Hubo un tiempo en España que duró cerca de cuarenta años en el que las escuelas, cuyas aulas tenían el aspecto que se ve a la izquierda, impartían dos asignaturas obligatorias, una de religión (católica a machamartillo, claro está) y otra llamada de Formación del Espíritu Nacional que era simple doctrina fascista más o menos adaptada a las realidades de Carpetovetonia. Obligatorias quería decir obligatorias. Y se impartían a lo largo de todo el proceso educativo, desde la enseñanza primaria ¡hasta la Universidad! Cuando empecé la carrera, las "tres marías", religión, política y gimnasia, seguían siendo obligatorias; por supuesto las clases ya no se daban pero las asignaturas había que pasarlas. Supongo que algún oscuro funcionario firmaría las papeletas de aprobados en su covacha. Pero allí seguían las materias de adoctrinamiento ideológico. Nadie podía objetar a este abuso. Nadie plantear algo parecido a la "objeción de conciencia". Eso era impensable en un país en el que era obligatorio bautizar a los críos en la Iglesia católica, obligatorio que hicieran la primera comunión, obligatorio casarse por lo eclesiástico. Aquí era obligatorio todo y nadie daba un ardite por quien tuviera convicciones distintas o no tuviera ninguna.
Resulta que los beneficiarios directos de aquella situación de insulto y trágala permanente a la ciudadanía y los herederos de los beneficiarios directos, la Iglesia católica y el partido de la derecha, PP, saltan ahora en contra de la asignatura Educación para la ciudadanía (EpC) esgrimiendo la razón de que es anticonstitucional porque coarta la libertad de los padres a escoger la educación moral que deseen para sus hijos, porque va en contra de las convicciones de la gente. Y animan a los ciudadanos a desobedecer la ley recurriendo a una forma torticera de objeción de conciencia, amparada en razonamientos de rábulas.
Y no se les cae la cara de vergüenza.
No, no se les cae la cara de vergüenza porque no la tienen. Piénsese en que esta Iglesia que truena contra EpC (hace poco decía Monseñor Cañizares que quienes impartan esa materia colaborarán con el maligno) no solamente tiene a la espalda aquel vergonzoso pasado de meter sus dogmas a cristazos en la cabeza de los niños sino que hoy día sigue defendiendo lo mismo. Porque es esa Iglesia que se opone al "adoctrinamiento" de EpC la que insiste en que la asignatura de religión, de su religión, sea obligatoria en la escuela. Es decir no solamente mienten los curas al hablar de adoctrinamiento en EpC cuando los que adoctrinan son ellos sino que además están intentando una maniobra fraudulenta para conservar su poder en el sistema educativo y con el poder, claro, el dinero.
En cuanto al PP, siempre alineado con lo más retrógrado de la jerarquía, ha forzado un frente común de sus gobiernos en las Comunidades Autónomas (CCAA) basada en una Declaración del Partido Popular sobre Educación para la ciudadanía que es un monumento a la mistificación y la falsedad. Sostiene el PP que hay sentencias judiciales distintas respecto a la objeción de conciencia a EpC. Se refiere a que mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo admitió en célebre sentencia ya recurrida, los de Cataluña y Asturias no lo hicieron y también están recurridos en casación. Dada la situación pide no implantar la asignatura a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo unificando doctrina; es decir, está pidiendo a los gobiernos de las CCAA en que gobierna que incumplan la ley como en parte ya lo hacen el de Valencia y el de Madrid. La existencia de discrepancias en la llamada "jurisprudencia menor" no es invocable para justificar un incumplimiento de la ley y es esta una actitud ilícita que debiera ser objeto de sanción en los tribunales. Un partido no puede llamar a unos gobiernos autonómicos a quebrantar la ley.
