Los trescientos se convirtieron en tres mil; los tres mil, a saber. Los conflictos sociales son muy diversos y dependen de muchas circunstancias, generalmente únicas, razón por la cual lo más peligroso en enfrentarse a ellos con una idea preconcebida. El gobierno reaccionó el lunes con una exagerada violencia contra manifestantes pacíficos, quinceañeros y escasos. Quería mostrarse fuerte, contundente y cosechó una reacción general de rechazo. Hasta los suyos tuvieron que defenderlo acudiendo a las mentiras más insólitas como la de que un anciano ciego había agredido a los antidisturbios. En consecuencia, el martes retiró la policía y la gente tomó las calles a miles pacíficamente para mostrar su repulsa.
La responsable de la brutal agresión, la delegada del gobierno en Valencia, aseguró que se investigarían los hipotéticos excesos pero que no se retiraban los cargos contra los detenidos y ella no pensaba dimitir. Esto es, no ha entendido nada. Suele pasarle a la gente autoritaria. Claro que el ministro del Interior tampoco estuvo más sembrado. Reconoció que podía haber habido algún exceso de la policía pero, acto seguido, echó la culpa a los radicales, esos entes de ficción que no parecen por sitio alguno ya que los únicos radicales que la gente pudo ver fueron los antidisturbios en una danza frenética de carreras y porrazos. Es decir, tampoco ha entendido nada. Debieran dimitir los dos, él y su delegada.
O a lo mejor se orientan hacia otra táctica, la de dejar pasar un tiempo mientras traen refuerzos de otras provincias. Según parece se ha ordenado el traslado de unidades de la policía a Valencia desde Granada y otros lugares. De ser así, las autoridades demostrarían realmente no entender nada. La chispa valenciana ha prendido en muchas otras partes de España, en Galicia, Madrid, Málaga, Baeza. A lo mejor es más necesaria la policía en aquellas que en Valencia. Hoy hay manifas convocadas hasta en las sacristías.
El asunto es que, cegado por la soberbia de su triunfo electoral el gobierno no trae ninguna voluntad de compromiso, de consenso, de flexibilidad. Sus millones de votos y la situación de crisis lo legitiman a sus propios ojos para actuar como si viviéramos en un estado de excepción. Y no es el caso, al menos de momento. El gobierno tiene que respetar los derechos de los ciudadanos y no puede apalearlos por ejercerlos ni tratar de negárselos a base de embustes. Hoy la información está universalizada y no se puede mentir sobre realidades que todo el mundo conoce. Escuchar que los chavales agredieron a los policías, cosa de la que no hay prueba alguna, no solo mueve a risa sino que prueba quien tal cosa dice es un redomado granuja.
Los conflictos tienen siempre una causa. Negar que esta exista suele ser la primera reacción del poder, capaz de afirmar que el conflicto es inventado. Las manifas de estudiantes valencianos protestaban por los recortes en educación que dejan a sus institutos, por ejemplo, sin calefacción en invierno. El argumentario del PP, sin embargo, adoctrina a los suyos para que digan que no hay recortes y los manifestantes están manipulados por intereses extraños.
El problema es que las manifestaciones se han generalizado porque los recortes no solo existen sino que se aplican en toda España. En Valencia, sin embargo, tienen un carácter especialmente inicuo por cuanto, junto a ellos, junto a los recortes, se ha dado en los últimos veinte años un gobierno de despilfarro y corrupción que ha arruinado a la comunidad. Hay decisiones tan delirantes que quienes las hayan tomado no solo no debieran estar en el gobierno sino que debieran estar en la cárcel o en el manicomio. ¿A quién se le ocurre gastar 180 millones de euros del dinero de todos en un aeropuerto sin aviones? Esa es la causa última que el gobierno se empeña en negar y que los estudiantes valencianos han puesto de manifiesto con su acción al vincular los problemas de sus centros con el despilfarro y la corrupción del gobierno autonómico del PP y que está muy resumida en la foto de la derecha: "Arruinar una comunidad, dejar sin medicinas los hospitales, no pagar a los colegios, recortar los sueldos a los funcionarios, tener el paro más alto de España y seguir ganando con mayoría absoluta." Esa mayoría absoluta pese a todo es la que los ha perdido, cegándolos. Ahora tienen el conflicto en toda España y, por los mismos motivos, esos recortes que el argumentario del PP niega al tiempo que los practica con el claro desprecio por la verdad de que hace gala Cospedal cuando dice que España es un Estado policial y no se refiere a su gobierno, sino al del PSOE. Además de esto, ¿no es un insulto que unas gentes puedan arruinar una comunidad antaño próspera por su despilfarro o corrupción o ambas cosas a la vez y se vayan de rositas y, si acaso, diciendo, como dice Fabra que todo es una campaña de la prensa? Vamos, de lo que Franco llamaba la canallesca.
(Las dos imágenes son capturas de Tweeter y presumo que están en Creative Commons. De no ser así una nota en el kontrakt bastará para retirarlas).
