Finalmente, Palinuro estuvo en la Puerta del Sol, disciplinadamente, como se le había dicho, a la muy lorquiana hora de las cinco de la tarde. Pero solo le dieron paso a las seis y media. Durante todo el día los dioses fueron magnánimos con la jornada de la Uni en la calle y nos regalaron un día soleado. No obstante, entre seis y media y ocho y media ya se notaba el relente. Pero allí aguantamos estoicamente un montón de personal hablando de nuestros asuntos y preocupaciones. Muchas gracias a quienes asistieron. Hacía siglos que no me sentía hermanado con tanta y tan diversa gente. Aprendí mucho y traté de enseñar lo poco que sé.
El tema desarrollado, perfectamente quodlibetal, era Legalidad, legitimidad y desobediencia: una actualización. Ahorro al lector las consideraciones históricas y las teóricas. Las primeras destinadas a rastrear los orígenes de la cuestión de la legitimidad del poder a partir de las guerras de religión del siglo XVI, el derecho de resistencia y su forma extrema en el tiranicidio, preconizado a ambos lados de las trincheras confesionales por hugonotes y jesuitas. Para acabar en el asentamiento de la desobediencia civil en los siglos XIX y XX. Las segundas, las teóricas, destinadas a reconsiderar los debates sobre el binomio legalidad-legitimidad en torno al positivismo jurídico y sobre la justificación de la desobediencia civil por razones morales amparada en la no violencia.
Así que me referiré a la tercera parte, la actualización de la doctrina al aquí y ahora. Según la teoría clásica del derecho de resistencia, la ilegitimidad del poder puede ser bien de origen, bien de ejercicio y, desde luego, ambas a la vez. Siempre desde ese punto de vista clásico, el gobierno de Rajoy tiene una ilegitimidad de origen pues alcanzó el poder mintiendo sobre su programa electoral, por medios moralmente repudiables por fraudulentos. Ciertamente, cabe alcanzar el poder de muchos modos, incluida la espada o el engaño. Pero eso no concede legitimidad a su uso. Al contrario, se la resta. El gobierno de Rajoy es también ilegítimo por ejercicio. Sus medidas son drásticas, nocivas para los intereses de la mayoría y el bien común, arbitrarias, en muchos casos caciquiles, autoritarias y sospechosas a veces de obstaculizar el deber de rendición pública de cuentas de las autoridades o, incluso, de encubrir presuntos delitos y delincuentes presuntos. Don Presunto Bárcenas, por ejemplo.
Cuando el poder es ilegítimo de origen y ejercicio, es tiránico, y asiste a la población un derecho de resistencia. Esta se articula como desobediencia civil, una actividad de oposición a una autoridad ilegítima y a sus leyes inicuas. Algo que viene ya de atrás bajo la forma de movimientos cívicos de protesta a los que más tarde se llamaría indignados para aprovechar el tirón mediático del título de Hessel. Un movimiento cívico que ha tomado los espacios públicos de muchas ciudades españolas y va adquiriendo la forma de una insubordinación general. Una marea (muchas mareas) que surge espontánea del fondo de la ciudadanía coordinada a través de las redes y dispuesta a relegitimar el debate político en el ágora pública, en substitución del de las instituciones que primero lo secuestraron y después, lo envilecieron.
Es un movimiento al margen de los partidos, de las instituciones, de los medios, de la iglesia y, por supuesto, de la banca. Mana de sí mismo. Su fuerza reside en su carácter pacífico y en su crítica moral a un sistema que todo el mundo, incluido él, considera corrupto sin remedio. Ello explica por qué goza de tanto apoyo en la opinión pública y resiste todas las campañas de desprestigio.
El poder, sin embargo, cada vez más ciego a fuer de asustado, reacciona con represión, autoritarismo y violencia. No quiere ver en el movimiento sino un problema de orden público que es preciso resolver por medios expeditivos. Pero el problema vuelve y vuelve y vuelve. Ya no es posible parar a la gente solo con la policía. Aparte del problema de cuánto tiempo vaya a seguir la policía reprimiendo con tanta dureza a una ciudadanía que protesta ante la injusticia. Una gobierno ilegítimo solo puede mantenerse por la represión. Pero eso no es admisible en una democracia que descansa sobre el principio lockeano del gobierno por consentimiendo de los gobernados.
Si los gobernados ya no consienten, habrá que hacer algo.
La imagen es una foto de Miguel G. Madariaga, quien me ha cedido su uso. Muchas gracias, Miguel. Supongo que no tienes inconveniente en que la pongamos en Creative Commons), por supuesto, siempre citándote a ti; no a mí.
