Rumbo al centro a toda máquina.

La vida política sigue siendo aristotélica y, como si Pascal no hubiera pasado por el mundo, tiene horror al vacío. Su estado normal es de ruido y agitación. Cuando, por el motivo que sea, se aquieta, se paraliza, se silencia, no lo está por mucho tiempo. Rápidamente toma alguien el relevo y el cotarro vuelve a bullir.

Es el inconveniente de la actitud adoptada por Rajoy y su equipo. Debidamente asesorados, creyeron que lo más inteligente para evitar conflictos y descontentos era esconder la figura de su máximo dirigente, apartarlo de los focos, ocultarlo. ¿Alguien ha contado cuántas ruedas de prensa normales, esto es, no plasmáticas, ha dado Rajoy en sus casi tres años de gobierno? Quizá no lleguen a la docena. El hombre que, aspirando a presidir el gobierno, prometía "dar la cara", la ha hurtado siempre que ha podido. Su rostro no es tan desconocido como el del dios del Antiguo Testamento, pero no se prodiga en público. Prácticamente todo el peso de la comunicación del mando ha recaído sobre la vicepresidenta y ese trío inenarrable compuesto por Cospedal, Floriano y González Pons que podrían montar un espectáculo bufo, pero no dan la talla en absoluto como mediadores de información entre el gobierno y la ciudadanía.

En nuestra sociedad, que consume información casi a mayor velocidad de la que la produce, esta situación es anómala y, para los medios de comunicación, muy perjudicial. Faltos de la fuente habitualmente mayoritaria de noticias, esto es, el gobierno, los medios magnifican las secundarias. Es lo que ha sucedido con Podemos, en buena medida un fenómeno mediático, con la Plataforma Anti-Desahucios y está pasando con "Guanyem". Si el ámbito público se silencia, otros discursos toman el foro. ¿El gobierno no comparece? Los gobernados se hacen oír con mayor ahínco o los medios se encargan de que así suceda.  

Es lo que ha comprendido Pedro Sánchez desde el primer momento. Surgió de repente, como una tormenta de verano, desafiando a las figuras consagradas que ya se daban por victoriosas, como Eduardo Madina. Proclamaba su incontaminación, su pureza casi virginal frente a la vieja política. Todavía dos años antes, decía, era un ciudadano normal, sin responsabilidades políticas. No era enteramente cierto, pero nadie aguaría un triunfo arrollador descubriendo un par de mentirijillas. 

Una vez  elegido secretario general por la militancia, Sánchez parece decidido a rellenar el vacío de la política institucional española, multiplica sus apariciones, va de medio en medio, de entrevista en entrevista, prodigando declaraciones y desgranando propuestas. Entiende que hay que rellenar el ámbito público con presencia, arrinconar a los adversarios, obscurecerlos, brillar con luz propia, imponer el propio discurso.

Ese discurso que va articulando y clarificando en sus múltiples comparecencias. Había comenzado siendo algo confuso y hasta contradictorio, pero se hace cada vez más nítido y contundente. Es, en lo esencial, un discurso que trata de recomponer el centrismo. Entre la derecha extrema del gobierno y la izquierda tambièn extrema de Podemos, entre la reacción y el populismo, hay un espacio inmenso, un enorme caladero de votos: el centro, al que Sánchez apunta cuando dice resucitar un PSOE que es una "izquierda que atrae al centro". La referencia a la izquierda es obligada en un partido con una memoria histórica tan marcada, pero el objetivo al que realmente se apunta es el centro.  Se trata de resucitar la UCD de Adolfo Suárez con todas las variantes que se quieran. Hay un claro parecido físico entre los dos líderes, si bien Sánchez tiene predilección por la camisa frente a los ternos de Suárez.

El discurso centrista rechaza por igual los dos extremos, si bien se observa una mayor tendencia a combatir a Podemos que al PP.  Y eso sin contar con una temprana afirmación de principios rubalcabianos; el PSOE de Sánchez es tan monárquico y nacional español como el de su antecesor. Es más, al mismo tiempo que afirma que nunca habrá pactos con la derecha, Sánchez continúa ofreciendo "pactos de Estado" a lo Rubalcaba a un PP anegado en corrupción. Esa mayor proclividad a entenderse con los conservadores baila el agua a la acusación de Podemos de que el PP y el PSOE son dos partidos hermanos, ambos miembros acrisolados de la casta. 

Practicando la vieja idea de que la mejor defensa es un buen ataque, Sánchez devuelve la pelota a Podemos, hablando de una alianza de intereses entre este y el PP. Una especie de reedición de la famosa pinza de los noventa, entre Aznar y el infeliz de Anguita, que sigue, incansable, predicando en el desierto.  

Así se arma un discurso centrista que constituye la verdadera apuesta de Sánchez. Dado el hartazgo social con la prepotencia y la insensibilidad de la derecha y el presunto temor que puedan despertar las aspiraciones radicales de Podemos, es posible que esta apuesta resulte ganadora en las próximas elecciones, aunque también corre el riesgo de ser perdedora al significar un cambio importante de rumbo del PSOE. Desde luego, el nuevo líder esta haciendo lo posible porque triunfe allí a donde va que es a todas partes, como si tuviera el don de la ubicuidad. Se juega la carrera en ello.

El resultado está en el viento.

La majestad de la ley.

La respuesta a la manifestación multitudinaria de la Diada en reivindicación de la autodeterminación de Cataluña ha sido veloz e inmediata como el maullido del gato cuando le pisan el rabo. Altas instancias políticas y judiciales han recordado a los nacionalistas catalanes el necesario cumplimiento de la ley. Un referéndum será ilegal, aunque se llame consulta. La declarará ilegal el Tribunal Constitucional. Y el gobierno está para cumplir y hacer cumplir la ley. Es el razonamiento de su presidente, reiterado por la vicepresidenta. En un país en donde esto sucediera, sería inmpecable. Pero no hay nada de eso. El gobierno cumple la ley cuando le conviene; cuando no, la cambia a su capricho, valiéndose de su obediente mayoría absoluta parlamentaria. Lo cual equivale a no cumplirla. Asimismo, es muy selectivo a la hora de obligar al cumplimiento. Los alcaldes o los cachorros de las Nuevas Generaciones pueden incumplir la normativa sobre simbología del franquismo y no pasa nada. Pero ojo a los catalanes. Estos, a cumplir la ley al pie de la letra. La ley que dictamos nosotros y cambiamos cuando nos place. Es escasa la autoridad del gobierno para hablar del cumplimiento de la ley.

A reforzarla viene el Fiscal General del Estado, cuyo discurso es el mismo que el del gobierno que lo designó. Y pone sobre la mesa el instrumento para actuar: el código penal. A una iniciativa política se responde por la vía judicial. Mediando una decisión de un tribunal que ordene un comportamiento de modo público, la negativa a seguirlo será delito de desobediencia y, agravándose las circunstancias, de sedición. Y la Fiscalía actuará.

La vicepresidenta del gobierno eleva la cuestión al ámbito constitucional. Acepta que no solamente sea un problema de legalidad sino de constitucionalidad y recuerda que la propia Constitución establece su vía de reforma. Esta requiere siempre unas mayorías que los catalanes nacionalistas no podrán alcanzar jamás porque son una minoría estructural del conjunto del Estado. Indicar a los catalanes que hay una vía mediante la reforma constitucional, cuando los dos partidos dinásticos nacionales son contrarios al derecho de autodeterminación es pura mala fe.

Invocar el cumplimiento de la ley como una amenaza entra dentro de la naturaleza coercitiva de aquella. Hacerlo en el contexto de un conflicto político en materia de derechos es otra cosa. La asociación de jueces conservadores "Francisco de Vitoria", ya ha cuantificado cuántos años puede pasar a la sombra Artur Mas, quince por lo bajo. A los delitos de desobediencia y sedición, los magistrados añaden el posible de prevaricación. La amenaza trae viejas memorias. No sería la primera vez que se viera a un presidente de la Generalitat entre rejas. Ya lo estuvo Lluís Companys, a quien Franco fusiló en 1940 en una prueba evidente de lo mucho que la derecha nacionalcatólica ama a los catalanes.

Un acontecimiento de voluntad popular con cientos de miles de participantes, portada en los grandes periódicos internacionales, obtiene una rotunda respuesta: quince años de cárcel. Es obvio, sin embargo, que esa respuesta no es el fin de la cuestión. Esta se mantendrá viva y acudirá a medios de expresión que agudizarán el conflicto. Muchos independentistas reclaman el recurso a la desobediencia civil en caso de que el Estado impida la votación del 9 de noviembre. Hasta la monja Teresa Forcades. Y aquí asoma la oreja una vieja controversia sobre si es delito o no la desobediencia civil. La memoria de Martin Luther King obliga a ser cautos en la respuesta. El propio Mas, que no las tiene todas consigo, asegura que la consulta se hará, si bien ignora en qué condiciones. Sobre todo, las suyas personales.

Hay muy escasa respuesta en el lado español. Pedro Sánchez insta a Rajoy y Mas a sentarse y dialogar, sabedor de que el presidente del gobierno no tiene la menor intencion de hacerlo porque prefiere la represión a la que supone se sumará Sánchez, tan poco partidario de la autodeterminación de los catalanes como él mismo. Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, que yo sepa, no han dicho nada sobre la Diada. Ni lo dirán porque es asunto en el que no se sienten cómodas.

Así que, después de la pica en Flandes de la Diada, los soberanistas conservan la iniciativa política.

Y ahora, ¿qué?

