Entre los grandes empresarios españoles y los europeos hay un punto de identidad: todos quieren maximizar sus beneficios. Lo demás, son diferencias. Los españoles tratan de maximizarlos a costa de lo que sea, sin escrúpulos, despojando de sus derechos a los trabajadores si se puede; los europeos no tanto o mucho menos.
Los empresarios europeos empiezan a trabajar y arriesgar con márgenes de beneficios entre el tres y el cinco por ciento; los españoles no se mueven por menos del quince al veinte por ciento. Y garantizados: los europeos arriesgan; los españoles, no. Los europeos invierten en investigación, innovación y desarrollo (i + i + d); los españoles, no. Basta con echar una ojeada a los registros de patentes; en dónde se trabaja bajo licencia y en dónde no.
Los empresarios europeos hacen honor a su nombre y emprenden; los españoles, no. Van a lo seguro (o lo que creen seguro, que tampoco son unas águilas), como el ladrillo; pero no abren líneas nuevas de producción. Un ejemplo: España es el único país europeo importante que carece de coche propio de fabricación nacional. Todo lo que se produce es bajo licencia ajena; hasta el Seat. Y si hay alguna innovación suele ser promovida y amparada con dineros públicos.
Los empresarios españoles parasitan cuanto pueden el Estado del que maldicen, y hacen negocios con el BOE a la vista, refugiados en las subvenciones, los incentivos, las exenciones fiscales, las mamandurrias; los extranjeros, no o mucho menos. Los españoles tienen un poderoso grupo de presión en forma de confederación (CEOE) que disfruta de cuantiosas subvenciones públicas legales y, si pueden, ilegales, pero descalifican a los sindicatos por subvencionados y a los sindicalistas por parásitos. Los extranjeros, no; estos buscan siempre la conciliación con el mundo del trabajo; los españoles buscan la confrontación y la imposición.
Los empresarios españoles ocultan capitales ingentes en paraísos fiscales. El último ejemplo, presunto, por supuesto, el del empresario Iñaki Urdangarín. Los empresarios europeos, que también lo hacen, lo hacen mucho menos y los pillan mucho más. Los empresarios españoles evaden cifras astronómicas de impuestos, miles de millones de euros, según diferentes cálculos, lo cual da lugar a esa indignante situación de que la cantidad media de impuestos que pagan los trabajadores sea superior a la de los empresarios (y profesiones liberales), que es sangrante; los empresarios europeos tienen una mucho mayor conciencia fiscal.
Los empresarios españoles pretenden explotar a los trabajadores, pagarles salaríos ínfimos, despedirlos libremente, negarles seguridades contractuales, sujetarlos a la incertidumbre y mantenerlos indefensos frente a las arbitrariedades de la jefatura. Los empresarios extranjeros, que también tienen esta tendencia, se moderan mucho más. Incluso cuando los españoles piden imitar a los extranjeros lo hacen en detrimento de sus propios trabajadores. La petición de vincular los aumentos salariales a la productividad, como en Alemania, pasa por alto que la productividad es un factor que depende sobre todo de la acertada práctica empresarial; que en Alemania es alta y en España, baja.
En resumen, los empresarios españoles no merecen ese nombre, ni el de emprendedores, sino algún otro, todavía pendiente de formular como se hará cuando quede clara la peculiar peripecia del anterior presidente de la patronal, Díaz Ferrán, experto en concursos de acreedores. No existe un criterio objetivo respecto a qué sea la buena actividad empresarial (la que crea riqueza), a pesar de que hay facultades universitarias dedicadas al estudio de la ciencia empresarial. Tampoco existe, que yo sepa, una escala de categoría y calidad de los empresarios europeos, aunque hoy día se mida el rendimiento de prácticamente todo. No obstante, no es exagerado aventurar que, si existiera, los empresarios españoles ocuparían lugares modestos. Ni siquiera descuellan como financiadores de empresas benéficas o culturales, como podrían hacerlo ya que invierten poco o nada en la modernización de sus negocios. No, no se merecen el nombre de empresarios, al menos en el registro de los ciudadanos a los que la colectividad deba estar agradecida.
A pesar de ello, están todo el día predicando, diciendo a la gente lo que tiene que hacer que es básicamente someterse a sus dictados de explotación. Y lo hacen con pretensiones dogmáticas, haciendo pasar por conclusiones razonables un mazo de topicazos y prejuicios que tratan de favorecer sus intereses y lesionar los de la colectividad. El último ejemplo, el de los irritantes propósitos del jefe Juan Rosell sobre los funcionarios. No es preciso detenerse a demostrar que sus presupuestos y conclusiones son falsos, pues ya lo han hecho voces más autorizadas que la de Palinuro, como la de Juan Torres López, catedrático de Economía aplicada, en un post en su blog Ganas de escribir, titulado En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren.
Como esto no se oculta a los empresarios, conviene indagar los designios por los que hacen tan desconsideradas reclamaciones y que son: a) acabar con los restos del Estado del bienestar, privándolo de personal que lo gestione y aprovechándose de los caudales que así se ahorrarán; b) suprimir el viejo principio de la intervención reguladora y redistributiva de los poderes públicos, vinculado a la idea hegeliana del Estado como incorporación de la eticidad. Nada de eticidad; en la sociedad, que rija la ley del más fuerte; c) eliminar funcionarios y no sólo los de la caricatura de los manguitos sino tambièn en otros órdenes vinculados a la vigilancia de la legalidad en la actividad mercantil, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, jueces, fiscales, sobre todo los anticorrupción, etc. A cambio, deben ampliarse los funcionarios de prisiones y los cuerpos de seguridad, para contener a la chusma; d) incrementar el paro -que es el medio ideal de chantaje, casi terrorista de los empresarios sobre los trabajadores- porque permite forzar el descenso generalizado de los salarios y el aumento de las jornadas, hasta llegar a esa situación ideal de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar todo el día por nada; e) suprimir la base de seguridad en el empleo de un colectivo que tradicionalmente la ha tenido a cambio de sus bajos salarios y someterlo a la situación de precariedad e inseguridad en que tiene a los trabajadores del sector privado cuando debiera ser al revés, esto es, consolidar y asegurar la posición de estos; f) amedrentar a los trabajadores públicos sometiéndolos a la arbitrariedad de los políticos de turno y restablecer la institución de los cesantes, que tanto propicia el caquisimo y la corrupción, práctica inveterada del empresariado español, como puede verse en el caso de la Gürtel.
En una sociedad ilustrada, avanzada, integrada y moderna, el capital es una relación social (Marx) y la propiedad cumple una función de interés general (Papa León XIII), es decir, la actividad empresarial se hace un contexto de responsabilidad social en el que el conjunto de la colectividad tiene derecho a pedir cuentas a los empresarios del uso que hacen de sus favorables condiciones; porque la propiedad no es absoluta, sino que está sujeta al interés social. Y en el entendimiento, además, de que serán tratados como ellos tratan a los demás y medidos con la misma vara.
Se entiende porqué Palinuro propugna que, así como los empresarios se arrogan el derecho a juzgar sobre la calidad del trabajo y el rendimiento de los funcionarios y los trabajadores en general, la sociedad haga lo mismo con el trabajo de los empresarios. Que si los funcionarios y trabajadores son despedidos, los empresarios incumplidores sean expropiados. Y, cuando delincan, cosa nada infrecuente, que vayan a la cárcel y el Gobierno no los indulte. Es un principio de justicia.
(La imagen es una foto de Izquierda Unida, bajo licencia de Creative Commons.