La EpC es una asignatura puesta en marcha en cumplimiento de un mandato de la UE de 2002 y que, además, existe en los planes de estudio de todos los sistemas educativos europeos y no europeos medianamente avanzados. Se llama Civic culture en el ámbito anglosajón, Éducation civique en Francia, Educazione civica en Italia, Sozialkunde o Politische Bildung en Alemania, etc. Es más, la Agencia estadounidense USAID, dedicada a promover el desarrollo y la modernización de países del Tercer Mundo tiene un programa específico destinado a implantar civic culture en los sistemas educativos de estos países. Se trata de algo elemental que todo el mundo que no esté movido por los sórdidos intereses de conservar sus privilegios entiende: los chavales tienen que saber cómo funcionan las normas de convivencia del lugar en el que han nacido y están criándose, deben saber cuáles son sus derechos, cuáles los de los demás (que limitan los suyos) qué funciones cumplen las instituciones y qué opciones tendrán ellos para moverse por la vida cuando les llegue el momento.
El pretexto que invocan para fomentar el incumplimiento de la ley es la objeción de conciencia. La verdad es que la jurisprudencia española en esta materia no es brillante. Pillados en bajos momentos tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional salieron del paso como pudieron en ocasiones anteriores (incluso con sentencias contradictorias) pero básicamente reconociendo el derecho a la objeción de conciencia a tenor del art. 16 de la Constitución. No voy a meterme en muchas honduras.
Las innumerables páginas web de los enemigos de EpC en las que se anima a la gente a hacer objeción de conciencia suelen argumentar que ésta está amparada por la jurisprudencia y que además no equivale a una desobediencia civil. Es evidente que la objeción de conciencia tiene dos tratamientos distintos en el orden legislativo y en el judicial. En el primero no hay nada que objetar cuando el legislador regula dicha práctica en situaciones concretas y para hechos específicos, por ejemplo, la ley de objeción de conciencia al servicio militar. En el segundo, los tribunales tienen la difícil tarea de dilucidar el recurso a la objeción de conciencia en casos en que no esté específicamente prevista. Y aquí habrán de ser los jueces quienes determinen a) si la objeción invocada está fundamentada en un riesgo real de quebranto de las convicciones morales del sujeto (que no es el caso de EpC) y b) si al ejercitar la objeción de conciencia no se lesionan derechos de terceros (en el caso de la EpC los de los niños a recibir una nuena educación) pues son los tribunales quienes deben zanjar los conflictos entre derechos. Pero no sustituir al legislador, siendo éste quien ha de regular de modo específico si asiste a los ciudadanos el derecho a objetar al cumplimiento de una ley arbitrando los medios necesarios para no perjudicar los derechos de terceros. Pero, en principio no existe ni puede existir un supuesto derecho genérico a desobedecer la ley pretextando razones de conciencia porque, en tal caso el fundamento mismo de la ley se viene abajo.
Precisamente aquí es donde resulta relevante ese especioso argumento del PP de que la objeción de conciencia no equivale a la desobediencia civil. Soy partidario de esta última práctica y creo conocerla bien, incluso publiqué un libro sobre ella hace ahora veinte años, Resistencia y desobediencia civil Madrid, Eudema, 1987. Y una de las formas de aquilatar en qué medida la objeción de conciencia es legítima es aplicarle el cedazo de la desobediencia civil consistente en que alguien quebrante públicamente una norma y acepte el castigo que ello conlleva por razones de conciencia y en la esperanza de que esto constituya un ejemplo que mueva al legislador a cambiar la ley considerada inicua o a arbitrar un derecho de objeción a esa ley. El intento de desvincular la objeción de conciencia de la desobedienca civil es el de garantizar al objetor que la objeción le salga "gratis" a efectos de que el comportamiento se generalice y, de esta forma, se consiga mediante la movilización en la calle lo que no se consiguió en sede parlamentaria, esto es, la deregación de una ley en vigor.
Así que no existe un derecho positivo genérico a la objeción de conciencia, salvo el que expresamente reconozcan las leyes y menos se puede pedir a las autoridades que incumplan la ley a causa de la existencia de "jurisprudencia menor" conflictiva.
