A los seis meses de su victoria electoral, Rajoy ha hecho todo lo que dijo que no haría y dejado de hacer lo que aseguró que haría. Lo eligieron para una cosa e hizo la contraria. Su triunfo electoral fue un fraude y, si España fuera un país democrático con solera, la presión ya sería insoportable para que se convocaran elecciones anticipadas a la vista del engaño perpetrado por los que ganaron las anteriores. No hay cuidado, sin embargo, porque ni España tiene solera democrática ni quienes detentan el poder la mínima intención de hacer nada que lo ponga en riesgo. Al contrario, sostienen que su holgada mayoría absoluta es prueba de la confianza de la gente en sus capacidades que les autoriza a hacer lo que les venga en gana y hasta donde les venga en gana.
En esta estafa generalizada a la ciudadanía que es el triunfo electoral del PP destacan con especial relieve dos medidas nunca jamás anunciadas y tomadas en funciòn de su conveniencia económica pero de efectos políticos desastrosos y fundamento moral inexistente que tienen que provocar la indignación general: una, ya adoptada, una amnistía a los defraudadores de Hacienda que, a partir de ahora, podrán lavar sus capitales delictivamente allegados pagando una mordida simbólica del 10%. La otra, en fase de estudio muy avanzado, una modificación de la legislación vigente que cristalizará en otra amnistía a todas las edificaciones ilegales de las que España está literalmente erizada a partir de los felices tiempos de la liberalización aznarina del suelo gracias a la cual proliferaron los especuladores que produjeron la desastrosa burbuja inmobiliaria y, de paso, destrozaron casi todas las playas. Las dos medidas son un evidente castigo a la población que acata la ley y cumple sus obligaciones con el fisco y un premio a los defraudadores, estafadores y delincuentes de toda laya en los que los gobernantes, probablemente, reconocen a sus pares.
¿Se entiende por qué los neoliberales insisten tanto en la necesidad de "desregular" y de evitar lo que llaman el intervencionismo del Estado? Les molestan las leyes que protegen el bien común y restringen la actividad depredadora del egoísmo individual. Por eso, en cuanto pueden las derogan y premian a los delincuentes. Así, dicen, se fomenta e,l cremiento económico. Y el delito en beneficio de los amigos y seguidores. Para la derecha la política es crear las condiciones óptimas para el enriquecimiento de los suyos a costa de lo que sea, incluso de la miseria de la gente.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).