La gran marea ciudadana de ayer en todas las ciudades españolas ya no se deja minusvalorar con cuantificaciones de asistencias, que si 25.000, 250.000 o dos millones. Es una inmensa multitud que ha salido a la calle a protestar contra eso, contra lo que llama un golpe de Estado financiero implementado por un gobierno embustero, ineficaz y bajo fuerte sospecha de corrupción. Un gobierno que está promoviendo una verdadera involución en todos los órdenes. Está rompiendo los consensos básicos, dice Rubalcaba. Se entiende lo que quiere decir: el gobierno está tomando medidas más allá de la mera gestión del orden social, medidas que afectan a la estructura misma de ese orden social, de ese modelo, como se dice. La expresión no es feliz por cuanto tales consensos jamás fueron explícitos. Es mucho más claro hablar de medidas anticonstitucionales. Con independencia de si uno quiere reformarla o no, la Constitución incorpora todos los consensos reales. La acusación es que las medidas son materialmente anticonstitucionales. Es decir, respetan el tenor literal del Constitución pero la vacían de contenido. Es una mutación constitucional, un ataque a la constitución material del país.
Frente a esta situación la gran marea tiene un enorme significado. Es una respuesta del conjunto de la sociedad civil, esa que invocan permanentemente los neoliberales. Y lo es porque a las manifestaciones en las que concurren los trabajadores, los sindicatos, los parados, los pensionistas, se añade el estado de práctica resistencia de estamentos profesionales enteros, como el sanitario, el educativo, el judicial y el de los funcionarios en general. Pero, para que ese significado se plasme en la realidad, precisa la acción de un poder político que haya sido receptivo. Y no es el caso. Todo lo contrario: el poder político español es claramente hostil a ese significado.
El gobierno entiende la mayoría absoluta conseguida el 20-N de 2011 como un cheque en blanco por cuatro años. En democracia esto nunca es así y menos aun si ese gobierno ha roto todas sus promesas. Pero esta consideración vuelve a ser simbólica y convencional. El poder dispone del monopolio de la violencia y no se cuida poco o mucho de si es legítimo. Sin duda da respuesta a la movilización ciudadana en dos terrenos al mismo tiempo, el de la ideología y el de la violencia. El primero lo tiene muy descuidado. El intento de deslegitimar la gran marea comparándola con el 23-F de Tejero es tan estúpido que no lo puede mantener ni quien lo formula. Pero revela un carácter, una forma de ver la realidad autoritaria dominante en las autoridades que de democracia tienen solo una pátina.
La verdadera respuesta del gobierno a las manifestaciones, allí donde este se esmera, es la represión. Pero no solo la represión en el juego habitual de la acción-reacción, sino algo más brutal al tiempo que más refinado y que no solamente trata de reprimir sino también de amedrentar, incluso aterrorizar. El hostigamiento permanente de los ciudadanos por la policía, las identificaciones arbitrarias, las cargas injustificadas, las actividades de los agentes provocadores apuntan claramente al objetivo de criminalizar las movilizaciones y asustar a los ciudadanos. Dificultar o impedir el ejercicio de los derechos constitucionales y reprimirlo con medidas sancionadoras que abren procedimientos administrativos y judiciales cuando otro ministro de esta cuerda los ha sembrado de tasas es tiranizar a la población de hecho.
En esta situación, ¿cuál ha de ser la respuesta de la ciudadanía? ¿Cuál la de la oposición? Recuérdese que, salvo circunstancias excepcionales, el sistema solo admite cambios mediante elecciones cada cuatro años. La gran marea, en el fondo, aspira a ser una de esas circunstancias excepcionales, consiguiendo la convocatoria de un proceso constituyente. Pero es un sueño pues no se arbitran los medios para hacerlo realidad. En este asunto en concreto es más verosímil una excepcionalidad por la vía penal. No es impensable que a raíz de los papeles de Bárcenas haya una imputación al presidente del gobierno. Eso sí que seguramente obligaría a cambiar la presidencia, aunque pudiera no ser el caso tampoco. De hecho en el gobierno hay vari@s ministr@s que en cualquier país democrático del mundo habrían dimitido catorce veces.
Entre tanto, ¿qué hacer? Las mareas parecen decididas a seguir y a mantener la beligerancia frente al poder político. El PSOE, por su parte, se ha embarcado en una tarea de reflexión para, según parece, dotarse de un cuerpo nuevo de doctrina en una conferencia política en octubre próximo. Una especie de recapitulación de la acción del partido y hasta del mismo partido. Un intento de hacer una oferta más acorde con los tiempos, para lo cual se propone recabar información de la sociedad civil. Precisamente de esa que vive movilizada, pero con la que no parece tener mucho contacto. Recaba información, sí y no está mal. Pero la mejor manera de informarse es participando y no solo acopiando información para destilar después una teoría. Interaccionando con el movimiento según se produce.
Y ahí es donde la ausencia del PSOE es clamorosa. La práctica inexistencia de la oposición socialista, que no consigue quitarse de encima el injusto sambenito de PPSOE, se hizo patente en el debate sobre el estado de la nación. La intervención de Rajoy fue tan vacua, ambigua y falsa como siempre. La de Rubalcaba más centrada, moderada y de nivel europeo. Pero anodina. El CIS levanta acta del resultado: el socialista ha perdido el debate frente a Rajoy ¡por 26,9 puntos!. Puede parecer injusto, pero esto interpela directamente a Rubalcaba. La gente lo quiere menos que a su adversario.
Sin duda un partido es más que su líder, sobre todo uno tan antiguo como el PSOE. Pero es también su líder en una época como esta caracterizada por dos notas especialmente negativas para la actual dirección socialista: de un lado, es la era mediática y en ella la imagen cuenta mucho; de otro, por ser mediática, es también la de la hemeroteca. Aparte de un serio problema de imagen, Rubalcaba lo tiene de crédito por cuanto fue ministro en los gobiernos de Zapatero, sobre todo en el segundo, en los que el PSOE hizo unas cosas y dejó de hacer otras por las que ahora se autocritica. Ciertamente, es encomiable que el secretario general reconozca los errores pasados y se arrepienta de ellos. Pero recuérdese que, según Spinoza, el arrepentimiento no es una virtud, porque no nace de la razón.
