Propone Tomás Gómez reformar la Constitución para, entre otras cosas (supongo), "blindar el sistema público de pensiones". De acuerdo. Pero también el sistema educativo y el sanitario públicos. Sobre todo el segundo por ser esencial ya que, si las pensiones afectan a los jubilados, la salud pública nos afecta a todos.
El sistema público de salud es un pilar fundamental del Estado del bienestar; los otros son el derecho del trabajo, la educación y las clases pasivas. Atacarlos es atacar el Estado, el modelo mismo de la sociedad del bienestar, relativamente pacificada con algunos atisbos de igualdad. Es volver a la sociedad del conflicto, el enfrentamiento, la desigualdad. Está pasando con las políticas del PP, que ya comenzaron con el PSOE. Del derecho del trabajo casi no queda nada, la educación está sufriendo muy duros golpes y los jubilados pierden capacidad adquisitiva.
Pero el más grave hasta la fecha es el ataque al sistema público de salud, con una ferocidad descomunal, probablemente porque lo perpetran las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia. El plan de privatizaciones de Madrid es el mayor golpe que se haya dado hasta la fecha al servicio hospitalario en su conjunto. Llueve, además, sobre mojado, tras los conflictos sectoriales con el profesorado, los estudiantes, los mineros, los funcionarios (incluidos los policías), los desahuciados, los jueces, los trabajadores, etc.
Pero este conflicto de la sanidad es mucho más grave porque afecta a un derecho que la población tiene muy interiorizado y se vive con mucha más alarma e irritación, después del euro por receta y el repago de los medicamentos. Añádase a ello que el colectivo sanitario español en su conjunto seguramente es el que más prestigio tiene, el más valorado por la población. Y con justicia. Durante años las autoridades han presumido de que teníamos el mejor servicio de salud pública de Europa, con profesionales de renombre mundial y personal auxiliar de entrega absoluta. Un servicio de primer orden. Público. La gente lo sabe y muestra un apoyo cerrado a la huelga de personal sanitario que afecta a todos sus servicios, categorías y estamentos. Esta ha tenido un seguimiento entre el 80 y el 85%, según los organizadores, aunque la consejería correspondiente, en uso de su derecho a contar como la gobernadora Cifuentes cuando cuenta las manifestaciones que no le gustan, la reduce al 26,5%. Hasta le pone un decimal por lo de la verosimilitud.
El gobierno tiene un problema de primer orden por cuanto no es competente y puede chocar con los autonómicos de su propio partido, encontrándose, al final, con varios modelos de servicios sanitarios según comunidades autónomas. Un problema de primer orden con un colectivo de mucho prestigio, muy combativo y muy apoyado por la población que, con razón, se siente esquilmada.
Viene a la memoria que la señora Thatcher cayó en una sublevación interna de su partido a causa de dos propuestas vistas como muy antisociales: un impuesto de capitación y la privatización del Servicio Nacional de Salud. Obviamente, no hay similitud alguna en los otros datos. Thatcher llevaba once años en el poder y Rajoy acaba de estrenarse. Pero es cierto que la situación se contempla con inquietud. De no ser así, el PP de Madrid no hubiera sacado un vídeo justificando la privatización que es un ejemplo perfecto de la reconocida táctica del PP de la proyección, esto es, acusar a los demás de lo que uno hace. Porque el vídeo se llama, tiene narices, que no te engañen. Cuando el engaño es el alma misma de la privatización.
Porque ¿puede el PP, el gobierno de Madrid, Ignacio González o quien sea explicar por qué hay que privatizar el servicio público de salud? Se aducen razones de ahorro y eficiencia. Pero, que yo sepa, el gobierno autonómico no ha mostrado un solo estudio o dictamen que las justifique. Ni siquiera ha consultado la opinión profesional de los colectivos afectados, ni los jefes, ni los médicos, ni los enfermeros, ni, por supuesto, ha preguntado a los pacientes. Es una reforma por privatización de ordeno y mando en función de un proyecto que no se ha mostrado ni mucho menos debatido en público.
Y es que no puede ser de otro modo porque, como es evidente, la privatización implica beneficio, lucro privado de unas empresas, tres o cuatro, especializadas en vivir de las contratas públicas, de su relación de favor con el poder político. Son los mismos que luego te endilgan largas teóricas sobre la necesidad de separación entre el Estado y el mercado. Una separación tan nítida, decía Ayn Rand, como la de la iglesia y el Estado. El mercado tiene sus leyes. La fundamental, la ganancia, el lucro. Lo de menos es que se preste el servicio; lo de más, que deje beneficio. Y así es como se pone la infraestructura pública de la sanidad, financiada con el dinero de todos, al servicio de unos intereses privados que, con una reducida inversión, recogen ganancias fabulosas.
Reiteran las derechas privatizadoras que el servicio público de salud no es sostenible. Pero eso no es cierto. Lo es en todas partes en Europa y aquí si hay voluntad política de que lo sea mediante las correspondientes reformas y la política fiscal.
El conflicto de la salud pública nos afecta a tod@s y si tod@s admitimos perder el derecho a la salud, garantizado por el único que puede hacerlo, que es el sistema público, los poderes públicos, el infierno será el límite.
