A tenor de las últimas declaraciones de los dirigentes políticos populares y de las medidas adoptadas por los gobiernos autonómicos de la derecha en los cien primeros días de sus mandatos, algo más en el caso de CiU, ya va quedando claro el contenido del programa que tan celosamente guardaba Mariano Rajoy y por lo tanto lo que espera a los españoles si éste gana las elecciones, especialmente si lo hace por mayoría absoluta. A la vista de lo visto, escuchado y leído cabe suponer que el PP congelará o bajará las pensiones y congelará o bajará el sueldo de los funcionarios. Eso es lo que significa condicionar la medida a cómo sea la coyuntura económica cuenta habida de que el ser de la coyuntura económica es una materia altamente subjetiva y opinable.
Igualmente va a retirar el impuesto sobre el patrimonio, dejar intacta la progresividad del impuesto sobre la renta, reducir el de sociedades, dejar como están el fraude fiscal y la economía sumergida, y aumentar los demás impuestos, empezando por el IVA. Todo ello según la absurda e ilógica teoría de que cuanto más ricos sean los ricos, más ricos serán los pobres, cosa que ha resultado siempre falsa.
Insistirá en la liberalización del suelo para reproducir la burbuja inmobiliaria y así enriquecer más a los ricos a riesgo de otra crisis. No tiene la menor intención de erradicar la corrupción y los códigos éticos son papel mojado antes de ver la luz.
Va a acometer una reforma laboral más dura, empeorar las condiciones de jubilación y arremeter contra los sindicatos bajo la excusa de que estos ejercen un poder desorbitado y son nidos de corrupción a cuenta de los caudales públicos. Porque quiere introducir prácticas autoritarias en los centros de trabajo, en los educativos, en la administración en general contando con que la inseguridad de la población la amansará. El restablecimiento de la autoridad y el orden será un hecho y los indignados pueden ir preparándose, pues no podrán dar el golpe de Estado contra el que previene Aguirre.
Va a recortar y reducir la educación y la sanidad, como ya ha sucedido en Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y lleva años sucediendo en Valencia. Pretende introducir lo que llama el copago que no es otra cosa que obligar a los usuarios de los servicios públicos a pagar dos veces por ellos. Quizá así, piensa la derecha, se acostumbre la gente a ver que la privatización de esos servicios públicos, que también está en el retortero, es una ventaja y un ahorro.
Pretende derogar la ley de matrimonios homosexuales, la del aborto y dejar en nada (que tampoco es que ahora sea mucho) la Ley de la Memoria Histórica. Por supuesto, no se tocarán las trasferencias de recursos públicos a la iglesia católica ni se reformará la ley electoral. Se acabará la independencia de la Radio Televisión Española, que pasará a estar dirigida y colonizada por ideólogos y comunicadores del partido en el poder como ya lo están en Madrid o Valencia. Un régimen informativo sacado de la experiencia histórica de su inefable presidente de honor, don Manuel Fraga, exministro de Información y Turismo de Franco.
Lo interesante, lo digno de reseña, es cómo un partido que propone esta auténtica involución cuenta con una intención de voto tan abrumadora que le permite avistar la mayoría absoluta. En alguna parte dice Sófocles que hay muchas maravillas en el mundo pero de todas ellas la más portentosa es el hombre. Y eso que no pensaba en el votante.
(La imagen es una foto de Partido Popular de Melilla, bajo licencia de Creative Commons).