Se celebró la Diada de 2014 y dejó imágenes como la que reproduzco del diario Ara en donde se aprecia la movilización popular catalana en favor del derecho de autodeterminación. Son imágenes aplastantes, incuestionables. Hasta el habitual baile de cantidades fabuladas, de informaciones manipuladas, carece de sentido. La Guàrdia Urbana habla de 1.800.000 personas y la Delegación del Gobierno en Cataluña, como acostumbra, rebaja a lo bestia la asistencia y la deja reducida a 500.000. No es cierto. Fueron muchísimos más y eso sin contar con las celebraciones en innumerables lugares del extranjero, en otros países, en otros continentes. Hasta en Australia se ha conmemorado la Diada. Y, aunque solo hubieran sido los 500.000 que finge el gobierno, ¿cuándo ha conseguido el nacionalismo español reunir a 500.000 personas, no digamos ya a 1.800.000 en defensa de su idea de España?

Precisamente ayer también la plataforma cívica Societat Civil Catalana convocaba un acto unionista en Tarragona al que, según los mossos d'esquadra han asistido 3.500 personas y, según el Ayuntamiento, 7.000. Una gran senyera en el anfiteatro de Tarragona y un lema: recuperem el seny, recuperem la senyera. Pero, eso, unos miles de personas. Demuestra escasa inteligencia táctica contraprogramar un acto multitudinario del adversario cuando uno es incapaz de sacar a la calle más de un puñado de seguidores. Queda en evidencia la gran distancia numérica, la enorme diferencia en la capacidad de movilización política de unos y otros. Los independentistas son mucho más numerosos que los unionistas.

Encima, no hay posibilidad de desacreditar el movimiento por otros motivos. 1.800.000 personas y no hubo violencia, ni un solo incidente, ni una bandera borbónica quemada, ni un destrozo. Solo se quemó una estelada y se zarandeó a un diputado de CiU pero fue en el bando unionista. ¡Qué más hubieran querido los nacionalistas españoles que un contenedor quemado, un escaparate apedreado, algo para empezar a hablar de violencia y justificar la represión!

Porque intentar, lo han intentado todo. Cada vez es más claro que la soprendente confesión de Pujol fue un intento de desprestigiar el nacionalismo, quizá un chantaje para desviar la atención de la diada a un comportamiento, obviamente reprobable, pero que no tiene nada que ver con el soberanismo. CiU estaba impregnada de corrupción. Más o menos como lo está el PP. Pero eso no tiene que ver con la reivindicación soberanista, que es socialmente transversal.

En cualquier otro lugar del mundo, un acontecimiento de esta magnitud obligaría al gobierno a dar una respuesta; a las instituciones, al Parlamento. Si un millón ochocientas personas piden derecho de voto en asunto que las concierne, tiene que haber razones sumamente poderosas para no concederlo. Pero estas no aparecen por lado alguno; es poco probable que el gobierno se dé por aludido o que el Parlamento debata sobre la posibilidad de un cambio legislativo. El primero ya ha hecho saber que "la consulta no se celebrará" porque tiene aprestados todos los medios que necesita, entre los cuales, sin duda, los represivos. Y nada más. Aquí no se mueve nada; no hay reacción alguna; se ignora la reivindicación y se espera que el movimiento, la algarabía, según la inepta calificación del presidente, remita.

Entre tanto, el 18 de septiembre, en menos de una semana, los escoceses votarán en su referéndum de autodeterminación de modo libre, pacífico y democrático, dejando en el aire una cuestión explosiva: ¿por qué los escoceses sí y los catalanes no, a pesar de su movilización? Simplemente porque el nacionalismo español, como siempre, se niega a encarar los hechos y trata de combatirlos con ficciones o pura propaganda. 

El País encastillado en su antisoberanismo de "tercera vía", atribuye la movilización al fuerte apoyo institucional, como si el unionismo no tuviera el del gobierno central. Y por todas las vías. Aun no hace medio año que que este forzó el cambio en la dirección de tres grandes periódicos para orientarlos en su favor. Uno de ellos, precisamente, el mismo El País, cada vez más alineado con las posiciones conservadoras. De las otras bazofias que pasan por prensa escrita en papel no merece la pena hablar. 

El mismo Rajoy se sintió obligado a hacer unas declaraciones y recurrió para ello a su proverbial discurso sanchopancesco con metáforas absurdas. Justificó el valor de la unidad nacional con el funcionamiento del sistema nacional de salud, precisamente ese que su gobierno está desmantelando. El independentismo es inaceptable porque gracias al dicho sistema nacional, un andaluz puede vivir con el corazón de un catalán. Una gema más en la guirnalda de expresiones  disparatadas con la que este hombre adorna su carrera política. Pertenece al género bufo de los "hilillos de plastilina", la niña que había de tener una vida digna, el precio de los chuches, el primo conocedor del cambio climático y el "haremos en España lo que Matas en Baleares". Por no mencionar el "écheme aquí una firmita contra los catalanes" cuando se recurrió el Estatuto y se desató la nueva oleada independentista.

Ni el gobierno ni el nacionalismo español quieren encarar la naturaleza del fenómeno. Ni la oposición. Las advertencias de Pedro Sánchez a Mas en el sentido de que la consulta fracturará la sociedad catalana, ¿en qué datos se basa? ¿Qué pruebas esgrime? ¿Es fractura que en Barcelona haya habido 1.800.000 personas y en Tarragona 7.000 en el mejor de los casos? Muchísimo más fracturada está la sociedad española y de eso no parece ser consciente Sánchez. 

El nacionalismo español no quiere reconocer que, por la razón que sea, los catalanes tienen algo que falta a los españoles: una causa por la que luchar.

300 años.

¿Quien dijo a los que detentan el poder que gobernar era asunto sencillo, previsible, de sentido común, de hacer las cosas como Dios manda, de ser práctico y constante? Pregunta retórica, pues no se lo dijo nadie. Se lo inventaron ellos y es probable que con el mismo espíritu con el que se inventaron que iban a reducir el paro, no subir los impuestos o respetar las pensiones.

La Diada de este año, hoy, promete ser apabullante, revelar su naturaleza de cuestión de Estado. Después de tres años de efervescencia, a raíz de la malhadada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, el independentismo catalán lleva la iniciativa y ha demostrado una gran pujanza basada en tres factores: a) tiene razones de peso, que debieran estar siendo debatidas pero no lo están; b) las expone de forma democrática, dialogada, positiva; c) y lo hace con un dominio de las técnicas de comunicación política envidiable.

Frente al independentismo, el Estado central, el gobierno y su partido y, en general el nacionalismo español aparecen a la defensiva, sin estrategia coordinada, sin opciones alternativas, salvo ese difuso federalismo que esgrime Pedro Sánchez, heredado de Rubalcaba. Del alcance de la propuesta da idea el hecho de que el mismo Sánchez haya dejado claro que no reconoce derecho alguno a decidir de los catalanes y que en eso coincide con Rajoy. Este, a su vez, cerrado a toda negociación, al tiempo que insiste en ser partidario acérrimo del diálogo, de la impresión de que ni siquiera tiene una idea clara de las dimensiones reales del fenómeno. Con motivo de la Diada de 2012, cuando un millón y medio de personas pidió en Barcelona que Cataluña fuera un nou estat d'Europa, Rajoy daba prueba de su incapacidad para comprender el problema diciendo que España no estaba para algarabías. Cometía así el mismo típico y altanero error que Cameron con Escocia: infravalorar al adversario, en cierto modo hacerlo de menos, despreciarlo. Justo la actitud más estpúpida frente a quienes sienten estar luchando por su dignidad como pueblo. Cameron se ha dado cuenta a tiempo y, aparte de ofrecer alguna concesión material más, ha abierto su corazón y confesado que se sentiría muy desgraciado si los escoceses se van. Es obvio que el sondeo en el que se daba mayoría a la independencia ha ayudado a la élite británica a caer del guindo. La salida de Escocia es un fracaso del Reino Unido y se ve como el portento de una época de fraccionamiento europeo.

En España no se llega a tanto. Por no faltar a la costumbre, Rajoy no entiende la gravedad del error de despreciar al adversario. Por otro lado, aquí nadie se anda con pendejadas y tiquismiquis democráticos. No se celebrará referéndum alguno. Escocia no tiene nada que ver con Cataluña porque no. Y ya está.  La soberanía nacional no se trocea, postulado en el que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez sin otro argumento que lo previsto en la Constitución texto, sin embargo, que los dos partidos dinásticos cambian en veinticuatro horas cuando se lo ordenan quienes en verdad mandan.

Si la consulta, o sea el referéndum, se celebrara, las consecuencias serían unas u otras. Pero es absurdo pensar que, si se prohíbe el referéndum, no habrá consecuencias. Las habrá igual pero también serán distintas. No hay duda, con todo, de que limitarse a decir, como hace el presidente del gobierno, que se han tomado todas las medidas contra la consulta, no ayuda ni una pizca a nada bueno.

Y fuera de ese decir sin decir nada que más parece un amagar y hasta un amenazar, en la capital del Estado, nadie tiene propuesta alguna. Se supone que el Rey, en cumplimiento de la tarea mediadora y estabilizadora que la Constitución le adjudica, estará haciendo sus gestiones discretamente, llamando a este o aquella, comiendo allí o allá, convocando a unos u otros. Pero, entre la bisoñez del monarca, que inaugura su reinado con una crisis mayúscula, las más grave para el Estado en decenios, no es mucho lo que cabe esperar de estas gestiones de pasillos y despachos cuando el conflicto está en la calle con banderas desplegadas.

