbulencias.

El elemento esencial de la acumulación capitalista, tanto en períodos de abundancia como de carestía, es la  corrupción. La corrupción es inherente al sistema capitalista. También lo era al comunista, pero eso no es ahora un consuelo. La teoría del libre mercado presume la existencia de agentes económicos angélicos, respetuosos con el juego limpio. Si acaso cayeran en malignas tentaciones, se cuenta con un ordenamiento jurídico cuya intervención represiva tiene que ser, al mismo tiempo, eficaz y tan mínima que mejor fuera inexistente. En el mundo ideal de estos relatos son los mecanismos del mercado los que impedirán la competencia desleal. Por la misma razón por la que los burros vuelan.

II.

La única diferencia entre la corrupción de la abundancia y la de la escasez es su publicidad. En épocas de prosperidad hay una especie de equilibrio de Pareto, nadie queda perjudicado, aunque otros acumulen y no trae cuenta denunciar la corrupción. En épocas de escasez, la corrupción se hace más descarnada y suscita mayor rechazo social. Las diferencias de ingresos que en España son abismales indignan al público y encienden los ánimos. ¿Qué otra razón cabe esperar cuando la gente ve cómo señoras y señores con salarios de 10.000 y 20.000€ al mes establecen un salario mínimo de 645,30€ también al mes para los demás?

La gente indignada denuncia. Las denuncias se exponen en los medios. A pesar de una labor denodada de obstrucionismo del gobierno y su partido, los tribunales actúan sobre las denuncias, se abren diligencias, procesos y el país descubre estupefacto que la corrupción es estructural, que afecta al conjunto del sistema político, muy especialmente al partido del gobierno configurado como una presunta sociación de malhechores, y que se extiende a otros sectores sociales, profesionales, empresariales, financieros y de la casa real. La corrupción es sistémica. Durante veinte años, allí donde ha gobernado el PP, ha puesto en marcha una política de saqueo y expolio de lo público que finalmente ha terminado en una orgía de privatizaciones, festoneadas de todo tipo de delitos.

Visto lo visto, el gobierno de Rajoy, con una ministra destituida por su implicación en la corrupción, sostenido por el partido al que el juez hace el mismo reproche que a la ministra dimisionaria y con un presidente él mismo acusado de haber recibido sobresueldos en negro decide recuperar la iniciativa en la lucha contra la corrrupción y presenta su producto más relevante: el portal de la transparencia al que ya la prensa está sacándole los defectos y faltas y el PSOE rechaza porque no contiene las declaraciones de bienes. Muchas de estas cosas se corregirán; otras, no, claro. Pero lo esencial aquí no es si el portal sirve o no, sino qué tipo de información contiene. ¿Trae los sobresueldos? ¿Las malversaciones? ¿Las sobrevaloraciones de costes? ¿Las múltiples formas de corrupción que se dan hasta hoy mismo, las mordidas, las comisiones? Por supuesto que no. Entonces, esta transparencia ¿qué transparenta? No los hechos, sino lo que se va a hacer a partir de ahora. Es decir, es una propuesta de borrón y cuenta nueva presentada por los responsables y beneficiarios del borrón. De risa.

Para que esta escenificación, carísima, seguro, tuviera crédito, debería ir precedida de la dimisión de los responsables de este deplorable estado de cosas, empezando por Rajoy y todos los directa e indirectamente salpicados por la Gürtel, desde Arenas a Cospedal, pasando por Aguirre. Están todos quemados. Y la prueba de que lo están es que el mismo gobierno y partido que presentan ufanos el Portal de la Transparencia son los que impiden que haya una comisión de investigación sobre la gigantesca estafa de Bankia, en la que bien parece que están todos pringados hasta las cejas.  

 

Los dos partidos dinásticos también excluyen de la transparencia las cuentas de la Casa Real. Teniendo en cuenta que el Portal tampoco dará información sobre los 11.000 millones de euros que recibe la Iglesia en transferencia directa y otros tantos por vía indirecta, la verdad es que lo de la transpaerencia es una burla, una especie de juego de trileros. Lógico. Las épocas de corrupción son ricas en vividores, logreros, gentes hábiles para medrar en situaciones dífíciles, siempre al filo de la legalidad y con una capacidad notable de maniobra porque o tienen contacto directo con el poder político o ellos mismos son ese poder político.

