La justicia argentina condenó ayer a cadena perpetua al dictador genocida Jorge Rafael Videla y otros dieciséis asesinos implicados en las matanzas de la dictadura entre 1976 y 1981, esto es, unos treinta años después de los hechos. Aunque la condena se refiere al asesinato de 31 presos en la cárcel de Córdoba, moralmente cubre su responsabilidad por las más de 30.000 muertes de aquella dictadura.
En España, 35 años después de la muerte del presunto genocida Francisco Franco, ni él ni ninguno de sus secuaces y cómplices han sido condenados a nada a pesar de que nadie duda de su responsabilidad y autoría en el asesinato de cientos de miles de sus compatriotas, cuyos huesos afloran hoy de las fosas comunes en que los asesinos quisieron hacerlos desaparecer.
En la Argentina el genocida Jorge Rafael Videla aun deberá comparecer en otros procesos en los que se le acusa del secuestro y robo de niños para entregarlos a familias adictas a su régimen y en los que se piden penas igualmente duras para él.
En España aún no se ha iniciado siquiera un proceso a pesar de que la dictadura del presunto genocida Francisco Franco pudo haber robado y/o secuestrado unos 30.000 niños, hijos de "rojas" y "rojos" (encarcelados, fusilados, desaparecidos) para entregarlos asimismo a familias adeptas al régimen y no sólo como hijos en adopción, sino como criados o esclavos.
En la Argentina se dictó una Ley de Punto Final en 1986 que, junto a la amnistía dictada por el presidente Saul Menem en 1990, exoneraba de responsabilidad a los asesinos y genocidas de la Junta Militar, empezando por Videla, que ya había sido condenado a otras cadenas perpetuas en 1985. Toda esa llamada legislación de impunidad fue anulada por inconstitucional por el Tribunal Supremo de la Argentina.
En España, una Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, so pretexto de amnistiar los "delitos" cometidos por los opositores al régimen del presunto genocida Franco, significó de hecho la impunidad para todos los asesinos, secuestradores y torturadores de su régimen, empezando por él mismo. Hasta la fecha ningún tribunal de justicia ha osado cuestionar esta ley y mucho menos declararla inconstitucional. Al contrario, en virtud de una interpretación moralmente repugnante de su contenido, todavía hoy sirve para impedir que se haga justicia con los crímenes de la dictadura de Franco.
En la Argentina, a día de hoy, prácticamente nadie sale en defensa del genocida Videla y sus esbirros salvo, naturalmente, sus familiares y allegados más directos.
En España, el supuesto genocida Francisco Franco y sus compinches, siguen teniendo numerosos y vociferantes partidarios, dando nombre a muchas calles y plazas, recibiendo honras religiosas de curas simpatizantes con el genocidio, ocupando lugares de respeto que no les corresponden y siendo objeto de culto por alguna Fundación en su memoria que recibe dineros públicos.
En la Argentina ningún partido sale en defensa de los genocidas de la Junta militar.
En España, el partido heredero del franquismo, fundado por un ex-ministro del presunto genocida, ampara la memoria de éste y no condena su régimen, al que algunos de los más necios califican de tiempo de "extraordinaria placidez", una placidez fundada en la tortura, el asesinato, el robo de niños, etc..
En la Argentina no se persigue a los jueces que investigan los crímenes de la Dictadura y pretenden procesar a los responsables.
En España son los propios jueces los que persiguen a los jueces que pretenden hacer justicia respecto a los crímenes de la Dictadura, tanto los de genocidio como los secuestros y robos de niños. Y lo hacen a instancias de los herederos espirituales, beneficiarios y secuaces de la Dictadura.
En la Argentina se hace justicia.
En España se hace injusticia y el crimen queda impune.
(La primera imagen es una foto de 20 Minutos; la segunda, de Pablo Flores, ambas bajo licencia de Creative Commons y Wikimedia Commons).