Los independentistas, que debieran llevarse el premio Príncipe de Asturias de la comunicación, están realizando una campaña de movilización social de gran impacto, haciéndola transversal, internacionalizándola y valiéndose de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese cartel es un éxito. Los ejes de la "v" de la victoria, si no ando equivocado, recorren la Gran Vía de las Cortes Catalanas y la Diagonal, confluyendo en la Plaza de las Glorias Catalanas. Pura simbología.

Frente a ese espectáculo de participación (en todos los sentidos del término, incluso en el crítico de la sociedad del espectáculo) de la sociedad civil catalana, en el que entran castellers, artistas, monjas, deportistas, orfeones, empresarios, inmigrantes, jueces, cocineros, etc el nacionalismo español no tiene nada que oponer, no ha fabricado espectáculo propio, ni sus intelectuales y clases pensantes se han tomado la molestia de articular uno. Las escasas manifestaciones de las autoridades o personalidades tienen un contenido hostil hacia el soberanismo, pero sin presentar propuesta alguna renovada en ningún orden. Al contrario, la España nacional, con sus quinientos años de historia, no admite variación alguna. Es monárquica, taurina y nacionalcatólica. Y gobernada por la derecha cual si fuera su cortijo. Como siempre.

El pucherazo electoral y la unidad de la izquierda.

La adhesión de la derecha española a la democracia es inexistente. Heredera ideológica y, en muchos casos, biológica, del franquismo más criminal, considera que el Estado democrático y social que la Constitución consagra es una pepla con la que hay que cargar en estos tiempos tan contrarios al caudillismo y la dictadura, sus dos querencias. Acepta la democracia como mal menor, mientras no se pueda volver a formas de gobierno más reciamente hispánicas y nacionalcatólicas y siempre que, entre tanto, puedan reformarse las leyes para garantizar su acceso al poder y su mantenimiento en él por los siglos de los siglos, como exige el orden natural de las cosas.

Precisamente uno de estos proyectos de cambio legislativo en provecho propio es lo que propone el partido del gobierno con la elección directa de alcaldes. Pretende esconderlo y adornarlo en otro programa más amplio que llama de regeneración democrática. Que este partido, una presunta banda de malhechores creada para expoliar el erario público, y cuyos dirigentes, incluido el presidente del gobierno, llevan veinte años cobrando dineros de la corrupción, apadrine una regeneración democrática es algo tan absurdo que solo puede darse en España, la tierra del esperpento. Tal proyecto de elección directa de alcaldes pretende garantizar que el PP siga mandando en los principales ayuntamientos con el doble objetivo de continuar robando y de impedir que otros gobiernos municipales puedan auditar su gestión y pasar factura por las tropelías cometidas hasta la fecha.

Los sondeos vaticinan unos resultados desastrosos para el PP en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Con un poco de suerte, conservaría el gobierno de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, baluartes de la cristiandad en tierras del infiel. Y, con las alcaldías, también perdería los gobiernos autónomos de gran parte de las Comunidades en las que, como en Madrid y Valencia, lleva decenios haciendo chanchullos, expoliando las arcas públicas, llenando los bolsillos de los militantes, amigos, deudos y clientes; en definitiva, privatizando, robando lo público, quedándoselo a precio de ganga, haciendo política neoliberal.

Aunque aun falten más de ocho meses hasta los comicios, no es cosa de tratar de recuperar el terreno perdido a base de campañas electorales y preelectorales, sobre todo ahora que ya no pueden pagarse con dinero de la Gürtel, porque, el desprestigio del partido y sus políticas ha alcanzado un punto de no retorno. La corrupción, el robo generalizados, la manifiesta incompetencia y estupidez del presidente del gobierno y sus ministros, el carácter retrógrado, nacionalcatólico de sus políticas, su evidente actitud antipopular de saquear a la población en beneficio de los ricos, la ruina del país y sus clases medias y la crisis territorial en que ha sumido a España, no pueden ya disimularse más ni siquiera en una situación en la que el gobierno dispone de unos medios de comunicación en actitud de casi total sumisión lacayuna a sus designios, solo aptos para denigrar a la oposición y alabar las arbitrariedades del poder.

Los índices de popularidad del presidente y los ministros son los más bajos de la historia democrática española y la intención de voto a su partido prácticamente inexistente. El descrédito de su acción alcanza cotas insuperables. Nadie cree a Mariano Rajoy cuando, forzado por las circunstancias, se ve en la necesidad de farfullar alguna explicación en ese español que no llega a dominar y todo el mundo piensa, incluidos sus seguidores, que el hombre no hace otra cosa que mentir y mal. Afortunadamente para él, dada su carencia de dignidad, ello no parece afectarlo. De otra forma, hace mucho tiempo que, al estar bajo fuerte sospecha de haberse lucrado con dinero negro, se habría ido a su casa para no seguir siendo la ridícula vergüenza internacional que hoy es.

En esas circunstancias, la única posibilidad de contrarrestar los vaticinios de los sondeos es cambiar la ley electoral. Hacerlo a ocho meses de la consulta es una trampa típica de ventajista, desde luego. Pero no parece que tal cosa arredre a un personal que lleva veinte años haciendo trampas de todo tipo, cobrando sobresueldos de la caja B y financiándose ilegalmente. Téngase en cuenta que la alternativa es mucho peor. Gentes como Cospedal, Fabra, Feijóo, Monago, Botella, Barberá, verdaderos ejemplares de un proceso de selección política a la inversa en el que se promueve a los más ineptos, símbolos de una forma autoritaria, antidemocrática de gobernar, perderían sus canonjías, sus estructuras caciquiles, sus séquitos de amigos, enchufados y clientes.

A todo lo anterior se añade un dato que la derecha tiene muy presente: la división de la izquierda hace casi seguro que, con una reforma electoral como la prevista, que prima con mayoría absoluta la lista que pase del 40 por ciento, conservaría todos sus cargos municipales y autonómicos y hasta ganaría algunos otros. Con ese señuelo es casi seguro que la derecha cambiará la ley electoral gracias a su mayoría absoluta, sin pactarla con nadie, de forma autoritaria, por decreto, con su inconfundible estilo fascista adiornado de frecuentes llamadas al diálogo.

De darse esta situación extrema, la izquierda solo tiene una respuesta posible si quiere sobrevivir: presentarse a las elecciones con candidaturas unitarias que agrupen a todas las organizaciones de esta tendencia. Todas quiere decir todas, incluido el PSOE. No hacerlo así es un acto de irresponsabilidad que llevará a que esta derecha nacionalcatólica y troglodita acabe de destrozar el país con otro mandato de cuatro años.

Continuar con las desavenencias, con las críticas, los desplantes y los insultos; seguir, como en el caso del PSOE, amagando con pactos con el PP y negando todo entendimiento con lo que da en llamar “populismos”; mantener, como en el caso de IU que el PSOE y el PP son la misma mierda y negar toda posibilidad de alianza (siendo así que la federación, gobierna en Extremadura y Andalucía en situación de franca esquizofrenia); perserverar, como en el caso de Podemos, en que el PSOE es parte de la casta y rechazar cualquier posible colaboración con él; todo eso son recetas seguras hacia el fracaso y la derrota electoral.

En noviembre de 1933, las izquierdas fueron a las elecciones desunidas y las derechas formando una piña en la CEDA. El resultado fue el bienio negro. Al día de hoy y en mayo de 2015, es fuerte la tentación de repetir tan estúpida decisión en virtud de un cálculo de oportunidad que, seguramente, saldrá mal. No conviene, suele decirse, alianza alguna preelectoral porque en mayo de 2015, por fin, puede darse un realineamiento de la izquierda, el PSOE descenderá y dejará de ser el partido hegemónico, se producirá el ansiado sorpasso y habrá posibilidades de un verdadero gobierno de izquierda. A su vez, también el PSOE puede incurrir en un cálculo igualmente irresponsable al insistir en que sus problemáticas posibilidades de recuperación dependerán de que no se presente en amalgama con ninguna otra formación. Que el cálculo que haga IU seguramente será también erróneo se deriva de la acreditada capacidad de la organización para equivocarse en sus previsiones.

El fraccionamiento de la izquierda no se limitará a ser la enésima manifestación de una incapacidad teórica y práctica lamentables, la prueba de qué hondas son en ella las raíces del oportunismo, el dogmatismo, el personalismo, el culto a la personalidad y la falta de sentido real de transformación social. Será algo mucho peor. Será la evidencia de que el discurso socialdemócrata está muerto y solo actúa como trasunto del neoliberalismo más inhumano. Pero también de que el sentido crítico y la voluntad de emancipación real de la izquierda transformadora no es más que retórica hueca y bombástica de unas gentes incapaces de ver un palmo más allá de su narcisismo o sus intereses de burócratas paniaguados.

La igualdad y el privilegio.

En el cielo hay zafarrancho de revista y todos sus moradores andan azacanados tratando de cumplir los encargos que les llegan de la tierra. En concreto del gobierno español, cuya forma de entender la aconfesionalidad del Estado consiste en hacer outsourcing, o "externalizar" sus obligaciones en el cielo. Una forma de privatizar servicios públicos esenciales encargándoselos a los seres angélicos, amigos de siempre y gente bien de toda la vida.