III.

La corrupción es actividad propia de vivos, de vivales que, en el caso de España se hace sobre un trasfondo terrible de muertos, de asesinados y enterrados en cualquier parte a lo largo y ancho de la geografía del país. El dato, frecuentemente repetido, de que seamos el segundo país después de Camboya en número de fosas anónimas permite decir que los españoles vivimos literalmente pìsando sobre nuestros muertos. Bueno, sobre los muertos de una parte de nosotros, que preferiríamos no pisarlos, porque a la otra no le importa hacerlo. El país de la corrupción, el reino de los vivos, está edificado sobre el de los muertos y no en el sentido simbólico de la sucesión de las generaciones como las hojas de los árboles, que dice Homero, sino en el más trágico y brutal de que hollamos las sepulturas de quienes están esperando una justicia que nosotros les negamos.

Ayer culminó el Congreso su villanía de dar por abrumadora mayoría la espalda a las víctimes del franquismo. La transición se edificó sobre una ley de amnistía que era de punto final y ahora se camina hacia una especie de ley del olvido. Los muertos, que se habían levantado como espectros judiciales en la Argentina, deben volver a sus fosas y muladares y abandonar toda esperanza. Los vivos están muy ocupados haciendo dinero, a lo que ahora llaman salir de la crisis. El PP ya ha dicho que no piensa retomar la tímida ley de la Memoria Histórica del PSOE ni resarcir a las víctimas del franquismo. No nos hace falta, dice la derecha, una "comisión de la verdad" . Las democracias no tienen "verdades oficiales", dice el senador del PP Muñoz Alonso. Es cierto. La verdad oficial del franquismo la fabricó el propio franquismo, según la cual en las cunetas no hay nadie asesinado y enterrado y tal es la verdad, la única verdad, que la democracia ha heredado. Que eso lo piense Muñoz Alonso, heredero ideológico y defensor de aquella tiranía y lo justifique citando a Orwell es lógico. Que lo piense el PSOE, no.

¡Viva la delincuencia!

A los seis meses de su victoria electoral, Rajoy ha hecho todo lo que dijo que no haría y dejado de hacer lo que aseguró que haría. Lo eligieron para una cosa e hizo la contraria. Su triunfo electoral fue un fraude y, si España fuera un país democrático con solera, la presión ya sería insoportable para que se convocaran elecciones anticipadas a la vista del engaño perpetrado por los que ganaron las anteriores. No hay cuidado, sin embargo, porque ni España tiene solera democrática ni quienes detentan el poder la mínima intención de hacer nada que lo ponga en riesgo. Al contrario, sostienen que su holgada mayoría absoluta es prueba de la confianza de la gente en sus capacidades que les autoriza a hacer lo que les venga en gana y hasta donde les venga en gana.

En esta estafa generalizada a la ciudadanía que es el triunfo electoral del PP destacan con especial relieve dos medidas nunca jamás anunciadas y tomadas en funciòn de su conveniencia económica pero de efectos políticos desastrosos y fundamento moral inexistente que tienen que provocar la indignación general: una, ya adoptada, una amnistía a los defraudadores de Hacienda que, a partir de ahora, podrán lavar sus capitales delictivamente allegados pagando una mordida simbólica del 10%. La otra, en fase de estudio muy avanzado, una modificación de la legislación vigente que cristalizará en otra amnistía a todas las edificaciones ilegales de las que España está literalmente erizada a partir de los felices tiempos de la liberalización aznarina del suelo gracias a la cual proliferaron los especuladores que produjeron la desastrosa burbuja inmobiliaria y, de paso, destrozaron casi todas las playas. Las dos medidas son un evidente castigo a la población que acata la ley y cumple sus obligaciones con el fisco y un premio a los defraudadores, estafadores y delincuentes de toda laya en los que los gobernantes, probablemente, reconocen a sus pares.

