Dice el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal Arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que los colegios que impartan la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía (EpC) estarán "colaborando con el mal". La Iglesia católica no desiste en su enconada lucha contra la innovación en la enseñanza sino que, al contrario, intensifica su oposición con manifestaciones más y más agresivas. No sería de extrañar que a la vuelta del verano amenace con excomulgar a quienes impartan la diabólica materia, consistente en explicar a los chavales cómo deben convivir en una sociedad abierta, mestiza y libre en la que es forzoso respetar a los demás. Vamos a ver si entendemos esta repentina furia eclesial contra algo que, a primera vista, parece bastante sensato.
Para ello no incurriré en la socorrida práctica de negar autoridad a la jerarquía para pronunciarse sobre asuntos de interés público a causa de su sórdido pasado pues si alguien se ha distinguido en el mundo por perseguir a los disidentes, forzar las conciencias individuales, obligar bajo pena de muerte a profesar unas creencias en lugar de otras y demás barbaridades, ha sido precisamente la Iglesia católica. No lo haré, pero no está nunca de más recordarlo. Porque cuando monseñor Cañizares habla de que la asignatura de EpC violenta la conciencia moral de los niños y adolescentes lo hace a la sombra de una ejecutoria de veinte siglos de lucha contra la libertad de conciencia.
El argumento de la Conferencia Episcopal para ir contra EpC es que la materia, además de contenidos sobre la Constitución, los derechos humanos, el pluralismo cultural de nuestra sociedad, a los que dice no objetar, invade terrenos de la formación de la conciencia individual, de la moral personal, como cuando aborda los distintos modelos de familia, el homosexualismo o la regulación de la natalidad. La distinción, sin embargo, es falaz. Las cuestiones sobre la familia, la homosexualidad, etc. tienen una doble naturaleza, pues son aspectos de organización de nuestra sociedad y de convivencia cívica al tiempo que están abiertas al juicio moral de cada cual. En realidad, eso mismo pasa también con los temas que la Iglesia dice aceptar como "más asépticos". Nadie está obligado a hacer suyos los preceptos de la Constitución. Todo lo que se pide a los ciudadanos es que la acaten y la cumplan, pero no que sean sus partidarios o no traten de cambiarla por otra. Lo mismo sucede con esas cuestiones que Monseñor Cañizares considera estrictamente individuales y quiere reservar para su organización eclesiástica. No se pide a nadie que simpatice con los homosexuales masculinos o femeninos, pero sí que se respete la libertad de opción de cada cual. No se impone a nadie un tipo específico de familia, pero sí que se respeten todas sus formas.
Monseñor Cañizares acusa a las autoridades de intentar propagar una "moral laica". No se ve qué hay de malo en ello. Es claro que los obispos añoran aquellos felices tiempos en que los gobernantes imponían el catolicismo en todos los aspectos de la vida civil, desde el nacimiento a la defunción a cristazo limpio. En una democracia ¿qué otra cosa puede hacer el Estado que propagar una moral (cívica) laica?
Por lo demás, ayer, un diputado del PP, firme baluarte de la Iglesia católica en su lucha contra la libertad, el señor Martínez Pujalte protagonizó uno de sus espectáculos favoritos de chulería, bronca y agresividad en el Congreso precisamente a cuenta de la materia EpC que el PP quiere suprimir. El señor Pujalte montó la bronca cuando hablaba la diputada de ERC, señora Laia Cañigueral. Cuando ésta pudo volver al uso de la palabra, luego de las interrupciones del señor Pujalte, dijo que los diputados del PP tendrían que haber cursado la asignatura.
Muy cierto. Estoy seguro de que cambiarían mucho. Incluido el señor Martínez Pujalte.