Y no se crea que se trate de decisiones esporádicas u ocasionales. Es una política regular, sistemática, que debiera ya tener sección fija en el Boletín Oficial del Estado más apropiadamente llamado Boletín Oficial de la Parroquia. Veamos: se estrenó la ministra Báñez encargando la solución del paro a la Virgen del Rocío. Se sumó después el ministro del Interior, un encargado de negocios de la Santa Sede en España, condecorando a la Virgen del Pilar e impetrando el favor de Santa Teresa de Ávila para guardar el orden público. La alcaldesa Botella interrumpió su intensa actividad de agosto a fin de pedir a la Virgen de la Paloma lo mismo que Báñez a la del Rocío, pero para los madrileños, a quienes San Patricio, santo silvícola, proteja de las caídas de ramas de árboles. El alcalde de Valladolid, mártir de la vesania femenina universal, pide a la Virgen de San Lorenzo que "eche una mano" en la recuperación del empleo en la ciudad. Aguirre a quien las vírgenes deben de parecer poca cosa en su condición de Dama del Imperio Británico, pone su destino, o sea, su carrera política, en manos de la Divina Providencia; del jefe máximo.

¿Qué les sucede? ¿No están en sus cabales? Pudiera ser, pero es indiferente. Lo esencial es que creen vivir en otro mundo, estar hechos de una pasta especial, gozar de la predilección de las cohortes celestiales, interaccionar con santos y santas como con el dentista o el notario. Se piensan superiores. Basta escuchar a Gallardón, Wert y hasta el inefable Cañete. ¿Iguales ellos a la chusma a la que hacen el favor de gobernar? ¿Ellos, que hablan de tú a tú a las once mil vírgenes? ¿La igualdad? Eso ¿qué es?

Sí, efectivamente, ¿qué es? Nada. Pura envidia. La derecha detesta el principio de igualdad. He aquí lo que escribía al respecto Rajoy en El faro de Vigo en 1983, hace más de 31 años y, por tanto, a los veintiocho de la vida del autor, una edad de pasión y fuego, de ilusiones y grandes ideales. Ese conjunto de necedades retrata a la perfección el juicio de la derecha sobre la igualdad y su defensa de la desigualdad basada en la tosca falacia de equiparar un principio moral con un hecho. Explicar al autor de este texto que los partidarios de la igualdad no creen que los seres humanos sean iguales de hecho, sino que deben ser iguales en derechos, es tarea inútil. Por eso ha llegado a presidente del gobierno de España.

Lo contrario de la igualdad, según en qué sentido, no es la desigualdad de hecho sino el privilegio. Y ese es el nudo de la cuestión. La derecha postula la desigualdad (incluso dice que es un acicate para la superación personal y el logro de lo que llama con temor reverencial la excelencia) pero piensa en el privilegio que es lo que considera suyo propio, desde el origen de los tiempos, genéticamente, que diría Rajoy.

Las divertidas peripecias del incidente de circulación de Aguirre han reventado Twitter que es en donde se concentra la mayor densidad de pitorreo por minuto y tuit. Si tuviera tiempo, me marcaba ahora una teórica sobre cómo el ágora pública digital está comiéndose a la otra, a la que ya no sé ni cómo llamar porque, desde luego, no es más "real" que la primera. Ya habrá ocasión.

Lo oportuno aquí es repasar el comportamiento de la dama en el lío que ella sola ha organizado por su arrogancia y majadería. Estaba en falta y se enfrentó achulapada a los agentes, tratándolos de tú, imputándoles intenciones torcidas, desobedeciéndolos y embistiéndolos. Se escudó luego en los agentes de la Guardia Civil para escabullirse de los otros. Aprovechó su acceso libre a todos los medios para dar su versión, falsa y altanera de los hechos y seguir acusando a los empleados públicos de perversos propósitos. Cuando el juez ha devuelto el sumario ordenando que se instruya como delito, ha cargado contra el juez en cuya decisión insinúa prevaricación y de nuevo contra los agentes. Por supuesto, con el auxilio entusiasta de los medios afines que andan investigando oscuros contactos de algunos de aquellos con Podemos. Todo el mundo sabe que si una ciudadana ordinaria hubiera hecho lo que Aguirre, esa noche hubiera dormido en un calabozo. Pero no la expresidenta de la Comunidad de Madrid que, obviamente, cree estar por encima de la ley; que no es igual a la chusma; que tiene derecho al privilegio. 

Vienen a la memoria las palabras del abdicado: "la Justicia es igual para todos". Dime de qué presumes... La Justicia no es igual para él mismo, ni para su hija, ni su yerno, ni los Fabra, Matas, ni siquiera para la insoportable señora Aguirre.

La defensa del privilegio es el meollo del pensamiento y la acción de la derecha. La ley está para que la cumplan los demás, los que son iguales ante ella, pero no para que la cumplan los privilegiados. Rajoy sabe mucho de esto. Lo tiene muy pensado desde joven.

La corrupción no es solo cosa de dinero.

Decía Joseph Goebbels, hombre inteligente y culto, aunque moralmente depravado, que "está bien tener un Poder que descanse sobre las bayonetas; pero es mucho mejor y más satisfactorio conquistar el corazón de la gente y conservarlo". Y a eso dedicó su vida en pro de una ideología que la humanidad ha considerado monstruosa. Lo hizo como ministro de Propaganda del Reich, mediante el manejo de los medios de comunicación.

Llegaría luego el momento en que la sociología occidental formulara el axioma de la segunda mitad del siglo XX y más allá: la teoría del fin de las ideologías. Nadie objetó que era arriesgado decretar el fin de algo cuya naturaleza no se conocía con exactitud. Las ideologías habían muerto en el curso del desarrollo de las sociedades industriales. Algún raro, como Inglehart, se puso a hablar de "valores postmaterialistas", en donde alentaba cierto vestigio ideológico, pero se le hizo poco caso. Las ideologías eran cadáveres. La nazi y la comunista singularmente, forma funeraria que adquiere la frecuente negativa a admitir la dualidad izquierda/derecha.

¿Y qué se predica entonces? Precisamente la inanidad, la inconveniencia de toda ideología. Y se hace de la misma forma que aquella, a través de los medios de comunicación, infinitamente más potentes en todos los sentidos que los del tiempo de Goebbels. Esa insistencia en que las decisiones políticas y las jurídicas son (o deben ser) meramente técnicas, sin mezcla de ideología alguna, rezuma prejuicios ideológicos. La idea es que la política es una mera administración racional de las cosas, sin atención a los valores. Esa administración racional está tomada de la teoría de la decisión racional que presupone que esta es siempre egoísta.

El resultado evidente, inmediato, de esta "tecnificación" de las decisiones políticas es la corrupción, algo que sus propios beneficiarios admiten y a lo que dicen que hay que combatir por vía legislativa. No obstante y a pesar de su gravedad y la aguda conciencia social que despierta, la corrupción no es solamente un asunto económico de cohechos, malversaciones, apropiaciones indebidas, etc; eso no es sino el epifenómeno. La realidad es que el conjunto del sistema está corrompido, no solo económica sino también moralmente.

La principal regla no escrita de la democracia es la sinceridad y la veracidad. Forman parte de los requisitos de la acción comunicativa de Habermas. La democracia es un debate en el que se presume la buena fe. No es admisible una basada en el engaño y la mentira sistemáticos. Es una forma corrupta de democracia, raíz vigorosa de todas las demás corrupciones. Llegar al poder ensartando una ristra de mentiras, como hizo Rajoy y le jaleó el aparato mediático (imagen primera), es inadmisible e ilegítimo. Así se ganó el corazón de la gente, como recomendaba Goebbels y a través de los medios de comunicación. Se argumenta, sin embargo, que no se trataba de mentiras, de enunciados de hecho, sino de intenciones, de promesas que después serían imposibles de cumplir. No hay corrupción, no hay mentira sistemática sino un duro cumplimiento con el deber.

Pero queda la otra exigencia goebbelsiana: conservar el corazón de la gente una vez conquistado. Y ahí aparece de nuevo el uso de la mentira planificada, sobre asuntos de hecho con implicaciones incluso penales y sin excusa alguna. La imagen segunda es una recopilación parcial, muy parcial, de ejemplos del uso de la mentira sistemática como forma de comunicación del gobierno con la opinión pública y con la instancia parlamentaria. Ese es el fondo oscuro de la corrupción, amparado en la impunidad. El que hace que un Rey salpicado por la sospecha de la corrupción haya de abdicar y un gobierno al que sucede lo mismo no considere que deba dimitir.

Si España se rompe, ¿de quién será la culpa?

Siento ser reiterativo, pero no veo cómo evitarlo. En España muchos asuntos ocupan la atención de la colectividad, nutren debates y tertulias: la crisis económica, la llamada regeneración democrática, los demás proyectos legislativos del gobierno, la corrupción, el efecto Podemos, el destino del PSOE, la unidad de la izquierda. Temas muy importantes, desde luego; tanto que apenas se dedica la atención que merece a otro infinitamente más grave, de mayores consecuencias a corto, medio y largo plazo: la posibilidad de la separación de Cataluña. Y no se le dedica porque los españoles no acaban de percatarse de su trascendencia; no creen, en el fondo, que dicha posibilidad sea una probabilidad; no ven correctamente la situación real; piensan, casi inconscientemente, que no llegará la sangre al río. 

Quizá por eso, y no por tradicional incuria, carecen de propuestas positivas alternativas a la requisitoria independentista. Los socialistas, tan nacionalistas españoles como los conservadores, esgrimen un confuso proyecto federal en el que no creen ni ellos como se prueba por el hecho de que no lo aplicaran en sus veinte años de gobierno. Los conservadores no solamente carecen de toda propuesta sino que lo tienen a gala porque, a su juicio, las cosas están muy bien como están, el independentismo es un delirio o un delito y medios tiene el Estado de tratar con él, sea lo uno o lo otro o ambas cosas al mismo tiempo. El mero hecho de que toque a este gobierno, tan limitado intelectualmente como reaccionario y nacionalcatólico, tratar con el mayor desafío a la unidad de España de los últimos cien años o más es ya una tremenda desgracia.

