Valencia es una de las comunidades autónomas más endeudada, si no la más endeudada. Por dos veces ha habido que rescatarla con aportaciones del gobierno central por amenaza de quiebra. A esa situación se ha llegado porque lleva años gobernada por una casta política entregada al despilfarro y la supuesta connivencia con una trama de delincuencia dedicada al expolio y saqueo de las arcas públicas. El despilfarro es patente en proyectos megalómanos ruinosos, torres que no existen pero cuestan millones, aeropuertos sin aviones y otros disparates de este tenor. El expolio se ha venido dando supuestamente en las contratas públicas de todo tipo, la visita del Papa en 2006, malversaciones sistemáticas de fondos, concesiones millonarias ilegales y, por supuesto, "negocios" con la trama de Urdangarin. Igualmente es la comunidad en la que se da mayor densidad de políticos del PP imputados en causas de corrupción y presunta financiación ilegal del partido.
Valencia es también la comunidad en que antes se han aplicado los recortes del gasto público y con efectos más devastadores, en donde los servicios públicos no se prestan o se prestan en condiciones inadmisibles, en concreto los de salud y educación públicas. Y ahora le cabe la honra de ser la comunidad en la que la policía reprime con mayor brutalidad las manifestaciones pacíficas de ciudadanos, especialmente las de jóvenes y adolescentes que protestan por las deplorables condiciones de sus centros de enseñanza.
Que la policía apalee brutalmente a los chavales es por sí bastante indignante. Pero no hay que caer en el sentimentalismo. Lo haría igual con adultos o con ancianos. La policía cumple órdenes de los mandos políticos y las de estos son claras: mano dura con todos los manifestantes, la calle es mía, aunque haya que regarla con sangre. Que nadie se mueva, que nadie proteste. La libertad de expresión e información, los derechos de reunión y manifestación, las garantías de los ciudadanos frente a los excesos de la fuerza pública, todo eso es papel mojado. La mayoría absoluta nos da derecho a agredir por decreto los derechos de los trabajadores y a socavar más la Constitución y quien proteste, que se atenga a las consecuencias.
La concepción del orden público de la derecha es esencialmente autoritaria y represiva. Nada de dialogar. A los sediciosos (la policía los llama el enemigo) se los apalea para que sepan a qué atenerse y sirvan de escarmiento a otros sectores sociales que sientan la tentación de secundar su ejemplo. Es una concepción muy cercana al fascismo.
Sé que lo he dicho otras veces pero, habida cuenta de los hechos innegables que todos hemos de padecer, reitero mi afirmación de que solo los necios o los provocadores pueden sostener que el PP y el PSOE sean lo mismo. Por cierto, ignoro en dónde están los hipercríticos del 15-M pero, estén en donde estén, habrán de admitir que, mientras hubo un ministro socialista en Interior, ellos pudieron realizar sus actividades. Ahora ya les ha advertido la delegada del gobierno de Madrid que no las tolerará. Será interesante ver qué sucede cuando el 15-M reaparezca; si reaparece.
Según mis noticias -pues no veo la tele- la mayoría de las cadenas censuró las imágenes más impactantes de la brutalidad policial; no se reprodujeron los vídeos -por lo demás colgados en Youtube- en los que se ve a los policías como matones armados hasta los dientes corriendo como locos por las calles apaleando a cuanto ciudadano vieran menor de 25 años. No importa: las redes cumplieron su función y propalaron a los cuatro vientos las barbaridades que se estaban cometiendo. La policía no puede actuar brutalmente contra los ciudadanos sin que estos fotografíen o registren en vídeo los hechos y los suban a internet en todos los soportes de forma que imágenes como la de Público ayer saturaban FB, Twitter y la blogosfera en general, llegando en tiempo real a todas partes del mundo. Son las que recogen hoy los periódicos. Es el poder de internet, del ciberespacio, en el cual todos participamos de los acontecimientos no ya como espectadores sino como simpatizantes, auxiliares, correos y codeliberantes en las decisiones. Por ejemplo, para hoy se esperan concentraciones, manifestaciones, actos de protesta en toda España. ¿Quién los ha convocado? Nadie. Se han convocado solos, de modo espontáneo en la red. Habrá alta participación del estudiantado universitario desde el momento en que la Facultad de Historia de Valencia será el centro de atención general. El conflicto se extenderá y radicalizará a medida que el gobierno siga aplicando la única política de orden público que conoce, la del palo y tentetieso.
Por cierto, esto no es Túnez, ni Egipto, ni Grecia. Esto es España.