¿Se entiende por qué los neoliberales insisten tanto en la necesidad de "desregular" y de evitar lo que llaman el intervencionismo del Estado? Les molestan las leyes que protegen el bien común y restringen la actividad depredadora del egoísmo individual. Por eso, en cuanto pueden las derogan y premian a los delincuentes. Así, dicen, se fomenta e,l cremiento económico. Y el delito en beneficio de los amigos y seguidores. Para la derecha la política es crear las condiciones óptimas para el enriquecimiento de los suyos a costa de lo que sea, incluso de la miseria de la gente.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

¡Viva la Argentina!

La justicia argentina condenó ayer a cadena perpetua al dictador genocida Jorge Rafael Videla y otros dieciséis asesinos implicados en las matanzas de la dictadura entre 1976 y 1981, esto es, unos treinta años después de los hechos. Aunque la condena se refiere al asesinato de 31 presos en la cárcel de Córdoba, moralmente cubre su responsabilidad por las más de 30.000 muertes de aquella dictadura.

En España, 35 años después de la muerte del presunto genocida Francisco Franco, ni él ni ninguno de sus secuaces y cómplices han sido condenados a nada a pesar de que nadie duda de su responsabilidad y autoría en el asesinato de cientos de miles de sus compatriotas, cuyos huesos afloran hoy de las fosas comunes en que los asesinos quisieron hacerlos desaparecer.

En la Argentina el genocida Jorge Rafael Videla aun deberá comparecer en otros procesos en los que se le acusa del secuestro y robo de niños para entregarlos a familias adictas a su régimen y en los que se piden penas igualmente duras para él.

En España aún no se ha iniciado siquiera un proceso a pesar de que la dictadura del presunto genocida Francisco Franco pudo haber robado y/o secuestrado unos 30.000 niños, hijos de "rojas" y "rojos" (encarcelados, fusilados, desaparecidos) para entregarlos asimismo a familias adeptas al régimen y no sólo como hijos en adopción, sino como criados o esclavos.

En la Argentina se dictó una Ley de Punto Final en 1986 que, junto a la amnistía dictada por el presidente Saul Menem en 1990, exoneraba de responsabilidad a los asesinos y genocidas de la Junta Militar, empezando por Videla, que ya había sido condenado a otras cadenas perpetuas en 1985. Toda esa llamada legislación de impunidad fue anulada por inconstitucional por el Tribunal Supremo de la Argentina.

En España, una Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, so pretexto de amnistiar los "delitos" cometidos por los opositores al régimen del presunto genocida Franco, significó de hecho la impunidad para todos los asesinos, secuestradores y torturadores de su régimen, empezando por él mismo. Hasta la fecha ningún tribunal de justicia ha osado cuestionar esta ley y mucho menos declararla inconstitucional. Al contrario, en virtud de una interpretación moralmente repugnante de su contenido, todavía hoy sirve para impedir que se haga justicia con los crímenes de la dictadura de Franco.

En la Argentina, a día de hoy, prácticamente nadie sale en defensa del genocida Videla y sus esbirros salvo, naturalmente, sus familiares y allegados más directos.

En España, el supuesto genocida Francisco Franco y sus compinches, siguen teniendo numerosos y vociferantes partidarios, dando nombre a muchas calles y plazas, recibiendo honras religiosas de curas simpatizantes con el genocidio, ocupando lugares de respeto que no les corresponden y siendo objeto de culto por alguna Fundación en su memoria que recibe dineros públicos.

En la Argentina ningún partido sale en defensa de los genocidas de la Junta militar.

En España, el partido heredero del franquismo, fundado por un ex-ministro del presunto genocida, ampara la memoria de éste y no condena su régimen, al que algunos de los más necios califican de tiempo de "extraordinaria placidez", una placidez fundada en la tortura, el asesinato, el robo de niños, etc..

En la Argentina no se persigue a los jueces que investigan los crímenes de la Dictadura y pretenden procesar a los responsables.

En España son los propios jueces los que persiguen a los jueces que pretenden hacer justicia respecto a los crímenes de la Dictadura, tanto los de genocidio como los secuestros y robos de niños. Y lo hacen a instancias de los herederos espirituales, beneficiarios y secuaces de la Dictadura.

En la Argentina se hace justicia.

En España se hace injusticia y el crimen queda impune.

(La primera imagen es una foto de 20 Minutos; la segunda, de Pablo Flores, ambas bajo licencia de Creative Commons y Wikimedia Commons).