Entre otras cosas, la Transición fue un compromiso de solución de la sempiterna cuestión territorial española. Fue más cosas y todas ellas por compromisos cuyo mayor defecto fue la desigualdad o asimetría. No corresponde aquí hablar de los demás pero en lo referente a la organización territorial del Estado, el título VIII de la Constitución, el fracaso es ya evidente. Y lo es porque la derecha, especialmente la derecha, aunque haya participado el conjunto del nacionalismo español, incluido el de izquierda, no ha respetado su parte en el compromiso. La transición, entendida como la última fórmula de convivencia de las distintas naciones en el Estado español, ha fallado. Hemos alcanzado un punto de no retorno del que, sin embargo, la opinión pública española no parece tomar conciencia. Y ese es el motivo de mi preocupación e insistencia. De todo ello trato de dar cumplida cuenta en el libro que sacará Península próximamente sobre El ser de España y la cuestión catalana. 

Aquí proseguiré ese razonamiento al hilo de la actualidad. La pregunta de quién será la culpa si España se rompe se responde señalando a la derecha. Fundamentalmente porque su estilo autoritario, intransigente, impositivo de gobierno de siempre excluye los acuerdos con agentes distintos. Con mayoría absoluta, la derecha no pacta nada, ni las medidas para garantizar eso que dice le preocupa tanto de la unidad de España. Los españoles han de aceptar el criterio nacionalcatólico tradicional o callarse y excluirse de la refriega. La derecha intolerante, este gobierno, sin ir más lejos, tiene toda l a responsabilidad de lo que suceda porque no permite participar a nadie más salvo que acepte sus términos.

Y ¿qué terminos son esos? Un breve repaso a la situación: el cardenal Cañizares, nuevo arzobispo de Valencia, toma posesión hablando de la prioridad de la unidad de España. ¿Qué España? La de la Cruzada, según recordaba hace una fechas otro clérigo en Los Jerónimos de Madrid, animando a las huestes cristianas a emprenderla si es necesario. El inefable ministro de Educación arrancó su mandato queriendo españolizar a los niños catalanes, siendo así que, según su ideología, ya son españoles por el hecho de ser catalanes. Querrá decir, más españoles; o menos catalanes. Los militares rezongan en los cuarteles y sus revistas y formulan vagarosas e indirectas amenazas que nadie quiere oír.

El presidente del gobierno muestra una insensibilidad pasmosa. Se limita a decir que no es posible ir contra la ley, de la cual él es el garante. Él, que la cambia cuando le conviene por meros intereses partidistas y que carece de todo crédito en punto a comportamientos estrictamente legales. Cospedal propone un frente español antinacionalista en Cataluña del que, como muy buen tino, se han distanciado el PSC y Unió que no quieren verse en tan intemperante como provocativa compañía. Y Sáez de Santamaría riza el rizo recomendando altaneramente a Mas que no obstaculice con pendejadas soberanistas el potente liderazgo español en la recuperación europea. Lo irritante de esta impertinencia no es que dé por ciertas las habituales mendacidades y fabulaciones de su jefe Rajoy sobre la salida de la crisis, sino que sea la enésima prueba de la intolerancia y la soberbia de la derecha española: lo que tienen que hacer los nacionalistas catalanes (y todos los que no piensen como ella) es callarse y no dar la brasa. España es el predio de la oligarquía nacionalcatólica de toda la vida, perfectamente representada en este gobierno.

¿Y la sociedad civil? El ministerio de Asuntos Exteriores acaba de prohibir un acto de presentación de una novela de Albert Sánchez Piñol en el Instituto Cervantes de Utrecht. La novela versa sobre la toma de Barcelona en 1714. El ministro García Margallo lo prohíbe por "razones políticas", sin calibrar (y eso que es diplomático) lo que tiene de simbólico que la censura se haga en Utrecht y mucho menos la carga que le añade su propia personalidad y biografía porque García Margallo es sobrino nieto de un capitán García-Margallo muerto en El Annual en 1921 y bisnieto de un general Margallo muerto en Melilla en 1893, en la llamada "guerra de Margallo". Es decir, un descendiente de una típica familia africanista y, por ende, franquista.

En efecto, ¿y la sociedad civil? Los intelectuales, los escritores, las figuras públicas brillan aquí por su ausencia. No han sido capaces de subscribir una carta o manifiesto como la de los famosos ingleses dirigida a los escoceses y en la que, respetando su derecho a la secesión, les pedían que no se fueran. Al contrario, de haber suscrito algo han sido piezas hostiles al nacionalismo catalán, bien de modo bronco, negándole legitimidad y legalidad, bien de forma más morigerada pero similares intenciones. Y tampoco parecen dispuestos a elevar la voz ante un acto flagrante de censura, de negación de libertad de expresión a un colega por el hecho de ser catalán y escribir desde perspectiva catalana, aunque lo haga en español.

Nada. Un vergonzoso silencio frente al desafío mayor a la persistencia de la nación como la conciben los estamentos pensantes españoles. Si acaso, algunas divagaciones altaneras sobre la pobreza conceptual de los nacionalismos en general de los que, por supuesto, están excluidos quienes las elaboran. Pero de eso se tratará en otro post.

Lo dicho: si España se rompe la culpa será de la derecha nacionalcatólica. Y el asunto es un verdadero sarcasmo porque esta derecha es la heredera ideológica de la que desató un golpe de Estado, una guerra civil y más de treinta años de dictadura para evitar dicha ruptura, exterminando no solo a los nacionalistas sino también a las izquierdas, a las que acusaba de connivencia con estos.

Reflexión sobre Podemos.

La fulgurante aparición de Podemos ha sembrado el desconcierto en el sistema político, lo cual es una muestra de lo lentos que somos en nuestras percepciones y nuestra poca capacidad para explicar las novedades. Hace lustros que se teoriza sobre la "sociedad de la información y la comunicación", la "sociedad mediática", las democracias de los medios. Pero seguimos sin entender cómo funcionan. Los partidos ya no se fundan en modestas tascas de barrio o en los mullidos despachos de abogados y banqueros y en relaciones personales. Surgen de una realidad abigarrada, fragmentada, que llamaría "postmoderna" si supiera qué quiere decir eso. De una comunicación que trasciende el orden personal, mediada por las TICs. Incluso algún adelantado del análisis político académico, como Rospir, propuso llamarlos media parties hace años. Podemos tiene algo de esto, pero no se agota en ello. Ni mucho menos.

Sentado, pues: la reacción mayoritaría del establishment político mediático ha sido hostil. Eso que antes se llamaba el sistema, un término similar al de casta de Podemos y también muy conveniente porque permite identificar un enemigo y hacerlo de un modo suficientemente vagaroso para incluir o excluir de él a quien nos parezca en cada momento. Ese pronombre "nos" es la clave del concepto, la clásica e implícita contraposición entre "nosotros " y "ellos". Aclaro que me refiero a la vieja idea de sistema. Esta reciente que se trasluce de las acusaciones de "antisistema" en boca de gentes conservadoras es un contrasentido que no cuaja, pues usan el término sistema como sinónimo de "orden constituido", el que las beneficia a ellas.

La reacción ha sido muy hostil. La derecha no ha parado en barras y tanto sus políticos, diputados como sus innúmeros portavoces en los medios y tertulias han ido al ataque en todos los frentes, político, ideológico, social, personal. Con tanta saña que algunos se preguntan si no se conseguirá el efecto contrario de ensalzar la formación a ojos de la opinión pública. Porque esa opinión es muy contundente. Pablo Iglesias es el líder mejor valorado en los sondeos; Mariano Rajoy, el peor. Ya no gana ni al socialista.

El PSOE ha sido más moderado, pero su reacción es igualmente hostil. Podemos es antisistema, populista y neobolchevique. Alfonso Guerra propone una alianza entre PP y PSOE frente al resurgir de neofascismos y neocomunismos. Es comedido. No menciona Podemos, pero no hace falta. Felipe González sí se desmelena más y compara Podemos con Chavez, Le Pen, Beppe Grillo y Syriza. Otro que tampoco entiende la sociedad mediática en la que vive y sobre la que teoriza. Si algo tienen en común Chavez, Le Pen, Beppe Grillo y Syriza es que salen por la tele. Pero eso le pasa a él también, así que habría que incluirlo en la lista de no ser porque esta lista es una tontería, con todos los respetos.

La reacción de IU es cautamente ambigua. Los resultados electorales recientes y el sentido común indican que la federación ha sido el principal caladero de votos de Podemos. De ahí esa actitud ambivalente de sí pero no, somos lo mismo pero no somos lo mismo y otros sofismas que no dejan mucha salida a ninguno de los dos porque tampoco Podemos puede permitirse ir a una alianza con una fuerza tradicionalmente perdedora y ahora debilitada precisamente por su presencia. Es una situación cruel, pero no tiene otra salida que la hegemonía de Podemos à tout hazard.

Porque, efectivamente, contra pronósticos, Podemos supone una alteración sustancial del sistema político. Al día siguiente de las elecciones europeas (que hicieron trizas la autoestima de los sondeos) hubo una cascada de dimisiones en otros partidos y fuerzas; hubo primarias, secundarias, terciarias y hasta tercianas. Incluso ha amanecido un proyecto de reforma de la Ley Electoral General, dentro de un plan pomposamente llamado de "regeneración democrática". Lo suficiente para que, al margen de consideraciones más o menos coyunturales, se intente un análisis, siempre provisional, pero imparcial del fenómeno. Confieso de antemano que mi imparcialidad es compatible con mi simpatía por el movimiento y sus dirigentes, a algunos de los cuales conozco personalmente y de los que me siento cercano, especialmente Iglesias, Errejón o Urbán.

