Pero como potros salvajes. Todos los jueces y todos los fiscales piden a coro la dimisión del ministro. Ha de ser chungo eso de que te repruebe el Parlamento y, acto seguido, se te subleve la tropa y pida tu dimisión, ahora solo pendiente del paladio de M. Rajoy, el 155. Que no es poca cosa.
Catalá no dimitirá porque tiene una tarea urgente que hacer: legislar en caliente sobre el juicio de "la manada" tras decir dos semanas antes que no se puede legislar en caliente. Sí, en efecto, es de pena. Pero todo en este ministro es de pena (no de lo penal sino de lo jondo), de asombro y chirigota. Eso de acusar con el dedo al magistrado discrepante lo deja a la altura del betún.
Y en la altura del betún lo increpa el presidente del CGPJ, pidiéndole que no haga una "utilización política" de la justicia. Algo pasmoso por dos razones: 1ª) porque, siendo ministro, está justo para eso, para utilizar políticamente la justicia y es lo que hace; 2ª) quien está para que evitar que alguien, quien sea, hasta los mismos tribunales, haga un uso político de la justicia es, precisamente el CGPJ. Y en esto, la verdad, es que su expediente es negativo. La judicialización del procés catalán ha politizado la justicia de forma que lo que hoy pasa por tal en España es una especie de causa general política contra el independentismo disfrazada de proceso penal en el que los jueces tratan de ahormar sus prejuicios políticos en normas jurídicas, fabulando sobre los hechos.
La única solución a este desbarajuste es suspender todas las acciones penales y persecutorias en general, restablecer el gobierno legítimo de la Generalitat y entablar un proceso de negociación de igual a igual, Catalunya-España. Como sucedió con el Estatuto de la II República, aunque más formalmente.