Podemos tiene una faceta inmediata, práctica, contingente. A ocho años de una crisis sistémica, aguda y que parece no tener fin; a tres años de un gobierno especialmente antipopular, autoritario y corrupto de la derecha; con una sociedad civil desmoralizada, después de una experiencia de fracaso del último gobierno de Zapatero, el terreno estaba baldío pero en barbecho. La aparición de un movimiento nuevo, fresco, joven, sin vínculos con el oscuro pasado, dirigido por una personalidad fuertemente carismática, popularizada en los medios de comunicación, viralizada en las redes sociales, iconografiada ya hasta en videojuegos, tenía que despertar una oleada de simpatía popular, adhesión y, por supuesto, esperanza. Porque todo eso se da en un contexto social caracterizado por un paro juvenil masivo que hace hablar de una "juventud sin futuro", una contradicción en los términos porque la juventud es el futuro.

Pero Podemos tiene una faceta mediata, de más peso teórico, menos transitorio. Tiempo habrá de estudiar hasta qué punto el movimiento se fragua en las asambleas del 15-M, pero la relación entre ambos, 15-M y Podemos es evidente. Es más, hasta cabe decir que esta fuerza es la forma que adquiere el debate algo atascado en el 15-M, acerca de cómo alcanzar eficacia en la acción política, si manteniendo la asamblea u organizándose en partido. De ahí que Podemos tenga todavía pendiente esta cuestión organizativa, que ya se verá cómo se soluciona. 

Al margen de ello, sin embargo, sí parece claro que la organización de los círculos acepta el principio democrático de que al poder se llega ganando elecciones. Eso del neobolchevismo es un golpe bajo. Ahora bien, las elecciones tienen unas condiciones, unos requisitos, formales y materiales que, de siempre, han sido fuerte escollo para las aspiraciones de las izquierdas en todo el mundo. El primero de todos, dictado por la experiencia, es que en las sociedades occidentales (a falta de nombre mejor) la mayoría, que es lo que se precisa para ganar, es centrista. Las opciones, en consecuencia, moderan su lenguaje y sus programas para no verse arrinconadas. Ahí tiene poca cabida la disyuntiva crasa izquierda-derecha que, sin embargo, sigue siendo real, de forma que se multiplican las anfibologías, los eufemismos: clases medias, los de arriba y los de abajo, etc.

Hay más, mucho más en los procesos electorales (listas, escutinios, etc), pero nos quedamos con la cuestión esencial: cómo obtener la mayoría electoral para una opción de izquierda hoy. Hay dos pasos: a) coalición de la izquierda (preelectoral o postelectoral) en sentido estricto; b) coalición de la izquierda en sentido amplio. 

Respecto a a) no es exagerado decir que Podemos se perfila como el eje en torno al cual quizá pueda fraguar una unidad de la izquierda. Si frentista o no es cosa de terminología. El problema no es terminológico, sino de contenido. Se trata de saber si las demás izquierdas, IU y sus constelaciones, aceptarán formar parte de una alianza hegemonizada, quieran o no, por Podemos. Doy por supuesto que esta coalición por sí sola no daría el gobierno a esta unión de la izquierda. Si no fuera así y se la diera, podríamos ahorrarnos considerar el paso b).

Respecto a b) y en el supuesto de que a) salga adelante. Se trata de saber si en la coalición entra o no el PSOE y cómo. Cuestión la más peliaguda por las murallas de reticencias por todas partes. Según unos, es pronto para decidir y conviene esperar los resultados de las municipales de mayo de 2015 y ver cuáles son los del PSOE. Si este va en una senda de pasokización o si mantiene su segundo (y puede que hasta primero) puesto en la dualidad de partidos dinásticos. Desde luego, las proporciones que se decanten serán decisivas para las opciones que adopten los dirigentes. Y es probable que, al final, la decisión recaiga sobre Podemos y el PSOE ex-aequo.  

Y aquí es donde hay que pensar si la sociedad española se merece otros cuatro años de gobierno de esta derecha.

El gobierno de los ladrones.

Andan los socialistas muy atareados sugiriendo todo tipo de reformas que, a su juicio, podrían mitigar el desastre de España. Alguien ha dicho al nuevo Secretario General que debe desgranar una serie de propuestas en asuntos tangibles, concretos, ser constructivo, para recuperar la confianza del electorado. Igualmente los otros partidos de izquierda, aparte de debatir sobre su anhelada cuanto quimérica unidad, proponen baterías de medidas alternativas para sacar a España del hoyo en que la ha metido la estupidez y la incompetencia de Rajoy. Todos creen que la oposición no solo debe criticar al gobierno sino también proponer otras soluciones, distintas, a las que dan por fracasadas; ser positiva.

Pierden el tiempo lamentablemente. Los gobernantes no entienden de política ni les importa. Basta con mirar sus currículums; lo suyo es la explotación de los demás o el enchufe y la mamandurria propios. No les interesan las medidas de recuperación ni el crecimiento económico, ni los índices de desarrollo, ni el bienestar de los españoles. Lo único que les importa es cómo robar, como expoliar y esquilmar lo público, cómo llenarse los bolsillos, los propios y los de los amigos y enchufados por todos los medios mediante el BOE, la recomendación, el compadreo, el enchufismo o el caciquismo. Al PP, que no es propiamente un partido político, sino que más bien parece una asociación de malhechores, le traen al fresco las cuestiones políticas, morales, ideológicas y, cuando invoca una de estas, es para acudir en auxilio de la iglesia católica, su aliada y cómplice, la organización parásita española por excelencia que no ha sufrido un solo recorte en todo lo que va de crisis.

Mañana, viernes, el consejo de ministros aprobará el llamado "rescate" de las autopistas radiales de Madrid, todas en quiebra. Es un ejemplo diáfano de la forma cleptocrática de gobernar de estos apandadores de lo público. Las autopistas se pusieron en marcha como empresas privadas en contra de todo criterio de rentabilidad y viabilidad bajo un gobierno del PP con cuantiosas subvenciones públicas y la intención de favorecer a los amigos, sin contar los presuntos fraudes, mangoneos, favoritismos y chanchullos que se hicieran en el proceso. Mientras dieron algún rendimiento, los beneficios fueron privados; cuando, a causa de la planificación incompetente, sino directamente delictiva, y de la crisis, entraron en pérdidas, estas se socializan, de forma que son los contribuyentes quienes pagaremos el nuevo latrocinio de miles de millones. Para los peperos, gobernar es exactamente esto: piratear, robar lo público en beneficio privado y socializar las pérdidas privadas producto de la incompetencia o la granujería. Como han hecho con los bancos.

No tienen proyecto de país, ni plan alguno de recuperación, ni la menor idea de política económica ni de política a secas. Si hablan de esas cosas, como hace Rajoy de vez en vez, se las inventan, fabulan, mienten descaradamente, al estilo del mismo Rajoy a quien ya no creen ni en su casa, aunque a él, con su falta absoluta de dignidad, le dé igual. Lo suyo, lo de todos ellos, es forrarse, enriquecerse. Entienden la política como un negocio. La militancia en su organización de presuntos malhechores era una preparación (sabrosamente remunerada a base de sobresueldos) con el fin de llegar al poder para arramblar con todo lo público y quedárselo. Un botón de ejemplo: Rajoy es registrador de la propiedad; dos hermanos (o hermanas) suyos, también, y algún cuñado o cuñada. Un clan de registradores. En consecuencia, el ministro de "Justicia" del Reino privatiza el registro para que los amigos, parientes, deudos, enchufados de Rajoy y el propio Rajoy, hagan negocios suculentos a costa del sufrido contribuyente y negocios fabulosos, sin costes de infraestructura (pagados por los ciudadanos) y en el que todo son ganancias.

Cualquier persona normal se avergonzaría de esto, pero no los peperos. En todo país democrático, un presidente acusado de cobrar dinero en negro y de haber amparado una caja B en su partido habría dimitido, abochornado, y no digo nada de una vicepresidenta que parece haber cobrado 500.000€ de dinero dudoso o de una ministra a quien una organización delictiva pagaba los cumples de sus hijos. Aquí siguen siendo presidente, vicepresidenta y ministra y tienen la desvergüenza de amadrinar un proyecto de... ¡regeneración democrática!

El estilo elevado a categoría. La práctica es siempre la misma: unos funcionarios públicos (todos abogados del Estado, inspectores de trabajo, técnicos de la Administración, etc) al servicio de los intereses privados con la misión de descapitalizar lo público, arruinar el Estado del bienestar y derivar los dineros de todos a sus bolsillos o los de sus amigos y/o amos. A esto lo llaman capitalismo liberal, con desparpajo propio de turistas de paraísos fiscales. Y lo practican con todo: con la educación (en donde comparten el botín con los curas, otros liberales de siempre que imponen su modelo dogmático al tiempo que esquilman a la colectividad en nombre de Dios), la sanidad pública, los servicios esenciales, la gestión pública y hasta las pensiones cuyo fondo de reserva han saqueado para comprar deuda de la suya.

La oposición está en la luna cuando se toma en serio la actividad institucional. O algo peor que en la luna. A lo mejor está también en el ajo (el caso de los EREs y otras corruptelas son significativos) y por eso sigue la corriente en lugar de denunciar de modo sistemático y recurrente, sin descanso, la corrupción del partido del gobierno en todos los niveles. El gobierno y su partido no entienden de política; la democracia les parece una estupidez; las libertades, como a Franco, libertinaje. Llaman política a enchufar a los suyos, por ineptos que sean, como han hecho en Europa con De Guindos y Cañete, y responden al creciente descontento y malestar sociales comprando material antidisturbios y endureciendo la legislación autoritaria y la censura con el fin de amedrentar a la población, escarmentarla, asustarla y oprimirla. Es lo único que saben hacer. Eso y rezar a una pintoresca panoplia de vírgenes, en la más acrisolada tradición de la estupidez nacionalcatólica.

Para ese fin han imaginado el proyecto de reforma de la Ley electoral: para imponer por vía de pucherazo  a los suyos en los ayuntamientos en los que, como se prueba por el alud de procesos en marcha por los más diversos delitos, llevan años, lustros, decenios robando. No vaya a ser que los demás partidos formen gobiernos democráticos y se descubra el pastel de este latrocinio masivo de la derecha, esta corrupción a base de la alianza de políticos malhechores, funcionarios venales, empresarios corruptos, curas chupones y delincuentes que, en muy buena medida explica la pavorosa crisis española, cuyas consecuencias estamos pagando la población civil.

Por eso mismo empiezan ya a oírse voces en el partido del gobierno para ampliar este pucherazo a las elecciones autonómicas. Los presidentes y consejeros también quieren blindarse frente a las investigaciones de sus saqueos. Y me apuesto cualquier cosa a que sale alguien pidiendo que también se extienda a las elecciones legislativas.

Es lo mejor para robar más cómodamente porque, lo que es de política, estos mangantes no entienden nada ni les importa.

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Estrambote. Hoy se ha sabido que los genios que gestionan la cuenta de Twitter de Mariano Rajoy compran seguidores. Son, sin duda, ladrones, porque estas compras se hacen con dinero público, igual que el otro mangante, Aznar, empleó fondos públicos para pagar una medalla del Congreso de los Estados Unidos que, al final, no le dieron. Pero, además, profundamente estúpidos e ignorantes pues imaginan que una cosa así en Twitter, en donde todo se sabe, podrá permanecer oculta. Se ha descubierto porque, de pronto, a Rajoy le aparecieron cerca de 60.000 seguidores en árabe, escribiendo en árabe. Escribiendo en árabe a un tipo que no habla lengua alguna; ni siquiera la suya. Aquí hay una imagen de 9 de los miles y miles de seguidores de Rajoy: son robots a tanto la cuenta.

Lejos de alarmarse al ver que se descubría su chanchullo, los genios del equipo subieron un tweet supuestamente de Rajoy en el que este agradecía haber llegado a los 500.000 seguidores y soltaba una de sus habituales memeces sobre España. Cuando se descubrió la engañifa, los mangantes de La Moncloa borraron el tuit y empezaron  decir que, en realidad, era un ciberataque.

Calíbrese bien el significado de que un presidente del gobierno ande malversando caudales públicos para comprar seguidores ficticios en las redes. Puramente español. Puramente estúpido.

España y Cataluña

Entrevista realizada a Palinuro por George Mills, redactor de The Local. Spanish News in English y publicada bajo el título de  Catalonia could be the shock Spain needs.

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Si el presidente de Cataluña, Artur Mas, consigue su propósito, la gente de la Comunidad participará en una votación el 9 de noviembre sobre su independencia del resto de España.

No hay garantías de que la “consulta” vaya adelante. El Parlamento español ha declarado que es ilegal mientras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho repetidamente que recurrirá al Tribunal Constitucional español si Mas insiste en llevar adelante sus planes.

Algunas personalidades del partido gobernante en Cataluña empiezan a considerar otras posibilidades, al margen de la consulta, según un artículo publicado en “El País”, el diario español de centro-izquierda.

Pero ¿qué sucederá si la votación se produce? ¿Qué función cabe aquí al próximo referéndum en Escocia? ¿Cómo surgió esta última confrontación entre Madrid y Cataluña?

Para encontrar respuesta a estas preguntas, The Local habló hace poco con Ramón Cotarelo, director del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Comencemos con el resultado más dramático posible. El 6 de octubre de 1934, el president de Cataluña, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán. Los militares españoles tomaron el Parlamento catalán en diez horas y sofocaron la rebelión. ¿Podría pasar lo mismo ahora?

No. España no va a invadir Cataluña. Eso no va a pasar y nadie cree que se trate de una posibilidad real.

No obstante, es obvio que Madrid y Cataluña están enfrentadas en un conflicto grave. Y la cuestión real es que el gobierno central no tiene una respuesta a la situación.

¿Se producirá la votación el 9 de noviembre incluso aunque el Tribunal Constitucional la invalide, como se espera que haga?

La realidad –y es importante recordarlo- es que los partidarios de la independencia no tienen nada que perder. Tanto los grupos más radicales, como ERC (en la izquierda) como los más moderados, como CiU (partido centrista gobernante) están en una posición muy cómoda. Ello se debe a que pueden decidir ir adelante con la votación, aunque el Tribunal Constitucional la anule. Y el motivo es que consideran que el Tribunal es un instrumento del gobierno central.

¿Qué importancia tiene aquí el resultado del voto en el referéndum del 18 de septiembre sobre la independencia de Escocia? Un voto negativo, reduciría el apoyo a la independencia en Cataluña?

El voto escocés es muy importante por una serie de razones. Muchos catalanes, por ejemplo, ven el referendum y dicen: “¿por qué los escoceses sí y nosotros no?”

El resultado concreto del referéndum escocés, en cambio, es menos importante. Lo importante tanto para España como para Cataluña es que Escocia pueda hacerlo sin problemas.

El referendum de Escocia niega la legitimidad de la posición del gobierno central español. El presidente Rajoy ha dicho varias veces que ningún país democrático ha celebrado jamás un referéndum en contra de su soberanía territorial. Falso. Los canadienses lo han hecho dos veces con Quebec y los británicos una con Escocia. Lo importante en relación con el referéndum es el hecho de que se celebre.

Una última cuestión: aunque Cataluña llame “consulta” a la votación, es evidente que esta es un referéndum sobre el futuro de España.

El Partido Socialista español, el PSOE, apoya una llamada “tercera vía” en Cataluña con una España federal en la que Cataluña tenga más poderes. ¿Es esto posible o, como dicen algunos, es demasiado tarde?

En política todo es posible y nunca es demasiado tarde. El problema es que el PSOE ha escogido el federalismo como un mal menor.

Ese partido estuvo veinte años en el gobierno y no hizo nada acerca de Cataluña: lo cierto es que no está a favor de la independencia de Cataluña y tampoco es un partido realmente federal. Es como si quisiera ponerse la venda antes de la herida.

¿Sería diferente la situación en Cataluña si estuviera el PSOE en el poder en lugar del PP, conservador?

No veo gran diferencia entre el nacionalismo español de derecha y el de izquierda; pero sí hay una diferencia considerable en su actitud general.

El nacionalismo de la derecha Española está más en la tradición del nacionalcatolicismo, que fue la ideología dominante durante la dictadura de Franco, en la que la Iglesia católica controlaba muchos aspectos de la vida pública española. Y la forma de actuar del PP en este problema ha sido recurrir a sus procedimientos tradicionales y brutales.

Lo hemos visto en las declaraciones del ministro de Educación, Wert, sobre “españolizar” a los catalanes y en la negativa de Rajoy a entablar un diálogo apropiado con Cataluña.

Por otro lado, el PSOE se negó en 2006 a apoyar un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, al no admitir la definición de esta como una “nación” y porque daba excesivas competencias a la Comunidad. El resultado final fue un documento aguado.

Es una verdadera vergüenza que España no se diera cuenta de la importancia del Estatuto en aquel momento. (El Estatuto de 2006 sigue siendo un punto focal de discordia entre el gobierno central y Cataluña).

Con todo lo dicho hasta ahora, no creo que el PSOE actuara con mayor agresividad hacia Cataluña que el PP.

¿Cuál es la función que ha cumplido la idea de la desigualdad de financiación entre las comunidades autónomas en el surgimiento del nacionalismo catalán?

Desde luego, el dinero ha sido algo muy importante en el debate. Si observamos las cifras publicadas por el gobierno español vemos que las cuatro comunidades que son pagadoras netas a las arcas del Estado son Madrid, Cataluña, las Baleares y Valencia.

Esto significa que tres de los cuatro mayores contribuyentes son catalán-hablantes.

Pero también la lengua, la cultura y las tradiciones jurídicas propias son decisivas para entender a Cataluña. Cataluña tiene una larga historia y el presidente de la Generalitat es casi una figura patriarcal para los catalanes, algo que la gente en el resto de España no acaba de entender.

Hay que recordar que Lluís Companys es el único presidente democráticamente elegido y fusilado en Europa. Hay sentimientos muy profundos.

¿Qué función ha cabido a la crisis económica en el resurgimiento del nacionalismo catalán?

La crisis ha tenido una importancia grande, desde luego. Ha afectado a todo en la vida de los españoles, como todos comprueban a fin de mes.

Pero el problema fundamental en cuanto a Cataluña ha sido la falta de una perspectiva democrática en el gobierno. No nos equivoquemos: ha actuado de modo franquista, aplicando la tradición autoritaria española.

El PP no pudo acabar con ETA. El gobierno socialista anterior sí lo hizo. Así que ahora el PP quiere ganarse su propia medalla acabando con el independentismo catalán.

Y ¿cómo se siente usted personalmente respecto al deseo de una consulta de independencia en Cataluña?

Obviamente, es una pregunta complicada. Racionalmente hablando creo que los catalanes tienen derecho a decidir y hay que respetarlo. Por otro lado, me entristecería si se marcharan.

Pero quizá una Cataluña independiente sea la única forma de que los españoles comprendan la realidad de su país, que ha pasado de ser un imperio mundial a un país en andrajos.

España es un desastre y gran parte de su situación se debe a la incompetencia de sus clases dominantes, algo que procede del hecho de haber sido gobernada por extranjeros desde hace siglos.

Tome Gibraltar, por ejemplo. ¿Qué otra “gran nación” europea permitiría que una potencia extranjera controlara una parte de su territorio de importancia estratégica?

Lo que la gente tiene que entender es que el debate actual no es acerca de la independencia de Cataluña, sino del posible fin de España como existe actualmente.

Y quizá este sea el mayor efecto de la independencia de Cataluña: sería un choque enorme para la nación, algo que la sacudiera de su situación moribunda y la obligara a reaccionar reconstruyéndose sobre una nueva base.

El próximo libro de Ramón Cotarelo con el título provisional de “El ser de España y la cuestión catalana”, se publicará en octubre en Planeta, Barcelona.

El caso Pujol.

Hay algo dramático en esta peripecia de Pujol ya en la parte final de su biografía. ¡Cuánta razón tenían los griegos cuando insistían en que nunca se diga de alguien que fue feliz hasta que haya muerto! No está claro que el ex-presidente de la Generalitat se sienta personalmente infeliz. Pero sí parece que por tal lo tendrá la opinión pública y la memoria colectiva en los tiempos venideros. La experiencia dice que en muchas ocasiones lo que más se recuerda de las gentes es lo que hicieron mal y no lo que hicieron bien. Pujol pudo serlo todo y, hasta cierto punto, lo fue. Algún libro lo llamaba El Virrey. Pero defraudó la confianza depositada en él y su figura se vino abajo. Actualización de una especie de Más dura será la caída.

A primera vista podría parecer injusto, ya que no está bien que un fallo destruya la obra de una vida. El problema es que es un fallo, sí, pero continuado, un fallo de treinta años, sostenido, ocultado, compartido con la familia con arreglo a un programa, un plan deliberado. Ahí reside lo malo del asunto: en ser un posible delito continuado; prescrito total o parcialmente o no es aquí irrelevante. Y aunque no hubiere delito, Pujol defraudó la buena fe de sus conciudadanos de modo deliberado, permanente, con ánimo doloso. Es un caso de doble vida, como la de esos personajes de las novelas de Simenon u otros relatos policiacos, de gentes que son una cosa por el día y otra por la noche; Molt honorable a la luz del sol y defraudador a la de la luna. Esa dualidad del médico Pujol caracterizó su vida oculta y dado que comenzó hace treinta años, con la herencia de un curioso abuelo, es obvio que la inició por su cuenta y, quizá, la de su mujer, e incorporó luego a sus hijos, según fueron creciendo. Un roman fleuve, unos Thiebaut, Rougon-Macquart, Brudenbrooks en catalán catalanista.

Muy literario. Y terrible. Pujol representó durante más de veinte años el Estado en Cataluña. Era el pequeño pero todopoderoso Pujol. David hecho Goliat por la voluntad democrática nacional de los catalanes. Por eso tocó a rebato envuelto en la senyera e invocó los sagrados derechos de Cataluña cuando los aviesos poderes centrales quisieron hurgar en sus tejemanejes en Banca Catalana. Sus compatriotas lo siguieron. Los centrales se achantaron, temerosos de ver un San Jordi alanceando el dragón español. O quizá cómplices, volvemos sobre esto más abajo.

Pujol era  todo, hasta tenía estatuas y su confesión ha provocado una conmoción quizá análoga a la que provocara en su día la caída del coloso de Constantino o de Ramsés II, aunque de este no tengo claro si cayó. Un terremoto que ha afectado a los dos sistemas políticos, el catalán y el español. El impacto en el catalán se echa de ver en el enfrentamiento por la comparecencia parlamentaria del Molt Ex-Honorable: ERC, PP, Ciutadans y las CUP quieren que sea ipso facto, CiU, PSC-PSOE y, creo, EU, admiten aplazamiento. Los primeros amenazan con una comisión de investigación. En el fondo, hay un intento de dirimir el asunto en clave catalana, provocando un cambio en las relaciones del sistema de partidos y permitiendo un sorpasso de CiU por ERC, al convertir el fraude pujoliano en política deliberada del nacionalismo burgués; un intento de hegemonizar el soberanismo bajo la teoría de que los nacionalistas burgueses no conocen más patria que el dinero. Todos recuerdan ahora las mordaces pero crípticas referencias de Pasqual Maragall al "problema del 3 por ciento" que resultó ser, según se dice, del 5 por ciento. Mordida precio fijo. Pero, ¿serán capaces de admitir que todos tienen responsabilidad cuando menos por negligencia sino por incumplimiento de taxativos deberes legales y morales de denunciar las corruptelas? Aplazamos la respuesta a la que se produzca en España.

El impacto en el sistema español también ha sido considerable y, por si hubiera duda, ya se ha encargado el ministro Montoro de patear los higadillos del ex-president, hablando de posibles delitos. La cuestión es la misma que en Cataluña: si todos, o  muchos y en posiciones de poder, sabían; si de Madrid partió la orden de investigar Banca Catalana y de Madrid también la de abortarla en tiempos de González; si Rajoy era conocedor desde el año 2000 ¿cómo nadie hizo nada? ¿Cómo el fiscal Villarejo, hoy en Podemos, no actuó? Los españoles, ¿temían que Pujol incendiara la marca cataláunica o, como se insinuaba más arriba, tenían un pacto de silencio con la corrupción pujoliana? Podría parecer una exageración pero, si se tiene en cuenta la firme voluntad de los dos partidos dinásticos y la mayoría de los medios de comunicación de sofocar todo debate público sobre el comportamiento de la Casa Real, no se verá como tal. Y menos si comprobamos su compromiso de blindar todas las instituciones en nombre de la estabilidad, desde los órganos cuya composición determinan (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, etc), hasta sus propias organizaciones partidistas y sus comportamientos ilegales. Hoy por ti, mañana por mí. Cataluña no se toca. Y menos CiU, catalanes bien criados que siempre apoyan al partido de turno que esté en mayoría relativa, aunque a cambio de substanciosos bocados y de hacer la vista gorda. Business as usual en un sistema político caracterizado por la corrupción.

Pero el escándalo Pujol ha estallado en un momento en que los business son todo menos usual. Rumores hay de que el ex-president ha confesado forzado y bajo amenaza, como también de que Juan Carlos I dimitió obligadamente. Que ahora aproveche para divorciarse de su señora es algo que solo interesa a los cotillas de la Corte. Obligar a cantar a Pujol, se dice, se hace con ánimo de torpedear el proceso soberanista: la independencia es una cosa de ladrones, asunto de pelas. Pujol es el nacionalismo; Pujol es un sirvengüenza; luego el nacionalismo es cosa de sinvergüenzas. Mas se apresuró a definir la conducta de Pujol como de ámbito estrictamente privado. Al quite salió la inevitable Cospedal afirmando lo contrario: Pujol es Cataluña y Catalunya ens roba. No lo diría jamás en catalán, pero porque le falta salero. Cierto, el fraude pujoliano no es privado porque lo cometió como cargo público y el más alto de la Comunidad. Pero de esto los conservadores no pueden hacer causa porque ellos llevan veinte años haciendo prácticamente lo mismo y, por cierto, de forma más descentralizada que el jacobino Pujol, pues han repartido los beneficios para los que se habían asociado entre diversas comunidades autónomas, municipios, relevantes cargos del partido, cargos públicos en general y hasta gobernantes.

Concedido, no obstante, este argumento es inválido porque reitera un y tú más. No, el argumento es que el caso Pujol, que afecta, desde luego, a la Generalitat como institución y a CiU como coalición partidista, no afecta al proceso soberanista en sí. Aquellas pueden haber organizado una red para delinquir, por lo demás como, se dice, ha hecho el PP allí en donde gobierna, pero eso no tiene nada que ver con un resurgir del sentimiento independentista que viene de una movilización de la sociedad civil, precisamente la más interesada en acabar con la corrupción política imperante. En Cataluña y en España.

El próximo 11 de septiembre habrá una nueva manifestación de fuerza de esa movilización popular, transversal, interclasista y hasta interétnica. Las gentes que vayan a las "V" de la Diada en Cataluña y en el extranjero, y se supone que serán muchas, no son cómplices de Pujol. Son sus víctimas. Y por partida doble pues les ha robado el dinero y ha querido robarles la causa. 

Justo esto, el haber sido capaz de encontrar una causa que aglutine mayorías, da su fuerza al nacionalismo independentista porque le proporciona aquello que en la política, como en la guerra, tiene la mayor importancia: la iniciativa. Frente a él, el nacionalismo español carece de iniciativa, actúa a la defensiva y sin más recurso que la coerción y la amenaza de la violencia.

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Ayer me hicieron una entrevista para un digital anglosajón sobre asuntos españoles, llamado The Local. Spain's News in English titulada Catalonia could be the shock Spain needs. Obviamente, está en inglés, pero está muy bien hecha, muy profesional, y dice substancialmente lo que pienso. Es un poco tarde pero mañana la traduzco y la cuelgo en Palinuro.